La victoria del PP andaluz compromete la continuidad del pacto de gobierno en Castilla y León

 La opción de convocar nuevas elecciones autonómicas coincidentes con las municipales de mayo de 2023 cobra fuerza en Génova, donde Núñez Feijóo no quiere ninguna alianza con Vox en su hoja de ruta hacia la Moncloa

Estaba escrito que el resultado de las pasadas elecciones andaluzas iba a tener repercusiones muy directas sobre el compartimentado gobierno de Castilla y León, donde el socio minoritario, Vox, ha venido imponiendo su discurso ideológico e intentando aplicar su programa de máximos ante la cómplice pasividad del socio mayoritario (PP). Un abierto desafío a la autoridad del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, incapaz hasta ahora de desautorizar las constantes extralimitaciones de la extrema derecha y en especial del vicepresidente Juan García-Gallardo.

 En Andalucía Vox apostaba por un resultado que condujera a una coalición de gobierno similar a la de Castilla y León, lo cual hubiera consolidado el frente común de ambos partidos en el horizonte de las siguientes elecciones generales. Dicho mimetismo entraba en abierta colisión con la estrategia de Alberto Núñez Feijóo, convencido de que la mejor receta para relanzar al PP pasa por distanciarse de Vox y de su excluyente discurso ideológico.

 El arrollador triunfo de Moreno Bonilla ha avalado la estrategia de Feijóo y convierte el pacto en Castilla y León en un oneroso lastre en el camino a recorrer hacia La Moncloa. Al propio tiempo, el batacazo de la racial Macarena Olona ha obligado a  García-Gallardo a recoger apresuradamente velas en su osado intento de dinamitar el Diálogo Social en Castilla y León.

 Tras su explosiva comparecencia del pasado lunes 13, en la que, acompañado por el consejero de Empleo, el inefable Veganzones, anunció con toda rotundidad un recorte de 20,3 de euros en las subvenciones y programas asociados al Diálogo Social, García-Gallardo apareció el pasado jueves junto al consejero Portavoz, para negar sin pestañear lo que todo el mundo le oyó decir y se hizo constar en el comunicado oficial de la propia Junta.

                       “Donde dije digo, digo Diego”

Díez días después de haber provocado semejante crisis, el vicepresidente ha tenido el rostro de achacar toda la polémica a la “brocha gorda” utilizada por los medios de comunicación. Gallardo dice ahora que lo único que se va a rebajar es la subvención directa de 4 millones en total que reciben los sindicatos y la patronal por su papel institucional, sometiéndose a “libre concurrencia” el resto de los programas que completan los 20,3 millones en cuestión.

Después de largos días de vergonzante ambigüedad en los que el PP ni ratificó ni desautorizó a Gallardo y Veganzones, ha ocurrido que, en medio del clima de euforia desatado en su partido tras la victoria andaluza, Mañueco no podía secundar a Vox en ese desaforado ataque al Diálogo Social. Y así parece que lo ha entendido el vicepresidente, quien no ha tenido otro remedio que dar marcha atrás y decir digo donde todo el mundo le escuchó decir Diego. Ello sin que Gallardo haya vuelto a reproducir las gruesas descalificaciones dedicados a sindicatos y patronal el lunes de marras.

 Tras este viraje, Mañueco presidirá este miércoles el Consejo del Diálogo Social sin que sobre la cabeza de los agentes sociales penda la Espada de Damocles. Previsiblemente, todo se reconduzca a una revisión general del método de funcionamiento y a una futura rebaja de los 4 millones en subvenciones directas, que, de producirse, se extendería también a las organizaciones agrarias (para contrariedad del consejero, Gerardo Dueñas, ex gerente regional de ASAJA, que no tiene ningún interés en meter el dedo en el ojo de esos interlocutores). Más adelante veremos cómo quedan las partidas del Diálogo Social en los Presupuestos de 2023 que PP y Vox han comenzado a negociar.

 Después de lo de Andalucía, el PP de Mañueco necesita ir recuperando terreno cedido a Vox y desmarcarse de sus políticas más corrosivas. Y en el pleno de las Cortes de la pasada semana la oposición le proporcionó dos ocasiones que ni pintadas. El PP se sumó sin condiciones a la proposición socialista presentada precisamente en reconocimiento y defensa del Diálogo Social, a la que naturalmente se opuso únicamente Vox. Y lo mismo ocurrió con la moción del superviviente Francisco Igea en defensa de la aplicación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a la que Vox atribuye el “fanatismo climático” que según su peculiar percepción está hundiendo la economía y la nación española.

               A contracorriente de la estrategia de Feijóo

 Pero por mucho terreno que pueda ir recuperando Mañueco frente a Gallardo, lo que no va a poder evitar el PP son las dos reformas legislativas netamente ideológicas introducidas por Vox en los acuerdos de gobierno suscrito por ambos partidos. Según lo acordado, esta misma semana deberá presentarse la llamada Ley de Concordia, que supondrá la derogación del Decreto autonómico sobre Memoria Histórica con el que la Junta ha venido colaborando en la exhumación de las víctimas de la guerra civil sepultadas en fosas comunes. E igualmente está acordado que antes del 31 de julio inicie su tramitación parlamentaria la Ley de Violencia Intrafamiliar, el engendro legislativo con el que Vox se propone desvirtuar y vaciar de contenido la Ley autonómica sobre Violencia de Género.

 Para desgracia de Mañueco, el respaldo del PP a estas “señas de identidad” de Vox, va a tener una repercusión mediática nacional que empañará la imagen del partido y de Feijóo, para quien el pacto de gobierno en Castilla y León va a convertirse en un creciente dolor de cabeza. De ahí que, tras lo ocurrido en Andalucía, en Génova se esté abriendo paso  la idea de romper una perniciosa alianza que, además de dar entrada a Vox en la Junta, entregó la presidencia de las Cortes a la formación de extrema derecha.

 La celebración de las elecciones municipales a celebrar el 28 de mayo de 2023 constituye la ocasión pintiparada para que el PP se apunte a esa fecha para hacerla coincidir con unas elecciones autonómicas anticipadas previa ruptura con el PP y disolución a primeros de abril de las actuales Cortes. Sin duda esa es la opción que hoy por hoy maneja Feijóo y a la que Mañueco difícilmente estará en condiciones de oponerse.

                        Un consejero “achicharrado”

 Y lo más lamentable. En medio de todos estos trampantojos de la relación PP-Vox, Castilla y León ha sufrido el mayor incendio forestal del siglo, en el que han sido pasto de las llamas más de 30.000 hectáreas de la zamorana Sierra de la Culebra. Un desastre ecológico, económico y social que no hubiera alcanzado tamaña dimensión si la consejería de Medio Ambiente hubiera adaptado el despliegue de su operativo antiincendios a los nuevos riesgos derivados del cambio climático. Pero no. El consejero Suárez-Quiñones, obstinado en no declarar la situación de “riesgo alto” hasta el 1 de julio, hizo caso omiso a la previsión meteorológica que anunciaba una tormentosa ola de calor en la zona a mediados de junio.  Y el resultado ha sido el desigual combate librado entre las llamas y un operativo reducido al 25 por ciento de los efectivos disponibles 15 días después.

 La indignación de bomberos forestales, agentes medioambientales y población de la comarca arrasada ha colocado en la picota al consejero, cuya soberbia ya quedó retratada en su famosa frase “La Administración soy yo”. Mientras Suárez Quiñones ha quedado políticamente achicharrado y la petición de su dimisión ha sido un clamor, el presidente Mañueco ha despachado el asunto afirmando que “la culpa ha sido de la Naturaleza” (sic).

Además de pedir la dimisión del consejero, CC.OO. ha dado traslado a la Fiscalía al entender que la Junta ha actuado con manifiesta negligencia. Al propio tiempo, toda la oposición ha solicitado la creación de una comisión parlamentaria de investigación que presumiblemente será vetada por PP y Vox. Solo faltaría.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Un presidente impotente para tomar las riendas de la Junta

 La arremetida de Vox contra el Diálogo Social, que roza la usurpación de funciones, otro grave desafío a la autoridad de Fernández Mañueco

 Aunque el asunto no consta en el pacto de gobierno suscrito con fecha 10 de marzo, resultaba obvio que la facción de Vox presente en el gobierno de Castilla y León arremetería más pronto que tarde contra el Diálogo Social institucionalizado entre la propia Junta, la patronal y los dos sindicatos mayoritarios. Sobre el papel, el momento mas propicio para ello parecía ser la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2023, en los que el partido de extrema derecha tratará de estrangular todas aquellas políticas sociales que, por mucho soporte legal que tengan, no caben en su excluyente ideario.

 Pero lo que nadie esperaba era que de buenas a primeras el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, y el consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, comparecieran oficialmente en la sala de prensa de la Junta para dar cuenta como cosa hecha del recorte en un 50 por ciento de las subvenciones directas a los agentes sociales y a un diverso conjunto de programas concertados en el seno del Diálogo Social, todo ello por importe de 20,3 millones de euros. Semejante “hachazo” a la política de concertación social de la Junta causaba el lógico estupor, ya que, además de no haber sido comunicado previamente a patronal y sindicatos, Gallardo y Veganzones admitían que no había sido aprobado en Consejo de Gobierno. No obstante esto último, ante el espeso silencio del presidente y del consejero Portavoz, lo anunciado por la facción de Vox se tomaba como cierto: “La Junta rompe el Diálogo Social y recorta al 50 por ciento las ayudas a sindicatos y patronal”, titulaba en primera página “El Norte de Castilla”.

 Una semana más tarde, después de profusas, confusas y difusas declaraciones del escurridizo consejero Portavoz, Carlos Fernández Carriedo, sabemos que se ha tratado de un anuncio unilateral de dicha facción, de una mera declaración de intenciones que, a falta de su aprobación por los órganos competentes, carece de aplicación práctica. Pero lo que no sabemos es lo que piensa de este episodio el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, completamente de perfil ante un nuevo desafío de García Gallardo, quien, arrogándose una vez más decisiones que no le competen, en esta ocasión ha rozado la usurpación de funciones.

               Incredulidad de la patronal

Un órdago de esta naturaleza no estaba en los planes de Fernández Mañueco, quien el pasado 7 de abril, con ocasión de la toma de posesión el presidente de la CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, subrayaba el papel “esencial” del Diálogo Social como “seña de identidad” de esta comunidad autónoma y se extrañaba de que alguien pudiera poner en duda sus logros durante las dos últimas décadas. Mañueco no sospechaba entonces hasta donde iban a llegar sus socios de Vox en su libérrima interpretación de lo pactado, que les ha llevado a justificar su propuesta basándose en el punto que habla de eliminar el “gasto superfluo”. ¿Desde cuándo puede considerarse “gasto superfluo” lo que se considera una “seña de identidad” reconocida en el Estatuto de Autonomía y elevada a rango de Ley autonómica en 2008

 (Hasta tal punto se consideraba Castilla y León orgullosa de dicha “seña de identidad” que en el año 2018 el entonces consejero de Empleo, el mencionado Carriedo, patrocinó y encabezó varias viajes al extranjero a fin de que delegaciones la Junta, la patronal y los sindicatos divulgaran el Diálogo Social de Castilla y León como modelo exportable a seguir en materia de concertación; entre otros destinos visitaron Washington, donde se reunieron con directivos de la Organización de Estados Americanos y del Banco Mundial, y Colombia, donde presentaron el modelo a la ministra de Trabajo).

 Como no podía ser de otra forma, patronal y sindicatos han puesto el grito en el cielo solicitando al presidente de la Junta, que lo es también del propio Consejo del Diálogo Social, que aclare si comparte o no el “hachazo” anunciado Gallardo y Veganzones. La CEOE manifestaba “su más absoluta incredulidad” ante dichas medidas y su rechazo ante “los calificativos impropios de una sociedad democrática” que acompañaban el anuncio. Por su parte, los secretarios regionales de CC.OO. y UGT han solicitado a Mañueco la destitución del vicepresidente y del consejero, advirtiendo de que llevarán la defensa del Diálogo Social ante los Tribunales y la Organización Internacional del Trabajo frente a un partido, Vox, que aspira “a un franquismo sin Franco”.

 De esta forma, Mañueco tendrá que despejar la pelota que ha puesto en su tejado el vicepresidente, quien ha vuelto a desafiar su autoridad, instrumentando de forma partidista  su cargo institucional y sin atenerse a lo pactado con el PP, que en ningún momento cuestiona la eficiencia del Diálogo Social. (Salvo, claro ésta, que PP y Vox mantengan paralelamente un “programa oculto” del que formen parte sorpresas como ésta y otras que nos podamos ir encontrando mientras sigan gobernando juntos).

Hace falta desfachatez para encontrar “gasto superfluo” en la política social y no hacerlo en el nido de despilfarro y enchufismo de determinados chiringuitos, alguno de ellos ahora en manos de consejeros de Vox, caso de la Fundación Siglo. Por no hablar del crecimiento de la nómina política de la Junta, comenzando por la creación de una vicepresidencia sin cartera dotada de otros tres altos cargos y utilizada torticeramente por su titular en beneficio exclusivo de sus intereses partidistas.

                    ¿Quién manda en la Junta?

“¿Quién tomas las decisiones en el gobierno de Castilla y León?” La pregunta, formulada al presidente de la Junta por el socialista Luis Tudanca para su contestación ante el pleno de las Cortes, no puede ser pertinente a la vista de la confusión reinante en el Colegio de la Asunción. ¿Existe un gobierno único en el que el vicepresidente y todos los consejeros están sometidos a la autoridad superior del presidente? ¿O en la práctica el socio minoritario, Vox, se ha constituido en una facción autónoma a las órdenes del vicepresidente que actúa unilateralmente sin atenerse a lo pactado con el PP y en abierto desafío a la autoridad del presidente?

 Vistas las amplias tragaderas de Fernández Mañueco, incapaz de hacerse respetar ante las continuas salidas de tono de Gallardo y Veganzones, éstos han decidido elevar su desafío ante un presidente al que tratan como un rehén de Vox. “No habrá marcha atrás. El presidente me ha dado su palabra”, ha declarado el vicepresidente ante la reunión del Consejo de Diálogo Social pendiente de convocar por Mañueco. Por su parte, Veganzones se considera “totalmente respaldado” y no concibe que el presidente pueda desautorizarle.

 Así de ufano se muestra un consejero que acumula en su corto mandato varios fracasos sonrojantes. Uno de ellos su clamorosa ausencia (la de él y la de toda la Junta) del problema del grupo Siro, que ha estado a punto de dar al traste con los 1.700 empleos del emblemático grupo galletero, salvado a la postre por la decidida mediación de la ministra Reyes Maroto. Muestra de la desidia e ineptitud de Veganzones ha sido que tardara seis semanas en nombrar a su viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, Óscar Villanueva, y que el gerente del Ecyl designado una semana antes, Javier Moreno Espeja, tuviera que dimitir once días después por haber gestionado antes de su nombramiento cursos de orientación psico-sexual denigrados por Vox. (Frente a la pueril excusa de atribuir su fallida elección a una empresa privada, existe otra versión según la cual Moreno, a la sazón presidente del elitista club de tenis “El Soto”, de Burgos, fue captado directamente por su paisano el vicepresidente, quien sería en realidad el verdadero responsable del fiasco).

Veremos como sale de este trance Mañueco. Si pone paños calientes y da largas al asunto para reconducir la cuestión con los agentes sociales sin desautorizar a la facción de Vox, o se decide de una vez a parar los pies a Gallardo y Veganzones para que se atengan estrictamente a lo pactado y se abstengan en lo sucesivo de seguir desafiando su autoridad. Mientras esto último no ocurra, asistiremos a la aberración democrática de que el partido más votado en las elecciones autonómicas (31,43 por ciento de los votos y 31 procuradores) se constituye en rehén de la tercera fuerza política (17,64 por ciento de voto y 13 procuradores), una minoría extremista que se permite perpetrar toda clase de tropelías ante la claudicación de un presidente pusilánime que renuncia a su propia dignidad democrática. A la suya y a la de su partido.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Las cuentas para 2023, prueba del algodón para el gobierno PP-Vox

 Los socios de gobierno inician la negociación de sus primeros Presupuestos en la Junta pendientes del escenario que resulte de las elecciones andaluzas

En medio del fuerte ruido mediático generado por su crispada relación con la oposición, la Junta ha puesto en marcha el proceso de elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2023, que serán los primeros tramitados por el gobierno PP-Vox surgido de las elecciones del pasado 13 de febrero.

Con esa convocatoria anticipada, Fernández Mañueco dejó en la estacada las cuentas que se proponía aprobar para 2022 el anterior gobierno de la comunidad, de forma que desde el pasado 1 de enero la Junta hubo de prorrogar los Presupuestos de 2021, que seguirán vigentes como mínimo todo lo que resta del presente año. En lugar de gobernar con unas renovadas cuentas enfocadas hacia la recuperación económica, la prórroga ha obligado a afrontar la crisis sobrevenida a lo largo de 2022 parcheando unos Presupuestos gestados durante el primer año de la pandemia Y sin duda ello explica el bajo grado de aplicación de los Fondos Next Generation que ha tenido y sigue teniendo disponible la comunidad de Castilla y León.

La inflación derivada de la “tormenta perfecta” completada por la invasión de Ucrania ha llegado a dispararse en España hasta el 9,9 por ciento, porcentaje que en Castilla y León alcanzó en marzo el 11 por ciento y que todavía el pasado mayo se ha situado en el 9,9, siempre más de un punto de la media nacional. Con ello, la previsión inicial de un 4,9 de crecimiento se ha ido al traste y, aunque la Junta no la ha modificado, nos daríamos con un canto en los dientes si no baja del 3 por ciento, lo que dependerá en última instancia del resultado final de una cosecha cerealista seriamente mermada por las altas temperaturas registradas a lo largo del mes de mayo.

Aparte del corsé que siempre supone una prórroga presupuestaria, máxime tras la crisis sobrevenida, la gestión de la Junta se ha visto lastrada este 2022 por los cuatro largos meses de transitoriedad transcurridos hasta la entrada del gobierno PP-Vox. Buen ejemplo de lo anterior ha sido la crisis del Grupo Siro, que ha venido pudriéndose durante meses sin que la Junta, que tanto se llena la boca de apoyar el sector agroalimentario, haya hecho acto de presencia hasta que la situación estaba al borde del precipicio (para colmo, después critica el liderazgo de la ministra Reyes Maroto en la resolución del conflicto)

Más allá de polémicas más o menos artificiales sobre cuestiones ideológicas, los primeros Presupuestos del gobierno PP-Vox emplazan a ambos partidos a fijar sus prioridades de gasto. Y en consecuencia constituyen un gran test para conocer de qué forma se descanta el tira y afloja que los socios mantendrán a buen seguro a la hora de distribuir los recursos entre las áreas de gobierno que tienen bajo su control.

Este tira y afloja no ha hecho más que comenzar con la petición a las diferentes consejerías de sus correspondientes propuestas presupuestarias, que deberán presentar antes del próximo 8 de julio. Y a partir de ahí se ha abierto una negociación interna que habrá de concluir antes del 15 de octubre, fecha en la que tendría que entrar en las Cortes el correspondiente Anteproyecto para su tramitación parlamentaria.

La hora de retratarse

Los aspectos más escabrosos están en la mente de todos. Aunque la competencia no esté en sus manos, es previsible que Vox, una vez en trámite la Ley de Violencia Intrafamiliar, presione para reducir las partidas específicamente destinadas a la lucha contra la violencia de género. Y ahí el PP, que mantendrá vigente la actual LVG autonómica, tendrá que retratarse y responder a compromisos electorales como el de disponer de un centro de emergencia en cada una de las provincias. Veremos asimismo que ocurre con las partidas de la Memoria Histórica con las que la Junta ha colaborado a la exhumación de víctimas de la Guerra Civil y con cualquier otro aspecto relacionado con lo que Vox llama “leyes de la Muerte” (Eutanasia y Aborto).

Protegido por una Ley que en ningún caso se va a derogar, el Diálogo Social tiene todas las papeletas para quedar reducido a la mínima expresión presupuestaria. Los furibundos ataques dirigidos a los sindicatos por el propio consejero de Industria, Mariano Veganzones, así lo hacen presagiar. El socio minoritario también quiere revisar el gasto de las llamadas instituciones de la comunidad (Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Procurador del Común), cuyo interlocutor por parte de la Junta no es otro que el vicepresidente García-Gallardo. Por lo ya ajustado de sus recursos y al estar blindadas por el Estatuto de Autonomía, no parece que por ahí haya mucho que rascar. Lo habría en el conglomerado de los entes, fundaciones y demás chiringuitos que constituyen la Administración B, que seguirá tal cual una vez que PP y Vox han rechazado su supresión.

Será muy revelador comparar los primeros Presupuestos PP-Vox con los de PP y Ciudadanos abortados por el adelanto electoral, que crecían en un 4,2 por ciento sobre los vigentes en 2021, pasando de 12.291 a 12.835 millones. Para empezar, ese crecimiento tenía truco, ya que la Junta se obstinó en un incluir una partida de 455millones de euros con cargo a un nuevo Fondo Covid que el gobierno central nunca llegó a presupuestar. (Si alguien tiene acreditadas sus dotes para la ingeniería financiera y la contabilidad creativa, ese es sin duda el incombustible Carlos Fernández Carriedo, quien en el siglo pasado, a mediados de los 90, ya fue director general de Presupuestos bajo la presidencia de Juan José Lucas)

Con el Sistema Regional de Salud convaleciente de la Covid-19, que se ha cobrado ya más de 15.000 vidas en Castilla y León, el gasto sanitario seguirá situándose por encima del 7 por ciento del PIB autonómico. Está por ver sin embargo que se cumpla el objetivo de destinar el 20 por ciento de dicho gasto a la Atención Primaria, cuyas costuras han reventado a causa de la pandemia.

Visto el reciente fracaso en la fidelización de los médicos de familia, el consejero, Alejandro Vázquez, no sabe como hincarle el diente al solemne compromiso del presidente Mañueco sobre la atención presencial médica en los 3.600 consultorios rurales de Castilla y León. Afortunadamente para Vázquez, nunca más se supo de aquella promesa electoral de blindar por ley ese derecho, como tampoco ha vuelto a saberse nada sobre la hipotética reversión del Hospital de Burgos. De momento, la prioridad inmediata del Sacyl ha consistido en dedicar 5 millones de euros al pago en “peonadas” para abrir los quirófanos por la tarde y poder rebajar de aquí a final de año en 21 días unas listas de espera quirúrgicas que en el primer trimestre del año se situaban en 139.

Constatada su incapacidad para dirimir sus diferencias y converger en un programa único de gobierno en la Junta, la negociación entre PP y Vox sobre los Presupuestos de 2023 parte de un clima de desconfianza mutua entre dos socios que se miran como rivales electorales y actúan como compartimentos-estanco. Ni qué decir tiene que dicho clima evolucionará a favor o en contra en función del escenario que resulte de las elecciones andaluzas del próximo domingo. O lo que es lo mismo, si Moreno Bonilla se ve obligado a contar con Vox para seguir gobernando o consigue dejar a Macarena Olona en la oposición.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

¿Nuevas elecciones autonómicas en 2023?

La creciente fractura entre PP y Vox en la Junta apunta hacia una nueva convocatoria anticipada coincidente con la de las próximas elecciones municipales

 El pasado 10 de marzo, al presentar el pacto alcanzado entre PP y Vox en Castilla y León, el entonces presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, aseguraba que dicho acuerdo garantizaba un “gobierno estable y sólido” durante los 4 años de la nueva Legislatura completa abierta a partir de las elecciones anticipadas del 13 de febrero.

Fernández Mañueco se mostraba así de optimista horas después de haber tenido que claudicar y entregar a Vox la presidencia de las Cortes, cedida bajo la amenaza de que sin ella el partido de Santiago Abascal no apoyaría su investidura y forzaría una repetición electoral.

No se apeó de su optimismo Mañueco cuando durante el debate de investidura aseguró que el gobierno PP-Vox actuaría como una “piña” y cuando todavía no hace mucho defendía que se trata de “un gobierno acoplado, en marcha y que funciona con normalidad”.

La realidad es que han bastado tan solo unas semanas para comprobar que, lejos de mantener un único discurso nucleado en torno al programa pactado, el gobierno Mañueco está hipotecado por la estrategia partidista de Vox, que desde el primer día se ha erigido en un compartimento-estanco comandado desde la vicepresidencia sin cartera parasitada por Juan García-Gallardo.

El PP confiaba en que la institucionalidad del poder moderaría el extremismo de su socio, pero se ha encontrado con un exaltado vicepresidente que se vale de su cargo institucional (79.5571 euros brutos anuales) para anteponer el credo ultraderechista de su partido, emponzoñar la convivencia política y sembrar la crispación social. Y lo que es peor, desafiar la autoridad del presidente Mañueco, convertido en el rehén político de un partido que para colmo aboga por suprimir el Estado de las Autonomías. Sin ir más lejos, en el próximo pleno de las Cortes al PP no le quedará otro remedio que salvar a García-Gallardo de la reprobación presentada por el grupo socialista tras la vejatoria forma en la que el vicepresidente se dirigió a la procuradora Noelia Frutos en la anterior sesión parlamentaria.

Es evidente que el PP de Castilla y León no midió bien las consecuencias que podía acarrear esta alianza con la extrema derecha. A Alberto Núñez Feijóo no le gustaba por el precedente que iba a sentar, pero menos aún tener que estrenar su mandato con una repetición electoral que, aparte de no pintar nada bien para el PP, interfería su aterrizaje y toma de control del partido. Y optó por poner distancias, no asistiendo a la toma de posesión de Mañueco y atribuyendo a éste toda la responsabilidad de su pacto con Vox.

Y lo que está sucediendo en Castilla y León se da completamente de bruces con la estrategia electoral adoptada por Núñez Feijóo, convencido de que, bajo su liderazgo, el PP conseguirá recuperar buena parte del voto fugado hacia Vox sin necesidad de impregnarse del tinte ultraderechista de los de Abascal.

El desleal comportamiento de Vox ya sería suficiente motivo para que el PP de Castilla y León se replanteara la ruptura de un pacto que, más allá de someter a esta comunidad autónoma a los excluyentes dictados ideológicos de la extrema derecha, está resultando humillante para el partido mayoritario. Unido a esto su colisión con la estrategia de Génova, en el seno del PP se está abriendo paso la idea de la necesidad de sacudirse el yugo de Vox poniendo cuanto antes fecha de caducidad a un pacto de gobierno descaradamente instrumentado por el socio minoritario.

Y apenas seis semanas después de la toma de posesión del presidente, vicepresidente y consejeros de la Junta, en el seno del PP empieza a circular el runrún sobre unas nuevas elecciones autonómicas anticipadas que ponga fin a esta tormentosa alianza con la ultraderecha. No serían otras elecciones aisladas como las del pasado 13 de febrero, que además no pueden convocarse hasta un año más tarde, sino que se trataría de hacer coincidir su nueva convocatoria con las elecciones municipales a celebrar el domingo 28 de mayo de 2023, volviendo así al calendario tradicional de celebrar en la misma fecha ambos comicios. Para ello Fernández Mañueco tendría que disolver las actuales Cortes a primeros de abril.

La clave andaluza

Por medio están las inminentes elecciones andaluces, absolutamente claves para consolidar la estrategia de Núñez Feijóo. A diferencia de Mañueco, Juan Manuel Moreno Bonilla siempre ha querido evitar a toda costa la tóxica dependencia de Vox. De ahí que se haya resistido prácticamente hasta el último momento a anticipar unas elecciones que pudieran entregar la llave del gobierno a la ultraderecha. Y una vez convocadas con Núñez Feijóo en Génova, el objetivo común es alcanzar una victoria “a lo Díaz Ayuso”, es decir lo suficientemente amplia para poder gobernar en minoría sin necesidad de incluir a Vox en el gobierno. Para ello le basta que el PP sume por sí mismo más escaños que el conjunto de la izquierda, que en esta ocasión comparece fraccionada en tres formaciones distintas: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Desde la fortaleza adquirida durante estos años de gestión de gobierno, Moreno Bonilla ha decidido plantgar cara sin ningún complejo al partido de Abascal, presentándose a sí mismo “como un dique de contención contra Vox” y mostrándose dispuesto a ir a una repetición electoral antes de compartir el gobierno andaluz con la ultraderecha.

Y los sondeos electorales le pintan bien al PP andaluz, que, al contrario de lo ocurrido el 13-F en Castilla y León, resultaría el gran beneficiario del hundimiento electoral de Ciudadanos. Según el CIS, su porcentaje de voto de 2018 (20,75) se situaría ahora en torno al 35 por ciento, pasando de 26 a 47-48 escaños en un Parlamento que tiene su mayoría absoluta en 55. De la mano de Macarena Olona, Vox, que cuenta ahora con 12 escaños, saltaría hasta alrededor de 20, cosecha insuficiente para resultar imprescindible en la ecuación de gobierno. El PSOE se estancaría en torno a sus 33 escaños actuales y las dos opciones a su izquierda sumarían como máximo 12, con lo cual Moreno Bonilla estaría en condiciones de gobernar en solitario.

Si esto se confirmara, el pacto PP-Vox en Castilla y León sería toda una mácula para estrategia de Núñez Feijóo de presentarse a las próximas elecciones generales como alternativa política moderada no contaminada por una ultraderecha montaraz y asilvestrada. Y la solución pasaría por aprovechar las elecciones municipales del 28 de mayo para poner fin al nefasto pacto de gobierno mediante el pertinente adelanto de las autonómicas, en la confianza de que la doble urna y la revalorización de la marca PP ayuden a Mañueco a iniciar una nueva etapa de gobierno en solitario o con otros apoyos, en todo caso liberado del actual yugo de Vox.

Desbarajuste sin precedentes

Buen ejemplo del desbarajuste causado en la Junta por el ninguneo mutuo entre ambos socios ha sido su tardía reacción ante la crisis sobrevenida en el Grupo Siro, que el pasado fin de semana decidía suspender la producción en todas sus plantas en Castilla y León. Centrado en su particular cruzada “contra el virus del comunismo” y el “fanatismo climático” de la Agenda 2030, el consejero de Industria, Mariano Veganzones, ha permanecido ausente de un conflicto laboral que mantiene en vilo a los 1.300 trabajadores que emplea el emblemático grupo galletero.

Dicha crisis se ha gestado y ha estallado mientras el consejero ha mantenido seis semanas sin cubrir la viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral, cuyo titular, Óscar Villanueva, no ha tomado posesión hasta el pasado viernes. Aunque el origen de la crisis es la deuda financiera, el conflicto es de naturaleza laboral desde el momento en que los fondos de inversión dispuestos a recapitalizar el grupo condicionan la operación a unas duras reducciones salariales que no aceptan los trabajadores de tres de las cuatro factorías.

Simultáneamente, en su afán de entrometerse en los asuntos concernientes a las tres consejerías en manos de Vox, el “audaz” vicepresidente se ha jactado de haber modificado el modus operandi de la Junta respecto a la tuberculosis bovina. Con el argumento de que se estaban matando moscas a cañonazos, la consejería ha optado por sacrificar exclusivamente a las reses enfermas, “indultando” al resto contra el criterio del estamento veterinario. “Los ganaderos de Castilla y León ya saben que ahora tienen un gobierno regional que les defiende de imposiciones arbitrarias”, ha afirmado García-Gallardo ufanándose de una temeraria decisión que puede terminar poniendo en peligro la exportación de carne de vacuno.

García-Gallardo no se para en barras en la burda instrumentación de su cargo y de los medios públicos en beneficio de su partido, al extremo de haber llegado a colgar en su cuenta de Twitter un video de autobombo que mezclaba el logotipo de Vox con el emblema institucional de la Junta. Un abuso partidista del que luego ha dado marcha atrás tras la advertencia del procurador Francisco Igea de que el hecho podía ser constitutivo de un delito de malversación.

Con este panorama, las elecciones andaluzas pueden resultar determinantes. Si Moreno Bonilla consigue formar gobierno sin el apoyo de Vox, la estrategia de Núñez Feijóo y la desairada situación de Mañueco conducen inexorablemente a la celebración de nuevas elecciones autonómicas en Castilla y León el próximo 28 de mayo.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Mañueco, un presidente rehén de Vox

García-Gallardo se ha erigido en un poder autónomo dentro de la Junta, sin atenerse al pacto de gobierno con el PP ni reconocer más autoridad que la de Santiago Abascal

De la tormenta política nacional desatada la pasada semana a raíz de las palabras dirigidas durante el pleno de las Cortes por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, a la procuradora Noelia de Frutos conviene distinguir dos aspectos: el bochornoso episodio en sí y la tardía y engañosa reacción del presidente Alfonso Fernández Mañueco.

El episodio en sí es sobradamente conocido. “Le voy a responder sin condescendencia, como si fuera usted una persona como todas las demás”, le espetó García-Gallardo a De Frutos, persona con una severa discapacidad física. La expresión “como si fuera usted una persona como todas las demás” denotaba una vejatoria concepción de la discapacidad que no iba a pasar inadvertida ni para la oposición ni para la opinión pública.

García-Gallardo, máxima cabeza visible de Vox en Castilla y León, podía haber zanjado el asunto al momento, simplemente retirando esas palabras y pidiendo perdón por las mismas a la procuradora y por extensión a todas las personas afectadas por alguna discapacidad. Pero no lo hizo. Por el contrario, se ratificó en todo lo dicho, contribuyendo así a que su “ex abrupto” alcanzara rápidamente dimensión nacional. Esa misma tarde Núñez Feijóo tomaba posesión de su escaño en el Senado, donde, preguntado sobre el episodio, escurría el bulto incurriendo en el lapsus de calificar como “sorprendente” algo que a la vez decía desconocer.

Mientras tanto, como si la cosa no fuera con él, el presidente de la Junta mantenía durante toda la jornada siguiente un ominoso silencio. “Yo apoyo a la Junta de Castilla y León, que para eso soy el presidente”, es lo único que acertó a decir preguntado en los pasillos de las Cortes sobre su apoyo al vicepresidente. Su reacción no llegó hasta el jueves y no vino motivada por el aluvión de críticas políticas suscitadas por el “ex abrupto” de García-Gallardo, sino tras comprobar el enorme malestar expresado por las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, la Confederación Española, el CERMI o ASPAYM, que habían deplorado públicamente las palabras del vicepresidente y exigían una rectificación.

“Si alguna persona o alguna entidad, del tipo que sea, se ha podido sentir molesta u ofendida por cualquier cosa que haya hecho el Gobierno de Castilla y León, yo le pido respeto y le pido también disculpas y perdón”, decía Fernández Mañueco el jueves. Unas palabras en las que se alude a la Junta de Castilla y León en genérico, sin citar para nada -y por tanto sin desautorizar- al vicepresidente. Y ello cuando García Gallardo seguía considerando que no tiene nada de qué disculparse, se ratificaba en todo lo dicho desde el banco azul y se presentaba como víctima de una manipulación informativa en su contra.

Una vicepresidencia al servicio exclusivo de Vox

De toda la secuencia anterior, se extrae nítidamente una conclusión: el presidente de la Junta es incapaz de ejercer su autoridad sobre el vicepresidente, quien, considerándose un poder autónomo, actúa como un elemento incontrolado que no reconoce más disciplina que la de su propio partido. Dicho de otra forma: Mañueco se ha convertido en un rehén de Vox.

Aunque el episodio del pasado pleno de las Cortes haya alcanzado singular trascendencia mediática, García-Gallardo no ha asumido en ningún momento el carácter institucional de su cargo y el marco del pacto de gobierno alcanzado con el PP. Desde el minuto uno ha venido actuando como un fanático activista de Vox empeñado en propagar desde la vicepresidencia los excluyentes postulados ideológicos de su partido. Si ya de por sí ello supone difundir el discurso del odio y emponzoñar la convivencia política, el estilo agresivo y faltón del vicepresidente exacerba la crispación hasta extremos insoportables.

Lo ocurrido, sin ir más lejos, el lunes pasado con ocasión de su comparecencia parlamentaria en Comisión supuestamente para presentar el programa de la vicepresidencia fue un completo reflejo de lo anterior. Desde su delirante alusión a una inexistente educación social que enseñaría posturas sexuales a niños de seis años al ataque “ad hominen” a un procurador por las colonoscopias que realiza en su trabajo, pasando por su identificación con las políticas de húngaro Viktor Orbán en materia de familia. Un absoluto disparate.

Como sería para que el portavoz del PP en la comisión, José Luis Sanz Merino, se viera obligado a reprocharle la confusión entre su “rol” de vicepresidente de la Junta y su condición de dirigente de Vox. Una intervención en la que volvió a arremeter contra las Autonomías, “un lujo que no nos podemos permitir”, en alusión al despilfarro y gasto superfluo. ¿Cómo es posible que el titular de una vicepresidencia sin ninguna competencia ejecutiva, que ha supuesto la creación de cuatro nuevos altos cargos a costa del erario, tenga la desfachatez de seguir manteniendo este discurso?

En este punto concreto a García-Gallardo le ha salido respondona nada menos que Isabel Díaz Ayuso, precisamente la lideresa del PP más próxima a Vox. Ayuso ha calificado de “barbaridad” el cuestionamiento del Estado autonómico por parte quien ocupa un cargo en el mismo y además carente de responsabilidades. Con su réplica a García-Gallardo la presidente madrileña dejaba en evidencia a Fernández Mañueco, quien escucha impasible ese disolvente discurso del vicepresidente de su gobierno. [A todo esto, el coste de la vicepresidencia sin cartera sigue engordando, ya que a los sueldos de los cuatro altos cargos que integran su estructura hay que añadir el de los asesores nombrados a dedo a su servicio, el último de ellos el periodista Antonio José Candel, quien el pasado viernes agradecía en Twitter “el privilegio de poder contar con la confianza del vicepresidente Juan García Gallardo”. A la nómina de 43 asesores a dedo designados hasta el momento se han sumado por parte del PP otros dos apellidos ilustres: David Villanueva, sobrino del malogrado ex vicepresidente de la Junta, y Alberto Fernández Barderas, hijo del “excasitodo” José Manuel Fernández Santiago].

En su discurso de investidura, el presidente de la Junta aseguró que su gobierno actuaría “como una piña” y con una “voz única”. Y ha bastado poco más de un mes para comprobar que de “piña” nada y de “voz única” todavía menos. El vicepresidente solo ve por los ojos de Vox y además se permite opinar en nombre de toda la Junta cuando le viene en gana. Y el socio minoritario, que ya impuso su agenda ideológica en el pacto de gobierno, eclipsa la gestión política impulsada desde las siete consejerías en manos del PP.

En previsión de que algo así pudiera ocurrir, se entiende que Núñez Feijóo no quisiera bendecir con su presencia un pacto político altamente tóxico para el PP. Y se comprende que Juan Manuel Bonilla se muestre espantado ante lo que está deparando la presencia de Vox en el gobierno de Castilla y León. “Me sorprende el uso del ex abrupto como arma política”, ha dicho el presidente andaluz a propósito del episodio.

Castilla y León se había constituido en un banco de pruebas sobre la participación de un partido de ultraderecha en el gobierno de una comunidad autónoma. Y en muy poco tiempo García-Gallardo ha despejado la incógnita. Lejos de asumir su papel de socio minoritario, atenerse al marco pactado con el PP y respetar la institucionalidad democrática, Vox viene anteponiendo desde el primer día su ideario ultra como si dispusiera por si misma de mayoría absoluta y en la práctica no reconoce la autoridad del presidente de la Junta, el único facultado por el Estatuto de Autonomía para coordinar y dirigir la acción de gobierno.

Una infamia democrática

El responsable de esta anomalía democrática no es otro que el propio Alfonso Fernández Mañueco, quien desde el primer día ha consentido el secuestro partidista de la vicepresidencia de la Junta al servicio exclusivo del discurso y de los intereses espurios de Vox. Tras la “gallarda” agresión intelectual a la procuradora De Frutos, toda España ha podido comprobar lo que en Castilla y León venía siendo manifiesto: el presidente Fernández Mañueco se ha convertido en la práctica en un rehén de Vox, partido erigido como un poder autónomo dentro de la Junta que no reconoce otra autoridad que la de Santiago Abascal.

Esta aberración democrática no puede ni debe mantenerse un día más. Por su propia dignidad y de la institución, Mañueco está obligado a restablecer la normalidad democrática en el gobierno de Castilla y León. Que no es otra cosa que ejercer su autoridad reconviniendo al vicepresidente para que se abstenga de utilizar su cargo de forma sectaria y partidista, se atenga estrictamente a sus responsabilidades y al pacto de gobierno y se comporte con el mínimo decoro y respeto que exigen las instituciones democráticas. Y si es incapaz de contener su agresividad verbal fascistoide y matonista, que lo haga desde otros foros y aclarando que habla exclusivamente como dirigente de su partido.

El discurso y los modos de García-Gallardo justificarían plenamente el “cordón democrático” que el PP nunca ha querido aplicar a Vox. Pero una vez franqueada su entrada al gobierno autonómico, el partido mayoritario no puede convertirse en rehén de la ultraderecha. Una formación que obtuvo el 17 por ciento de los votos en las elecciones autonómicas no puede tener amedrantado al partido que las ganó con más del 31 por ciento. Mañueco tiene que poner pie en pared, imponer su autoridad y dejar de ser rehén político de una formación extremista que ya de entrada abomina del régimen de Autonomías. Semejante infamia no puede prolongarse ni un día más.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Vox no se apea de su extremismo

Su presencia en la Junta no modera a los de Abascal, obstinados en marcar perfil propio frente a un PP que encaja resignadamente los desbarres ideológicos de su socio de gobierno

Confieso mi error al creer que, una vez incorporado al gobierno de esta comunidad autónoma, Vox iba a modular el discurso ultra y el programa de máximos de su dirección nacional para centrar sus esfuerzos en el cumplimiento de los compromisos contraidos en el Acuerdo de Legislatura suscrito con el Partido Popular. Parecía el momento de abandonar las proclamas electorales y demostrar capacidad de gestión en las áreas de gobierno que se había autoasignado, a saber, las consejerías de Industria y Empleo, Agricultura y Desarrollo Rural y Cultura y Turismo, ateniéndose en todo momento a lo pactado con el socio mayoritario.

Eso era lo que se desprendía de la posición expresada por Santiago Abascal al calificar el gobierno PP-Vox en Castilla y León como un “piso-piloto” que sirviera de referente para posteriores acuerdos similares (próxima estación, Andalucía).

Ese atemperamiento del radicalismo de Vox venía aconsejado por otra realidad constatada por politólogos y sociólogos: la notable brecha existente entre la extrema ideologia de sus dirigentes (alineados con la ultraderecha europea, que no europeista, a la vez que nostágicos del franquismo) y sus millones de electores, gran parte de los cuales han buscado refugio en este partido sin renegar de la Unión Europea, admitiendo la evidencia del cambio climático y sin añorar especialmente el régimen anterior a la Constitución del 78. Un perfil de votante mucho mas moderado, procedente primero del PP y después de Ciudadanos, que no en vano Núñez Feijóo aspira a recuperar.

Dos voces disonantes

Sin embargo, contra todo pronóstico, una vez cerrado el reparto de poder en la Junta, Vox no se ha plegado al papel que le corresponde con arreglo a su pacto con el PP. Y no le basta con haber impuesto su agenda ideológica ideológica mediante la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Concordia, las dos únicas propuestas legislativas con inmediata fecha de tramitación.

A falta de otras ocupaciones que justifiquen su sueldo público, el vicepresidente sin cartera, Juan García Gallardo, se pasa el día reivindicando el programa de máximos de Vox y desafiando permanentemente la existencia de “ese gobierno como una piña, con una voz única” que anunció Alfonso Fernández Mañueco en su discurso de investidura. Y además no lo hace tan solo a título de vicepresidente, sino arrogándose cuando le viene en gana la plena representación del gobierno autonómico, como ha sucedido a partir del reciente anuncio del gobierno central de modificar determinados aspecto de la Ley sobre el Aborto: “Tendreis a la Junta de León enfrente”, escribió en Twitter.

Vista la arrogancia con que viene actuando desde las instituciones autonómicas, Vox en ningún momento ha asumido que es el socio minoritario de un gobierno de coalición al que aporta 13 de los 44 procuradores que conforman su mayoría parlamentaria. Tampoco que son la tercera fuerza política de la comunidad, con menos de la mitad de procuradores y votos de los que cuenta la segunda, el PSOE.

Veganzones y su glorioso debut parlamentario

La presentación en las Cortes por parte del consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, del programa de actuaciones de su consejería para la próxima Legislatura no ha podido ser más elocuente al respecto. Lejos de ceñirse a la cuestión, Veganzones, convirtió su comparecencia parlamentaria en un conjunto de diatribas contra el gobierno “socialcomunista” de Pedro Sánchez, reivindicó la llamada “Agenda España” que propugna su partido frente a la Agenda 2030 que inspira las politicas europeas y cuestionó la utilidad del Dialogo Social con sindicatos y patronal, sobre el que deslizó todo tipo de insinuaciones. “He visto cosas que ustedes no creerían”, parafraseó al personaje de Blade Runner el que en su día fuera secretario general del Consejo Económico y Social. “Dialogo social, sí, pero no ultrasubvencionado (…) se acabaron los cursos de relleno o tapadera”, proclamó.

Toda una exhibición de fanatismo partidista ante la que una acomplejada portavoz del PP se vió impelida a recordar que el Dialogo Social está protegido por una Ley de la Comunidad, en tanto que la oposición deploró que el consejero utilizara la sesión parlamentaria para reproducir el discurso ultraderechista de Vox.

Para mayor inri, un mes después de haber tomado posesión, Veganzones ha sido incapaz de cubrir los dos puestos más importantes en el organigrama de Industria y Empleo: la viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral (antes llamada de Diálogo Social y Empleo) y la gerencia del Servicio Regional de Empleo (Ecyl). En estas manos ha caido una consejería fundamental para recuperar la actividad económica y el empleo.

Más técnico que político, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, se atuvo al objeto de la comparecencia, en la que, eso sí, cargó contra el “alto grado ambiental” que impregna la nueva Política Agraria Común. “No puede haber PAC verde en números rojos”. No obstante lo cual, la consejería se pondrá manos a la obra para que en 2023 todos los agricultores de Castilla y León estén acogidos a un “ecoregimen” que garantice la subvención.

Del carácter continuista del programa de Dueñas da fe lo revelado por “El Norte de Castilla”, que detectó en su intervención pasajes plagiados literalmente de la comparecencia del anterior consejero, Jesús Julio Carnero, del PP. Por lo demás, Dueñas eludió dos problemas candentes en el sector: el de las movilizaciones vecinales ante los 80 proyectos de macrogranjas ganaderas en la comunidad y la creciente instalación de huertos solares sobre terrenos de regadío. ¿Cómo es posible que se sigan reclamando cuantiosas inversiones públicas para ampliar la superficie en regadío al mismo tiempo que se siembra de placas fotovoltaicas parte de la existente?

García-Gallardo, enésimo desbarre

Quedaba por ver hasta qué extremo había somatizado los postulados de Vox el antiguo simpatizante de la izquierda abertzale y nuevo consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, cuya comparecencia se vio eclipsada por la desaforada reacción del vicepresidente García-Gallardo en defensa del nombramiento a dedo de un hermano del director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, como asesor de la Junta. Aunque ni en el nombramiento en el Bocyl ni las informaciones periodísticas concretaban cual sería el destino del nuevo “asesor”, García-Gallardo lanzaba un airado mensaje en “Twitter” explicando que “nuestro director general de Deportes e invidente y necesita un asistente personal para ejercer correctamente sus funciones”, con lo cual aclaraba las funciones a desempeñar por Alfonso Javier Sánchez-Guijo. Información de agradecer de no ser porque a renglón seguido daba rienda a su fobia periodistica con el siguiente comentario: “No es solo que ejerzais de activistas políticos en lugar de periodistas. Es que no teneis vergüenza”. Una insultante reacción ante la mera difusión informativa de un nombramiento aparecido en el Bocyl.

Con este desaforado ataque a la libertad de información, Garcia-Gallardo sin dud respiraba por la herida de las críticas que suscitó el nombramiento de su pariente José María Barrio Gíl-Fournier como Jefe del Gabinete de la Vicepresidencia. En el caso de los Sánchez-Guijo la justificación del vicepresidente no se sostiene ya que el ahora director general de Deportes fue durante años (2011-2019) concejal de Economía del Ayuntamiento de Salamanca sin haber precisado durante ese tiempo ningún asistente personal. Y aún en el caso de que lo necesitara, lo suyo es que la prestación sea realizada por un profesional especializado y no precisamente por parte de un hermano designado como “asesor” con una retribución anual de 42.549 euros anuales.

El episodio refleja una vez más los delirios políticos de un personaje que considera el cargo de vicepresidente de la Junta como algo patrimonial al servicio exclusivo de su partido y en absoluto sujeto a comportamiento ni control democrático. Todo ello con una aterradora mezcla de inamadurez y endiosamiento.

Consciente de que García-Gallardo se sobra y se basta para desprestigar a Vox, Mañueco ha optado ignorar sus continuos ex abruptos, evitar roces, y limitarse a cumplir escrupulosamente lo pactado con Abascal, que es su verdadero interlocutor. Y a tal efecto ya hemos visto durante la ronda de comparecencias en las Cortes de qué forma los consejeros del PP asumen sin la menor objeción los compromisos asumidos con el pacto de gobierno. Ningún representante de Vox defendería con mayor convencimiento que el nuevo consejero de Presidencia la Ley de la Concordia que lleva implícita la discordia de derogar el decreto autonómico sobre memoria democrática. Lo mismo que la consejera de Familia, Isabel Blanco, quien ha encontrado en las agresiones de hijos a padres (problema para el que la consejería disponía ya de su propio protocolo) el argumento sobrevenido para justificar la Ley de Violencia Intrafamiliar destinada a menoscabar la de Violencia de Género. 

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Colegio de la Asunción: Un bastión del PP con un islote de Vox

 La carencia de una consejería asociada a la vicepresidencia deja a García-Gallardo en manifiesta inferioridad en el pulso por marcar la pauta en la gestión de la Junta

A falta de tres vacantes por cubrir, entre ellas la viceconsejería de Industria y la gerencia del Ecyl, el organigrama de altos cargos de que se ha dotado el gobierno PP-Vox permite visualizar un reparto de poder en el que los populares han incrementado significativamente su cuota con respecto a la mantenida en el Ejecutivo compartido por Ciudadanos.

Frente a los 95 altos cargos del gobierno anterior, 63 nombrados a través del PP y 32 a instancias de Ciudadanos, el nuevo organigrama ha crecido hasta los 98, de los cuales tan solo 27 corresponden a Vox. Esta desproporción tiene su origen en la incomprensible decisión de la ultraderecha de conformarse con tres Consejerías y una vicepresidencia sin cartera, en lugar de adjudicarse cuatro Consejerías, el mismo número de que dispuso Ciudadanos, uno de cuyos consejeros, Francisco Igea, tenía rango de vicepresidente y asumió la función de Portavoz de la Junta.

Más allá de esos datos aritméticos, el “pack” de poder elegido por Vox ha desnivelado claramente a favor del PP la presencia de ambos socios en el Colegio de la Asunción, centro neurálgico del aparato de poder de la Junta. En la etapa anterior, además del Presidente y de su Gabinete, el complejo acogía dos consejerías netamente políticas, Presidencia y Transparencia, cada una en manos de uno de los socios. De los 18 altos cargos con despacho en el Colegio, 11 correspondían al PP y 7 a C´s, un equilibrio fuertemente alterado en la presente Legislatura. El recinto acoge ahora a 19 altos cargos, 15 de ellos del socio mayoritario y tan solo 4 de Vox (el vicepresidente García Gallardo y los tres puestos de su estructura orgánica).

Mañueco ha aprovechado la dejación de Vox para convertir el Colegio de la Asunción en un auténtico bastión del PP. En primer lugar, ha reforzado la propia estructura presidencial, de la que, además de su Jefe de Gabinete, dependen ahora directamente la dirección general de Análisis y Planificación y la dirección de Comunicación (departamento éste último protegido así de cualquier posible injerencia de García Gallardo, quien fracasó en su intento de incluirlo entre sus competencias)

La consejería de Presidencia, encomendada a Jesús Julio Carnero, nueva mano derecha del presidente de la Junta, ha absorbido prácticamente todas las funciones de la extinta consejería de Transparencia, convirtiéndose en el departamento con mayor número de altos cargos, y el único que dispone de dos viceconsejerías.

Frente a este bastión del PP, con el presidente Mañueco y el consejero Carnero a la cabeza, a los que se añade la portavocía ejercida por Fernández Carriedo, la presencia de Vox en el Colegio de la Asunción queda reducida a esa especie de islote que representa la vicepresidencia de García-Gallardo y los tres altos cargos con que la ha dotado, una Jefatura de Gabinete confiada a su pariente García-Fournier, y dos direcciones generales, una de las cuales ha recaído sobre Jesús Enríquez Tauler, antiguo portavoz municipal del PP en el ayuntamiento vallisoletano con el ex alcalde Javier León de la Riva. (No es el primer fichaje de Vox procedente del PP vallisoletano, ya que su procuradora por Segovia no es otra que Susana Suárez, la ex alcaldesa de Zaratán).

Error político de bulto

Siguiendo las directrices de Santiago Abascal, Vox impuso claramente su agenda ideológica en el Acuerdo de Legislatura, dobló el brazo al PP en el pulso por hacerse con la presidencia de las Cortes, eligió las tres consejerías (Agricultura, Industria y Cultura) que tuvo por conveniente, pero cometió el inmenso error de no adscribir una cuarta Consejería de carácter político que dotara de verdadero peso a la vicepresidencia. Y cuando quiso reclamar para ella competencias de fuste, como la comisión de secretarios generales o la dirección de Comunicación se encontró con la cerrada negativa del PP. Por increíble que parezca, Vox ha modificado en su perjuicio el reparto de Poder vigente en la anterior Legislatura, autoadjudicándose una cuota sensiblemente inferior a la que tenía Ciudadanos.

De otro lado, obsesionado por aparentar un peso político del que realmente carece, García Gallardo viene prodigándose en declaraciones públicas más propias del entusiasmo de un converso que del cargo institucional que ostenta. Su comparecencia en el Foro Nueva Economía del hotel Ritz no pudo resultar más deslucida, tanto en su puesta en escena como en su contenido. De entrada, no asistió Abascal, Mañueco le hizo el feo de no asistir y Carnero fue el único consejero del PP presente. Y en su afán de proporcionar titulares, García-Gallardo denunció sin ninguna prueba una supuesta persecución fiscal a las empresas de Castilla y León por parte de la Agencia Tributaria, puso a la Hungría de Viktor Orbán como ejemplo a seguir en políticas sobre mujer y natalidad y aseguró haber visto de primera mano “periodistas lacayos” (sin precisar a quien sirven). Vista la inmadurez y frivolidad con la que actúa su titular, la vicepresidencia lleva camino de convertirse en un bumerán contra el edecán de Abascal.

Mientras tanto, el esfuerzo del PP en incrementar la presencia femenina en el alto “staff” de la Junta no se ha visto acompañada por Vox, que tan solo ha elegido seis mujeres entre los 24 nombramientos efectuados de los 27 que le corresponde. La de mayor rango es la viceconsejera de Políticas Culturales, Mar Sancho.

De los 71 altos cargos del PP, 47 son hombres y 24 mujeres, entre ellas las consejeras de Educación, Familia y Movilidad, cuyos respectivos equipos cumplen el criterio de paridad. La menor presencia femenina se localiza en la consejería de Agricultura, donde se reduce a uno de sus 8 altos cargos.

En resumen, con mayor número de cargos, 98 en lugar de 95, el número de mujeres presentes en el organigrama ha caído de 31 a 29.

Promoción del PP abulense

Si cabía atribuir la inclusión de Vidal Galicia Jaramillo en la terna de senadores autonómicos como un intento de compensar al PP abulense, ausente tanto del Consejo de Gobierno como de la Mesa de las Cortes, en esa misma línea cabe interpretar la nutrida presencia de dicha provincia en el nuevo organigrama de la Junta.

De una parte, el presidente Mañueco ha cambiado de Jefe de Gabinete y el elegido ha resultado ser Héctor Palencia, el abulense que en la pasada legislatura ocupó el cargo de director general de Administración Local. De otra, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha ascendido a la vicesecretaria al ex procurador abulenses Rubén Rodríguez Lucas, anterior director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. Y en el mismo movimiento Suárez Quiñones ha aprovechado para repescar como alto cargo, ahora como director general de Infraestructuras y Sostenibilidad, a otro ilustre paisano de los anteriores, José Manuel Jiménez Blázquez, quien no es que estuviera perdido para la causa, ya que desde 2011 nunca ha dejado de ejercer como consejero-delegado de Somacyl, la empresa pública que licita y adjudica gran parte de las infraestructuras de la Junta. Jiménez Blázquez fue en su día viceconsejero de Desarrollo Sostenible con la ex vicepresidenta María Jesús Ruíz, máximos impulsores ambos del desaguisado de la Ciudad del Medio Ambiente en el que el nuevo gobierno se dispone a seguir dilapidando dinero público. Y otra incorporación abulense al nuevo organigrama es la de la ex procuradora Victoria Saugar, nueva directora general de la Mujer. Todo los anteriores se unen al flamante viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García-Cruces, titular de la Gerencia Regional de Salud desde que Alejandro Vázquez sucedió a Verónica Casado en la consejería.

Toda esta promoción abulensista no tiene otro objeto que el de tratar de potenciar al PP provincial ante el “Partido por Ávila”, que en las elecciones de 2019 se hizo con la alcaldía de la capital y con un escaño en las Cortes que ha renovado con holgura en las elecciones del 13-F.

De paso a Mañueco le ha cundido para recolocar como altos cargos de la Junta a otros dos ex concejales del PP durante la etapa en la que estuvo al frente del Ayuntamiento de Salamanca. Emilio Arroitia es precisamente quien ha sucedido a Héctor Palencia en la dirección general de Administración Local. Y Enrique Sánchez-Guijo es el nuevo director general de Deportes. Con ellos son ya tres los exconcejales de Mañueco en el organigrama de la Junta, ya que el director de Comunicación, Julio López Revuelta, ha sido ratificado en su puesto. Sin olvidar el reciente fichaje como asesor de Daniel Llanos, el también concejal salmantino dimitido hace un año por conducir triplicando la tasa de alcoholemia.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Desalojar al PSOE de sus feudos municipales, máxima prioridad de los socios de gobierno en la Junta

 PP y Vox se proponen aparcar los asuntos conflictivos y primar en su lugar las medidas electoralmente más rentables ante los comicios locales de 2023

En los sucesivos cambios de Legislatura desde que se constituyó esta comunidad autónoma no se recuerda una lentitud tan exasperante en el proceso de recuperar la normalidad institucional alterada por una convocatoria electoral. Tanto las Cortes como el gobierno de coalición PP-Vox se han tomado con pasmosa tranquilidad los pasos a dar para recobrar su normal funcionamiento.

Casi tres meses después del 13-F, las Cortes celebran esta semana su primer pleno del nuevo periodo, que no es otro que el convocado para designar a los tres senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León en la Cámara Alta. Una votación en la que los procuradores del PP, secundados en esta ocasión por los de Vox, reproducirán la ignominia de adjudicar uno de dichos escaños al político alavés Javier Maroto.

En 2019 se supone que ello obedeció a una imposición de Pablo Casado, que necesitaba hacer senador a Maroto para confiarle el cargo de portavoz del grupo popular. Ahora no está claro si su nueva designación se produce a instancias de Núñez Feijóo, quien de momento no ha tomado una decisión definitiva sobre dicha portavocía, o si responde sin más al acreditado cuajo personal de Alfonso Fernández Mañueco. Mientras, el grado de identificación del beneficiario con Castilla y León es tal que sigue sin enterarse de que son nueve y no ocho el número de provincias que integran la comunidad autónoma.

Con el otro escaño del Senado, adjudicado al ex procurador Vidal Galicia Jaramillo, Mañueco da una palmadita en la espalda al maltrecho PP abulense, al que no ha encontrado acomodo ni en el nuevo gobierno ni en la Mesa de las Cortes. Y ello después del fracasado intento de frenar la progresión electoral del “Partido por Ávila”, que el 13-F creció del 9,6 al 16,7 de los votos,

Nombramientos con cuentagotas

Pero más sorprende aún que, después de haber celebrado tres Consejos de Gobierno, la Junta tan solo haya procedido a 17 nombramientos de altos cargos, manteniendo en situación de interinidad el grueso de los equipos de la mayor de las consejerías.

Especialmente llamativo es el caso de las tres asignadas a Vox, partido que, después de darse tanta prisa en anunciar los nombres de sus consejeros, tiene casi inéditos sus equipos de altos cargos en Agricultura e Industria. El titular de esta última, Mariano Veganzones, tan solo ha nombrado al nuevo secretario general, un funcionario procedente de la consejería de Cultura. Sigue vacante la vicesecretaria (antes de Empleo y Dialogo Social, ahora de Dinamización Industrial y Laboral), así como la Gerencia del ECYL, y en funciones los directores generales nombrados en su día por Ciudadanos. Mientras tanto, los sindicatos urgen la reanudación del Diálogo Social, a priori uno de los asuntos más espinosos en esta nueva etapa.

Tampoco parece tener mucha prisa en cerrar su equipo el nuevo consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, quien hasta el momento tan solo ha nombrado al secretario general, un funcionario que procede de Sanidad, y al viceconsejero de PAC y Desarrollo Rural, Juan Pablo Medina, éste sin duda un fichaje estratégico. (Medina, director general de la Política Agraria Comunitaria desde el año 2003 y como tal responsable de gestionar el dineral anual de la PAC (924 millones), asciende a viceconsejero de la mano de Vox, que arrebata así al PP todo un referente en el sector agrario, ámbito de especial disputa clientelar entre ambos partidos)

Del trío de Vox el único consejero que tiene prácticamente cerrado el equipo resulta ser el de Cultura, Gonzalo Santonja, quien ha confiado la viceconsejería a Mar Sancho, quien, entre otros altos cargos en gobiernos del PP, fue directora general de Políticas Culturales.

La presencia de anteriores altos cargos de la Junta en las consejerías gestionadas por Vox no gusta nada en el PP, consciente de que ello refuerza la percepción ciudadana de ambos partidos como integrantes de un mismo bloque con muchas más afinidades que diferencias.

Cierto que tras haber pasado a compartir el gobierno autonómico, PP y Vox van a hacer en Castilla y León un ímprobo esfuerzo por aparentar una sintonía política que están muy lejos de alcanzar. De puertas hacia afuera, están obligados a evitar desavenencias públicas, pero desde dentro van a actuar como compartimentos-estanco con estrategias partidistas perfectamente diferenciadas. (La de Vox, coordinada por el edecán de Abascal, García Gallardo, quien ha tenido el descaro de dotar a su vicepresidencia-trampantojo de una estructura de tres altos cargos, un Jefe de Gabinete y dos directores generales, uno de ellos con rango de secretario general).

La desconfianza es inevitable desde el momento en que el propósito de ambos socios es el de utilizar sus respectivos resortes de poder en la Junta para afrontar con la mayor ventaja posible las elecciones municipales de mayo de 2023. El objetivo común de PP y Vox es desalojar al PSOE de sus principales feudos municipales –Valladolid, Burgos, León, Segovia, Soria, y tres de los otros 6 municipios de más de 20.000 habitantes- mediante los correspondientes pactos poselectorales allá donde ambos partidos sumen mayoría absoluta. El reparto de ese botín electoral, que incluye las Diputaciones provinciales, estará lógicamente en función del respaldo que los ahora socios en la Junta obtengan por separado en las urnas. Y en ese pulso Vox no dudará en ofrecer puestos en sus listas a actuales alcaldes y concejales del PP.

Con ese doble juego de fondo, la proximidad de los comicios municipales va a marcar la acción de gobierno de coalición PP-Vox durante el primer año de la nueva Legislatura, que desde su mismo inicio se ha visto impregnado del burdo electoralismo que rodea a esa magra rebaja anunciada en tramo autonómico del IRPF.

Consecuentemente con esa estrategia, y a fin de ahorrarse previsibles tensiones internas, PP y Vox han decidido prorrogar durante todo el año 2022 los desfasados Presupuestos de 2021, sin pararse a pensar en los perjuicios de dicha prórroga. Y hasta el 15 de octubre, plazo de su presentación en las Cortes, no conoceremos el primer Proyecto Presupuestario del gobierno PP-Vox.

Sus urgencias legislativas para este primer año están tasadas y fechadas por imposición de Vox: la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Concordia que derogará el decreto de Memoria Democrática. Más allá de estas fijaciones ideológicas de Vox, se desconoce cualquier otra prioridad legislativa.

Paños calientes sobre la atención primaria

Lo que es seguro es que el PP va a tener especial cuidado en no remover durante los próximos meses ningún avispero que soliviante al agitado ámbito rural, como podría ser la elaboración de los mapas rurales de la Ordenación Territorial, competencia endosada ahora a la consejería de Medio Ambiente.

El compromiso del presidente Mañueco de garantizar la asistencia presencial (médica y de enfermería) en los 3.600 consultorios locales es de imposible cumplimiento. Y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se limitará a aplicar paños calientes, aplazando cualquier medida que puede agudizar el malestar de la población afectada. La prioridad de Vázquez consiste en estos momentos en aligerar las insoportables listas de espera quirúrgicas y diagnósticas a base de un Plan de Choque concertado con la Sanidad Privada.

Otro elemento de desgaste que presumiblemente intentará soslayar el nuevo gobierno de la comunidad en este primer año es el importante rechazo social que suscita la proliferación de las macrogranjas ganaderas. Tras la gran polémica que protagonizaron durante la pasada campaña electoral, la amenaza de las macrogranjas sigue ahí, con alrededor de otras 80 en trámite que degradarían aún más el entorno natural, arruinando propia ganadería tradicional, el turismo rural y cualquier otro potencial alternativo. Con 16 plataformas ciudadanas de Castilla y León movilizadas contra esos proyectos, es de suponer que PP y Vox darán largas al problema hasta después de las elecciones municipales. Hasta entonces tratarán de que la hoja de ruta no levante ninguna ampolla más de las imprescindibles.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)