"Mi partido ha cedido a la presión de los grupos reaccionarios de la Iglesia"

(Las razones por las que Rosa Valdeón no comulga con la reforma de la Ley del Aborto)

Montoro cede y presta un balón de oxigeno a la Junta

 Una enmienda introducida “in extremis” el pasado martes en el Senado permitirá sobrevivir a las  3.645 entidades locales menores (juntas vecinales) existentes en España, hasta el último momento amenazadas por la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad Local, la conocida Ley Montoro. Dicha enmienda, que garantiza la personalidad jurídica propia de dichas entidades, ha resultado providencial para ellas mismas y para la Junta de Castilla y León, que de esta forma salva uno de los principales escollos que se interponían en la aplicación de la “ordenación territorial” de la comunidad pactada con el PSOE.

La Ley Montoro, un bumerán contra la Junta

 Si nada lo remedia, esta semana quedará definitivamente aprobada la llamada Ley de Racionalidad y Sostenibilidad Local, mas conocida como la reforma local de Montoro. Una Ley que, so pretexto de un supuesto ahorro absolutamente inexistente, vacía de contenido a la inmensa mayoría de los ayuntamientos españoles, pone en serio riesgo de desaparición a las entidades locales menores y sus juntas vecinales y deja en una inquietante nebulosa la continuidad de los actuales servicios municípales de proximidad, especialmente en el medio rural.

Ni se dan por aludidos

Han pasado casi 48 horas desde que se supo que el Tribunal Constitucional ha anulado la Ley que permitió a la Junta perpetrar la llamada Ciudad del Medio Ambiente de Soria y no existe el menor asomo de que alguien vaya a presentar su dimisión ante semejante desaguisado. No cabía esperar otra cosa en un país en el que asumir responsabilidades políticas renunciando a un cargo público se considera casi una anomalía democrática. Pero lo menos que se podía esperar a estas alturas de hartazgo ciudadano es que algún responsable del fiasco se dignara en pedir disculpas. En primer lugar, por haber vulnerado derechos fundamentales. Después, por haber urbanizado ilegalmente un espacio natural, con el agravante de que el promotor era la propia administración encargada de preservarlo. Y por último, por los cerca de 50 millones de euros de dinero público dilapidados en esa desventura. Pues ni siquiera para eso nadie se da por aludido.