Menos mal que son transparentes...

 Corría marzo de 2012 cuando, en uno de esos “viernes de dolores”, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que, a la vez que se proponía arrojar luz sobre la gestión pública, contenía una especie de código de conducta a seguir por los políticos responsables de administrar el erario. Mostraba así el gobierno de Mariano Rajoy su propósito de aprobar una de las principales asignaturas pendientes en orden a enjugar el déficit democrático y tratar de recuperar el maltrecho prestigio social de los gobernantes.

El expolio de las Cajas (VIII): Los estragos sociales

Los estragos sociales causados por la desaparición de las Cajas de Ahorro son múltiples y de mucha repercusión. El expolio y/o almoneda de estas entidades ha privado a Castilla y León de una de sus potencialidades más preciadas, el ahorro, y por ende de todo lo que ese gran recurso financiero podía reportar a esta maltrecha comunidad autónoma.



El desamparo de los Ayuntamientos

 Si a última hora no hay aplazamiento, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el anteproyecto de la nueva Ley de Bases de Régimen Local, que iniciará su tramitación parlamentaria sin consenso entre el PP y el PSOE. Por lo que se ha ido viendo, la citada Ley va a poner patas arriba la Administración Local, objeto de un nuevo diseño que condena a desaparecer a miles de municipios y a las entidades locales menores (especialmente numerosas en las provincias de León y Burgos), tiende a suprimir las mancomunidades de servicios y potencia las funciones de las Diputaciones provinciales. 

Ello mientras la Junta de Castilla y León sigue promocionando su anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, que, aparte de ser en sí mismo un engendro tecnocrático, se da de bruces en no pocos aspectos con esa nueva Ley de Bases de rango superior y obligado cumplimiento.

Una opacidad insostenible

¿Por qué las Cortes de Castilla y León se resisten a que las declaraciones de bienes y actividades de los procuradores tengan carácter público y puedan ser conocidas por cualquier ciudadano de la misma forma que las del Congreso y el Senado?

 La pregunta no la hago ahora al rebufo del escándalo desatado por el “caso Bárcenas”. La hice el pasado día 8 en este mismo blog al final del artículo “La puerta giratoria”.

Naturalmente, no hubo respuesta. Y sigue sin haberla 15 días después. Las revelaciones de “El topillo” acerca de los sobresueldos que los 53 procuradores del PP y otros 21 del PSOE reciben con cargo a las subvenciones de sus respectivos parlamentarios es posible que nos ponga sobre la pista.