La victoria del PP andaluz compromete la continuidad del pacto de gobierno en Castilla y León

 La opción de convocar nuevas elecciones autonómicas coincidentes con las municipales de mayo de 2023 cobra fuerza en Génova, donde Núñez Feijóo no quiere ninguna alianza con Vox en su hoja de ruta hacia la Moncloa

Estaba escrito que el resultado de las pasadas elecciones andaluzas iba a tener repercusiones muy directas sobre el compartimentado gobierno de Castilla y León, donde el socio minoritario, Vox, ha venido imponiendo su discurso ideológico e intentando aplicar su programa de máximos ante la cómplice pasividad del socio mayoritario (PP). Un abierto desafío a la autoridad del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, incapaz hasta ahora de desautorizar las constantes extralimitaciones de la extrema derecha y en especial del vicepresidente Juan García-Gallardo.

 En Andalucía Vox apostaba por un resultado que condujera a una coalición de gobierno similar a la de Castilla y León, lo cual hubiera consolidado el frente común de ambos partidos en el horizonte de las siguientes elecciones generales. Dicho mimetismo entraba en abierta colisión con la estrategia de Alberto Núñez Feijóo, convencido de que la mejor receta para relanzar al PP pasa por distanciarse de Vox y de su excluyente discurso ideológico.

 El arrollador triunfo de Moreno Bonilla ha avalado la estrategia de Feijóo y convierte el pacto en Castilla y León en un oneroso lastre en el camino a recorrer hacia La Moncloa. Al propio tiempo, el batacazo de la racial Macarena Olona ha obligado a  García-Gallardo a recoger apresuradamente velas en su osado intento de dinamitar el Diálogo Social en Castilla y León.

 Tras su explosiva comparecencia del pasado lunes 13, en la que, acompañado por el consejero de Empleo, el inefable Veganzones, anunció con toda rotundidad un recorte de 20,3 de euros en las subvenciones y programas asociados al Diálogo Social, García-Gallardo apareció el pasado jueves junto al consejero Portavoz, para negar sin pestañear lo que todo el mundo le oyó decir y se hizo constar en el comunicado oficial de la propia Junta.

                       “Donde dije digo, digo Diego”

Díez días después de haber provocado semejante crisis, el vicepresidente ha tenido el rostro de achacar toda la polémica a la “brocha gorda” utilizada por los medios de comunicación. Gallardo dice ahora que lo único que se va a rebajar es la subvención directa de 4 millones en total que reciben los sindicatos y la patronal por su papel institucional, sometiéndose a “libre concurrencia” el resto de los programas que completan los 20,3 millones en cuestión.

Después de largos días de vergonzante ambigüedad en los que el PP ni ratificó ni desautorizó a Gallardo y Veganzones, ha ocurrido que, en medio del clima de euforia desatado en su partido tras la victoria andaluza, Mañueco no podía secundar a Vox en ese desaforado ataque al Diálogo Social. Y así parece que lo ha entendido el vicepresidente, quien no ha tenido otro remedio que dar marcha atrás y decir digo donde todo el mundo le escuchó decir Diego. Ello sin que Gallardo haya vuelto a reproducir las gruesas descalificaciones dedicados a sindicatos y patronal el lunes de marras.

 Tras este viraje, Mañueco presidirá este miércoles el Consejo del Diálogo Social sin que sobre la cabeza de los agentes sociales penda la Espada de Damocles. Previsiblemente, todo se reconduzca a una revisión general del método de funcionamiento y a una futura rebaja de los 4 millones en subvenciones directas, que, de producirse, se extendería también a las organizaciones agrarias (para contrariedad del consejero, Gerardo Dueñas, ex gerente regional de ASAJA, que no tiene ningún interés en meter el dedo en el ojo de esos interlocutores). Más adelante veremos cómo quedan las partidas del Diálogo Social en los Presupuestos de 2023 que PP y Vox han comenzado a negociar.

 Después de lo de Andalucía, el PP de Mañueco necesita ir recuperando terreno cedido a Vox y desmarcarse de sus políticas más corrosivas. Y en el pleno de las Cortes de la pasada semana la oposición le proporcionó dos ocasiones que ni pintadas. El PP se sumó sin condiciones a la proposición socialista presentada precisamente en reconocimiento y defensa del Diálogo Social, a la que naturalmente se opuso únicamente Vox. Y lo mismo ocurrió con la moción del superviviente Francisco Igea en defensa de la aplicación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a la que Vox atribuye el “fanatismo climático” que según su peculiar percepción está hundiendo la economía y la nación española.

               A contracorriente de la estrategia de Feijóo

 Pero por mucho terreno que pueda ir recuperando Mañueco frente a Gallardo, lo que no va a poder evitar el PP son las dos reformas legislativas netamente ideológicas introducidas por Vox en los acuerdos de gobierno suscrito por ambos partidos. Según lo acordado, esta misma semana deberá presentarse la llamada Ley de Concordia, que supondrá la derogación del Decreto autonómico sobre Memoria Histórica con el que la Junta ha venido colaborando en la exhumación de las víctimas de la guerra civil sepultadas en fosas comunes. E igualmente está acordado que antes del 31 de julio inicie su tramitación parlamentaria la Ley de Violencia Intrafamiliar, el engendro legislativo con el que Vox se propone desvirtuar y vaciar de contenido la Ley autonómica sobre Violencia de Género.

 Para desgracia de Mañueco, el respaldo del PP a estas “señas de identidad” de Vox, va a tener una repercusión mediática nacional que empañará la imagen del partido y de Feijóo, para quien el pacto de gobierno en Castilla y León va a convertirse en un creciente dolor de cabeza. De ahí que, tras lo ocurrido en Andalucía, en Génova se esté abriendo paso  la idea de romper una perniciosa alianza que, además de dar entrada a Vox en la Junta, entregó la presidencia de las Cortes a la formación de extrema derecha.

 La celebración de las elecciones municipales a celebrar el 28 de mayo de 2023 constituye la ocasión pintiparada para que el PP se apunte a esa fecha para hacerla coincidir con unas elecciones autonómicas anticipadas previa ruptura con el PP y disolución a primeros de abril de las actuales Cortes. Sin duda esa es la opción que hoy por hoy maneja Feijóo y a la que Mañueco difícilmente estará en condiciones de oponerse.

                        Un consejero “achicharrado”

 Y lo más lamentable. En medio de todos estos trampantojos de la relación PP-Vox, Castilla y León ha sufrido el mayor incendio forestal del siglo, en el que han sido pasto de las llamas más de 30.000 hectáreas de la zamorana Sierra de la Culebra. Un desastre ecológico, económico y social que no hubiera alcanzado tamaña dimensión si la consejería de Medio Ambiente hubiera adaptado el despliegue de su operativo antiincendios a los nuevos riesgos derivados del cambio climático. Pero no. El consejero Suárez-Quiñones, obstinado en no declarar la situación de “riesgo alto” hasta el 1 de julio, hizo caso omiso a la previsión meteorológica que anunciaba una tormentosa ola de calor en la zona a mediados de junio.  Y el resultado ha sido el desigual combate librado entre las llamas y un operativo reducido al 25 por ciento de los efectivos disponibles 15 días después.

 La indignación de bomberos forestales, agentes medioambientales y población de la comarca arrasada ha colocado en la picota al consejero, cuya soberbia ya quedó retratada en su famosa frase “La Administración soy yo”. Mientras Suárez Quiñones ha quedado políticamente achicharrado y la petición de su dimisión ha sido un clamor, el presidente Mañueco ha despachado el asunto afirmando que “la culpa ha sido de la Naturaleza” (sic).

Además de pedir la dimisión del consejero, CC.OO. ha dado traslado a la Fiscalía al entender que la Junta ha actuado con manifiesta negligencia. Al propio tiempo, toda la oposición ha solicitado la creación de una comisión parlamentaria de investigación que presumiblemente será vetada por PP y Vox. Solo faltaría.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Un presidente impotente para tomar las riendas de la Junta

 La arremetida de Vox contra el Diálogo Social, que roza la usurpación de funciones, otro grave desafío a la autoridad de Fernández Mañueco

 Aunque el asunto no consta en el pacto de gobierno suscrito con fecha 10 de marzo, resultaba obvio que la facción de Vox presente en el gobierno de Castilla y León arremetería más pronto que tarde contra el Diálogo Social institucionalizado entre la propia Junta, la patronal y los dos sindicatos mayoritarios. Sobre el papel, el momento mas propicio para ello parecía ser la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2023, en los que el partido de extrema derecha tratará de estrangular todas aquellas políticas sociales que, por mucho soporte legal que tengan, no caben en su excluyente ideario.

 Pero lo que nadie esperaba era que de buenas a primeras el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, y el consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, comparecieran oficialmente en la sala de prensa de la Junta para dar cuenta como cosa hecha del recorte en un 50 por ciento de las subvenciones directas a los agentes sociales y a un diverso conjunto de programas concertados en el seno del Diálogo Social, todo ello por importe de 20,3 millones de euros. Semejante “hachazo” a la política de concertación social de la Junta causaba el lógico estupor, ya que, además de no haber sido comunicado previamente a patronal y sindicatos, Gallardo y Veganzones admitían que no había sido aprobado en Consejo de Gobierno. No obstante esto último, ante el espeso silencio del presidente y del consejero Portavoz, lo anunciado por la facción de Vox se tomaba como cierto: “La Junta rompe el Diálogo Social y recorta al 50 por ciento las ayudas a sindicatos y patronal”, titulaba en primera página “El Norte de Castilla”.

 Una semana más tarde, después de profusas, confusas y difusas declaraciones del escurridizo consejero Portavoz, Carlos Fernández Carriedo, sabemos que se ha tratado de un anuncio unilateral de dicha facción, de una mera declaración de intenciones que, a falta de su aprobación por los órganos competentes, carece de aplicación práctica. Pero lo que no sabemos es lo que piensa de este episodio el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, completamente de perfil ante un nuevo desafío de García Gallardo, quien, arrogándose una vez más decisiones que no le competen, en esta ocasión ha rozado la usurpación de funciones.

               Incredulidad de la patronal

Un órdago de esta naturaleza no estaba en los planes de Fernández Mañueco, quien el pasado 7 de abril, con ocasión de la toma de posesión el presidente de la CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, subrayaba el papel “esencial” del Diálogo Social como “seña de identidad” de esta comunidad autónoma y se extrañaba de que alguien pudiera poner en duda sus logros durante las dos últimas décadas. Mañueco no sospechaba entonces hasta donde iban a llegar sus socios de Vox en su libérrima interpretación de lo pactado, que les ha llevado a justificar su propuesta basándose en el punto que habla de eliminar el “gasto superfluo”. ¿Desde cuándo puede considerarse “gasto superfluo” lo que se considera una “seña de identidad” reconocida en el Estatuto de Autonomía y elevada a rango de Ley autonómica en 2008

 (Hasta tal punto se consideraba Castilla y León orgullosa de dicha “seña de identidad” que en el año 2018 el entonces consejero de Empleo, el mencionado Carriedo, patrocinó y encabezó varias viajes al extranjero a fin de que delegaciones la Junta, la patronal y los sindicatos divulgaran el Diálogo Social de Castilla y León como modelo exportable a seguir en materia de concertación; entre otros destinos visitaron Washington, donde se reunieron con directivos de la Organización de Estados Americanos y del Banco Mundial, y Colombia, donde presentaron el modelo a la ministra de Trabajo).

 Como no podía ser de otra forma, patronal y sindicatos han puesto el grito en el cielo solicitando al presidente de la Junta, que lo es también del propio Consejo del Diálogo Social, que aclare si comparte o no el “hachazo” anunciado Gallardo y Veganzones. La CEOE manifestaba “su más absoluta incredulidad” ante dichas medidas y su rechazo ante “los calificativos impropios de una sociedad democrática” que acompañaban el anuncio. Por su parte, los secretarios regionales de CC.OO. y UGT han solicitado a Mañueco la destitución del vicepresidente y del consejero, advirtiendo de que llevarán la defensa del Diálogo Social ante los Tribunales y la Organización Internacional del Trabajo frente a un partido, Vox, que aspira “a un franquismo sin Franco”.

 De esta forma, Mañueco tendrá que despejar la pelota que ha puesto en su tejado el vicepresidente, quien ha vuelto a desafiar su autoridad, instrumentando de forma partidista  su cargo institucional y sin atenerse a lo pactado con el PP, que en ningún momento cuestiona la eficiencia del Diálogo Social. (Salvo, claro ésta, que PP y Vox mantengan paralelamente un “programa oculto” del que formen parte sorpresas como ésta y otras que nos podamos ir encontrando mientras sigan gobernando juntos).

Hace falta desfachatez para encontrar “gasto superfluo” en la política social y no hacerlo en el nido de despilfarro y enchufismo de determinados chiringuitos, alguno de ellos ahora en manos de consejeros de Vox, caso de la Fundación Siglo. Por no hablar del crecimiento de la nómina política de la Junta, comenzando por la creación de una vicepresidencia sin cartera dotada de otros tres altos cargos y utilizada torticeramente por su titular en beneficio exclusivo de sus intereses partidistas.

                    ¿Quién manda en la Junta?

“¿Quién tomas las decisiones en el gobierno de Castilla y León?” La pregunta, formulada al presidente de la Junta por el socialista Luis Tudanca para su contestación ante el pleno de las Cortes, no puede ser pertinente a la vista de la confusión reinante en el Colegio de la Asunción. ¿Existe un gobierno único en el que el vicepresidente y todos los consejeros están sometidos a la autoridad superior del presidente? ¿O en la práctica el socio minoritario, Vox, se ha constituido en una facción autónoma a las órdenes del vicepresidente que actúa unilateralmente sin atenerse a lo pactado con el PP y en abierto desafío a la autoridad del presidente?

 Vistas las amplias tragaderas de Fernández Mañueco, incapaz de hacerse respetar ante las continuas salidas de tono de Gallardo y Veganzones, éstos han decidido elevar su desafío ante un presidente al que tratan como un rehén de Vox. “No habrá marcha atrás. El presidente me ha dado su palabra”, ha declarado el vicepresidente ante la reunión del Consejo de Diálogo Social pendiente de convocar por Mañueco. Por su parte, Veganzones se considera “totalmente respaldado” y no concibe que el presidente pueda desautorizarle.

 Así de ufano se muestra un consejero que acumula en su corto mandato varios fracasos sonrojantes. Uno de ellos su clamorosa ausencia (la de él y la de toda la Junta) del problema del grupo Siro, que ha estado a punto de dar al traste con los 1.700 empleos del emblemático grupo galletero, salvado a la postre por la decidida mediación de la ministra Reyes Maroto. Muestra de la desidia e ineptitud de Veganzones ha sido que tardara seis semanas en nombrar a su viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, Óscar Villanueva, y que el gerente del Ecyl designado una semana antes, Javier Moreno Espeja, tuviera que dimitir once días después por haber gestionado antes de su nombramiento cursos de orientación psico-sexual denigrados por Vox. (Frente a la pueril excusa de atribuir su fallida elección a una empresa privada, existe otra versión según la cual Moreno, a la sazón presidente del elitista club de tenis “El Soto”, de Burgos, fue captado directamente por su paisano el vicepresidente, quien sería en realidad el verdadero responsable del fiasco).

Veremos como sale de este trance Mañueco. Si pone paños calientes y da largas al asunto para reconducir la cuestión con los agentes sociales sin desautorizar a la facción de Vox, o se decide de una vez a parar los pies a Gallardo y Veganzones para que se atengan estrictamente a lo pactado y se abstengan en lo sucesivo de seguir desafiando su autoridad. Mientras esto último no ocurra, asistiremos a la aberración democrática de que el partido más votado en las elecciones autonómicas (31,43 por ciento de los votos y 31 procuradores) se constituye en rehén de la tercera fuerza política (17,64 por ciento de voto y 13 procuradores), una minoría extremista que se permite perpetrar toda clase de tropelías ante la claudicación de un presidente pusilánime que renuncia a su propia dignidad democrática. A la suya y a la de su partido.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Las cuentas para 2023, prueba del algodón para el gobierno PP-Vox

 Los socios de gobierno inician la negociación de sus primeros Presupuestos en la Junta pendientes del escenario que resulte de las elecciones andaluzas

En medio del fuerte ruido mediático generado por su crispada relación con la oposición, la Junta ha puesto en marcha el proceso de elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2023, que serán los primeros tramitados por el gobierno PP-Vox surgido de las elecciones del pasado 13 de febrero.

Con esa convocatoria anticipada, Fernández Mañueco dejó en la estacada las cuentas que se proponía aprobar para 2022 el anterior gobierno de la comunidad, de forma que desde el pasado 1 de enero la Junta hubo de prorrogar los Presupuestos de 2021, que seguirán vigentes como mínimo todo lo que resta del presente año. En lugar de gobernar con unas renovadas cuentas enfocadas hacia la recuperación económica, la prórroga ha obligado a afrontar la crisis sobrevenida a lo largo de 2022 parcheando unos Presupuestos gestados durante el primer año de la pandemia Y sin duda ello explica el bajo grado de aplicación de los Fondos Next Generation que ha tenido y sigue teniendo disponible la comunidad de Castilla y León.

La inflación derivada de la “tormenta perfecta” completada por la invasión de Ucrania ha llegado a dispararse en España hasta el 9,9 por ciento, porcentaje que en Castilla y León alcanzó en marzo el 11 por ciento y que todavía el pasado mayo se ha situado en el 9,9, siempre más de un punto de la media nacional. Con ello, la previsión inicial de un 4,9 de crecimiento se ha ido al traste y, aunque la Junta no la ha modificado, nos daríamos con un canto en los dientes si no baja del 3 por ciento, lo que dependerá en última instancia del resultado final de una cosecha cerealista seriamente mermada por las altas temperaturas registradas a lo largo del mes de mayo.

Aparte del corsé que siempre supone una prórroga presupuestaria, máxime tras la crisis sobrevenida, la gestión de la Junta se ha visto lastrada este 2022 por los cuatro largos meses de transitoriedad transcurridos hasta la entrada del gobierno PP-Vox. Buen ejemplo de lo anterior ha sido la crisis del Grupo Siro, que ha venido pudriéndose durante meses sin que la Junta, que tanto se llena la boca de apoyar el sector agroalimentario, haya hecho acto de presencia hasta que la situación estaba al borde del precipicio (para colmo, después critica el liderazgo de la ministra Reyes Maroto en la resolución del conflicto)

Más allá de polémicas más o menos artificiales sobre cuestiones ideológicas, los primeros Presupuestos del gobierno PP-Vox emplazan a ambos partidos a fijar sus prioridades de gasto. Y en consecuencia constituyen un gran test para conocer de qué forma se descanta el tira y afloja que los socios mantendrán a buen seguro a la hora de distribuir los recursos entre las áreas de gobierno que tienen bajo su control.

Este tira y afloja no ha hecho más que comenzar con la petición a las diferentes consejerías de sus correspondientes propuestas presupuestarias, que deberán presentar antes del próximo 8 de julio. Y a partir de ahí se ha abierto una negociación interna que habrá de concluir antes del 15 de octubre, fecha en la que tendría que entrar en las Cortes el correspondiente Anteproyecto para su tramitación parlamentaria.

La hora de retratarse

Los aspectos más escabrosos están en la mente de todos. Aunque la competencia no esté en sus manos, es previsible que Vox, una vez en trámite la Ley de Violencia Intrafamiliar, presione para reducir las partidas específicamente destinadas a la lucha contra la violencia de género. Y ahí el PP, que mantendrá vigente la actual LVG autonómica, tendrá que retratarse y responder a compromisos electorales como el de disponer de un centro de emergencia en cada una de las provincias. Veremos asimismo que ocurre con las partidas de la Memoria Histórica con las que la Junta ha colaborado a la exhumación de víctimas de la Guerra Civil y con cualquier otro aspecto relacionado con lo que Vox llama “leyes de la Muerte” (Eutanasia y Aborto).

Protegido por una Ley que en ningún caso se va a derogar, el Diálogo Social tiene todas las papeletas para quedar reducido a la mínima expresión presupuestaria. Los furibundos ataques dirigidos a los sindicatos por el propio consejero de Industria, Mariano Veganzones, así lo hacen presagiar. El socio minoritario también quiere revisar el gasto de las llamadas instituciones de la comunidad (Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Procurador del Común), cuyo interlocutor por parte de la Junta no es otro que el vicepresidente García-Gallardo. Por lo ya ajustado de sus recursos y al estar blindadas por el Estatuto de Autonomía, no parece que por ahí haya mucho que rascar. Lo habría en el conglomerado de los entes, fundaciones y demás chiringuitos que constituyen la Administración B, que seguirá tal cual una vez que PP y Vox han rechazado su supresión.

Será muy revelador comparar los primeros Presupuestos PP-Vox con los de PP y Ciudadanos abortados por el adelanto electoral, que crecían en un 4,2 por ciento sobre los vigentes en 2021, pasando de 12.291 a 12.835 millones. Para empezar, ese crecimiento tenía truco, ya que la Junta se obstinó en un incluir una partida de 455millones de euros con cargo a un nuevo Fondo Covid que el gobierno central nunca llegó a presupuestar. (Si alguien tiene acreditadas sus dotes para la ingeniería financiera y la contabilidad creativa, ese es sin duda el incombustible Carlos Fernández Carriedo, quien en el siglo pasado, a mediados de los 90, ya fue director general de Presupuestos bajo la presidencia de Juan José Lucas)

Con el Sistema Regional de Salud convaleciente de la Covid-19, que se ha cobrado ya más de 15.000 vidas en Castilla y León, el gasto sanitario seguirá situándose por encima del 7 por ciento del PIB autonómico. Está por ver sin embargo que se cumpla el objetivo de destinar el 20 por ciento de dicho gasto a la Atención Primaria, cuyas costuras han reventado a causa de la pandemia.

Visto el reciente fracaso en la fidelización de los médicos de familia, el consejero, Alejandro Vázquez, no sabe como hincarle el diente al solemne compromiso del presidente Mañueco sobre la atención presencial médica en los 3.600 consultorios rurales de Castilla y León. Afortunadamente para Vázquez, nunca más se supo de aquella promesa electoral de blindar por ley ese derecho, como tampoco ha vuelto a saberse nada sobre la hipotética reversión del Hospital de Burgos. De momento, la prioridad inmediata del Sacyl ha consistido en dedicar 5 millones de euros al pago en “peonadas” para abrir los quirófanos por la tarde y poder rebajar de aquí a final de año en 21 días unas listas de espera quirúrgicas que en el primer trimestre del año se situaban en 139.

Constatada su incapacidad para dirimir sus diferencias y converger en un programa único de gobierno en la Junta, la negociación entre PP y Vox sobre los Presupuestos de 2023 parte de un clima de desconfianza mutua entre dos socios que se miran como rivales electorales y actúan como compartimentos-estanco. Ni qué decir tiene que dicho clima evolucionará a favor o en contra en función del escenario que resulte de las elecciones andaluzas del próximo domingo. O lo que es lo mismo, si Moreno Bonilla se ve obligado a contar con Vox para seguir gobernando o consigue dejar a Macarena Olona en la oposición.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

¿Nuevas elecciones autonómicas en 2023?

La creciente fractura entre PP y Vox en la Junta apunta hacia una nueva convocatoria anticipada coincidente con la de las próximas elecciones municipales

 El pasado 10 de marzo, al presentar el pacto alcanzado entre PP y Vox en Castilla y León, el entonces presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, aseguraba que dicho acuerdo garantizaba un “gobierno estable y sólido” durante los 4 años de la nueva Legislatura completa abierta a partir de las elecciones anticipadas del 13 de febrero.

Fernández Mañueco se mostraba así de optimista horas después de haber tenido que claudicar y entregar a Vox la presidencia de las Cortes, cedida bajo la amenaza de que sin ella el partido de Santiago Abascal no apoyaría su investidura y forzaría una repetición electoral.

No se apeó de su optimismo Mañueco cuando durante el debate de investidura aseguró que el gobierno PP-Vox actuaría como una “piña” y cuando todavía no hace mucho defendía que se trata de “un gobierno acoplado, en marcha y que funciona con normalidad”.

La realidad es que han bastado tan solo unas semanas para comprobar que, lejos de mantener un único discurso nucleado en torno al programa pactado, el gobierno Mañueco está hipotecado por la estrategia partidista de Vox, que desde el primer día se ha erigido en un compartimento-estanco comandado desde la vicepresidencia sin cartera parasitada por Juan García-Gallardo.

El PP confiaba en que la institucionalidad del poder moderaría el extremismo de su socio, pero se ha encontrado con un exaltado vicepresidente que se vale de su cargo institucional (79.5571 euros brutos anuales) para anteponer el credo ultraderechista de su partido, emponzoñar la convivencia política y sembrar la crispación social. Y lo que es peor, desafiar la autoridad del presidente Mañueco, convertido en el rehén político de un partido que para colmo aboga por suprimir el Estado de las Autonomías. Sin ir más lejos, en el próximo pleno de las Cortes al PP no le quedará otro remedio que salvar a García-Gallardo de la reprobación presentada por el grupo socialista tras la vejatoria forma en la que el vicepresidente se dirigió a la procuradora Noelia Frutos en la anterior sesión parlamentaria.

Es evidente que el PP de Castilla y León no midió bien las consecuencias que podía acarrear esta alianza con la extrema derecha. A Alberto Núñez Feijóo no le gustaba por el precedente que iba a sentar, pero menos aún tener que estrenar su mandato con una repetición electoral que, aparte de no pintar nada bien para el PP, interfería su aterrizaje y toma de control del partido. Y optó por poner distancias, no asistiendo a la toma de posesión de Mañueco y atribuyendo a éste toda la responsabilidad de su pacto con Vox.

Y lo que está sucediendo en Castilla y León se da completamente de bruces con la estrategia electoral adoptada por Núñez Feijóo, convencido de que, bajo su liderazgo, el PP conseguirá recuperar buena parte del voto fugado hacia Vox sin necesidad de impregnarse del tinte ultraderechista de los de Abascal.

El desleal comportamiento de Vox ya sería suficiente motivo para que el PP de Castilla y León se replanteara la ruptura de un pacto que, más allá de someter a esta comunidad autónoma a los excluyentes dictados ideológicos de la extrema derecha, está resultando humillante para el partido mayoritario. Unido a esto su colisión con la estrategia de Génova, en el seno del PP se está abriendo paso la idea de la necesidad de sacudirse el yugo de Vox poniendo cuanto antes fecha de caducidad a un pacto de gobierno descaradamente instrumentado por el socio minoritario.

Y apenas seis semanas después de la toma de posesión del presidente, vicepresidente y consejeros de la Junta, en el seno del PP empieza a circular el runrún sobre unas nuevas elecciones autonómicas anticipadas que ponga fin a esta tormentosa alianza con la ultraderecha. No serían otras elecciones aisladas como las del pasado 13 de febrero, que además no pueden convocarse hasta un año más tarde, sino que se trataría de hacer coincidir su nueva convocatoria con las elecciones municipales a celebrar el domingo 28 de mayo de 2023, volviendo así al calendario tradicional de celebrar en la misma fecha ambos comicios. Para ello Fernández Mañueco tendría que disolver las actuales Cortes a primeros de abril.

La clave andaluza

Por medio están las inminentes elecciones andaluces, absolutamente claves para consolidar la estrategia de Núñez Feijóo. A diferencia de Mañueco, Juan Manuel Moreno Bonilla siempre ha querido evitar a toda costa la tóxica dependencia de Vox. De ahí que se haya resistido prácticamente hasta el último momento a anticipar unas elecciones que pudieran entregar la llave del gobierno a la ultraderecha. Y una vez convocadas con Núñez Feijóo en Génova, el objetivo común es alcanzar una victoria “a lo Díaz Ayuso”, es decir lo suficientemente amplia para poder gobernar en minoría sin necesidad de incluir a Vox en el gobierno. Para ello le basta que el PP sume por sí mismo más escaños que el conjunto de la izquierda, que en esta ocasión comparece fraccionada en tres formaciones distintas: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Desde la fortaleza adquirida durante estos años de gestión de gobierno, Moreno Bonilla ha decidido plantgar cara sin ningún complejo al partido de Abascal, presentándose a sí mismo “como un dique de contención contra Vox” y mostrándose dispuesto a ir a una repetición electoral antes de compartir el gobierno andaluz con la ultraderecha.

Y los sondeos electorales le pintan bien al PP andaluz, que, al contrario de lo ocurrido el 13-F en Castilla y León, resultaría el gran beneficiario del hundimiento electoral de Ciudadanos. Según el CIS, su porcentaje de voto de 2018 (20,75) se situaría ahora en torno al 35 por ciento, pasando de 26 a 47-48 escaños en un Parlamento que tiene su mayoría absoluta en 55. De la mano de Macarena Olona, Vox, que cuenta ahora con 12 escaños, saltaría hasta alrededor de 20, cosecha insuficiente para resultar imprescindible en la ecuación de gobierno. El PSOE se estancaría en torno a sus 33 escaños actuales y las dos opciones a su izquierda sumarían como máximo 12, con lo cual Moreno Bonilla estaría en condiciones de gobernar en solitario.

Si esto se confirmara, el pacto PP-Vox en Castilla y León sería toda una mácula para estrategia de Núñez Feijóo de presentarse a las próximas elecciones generales como alternativa política moderada no contaminada por una ultraderecha montaraz y asilvestrada. Y la solución pasaría por aprovechar las elecciones municipales del 28 de mayo para poner fin al nefasto pacto de gobierno mediante el pertinente adelanto de las autonómicas, en la confianza de que la doble urna y la revalorización de la marca PP ayuden a Mañueco a iniciar una nueva etapa de gobierno en solitario o con otros apoyos, en todo caso liberado del actual yugo de Vox.

Desbarajuste sin precedentes

Buen ejemplo del desbarajuste causado en la Junta por el ninguneo mutuo entre ambos socios ha sido su tardía reacción ante la crisis sobrevenida en el Grupo Siro, que el pasado fin de semana decidía suspender la producción en todas sus plantas en Castilla y León. Centrado en su particular cruzada “contra el virus del comunismo” y el “fanatismo climático” de la Agenda 2030, el consejero de Industria, Mariano Veganzones, ha permanecido ausente de un conflicto laboral que mantiene en vilo a los 1.300 trabajadores que emplea el emblemático grupo galletero.

Dicha crisis se ha gestado y ha estallado mientras el consejero ha mantenido seis semanas sin cubrir la viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral, cuyo titular, Óscar Villanueva, no ha tomado posesión hasta el pasado viernes. Aunque el origen de la crisis es la deuda financiera, el conflicto es de naturaleza laboral desde el momento en que los fondos de inversión dispuestos a recapitalizar el grupo condicionan la operación a unas duras reducciones salariales que no aceptan los trabajadores de tres de las cuatro factorías.

Simultáneamente, en su afán de entrometerse en los asuntos concernientes a las tres consejerías en manos de Vox, el “audaz” vicepresidente se ha jactado de haber modificado el modus operandi de la Junta respecto a la tuberculosis bovina. Con el argumento de que se estaban matando moscas a cañonazos, la consejería ha optado por sacrificar exclusivamente a las reses enfermas, “indultando” al resto contra el criterio del estamento veterinario. “Los ganaderos de Castilla y León ya saben que ahora tienen un gobierno regional que les defiende de imposiciones arbitrarias”, ha afirmado García-Gallardo ufanándose de una temeraria decisión que puede terminar poniendo en peligro la exportación de carne de vacuno.

García-Gallardo no se para en barras en la burda instrumentación de su cargo y de los medios públicos en beneficio de su partido, al extremo de haber llegado a colgar en su cuenta de Twitter un video de autobombo que mezclaba el logotipo de Vox con el emblema institucional de la Junta. Un abuso partidista del que luego ha dado marcha atrás tras la advertencia del procurador Francisco Igea de que el hecho podía ser constitutivo de un delito de malversación.

Con este panorama, las elecciones andaluzas pueden resultar determinantes. Si Moreno Bonilla consigue formar gobierno sin el apoyo de Vox, la estrategia de Núñez Feijóo y la desairada situación de Mañueco conducen inexorablemente a la celebración de nuevas elecciones autonómicas en Castilla y León el próximo 28 de mayo.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)