lunes, 30 de mayo de 2022

Mañueco, un presidente rehén de Vox

García-Gallardo se ha erigido en un poder autónomo dentro de la Junta, sin atenerse al pacto de gobierno con el PP ni reconocer más autoridad que la de Santiago Abascal


De la tormenta política nacional desatada la pasada semana a raíz de las palabras dirigidas durante el pleno de las Cortes por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, a la procuradora Noelia de Frutos conviene distinguir dos aspectos: el bochornoso episodio en sí y la tardía y engañosa reacción del presidente Alfonso Fernández Mañueco.

El episodio en sí es sobradamente conocido. “Le voy a responder sin condescendencia, como si fuera usted una persona como todas las demás”, le espetó García-Gallardo a De Frutos, persona con una severa discapacidad física. La expresión “como si fuera usted una persona como todas las demás” denotaba una vejatoria concepción de la discapacidad que no iba a pasar inadvertida ni para la oposición ni para la opinión pública.

García-Gallardo, máxima cabeza visible de Vox en Castilla y León, podía haber zanjado el asunto al momento, simplemente retirando esas palabras y pidiendo perdón por las mismas a la procuradora y por extensión a todas las personas afectadas por alguna discapacidad. Pero no lo hizo. Por el contrario, se ratificó en todo lo dicho, contribuyendo así a que su “ex abrupto” alcanzara rápidamente dimensión nacional. Esa misma tarde Núñez Feijóo tomaba posesión de su escaño en el Senado, donde, preguntado sobre el episodio, escurría el bulto incurriendo en el lapsus de calificar como “sorprendente” algo que a la vez decía desconocer.

Mientras tanto, como si la cosa no fuera con él, el presidente de la Junta mantenía durante toda la jornada siguiente un ominoso silencio. “Yo apoyo a la Junta de Castilla y León, que para eso soy el presidente”, es lo único que acertó a decir preguntado en los pasillos de las Cortes sobre su apoyo al vicepresidente. Su reacción no llegó hasta el jueves y no vino motivada por el aluvión de críticas políticas suscitadas por el “ex abrupto” de García-Gallardo, sino tras comprobar el enorme malestar expresado por las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, la Confederación Española, el CERMI o ASPAYM, que habían deplorado públicamente las palabras del vicepresidente y exigían una rectificación.

Si alguna persona o alguna entidad, del tipo que sea, se ha podido sentir molesta u ofendida por cualquier cosa que haya hecho el Gobierno de Castilla y León, yo le pido respeto y le pido también disculpas y perdón”, decía Fernández Mañueco el jueves. Unas palabras en las que se alude a la Junta de Castilla y León en genérico, sin citar para nada -y por tanto sin desautorizar- al vicepresidente. Y ello cuando García Gallardo seguía considerando que no tiene nada de qué disculparse, se ratificaba en todo lo dicho desde el banco azul y se presentaba como víctima de una manipulación informativa en su contra.

Una vicepresidencia al servicio exclusivo de Vox

De toda la secuencia anterior, se extrae nítidamente una conclusión: el presidente de la Junta es incapaz de ejercer su autoridad sobre el vicepresidente, quien, considerándose un poder autónomo, actúa como un elemento incontrolado que no reconoce más disciplina que la de su propio partido. Dicho de otra forma: Mañueco se ha convertido en un rehén de Vox.

Aunque el episodio del pasado pleno de las Cortes haya alcanzado singular trascendencia mediática, García-Gallardo no ha asumido en ningún momento el carácter institucional de su cargo y el marco del pacto de gobierno alcanzado con el PP. Desde el minuto uno ha venido actuando como un fanático activista de Vox empeñado en propagar desde la vicepresidencia los excluyentes postulados ideológicos de su partido. Si ya de por sí ello supone difundir el discurso del odio y emponzoñar la convivencia política, el estilo agresivo y faltón del vicepresidente exacerba la crispación hasta extremos insoportables.

Lo ocurrido, sin ir más lejos, el lunes pasado con ocasión de su comparecencia parlamentaria en Comisión supuestamente para presentar el programa de la vicepresidencia fue un completo reflejo de lo anterior. Desde su delirante alusión a una inexistente educación social que enseñaría posturas sexuales a niños de seis años al ataque “ad hominen” a un procurador por las colonoscopias que realiza en su trabajo, pasando por su identificación con las políticas de húngaro Viktor Orbán en materia de familia. Un absoluto disparate.

Como sería para que el portavoz del PP en la comisión, José Luis Sanz Merino, se viera obligado a reprocharle la confusión entre su “rol” de vicepresidente de la Junta y su condición de dirigente de Vox. Una intervención en la que volvió a arremeter contra las Autonomías, “un lujo que no nos podemos permitir”, en alusión al despilfarro y gasto superfluo. ¿Cómo es posible que el titular de una vicepresidencia sin ninguna competencia ejecutiva, que ha supuesto la creación de cuatro nuevos altos cargos a costa del erario, tenga la desfachatez de seguir manteniendo este discurso?

En este punto concreto a García-Gallardo le ha salido respondona nada menos que Isabel Díaz Ayuso, precisamente la lideresa del PP más próxima a Vox. Ayuso ha calificado de “barbaridad” el cuestionamiento del Estado autonómico por parte quien ocupa un cargo en el mismo y además carente de responsabilidades. Con su réplica a García-Gallardo la presidente madrileña dejaba en evidencia a Fernández Mañueco, quien escucha impasible ese disolvente discurso del vicepresidente de su gobierno. [A todo esto, el coste de la vicepresidencia sin cartera sigue engordando, ya que a los sueldos de los cuatro altos cargos que integran su estructura hay que añadir el de los asesores nombrados a dedo a su servicio, el último de ellos el periodista Antonio José Candel, quien el pasado viernes agradecía en Twitter “el privilegio de poder contar con la confianza del vicepresidente Juan García Gallardo”. A la nómina de 43 asesores a dedo designados hasta el momento se han sumado por parte del PP otros dos apellidos ilustres: David Villanueva, sobrino del malogrado ex vicepresidente de la Junta, y Alberto Fernández Barderas, hijo del “excasitodo” José Manuel Fernández Santiago].

En su discurso de investidura, el presidente de la Junta aseguró que su gobierno actuaría “como una piña” y con una “voz única”. Y ha bastado poco más de un mes para comprobar que de “piña” nada y de “voz única” todavía menos. El vicepresidente solo ve por los ojos de Vox y además se permite opinar en nombre de toda la Junta cuando le viene en gana. Y el socio minoritario, que ya impuso su agenda ideológica en el pacto de gobierno, eclipsa la gestión política impulsada desde las siete consejerías en manos del PP.

En previsión de que algo así pudiera ocurrir, se entiende que Núñez Feijóo no quisiera bendecir con su presencia un pacto político altamente tóxico para el PP. Y se comprende que Juan Manuel Bonilla se muestre espantado ante lo que está deparando la presencia de Vox en el gobierno de Castilla y León. “Me sorprende el uso del ex abrupto como arma política”, ha dicho el presidente andaluz a propósito del episodio.

Castilla y León se había constituido en un banco de pruebas sobre la participación de un partido de ultraderecha en el gobierno de una comunidad autónoma. Y en muy poco tiempo García-Gallardo ha despejado la incógnita. Lejos de asumir su papel de socio minoritario, atenerse al marco pactado con el PP y respetar la institucionalidad democrática, Vox viene anteponiendo desde el primer día su ideario ultra como si dispusiera por si misma de mayoría absoluta y en la práctica no reconoce la autoridad del presidente de la Junta, el único facultado por el Estatuto de Autonomía para coordinar y dirigir la acción de gobierno.

Una infamia democrática

El responsable de esta anomalía democrática no es otro que el propio Alfonso Fernández Mañueco, quien desde el primer día ha consentido el secuestro partidista de la vicepresidencia de la Junta al servicio exclusivo del discurso y de los intereses espurios de Vox. Tras la “gallarda” agresión intelectual a la procuradora De Frutos, toda España ha podido comprobar lo que en Castilla y León venía siendo manifiesto: el presidente Fernández Mañueco se ha convertido en la práctica en un rehén de Vox, partido erigido como un poder autónomo dentro de la Junta que no reconoce otra autoridad que la de Santiago Abascal.

Esta aberración democrática no puede ni debe mantenerse un día más. Por su propia dignidad y de la institución, Mañueco está obligado a restablecer la normalidad democrática en el gobierno de Castilla y León. Que no es otra cosa que ejercer su autoridad reconviniendo al vicepresidente para que se abstenga de utilizar su cargo de forma sectaria y partidista, se atenga estrictamente a sus responsabilidades y al pacto de gobierno y se comporte con el mínimo decoro y respeto que exigen las instituciones democráticas. Y si es incapaz de contener su agresividad verbal fascistoide y matonista, que lo haga desde otros foros y aclarando que habla exclusivamente como dirigente de su partido.

El discurso y los modos de García-Gallardo justificarían plenamente el “cordón democrático” que el PP nunca ha querido aplicar a Vox. Pero una vez franqueada su entrada al gobierno autonómico, el partido mayoritario no puede convertirse en rehén de la ultraderecha. Una formación que obtuvo el 17 por ciento de los votos en las elecciones autonómicas no puede tener amedrantado al partido que las ganó con más del 31 por ciento. Mañueco tiene que poner pie en pared, imponer su autoridad y dejar de ser rehén político de una formación extremista que ya de entrada abomina del régimen de Autonomías. Semejante infamia no puede prolongarse ni un día más.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

lunes, 23 de mayo de 2022

Vox no se apea de su extremismo

Su presencia en la Junta no modera a los de Abascal, obstinados en marcar perfil propio frente a un PP que encaja resignadamente los desbarres ideológicos de su socio de gobierno

Confieso mi error al creer que, una vez incorporado al gobierno de esta comunidad autónoma, Vox iba a modular el discurso ultra y el programa de máximos de su dirección nacional para centrar sus esfuerzos en el cumplimiento de los compromisos contraidos en el Acuerdo de Legislatura suscrito con el Partido Popular. Parecía el momento de abandonar las proclamas electorales y demostrar capacidad de gestión en las áreas de gobierno que se había autoasignado, a saber, las consejerías de Industria y Empleo, Agricultura y Desarrollo Rural y Cultura y Turismo, ateniéndose en todo momento a lo pactado con el socio mayoritario.

Eso era lo que se desprendía de la posición expresada por Santiago Abascal al calificar el gobierno PP-Vox en Castilla y León como un “piso-piloto” que sirviera de referente para posteriores acuerdos similares (próxima estación, Andalucía).

Ese atemperamiento del radicalismo de Vox venía aconsejado por otra realidad constatada por politólogos y sociólogos: la notable brecha existente entre la extrema ideologia de sus dirigentes (alineados con la ultraderecha europea, que no europeista, a la vez que nostágicos del franquismo) y sus millones de electores, gran parte de los cuales han buscado refugio en este partido sin renegar de la Unión Europea, admitiendo la evidencia del cambio climático y sin añorar especialmente el régimen anterior a la Constitución del 78. Un perfil de votante mucho mas moderado, procedente primero del PP y después de Ciudadanos, que no en vano Núñez Feijóo aspira a recuperar.

Dos voces disonantes

Sin embargo, contra todo pronóstico, una vez cerrado el reparto de poder en la Junta, Vox no se ha plegado al papel que le corresponde con arreglo a su pacto con el PP. Y no le basta con haber impuesto su agenda ideológica ideológica mediante la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Concordia, las dos únicas propuestas legislativas con inmediata fecha de tramitación.

A falta de otras ocupaciones que justifiquen su sueldo público, el vicepresidente sin cartera, Juan García Gallardo, se pasa el día reivindicando el programa de máximos de Vox y desafiando permanentemente la existencia de “ese gobierno como una piña, con una voz única” que anunció Alfonso Fernández Mañueco en su discurso de investidura. Y además no lo hace tan solo a título de vicepresidente, sino arrogándose cuando le viene en gana la plena representación del gobierno autonómico, como ha sucedido a partir del reciente anuncio del gobierno central de modificar determinados aspecto de la Ley sobre el Aborto: “Tendreis a la Junta de León enfrente”, escribió en Twitter.

Vista la arrogancia con que viene actuando desde las instituciones autonómicas, Vox en ningún momento ha asumido que es el socio minoritario de un gobierno de coalición al que aporta 13 de los 44 procuradores que conforman su mayoría parlamentaria. Tampoco que son la tercera fuerza política de la comunidad, con menos de la mitad de procuradores y votos de los que cuenta la segunda, el PSOE.

Veganzones y su glorioso debut parlamentario

La presentación en las Cortes por parte del consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, del programa de actuaciones de su consejería para la próxima Legislatura no ha podido ser más elocuente al respecto. Lejos de ceñirse a la cuestión, Veganzones, convirtió su comparecencia parlamentaria en un conjunto de diatribas contra el gobierno “socialcomunista” de Pedro Sánchez, reivindicó la llamada “Agenda España” que propugna su partido frente a la Agenda 2030 que inspira las politicas europeas y cuestionó la utilidad del Dialogo Social con sindicatos y patronal, sobre el que deslizó todo tipo de insinuaciones. “He visto cosas que ustedes no creerían”, parafraseó al personaje de Blade Runner el que en su día fuera secretario general del Consejo Económico y Social. “Dialogo social, sí, pero no ultrasubvencionado (…) se acabaron los cursos de relleno o tapadera”, proclamó.

Toda una exhibición de fanatismo partidista ante la que una acomplejada portavoz del PP se vió impelida a recordar que el Dialogo Social está protegido por una Ley de la Comunidad, en tanto que la oposición deploró que el consejero utilizara la sesión parlamentaria para reproducir el discurso ultraderechista de Vox.

Para mayor inri, un mes después de haber tomado posesión, Veganzones ha sido incapaz de cubrir los dos puestos más importantes en el organigrama de Industria y Empleo: la viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral (antes llamada de Diálogo Social y Empleo) y la gerencia del Servicio Regional de Empleo (Ecyl). En estas manos ha caido una consejería fundamental para recuperar la actividad económica y el empleo.

Más técnico que político, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, se atuvo al objeto de la comparecencia, en la que, eso sí, cargó contra el “alto grado ambiental” que impregna la nueva Política Agraria Común. “No puede haber PAC verde en números rojos”. No obstante lo cual, la consejería se pondrá manos a la obra para que en 2023 todos los agricultores de Castilla y León estén acogidos a un “ecoregimen” que garantice la subvención.

Del carácter continuista del programa de Dueñas da fe lo revelado por “El Norte de Castilla”, que detectó en su intervención pasajes plagiados literalmente de la comparecencia del anterior consejero, Jesús Julio Carnero, del PP. Por lo demás, Dueñas eludió dos problemas candentes en el sector: el de las movilizaciones vecinales ante los 80 proyectos de macrogranjas ganaderas en la comunidad y la creciente instalación de huertos solares sobre terrenos de regadío. ¿Cómo es posible que se sigan reclamando cuantiosas inversiones públicas para ampliar la superficie en regadío al mismo tiempo que se siembra de placas fotovoltaicas parte de la existente?

García-Gallardo, enésimo desbarre

Quedaba por ver hasta qué extremo había somatizado los postulados de Vox el antiguo simpatizante de la izquierda abertzale y nuevo consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, cuya comparecencia se vio eclipsada por la desaforada reacción del vicepresidente García-Gallardo en defensa del nombramiento a dedo de un hermano del director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, como asesor de la Junta. Aunque ni en el nombramiento en el Bocyl ni las informaciones periodísticas concretaban cual sería el destino del nuevo “asesor”, García-Gallardo lanzaba un airado mensaje en “Twitter” explicando que “nuestro director general de Deportes e invidente y necesita un asistente personal para ejercer correctamente sus funciones”, con lo cual aclaraba las funciones a desempeñar por Alfonso Javier Sánchez-Guijo. Información de agradecer de no ser porque a renglón seguido daba rienda a su fobia periodistica con el siguiente comentario: “No es solo que ejerzais de activistas políticos en lugar de periodistas. Es que no teneis vergüenza”. Una insultante reacción ante la mera difusión informativa de un nombramiento aparecido en el Bocyl.

Con este desaforado ataque a la libertad de información, Garcia-Gallardo sin dud respiraba por la herida de las críticas que suscitó el nombramiento de su pariente José María Barrio Gíl-Fournier como Jefe del Gabinete de la Vicepresidencia. En el caso de los Sánchez-Guijo la justificación del vicepresidente no se sostiene ya que el ahora director general de Deportes fue durante años (2011-2019) concejal de Economía del Ayuntamiento de Salamanca sin haber precisado durante ese tiempo ningún asistente personal. Y aún en el caso de que lo necesitara, lo suyo es que la prestación sea realizada por un profesional especializado y no precisamente por parte de un hermano designado como “asesor” con una retribución anual de 42.549 euros anuales.

El episodio refleja una vez más los delirios políticos de un personaje que considera el cargo de vicepresidente de la Junta como algo patrimonial al servicio exclusivo de su partido y en absoluto sujeto a comportamiento ni control democrático. Todo ello con una aterradora mezcla de inamadurez y endiosamiento.

Consciente de que García-Gallardo se sobra y se basta para desprestigar a Vox, Mañueco ha optado ignorar sus continuos ex abruptos, evitar roces, y limitarse a cumplir escrupulosamente lo pactado con Abascal, que es su verdadero interlocutor. Y a tal efecto ya hemos visto durante la ronda de comparecencias en las Cortes de qué forma los consejeros del PP asumen sin la menor objeción los compromisos asumidos con el pacto de gobierno. Ningún representante de Vox defendería con mayor convencimiento que el nuevo consejero de Presidencia la Ley de la Concordia que lleva implícita la discordia de derogar el decreto autonómico sobre memoria democrática. Lo mismo que la consejera de Familia, Isabel Blanco, quien ha encontrado en las agresiones de hijos a padres (problema para el que la consejería disponía ya de su propio protocolo) el argumento sobrevenido para justificar la Ley de Violencia Intrafamiliar destinada a menoscabar la de Violencia de Género. 

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)


lunes, 16 de mayo de 2022

Colegio de la Asunción: Un bastión del PP con un islote de Vox

 La carencia de una consejería asociada a la vicepresidencia deja a García-Gallardo en manifiesta inferioridad en el pulso por marcar la pauta en la gestión de la Junta


A falta de tres vacantes por cubrir, entre ellas la viceconsejería de Industria y la gerencia del Ecyl, el organigrama de altos cargos de que se ha dotado el gobierno PP-Vox permite visualizar un reparto de poder en el que los populares han incrementado significativamente su cuota con respecto a la mantenida en el Ejecutivo compartido por Ciudadanos.

Frente a los 95 altos cargos del gobierno anterior, 63 nombrados a través del PP y 32 a instancias de Ciudadanos, el nuevo organigrama ha crecido hasta los 98, de los cuales tan solo 27 corresponden a Vox. Esta desproporción tiene su origen en la incomprensible decisión de la ultraderecha de conformarse con tres Consejerías y una vicepresidencia sin cartera, en lugar de adjudicarse cuatro Consejerías, el mismo número de que dispuso Ciudadanos, uno de cuyos consejeros, Francisco Igea, tenía rango de vicepresidente y asumió la función de Portavoz de la Junta.

Más allá de esos datos aritméticos, el “pack” de poder elegido por Vox ha desnivelado claramente a favor del PP la presencia de ambos socios en el Colegio de la Asunción, centro neurálgico del aparato de poder de la Junta. En la etapa anterior, además del Presidente y de su Gabinete, el complejo acogía dos consejerías netamente políticas, Presidencia y Transparencia, cada una en manos de uno de los socios. De los 18 altos cargos con despacho en el Colegio, 11 correspondían al PP y 7 a C´s, un equilibrio fuertemente alterado en la presente Legislatura. El recinto acoge ahora a 19 altos cargos, 15 de ellos del socio mayoritario y tan solo 4 de Vox (el vicepresidente García Gallardo y los tres puestos de su estructura orgánica).

Mañueco ha aprovechado la dejación de Vox para convertir el Colegio de la Asunción en un auténtico bastión del PP. En primer lugar, ha reforzado la propia estructura presidencial, de la que, además de su Jefe de Gabinete, dependen ahora directamente la dirección general de Análisis y Planificación y la dirección de Comunicación (departamento éste último protegido así de cualquier posible injerencia de García Gallardo, quien fracasó en su intento de incluirlo entre sus competencias)

La consejería de Presidencia, encomendada a Jesús Julio Carnero, nueva mano derecha del presidente de la Junta, ha absorbido prácticamente todas las funciones de la extinta consejería de Transparencia, convirtiéndose en el departamento con mayor número de altos cargos, y el único que dispone de dos viceconsejerías.

Frente a este bastión del PP, con el presidente Mañueco y el consejero Carnero a la cabeza, a los que se añade la portavocía ejercida por Fernández Carriedo, la presencia de Vox en el Colegio de la Asunción queda reducida a esa especie de islote que representa la vicepresidencia de García-Gallardo y los tres altos cargos con que la ha dotado, una Jefatura de Gabinete confiada a su pariente García-Fournier, y dos direcciones generales, una de las cuales ha recaído sobre Jesús Enríquez Tauler, antiguo portavoz municipal del PP en el ayuntamiento vallisoletano con el ex alcalde Javier León de la Riva. (No es el primer fichaje de Vox procedente del PP vallisoletano, ya que su procuradora por Segovia no es otra que Susana Suárez, la ex alcaldesa de Zaratán).

Error político de bulto

Siguiendo las directrices de Santiago Abascal, Vox impuso claramente su agenda ideológica en el Acuerdo de Legislatura, dobló el brazo al PP en el pulso por hacerse con la presidencia de las Cortes, eligió las tres consejerías (Agricultura, Industria y Cultura) que tuvo por conveniente, pero cometió el inmenso error de no adscribir una cuarta Consejería de carácter político que dotara de verdadero peso a la vicepresidencia. Y cuando quiso reclamar para ella competencias de fuste, como la comisión de secretarios generales o la dirección de Comunicación se encontró con la cerrada negativa del PP. Por increíble que parezca, Vox ha modificado en su perjuicio el reparto de Poder vigente en la anterior Legislatura, autoadjudicándose una cuota sensiblemente inferior a la que tenía Ciudadanos.

De otro lado, obsesionado por aparentar un peso político del que realmente carece, García Gallardo viene prodigándose en declaraciones públicas más propias del entusiasmo de un converso que del cargo institucional que ostenta. Su comparecencia en el Foro Nueva Economía del hotel Ritz no pudo resultar más deslucida, tanto en su puesta en escena como en su contenido. De entrada, no asistió Abascal, Mañueco le hizo el feo de no asistir y Carnero fue el único consejero del PP presente. Y en su afán de proporcionar titulares, García-Gallardo denunció sin ninguna prueba una supuesta persecución fiscal a las empresas de Castilla y León por parte de la Agencia Tributaria, puso a la Hungría de Viktor Orbán como ejemplo a seguir en políticas sobre mujer y natalidad y aseguró haber visto de primera mano “periodistas lacayos” (sin precisar a quien sirven). Vista la inmadurez y frivolidad con la que actúa su titular, la vicepresidencia lleva camino de convertirse en un bumerán contra el edecán de Abascal.

Mientras tanto, el esfuerzo del PP en incrementar la presencia femenina en el alto “staff” de la Junta no se ha visto acompañada por Vox, que tan solo ha elegido seis mujeres entre los 24 nombramientos efectuados de los 27 que le corresponde. La de mayor rango es la viceconsejera de Políticas Culturales, Mar Sancho.

De los 71 altos cargos del PP, 47 son hombres y 24 mujeres, entre ellas las consejeras de Educación, Familia y Movilidad, cuyos respectivos equipos cumplen el criterio de paridad. La menor presencia femenina se localiza en la consejería de Agricultura, donde se reduce a uno de sus 8 altos cargos.

En resumen, con mayor número de cargos, 98 en lugar de 95, el número de mujeres presentes en el organigrama ha caído de 31 a 29.

Promoción del PP abulense

Si cabía atribuir la inclusión de Vidal Galicia Jaramillo en la terna de senadores autonómicos como un intento de compensar al PP abulense, ausente tanto del Consejo de Gobierno como de la Mesa de las Cortes, en esa misma línea cabe interpretar la nutrida presencia de dicha provincia en el nuevo organigrama de la Junta.

De una parte, el presidente Mañueco ha cambiado de Jefe de Gabinete y el elegido ha resultado ser Héctor Palencia, el abulense que en la pasada legislatura ocupó el cargo de director general de Administración Local. De otra, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha ascendido a la vicesecretaria al ex procurador abulenses Rubén Rodríguez Lucas, anterior director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. Y en el mismo movimiento Suárez Quiñones ha aprovechado para repescar como alto cargo, ahora como director general de Infraestructuras y Sostenibilidad, a otro ilustre paisano de los anteriores, José Manuel Jiménez Blázquez, quien no es que estuviera perdido para la causa, ya que desde 2011 nunca ha dejado de ejercer como consejero-delegado de Somacyl, la empresa pública que licita y adjudica gran parte de las infraestructuras de la Junta. Jiménez Blázquez fue en su día viceconsejero de Desarrollo Sostenible con la ex vicepresidenta María Jesús Ruíz, máximos impulsores ambos del desaguisado de la Ciudad del Medio Ambiente en el que el nuevo gobierno se dispone a seguir dilapidando dinero público. Y otra incorporación abulense al nuevo organigrama es la de la ex procuradora Victoria Saugar, nueva directora general de la Mujer. Todo los anteriores se unen al flamante viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García-Cruces, titular de la Gerencia Regional de Salud desde que Alejandro Vázquez sucedió a Verónica Casado en la consejería.

Toda esta promoción abulensista no tiene otro objeto que el de tratar de potenciar al PP provincial ante el “Partido por Ávila”, que en las elecciones de 2019 se hizo con la alcaldía de la capital y con un escaño en las Cortes que ha renovado con holgura en las elecciones del 13-F.

De paso a Mañueco le ha cundido para recolocar como altos cargos de la Junta a otros dos ex concejales del PP durante la etapa en la que estuvo al frente del Ayuntamiento de Salamanca. Emilio Arroitia es precisamente quien ha sucedido a Héctor Palencia en la dirección general de Administración Local. Y Enrique Sánchez-Guijo es el nuevo director general de Deportes. Con ellos son ya tres los exconcejales de Mañueco en el organigrama de la Junta, ya que el director de Comunicación, Julio López Revuelta, ha sido ratificado en su puesto. Sin olvidar el reciente fichaje como asesor de Daniel Llanos, el también concejal salmantino dimitido hace un año por conducir triplicando la tasa de alcoholemia.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

lunes, 9 de mayo de 2022

Desalojar al PSOE de sus feudos municipales, máxima prioridad de los socios de gobierno en la Junta

 PP y Vox se proponen aparcar los asuntos conflictivos y primar en su lugar las medidas electoralmente más rentables ante los comicios locales de 2023

En los sucesivos cambios de Legislatura desde que se constituyó esta comunidad autónoma no se recuerda una lentitud tan exasperante en el proceso de recuperar la normalidad institucional alterada por una convocatoria electoral. Tanto las Cortes como el gobierno de coalición PP-Vox se han tomado con pasmosa tranquilidad los pasos a dar para recobrar su normal funcionamiento.

Casi tres meses después del 13-F, las Cortes celebran esta semana su primer pleno del nuevo periodo, que no es otro que el convocado para designar a los tres senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León en la Cámara Alta. Una votación en la que los procuradores del PP, secundados en esta ocasión por los de Vox, reproducirán la ignominia de adjudicar uno de dichos escaños al político alavés Javier Maroto.

En 2019 se supone que ello obedeció a una imposición de Pablo Casado, que necesitaba hacer senador a Maroto para confiarle el cargo de portavoz del grupo popular. Ahora no está claro si su nueva designación se produce a instancias de Núñez Feijóo, quien de momento no ha tomado una decisión definitiva sobre dicha portavocía, o si responde sin más al acreditado cuajo personal de Alfonso Fernández Mañueco. Mientras, el grado de identificación del beneficiario con Castilla y León es tal que sigue sin enterarse de que son nueve y no ocho el número de provincias que integran la comunidad autónoma.

Con el otro escaño del Senado, adjudicado al ex procurador Vidal Galicia Jaramillo, Mañueco da una palmadita en la espalda al maltrecho PP abulense, al que no ha encontrado acomodo ni en el nuevo gobierno ni en la Mesa de las Cortes. Y ello después del fracasado intento de frenar la progresión electoral del “Partido por Ávila”, que el 13-F creció del 9,6 al 16,7 de los votos,

Nombramientos con cuentagotas

Pero más sorprende aún que, después de haber celebrado tres Consejos de Gobierno, la Junta tan solo haya procedido a 17 nombramientos de altos cargos, manteniendo en situación de interinidad el grueso de los equipos de la mayor de las consejerías.

Especialmente llamativo es el caso de las tres asignadas a Vox, partido que, después de darse tanta prisa en anunciar los nombres de sus consejeros, tiene casi inéditos sus equipos de altos cargos en Agricultura e Industria. El titular de esta última, Mariano Veganzones, tan solo ha nombrado al nuevo secretario general, un funcionario procedente de la consejería de Cultura. Sigue vacante la vicesecretaria (antes de Empleo y Dialogo Social, ahora de Dinamización Industrial y Laboral), así como la Gerencia del ECYL, y en funciones los directores generales nombrados en su día por Ciudadanos. Mientras tanto, los sindicatos urgen la reanudación del Diálogo Social, a priori uno de los asuntos más espinosos en esta nueva etapa.

Tampoco parece tener mucha prisa en cerrar su equipo el nuevo consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, quien hasta el momento tan solo ha nombrado al secretario general, un funcionario que procede de Sanidad, y al viceconsejero de PAC y Desarrollo Rural, Juan Pablo Medina, éste sin duda un fichaje estratégico. (Medina, director general de la Política Agraria Comunitaria desde el año 2003 y como tal responsable de gestionar el dineral anual de la PAC (924 millones), asciende a viceconsejero de la mano de Vox, que arrebata así al PP todo un referente en el sector agrario, ámbito de especial disputa clientelar entre ambos partidos)

Del trío de Vox el único consejero que tiene prácticamente cerrado el equipo resulta ser el de Cultura, Gonzalo Santonja, quien ha confiado la viceconsejería a Mar Sancho, quien, entre otros altos cargos en gobiernos del PP, fue directora general de Políticas Culturales.

La presencia de anteriores altos cargos de la Junta en las consejerías gestionadas por Vox no gusta nada en el PP, consciente de que ello refuerza la percepción ciudadana de ambos partidos como integrantes de un mismo bloque con muchas más afinidades que diferencias.

Cierto que tras haber pasado a compartir el gobierno autonómico, PP y Vox van a hacer en Castilla y León un ímprobo esfuerzo por aparentar una sintonía política que están muy lejos de alcanzar. De puertas hacia afuera, están obligados a evitar desavenencias públicas, pero desde dentro van a actuar como compartimentos-estanco con estrategias partidistas perfectamente diferenciadas. (La de Vox, coordinada por el edecán de Abascal, García Gallardo, quien ha tenido el descaro de dotar a su vicepresidencia-trampantojo de una estructura de tres altos cargos, un Jefe de Gabinete y dos directores generales, uno de ellos con rango de secretario general).

La desconfianza es inevitable desde el momento en que el propósito de ambos socios es el de utilizar sus respectivos resortes de poder en la Junta para afrontar con la mayor ventaja posible las elecciones municipales de mayo de 2023. El objetivo común de PP y Vox es desalojar al PSOE de sus principales feudos municipales –Valladolid, Burgos, León, Segovia, Soria, y tres de los otros 6 municipios de más de 20.000 habitantes- mediante los correspondientes pactos poselectorales allá donde ambos partidos sumen mayoría absoluta. El reparto de ese botín electoral, que incluye las Diputaciones provinciales, estará lógicamente en función del respaldo que los ahora socios en la Junta obtengan por separado en las urnas. Y en ese pulso Vox no dudará en ofrecer puestos en sus listas a actuales alcaldes y concejales del PP.

Con ese doble juego de fondo, la proximidad de los comicios municipales va a marcar la acción de gobierno de coalición PP-Vox durante el primer año de la nueva Legislatura, que desde su mismo inicio se ha visto impregnado del burdo electoralismo que rodea a esa magra rebaja anunciada en tramo autonómico del IRPF.

Consecuentemente con esa estrategia, y a fin de ahorrarse previsibles tensiones internas, PP y Vox han decidido prorrogar durante todo el año 2022 los desfasados Presupuestos de 2021, sin pararse a pensar en los perjuicios de dicha prórroga. Y hasta el 15 de octubre, plazo de su presentación en las Cortes, no conoceremos el primer Proyecto Presupuestario del gobierno PP-Vox.

Sus urgencias legislativas para este primer año están tasadas y fechadas por imposición de Vox: la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Concordia que derogará el decreto de Memoria Democrática. Más allá de estas fijaciones ideológicas de Vox, se desconoce cualquier otra prioridad legislativa.

Paños calientes sobre la atención primaria

Lo que es seguro es que el PP va a tener especial cuidado en no remover durante los próximos meses ningún avispero que soliviante al agitado ámbito rural, como podría ser la elaboración de los mapas rurales de la Ordenación Territorial, competencia endosada ahora a la consejería de Medio Ambiente.

El compromiso del presidente Mañueco de garantizar la asistencia presencial (médica y de enfermería) en los 3.600 consultorios locales es de imposible cumplimiento. Y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se limitará a aplicar paños calientes, aplazando cualquier medida que puede agudizar el malestar de la población afectada. La prioridad de Vázquez consiste en estos momentos en aligerar las insoportables listas de espera quirúrgicas y diagnósticas a base de un Plan de Choque concertado con la Sanidad Privada.

Otro elemento de desgaste que presumiblemente intentará soslayar el nuevo gobierno de la comunidad en este primer año es el importante rechazo social que suscita la proliferación de las macrogranjas ganaderas. Tras la gran polémica que protagonizaron durante la pasada campaña electoral, la amenaza de las macrogranjas sigue ahí, con alrededor de otras 80 en trámite que degradarían aún más el entorno natural, arruinando propia ganadería tradicional, el turismo rural y cualquier otro potencial alternativo. Con 16 plataformas ciudadanas de Castilla y León movilizadas contra esos proyectos, es de suponer que PP y Vox darán largas al problema hasta después de las elecciones municipales. Hasta entonces tratarán de que la hoja de ruta no levante ninguna ampolla más de las imprescindibles.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)


martes, 3 de mayo de 2022

La coalición PP-Vox, hacia un nuevo record de gasto político

 

Mientras la Junta va camino del centenar de altos cargos, la masa salarial de los procuradores liberados se ha disparado en más de un 5 por ciento

 

Cuando Vox, que defiende en su programa la reducción del gasto político, se conformó con tres consejerías en lugar de las cuatro que ocupó Ciudadanos, hubo quien ingenuamente pudo pensar que el nuevo gobierno de Castilla y León iba a reducir su estructura y con ella su nómina de altos cargos. Máxime cuando con el anterior gobierno de coalición dicha nómina creció de 82 a 95 altos cargos.

Desguazada la consejería de Transparencia creada “ad hoc” para el anterior vicepresidente, el PP habría mantenido la misma cuota de poder reduciendo a 9 el número de consejerías, con el consiguiente ahorro de gasto. Pero tal cosa ni se le ha pasado por la cabeza a Alfonso Fernández Mañueco, quien ha aprovechado para desdoblar en dos la de Fomento y Medio Ambiente, manteniendo el número de consejerías en diez, el máximo que permite la Ley de Gobierno.

Es así que a la espera de que se conozca la estructura orgánica completa de las 10 consejerías, todo apunta a que el número de altos cargos acabará alcanzando el centenar. De momento, la vicepresidencia ociosa con la que entretiene su tiempo Juan García-Gallardo ha supuesto que el Consejo de Gobierno haya pasado de 11 a 12 miembros. Y el segundo escalón, el de las viceconsejerías, ha pasado de ocho a nueve, al estrenar una nueva la consejería de Sanidad y dotarse de una segunda la de Presidencia, al tiempo que inexplicablemente se ha suprimido la de Universidades e Investigación, la única que existía en Educación. De momento, ya se contabilizan dos altos cargos más que en la etapa anterior.

Tres asesores al servicio del vicepresidente

Tampoco parece que vaya a reducirse la nómina de personal eventual (asesores) nombrados a dedo al servicio del presidente, vicepresidente y consejeros, capítulo que con el anterior gobierno se disparó hasta el número de 45 puestos. En su momento, Mañueco no se cortó un pelo en utilizar parte de ese cupo para proporcionar cobijo a políticos del PP desubicados, llegando a colocar en esa nómina a cuatro ex senadores. El más conocido, Ignacio Cosidó, que acabó renunciando a la sinecura cuando arreció el caso Kitchen. Otra ex senadora, Esther Muñoz, saltó desde el Gabinete del Presidente al cargo de delegada territorial de la Junta en León, en el que acaba de ser confirmada.

Puesta la lista a cero al entrar el nuevo gobierno, la Junta ha nombrado ya a 35 de estos asesores, entre los que vuelven a figurar los ex senadores Félix Colsa y Laura Prieto. Y esta vez el fichaje más descarado del presidente ha sido el Daniel Llanos, el ex concejal del PP en el ayuntamiento de Salamanca forzado el pasado año a dimitir por triplicar la tasa de alcoholemia cuando circulaba por el casco urbano de la capital.

Mañueco sigue ciertamente sin cortarse un pelo a la hora de utilizar sus resortes de poder de forma espuria y partidista, pero el que no le está yendo a la zaga a la hora de seleccionar personal de confianza es el vicepresidente y edecán de Santiago Abascal, Juan García-Gallardo. Para empezar, ha fichado a un pariente, José María Barrio Gíl-Fournier, un gestor urbanístico de agitada trayectoria, para que le haga las veces de secretario particular. Y al tiempo se ha traído de Madrid a dos periodistas sin ninguna vinculación con Castilla y León: Montserrat Lluis y Fernando Argüello. Lluis, durante poco más de un año directora general de Trece (la cadena televisiva de la Conferencia Episcopal), fue cesada fulminantemente el pasado mes de marzo. Por su parte, Fernando Argüello procede del Departamento de Comunicación y Prensa de la sede central de Vox.

Ya advertimos que el gasto generado por la superflua vicepresidencia de García-Gallardo no se iba a limitar a su sueldo, próximo a los 80.000 euros anuales. A ello habría que añadir el generado por el coche oficial y el personal eventual a su servicio, que de momento se concreta en los tres fichajes reseñados. Que será todavía alguno más, ya que faltan todavía por nombrar 10 asesores (suponiendo que se mantenga en 45 el número total de los mismos).

 

Cortes: Recorte del 0,68 % en las subvenciones frente al 5,1 de aumento en la masa salarial de los liberados

El propio García-Gallardo se ufanó de promover una reducción del gasto político en las Cortes, que en lo que se refiere a las subvenciones a los grupos parlamentarios llegó a cifrar en un ahorro de 333.626 euros anuales. Pero tal como puede comprobarse en la página web de las Cortes, la realidad es que dicho ahorro se ha reducido a 25.272 euros, que equivalen al 0,68 por ciento del montante total de dicho capitulo. El gasto anual de las subvenciones a los grupos ha pasado de 3.742.320 euros anuales a 3.717.048. Esa ha sido la infima reducción practicada.

Y esto ha ocurrido al mismo tiempo que la retribución básica de los miembros de la Mesa, de los portavoces de los grupos y demás procuradores liberados por cuenta de la Cámara se ha incrementado en un 5,3 por ciento, al pasar de 73.211 a 76.355 euros brutos anuales. A dicho salario se añade la mal llamada “indemnización por gastos”, denominación con la que se camufla un complemento salarial fijo que se ha mantenido en las mismas cuantías de 1.800 y 1.440 euros. Con ello, la retribución total de los 6 miembros de la Mesa y los 5 portavoces titulares se ha disparado hasta los 97.955 euros anuales, mientras que la de los 14 liberados restantes ha pasado a ser de 93.635 €.

Tras esta “actualización”, la nómina salarial de la élite política de las Cortes ha pasado de 2.272.601 a 2.388.340 euros anuales, 115.739 euros de incremento que equivalen a un 5,1 por ciento. Un aumento de gasto que podría haber sido aún mayor de no habérsele escamoteado al grupo mixto (Podemos, C´s y Por Ávila) la portavocía adjunta que tuvo asignada incluso cuando solo contó con dos procuradores, como ocurrió en la legislatura 2015-2019, en la que estuvo integrado tan solo por Luis Mariano Santos (UPL) y Francisco Sarrión (IU).

Sumando los capítulos dedicados a las subvenciones a los grupos parlamentarios (3.717.048 €) y a la nómina salarial de los procuradores liberados (2.388.340 €), el gasto anual resultante se cifra en 6.105.388 €, cuantía que supera en 90.467 euros a la vigente en el momento de la convocatoria electoral, en la que ambas partidas sumaban 6.014.921 euros. Y se hubiera incrementado en otros 93.635 € más si no hubiera sido por esa burda represalia adoptada contra el nuevo grupo mixto. Conclusión: Lejos de aplicar una reducción del gasto político en las Cortes, PP y Vox lo han incrementado hasta elevarlo a un nuevo record.

Y ni palabra sobre los “chiringuitos”

Añádase a todo lo anterior que la palabra “chiringuito” no aparece en ninguno de los puntos del Acuerdo de Legislatura firmado entre ambos socios de gobierno, de donde se desprende que a Vox no le sobra ninguno de los entes y fundaciones que conforman la llamada Administración B de Castilla y León. El presidente de ASAJA, Donaciano Dujo, que se ha apresurado a marcar las tareas a su viejo conocido y nuevo consejero, Gerardo Dueñas, puede estar tranquilo sobre el futuro del ITACYL, Instituto que siempre ha defendido su organización. Y si Ciudadanos indultó en su día a la Fundación Siglo, no será el nuevo consejero de Cultura, Gonzalo Santonja -al Noé ex director del Instituto de la Lengua le van a hablar de inundaciones- quien vayan a prescindir del chiringuito desde el que se ejecuta con plena discrecionalidad gran parte del presupuesto de la consejería.

Aunque sea con otros gestores, todo ese entramado de la Administración B seguirá tal cual bajo la égida de PP y Vox. Y nos daremos con un canto en los dientes si el ínclito García-Gallardo no se inventa algún chiringuito de nuevo cuño que dé lustre a ese trampantojo que es su vicepresidencia. Vista la colonización política de la Junta emprendida por Vox, tendría toda la lógica.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)