4.500 muertos... ¡y se ponen estupendos!

Alrededor de 4.500 muertos desde el 1 de marzo. Este es el lúgubre balance de vidas humanas que se ha cobrado hasta el momento el Covid-19 en Castilla y León. Es la cifra resultante de sumar los datos fragmentados que viene ofreciendo la Junta, a esta fecha los siguientes: 1.983 decesos registrados en los hospitales, 1.710 en las residencias de ancianos (682 de ellos con diagnóstico confirmado y otros 1.028 con síntomas compatibles) y 763 fallecidos en sus domicilios particulares. Una cifra que por lo demás cuadra perfectamente con los datos del Registro Civil, a la postre los más fiables y según los cuales entre el 1 de marzo y el 30 de abril el número de fallecimientos se disparó en Castilla y León hasta los 8.633, casi 4.000 más de la media (4.647) registrada en el mismo periodo de los tres años anteriores.

Igea, un viaje a ninguna parte

Si alguien esperaba o temía, según el caso, que la dura batalla librada entre Inés Arrimadas y Francisco Igea podía poner en peligro la coalición  de gobierno en la Junta de Castilla y León, puede estar seguro de que tal circunstancia no se producirá. Tras este convulso enfrentamiento en el seno del partido, en Castilla y León los pactos de Ciudadanos con el PP van a permanecer invariables, no solo en la Junta y en las Cortes, sino también en los Ayuntamientos y Diputaciones que gobiernan conjuntamente (solos o con el concurso de Vox, como en Palencia o Aranda de Duero).

El mantra del "modelo de éxito", una broma de mal gusto

Ni siquiera en la época del maná europeo que regó de miles de millones de euros este territorio cuando todavía era región objetivo 1, o cuando en plena burbuja inmobiliaria Castilla y León ganaba población -84.403 habitantes entre 2000 y 2009- y presentaba unos Presupuestos cada año más expansivos, el presidente de la Junta, desde 2001 Juan Vicente Herrera, presumía de que esta comunidad fuera un “modelo de éxito”.

Izquierdo, el contrapeso de Sánchez frente a la hostilidad de la Junta

 Como quedó patente durante su debate y votación, la investidura de Pedro Sánchez ha polarizado la política española en dos bloques opuestos que, si bien no son del todo monolíticos, resultan absolutamente excluyentes entre sí. De un lado, el gobierno bipartito PSOE-Unidas Podemos y la amalgama de formaciones (nacionalistas, independentistas, regionalistas y otros de difícil catalogación) que apoyaron la investidura y vienen respaldando la acción de gobierno. De otro, el bloque formado por PP, Vox y Ciudadanos, que, salvo discrepancias puntuales como la registrada sobre la regulación de la eutanasia, mantienen como elemento común su oposición frontal a un gobierno que consideran rehén de los enemigos de España.