Mañueco, un presidente atrapado entre las llamas

 

Al gobierno copilotado por el nefando tándem que forman el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el vicepresidente Francisco Igea le vino muy bien políticamente la primera fase de la pandemia. Le sirvió para relegar a un segundo plano su falta de gestión y su deriva hacia la política de tierra quemada impulsada por el pirómano vicepresidente, plasmada en la voladura del consenso básico PP-PSOE mantenido durante los primeros 36 años de existencia de esta comunidad autónoma.

 De entrada, sin contar con el PSOE, grupo mayoritario en las Cortes Regionales, Mañueco e Igea promovieron una reforma del Estatuto de Autonomía de antemano condenado al fracaso, ya que su aprobación requería una mayoría cualificada imposible sin la adhesión de los socialistas. Después pusieron en marcha, de forma igualmente unilateral, una reforma de la atención primaria en el medio rural, el “Plan Aliste”, que conllevaba el cierre de la inmensa mayoría de los 3.600 consultorios rurales, que desde entonces, por mor de la pandemia, de hecho están cerrados, al igual que están privados de atención presencial la totalidad de los centros de Salud, rurales y urbanos.

Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea

Paralelamente, el vicepresidente ponía en marcha una reforma legislativa “ad hoc” para suprimir la mayoría cualificada requerida para aprobar los mapas de Ordenación del Territorio, a fin de poder imponer dichos mapas sin contar tampoco con el PSOE. Y por si lo anterior no fuera suficiente, Igea iniciaba su particular cruzada contra el Diálogo Social, considerado una “seña de identidad” por el anterior gobierno autonómico, que de hecho le otorgó carta de naturaleza elevándolo a rango de Ley. El primer gran encontronazo del vicepresidente con los sindicatos se produjo con ocasión de la jornada de huelga convocada por estos ante la negativa de la Junta a cumplir el acuerdo firmado para restituir la jornada semanal de 35 horas a los funcionarios y empleados públicos de la Administración Autonómica.

Por esa senda transitaba el gobierno bipartito PP-C´s antes de que el Covid-19 irrumpiera en escena. En plena convalecencia de la primera ola de la pandemia, cuando el coronavirus se había cobrado ya alrededor de 4.000 víctimas en Castilla y León, al gobierno Mañueco le sobrevino su primera crisis interna al dimitir el consejero de Empleo, Germán Barrios, hastiado de soportar las injerencias y zancadillas, como no, del vicepresidente. Y Mañueco, en lugar de acotar el alcance de dicha crisis al mero relevo del consejero dimisionario, consintió que Igea entrara a saco en la consejería para colocar nuevos afines -el viceconsejero, David Martín, ya lo era- en el equipo de la amiga Ana Carlota.

 Los que ahora consideran irresponsable plantear una posible moción de censura en plena pandemia pusieron en mayo patas arriba la consejería de Empleo justo cuando se tramitaban más de 30.000 ERTES que afectaban a unos 170.000 trabajadores.  

Sala de estar de una residencia de ancianos

 Con el gobierno Sánchez asumiendo en solitario el coste político del estado de alarma y de las restricciones inherentes al mismo, la Junta de Castilla y León no sufrió ningún desgaste durante los primeros meses de la pandemia. Incluso salió completamente indemne del tremendo fiasco en las residencias de ancianos, muchas de ellas convertidas en ratoneras sin salida en las que a primeros de junio se habían producido más de 1.700 defunciones, sin que que buena parte de los fallecidos tuvieran ocasión de ser hospitalizados, ya que una instrucción conjunta de las consejerías de Sanidad y Familia lo impidió (Meses después, en diciembre, obligada por el Comisionado de la Transparencia, la consejería de Familia reconoció que seis de cada 10 fallecidos por Covid en residencias de ancianos perdieron la vida sin haber sido trasladadas a ningún centro hospitalario).

Incomprensiblemente, el PSOE de Luis Tudanca, en función de una lealtad institucional pésimamente entendida , miró para otro lado ante el desastre de las residencias sin exigir su esclarecimiento en una comisión de investigación que la situación pedía a gritos .En lugar de ello se prestó a firmar a mediados de junio un pacto-trampa “por la reconstrucción” que la Junta rápidamente instrumentó como ejemplo de una política de diálogo y consenso que desde el primer momento había brillado por su ausencia. El PSOE no tardó en darse cuenta del engaño político y se descolgó de ese pacto, solicitando después, tarde y mal, la comisión de investigación sobre las residencias, impedida por la mayoría parlamentaria que suman PP y C´s, que tienen muchas vergüenzas y responsabilidades que tapar en ese luctuoso capítulo.  

Tudanca y Sánchez en un acto electorl

  Sin ningún desgaste en la gestión de la pandemia y con la oposición socialista autodesactivada, el gobierno Mañueco campó a sus anchas durante los primeros meses de pandemia, sin sufrir coste político alguno pese a que su actuación dejó mucho que desear desde el primer momento. 

 Hasta que a la vuelta del verano, Pedro Sánchez, que había pasado las de Caín para sacar adelante las últimas prórrogas del estado de alarma, decidió acallar los reproches de las comunidades autónomas hacia la actuación centralizada y unilateral del gobierno de la Nación impulsando una cogobernanza mediante la cual los gobiernos autonómicos dispondrían de un amplio margen para modular las medidas a adoptar en sus respectivos territorios. A partir de ese momento, el coste de las restricciones y demás medidas impopulares dejaba de recaer exclusivamente sobre el gobierno central, pasando a ser compartido por los de las comunidades autónomas, responsables directos de implementarlas.

El punto de inflexión.- Y ese es un punto de inflexión en el que empieza a cambiar el cuento. La Junta de Castilla y León se ve abocada a enfrentarse a sus responsabilidades y su presidente, hasta entonces parapetado tras el vicepresidente, se ve obligado a salir de su zona de confort y a tener que dar la cara.

No es que resulten muy fiables determinados sondeos (ya se sabe que en esto el que paga manda, pague directa o indirectamente) y menos si afectan a la Junta y se encarga de realizarlos “Sigma Dos”, firma con la que mantiene estrechos vínculos el vicesecretario de Relaciones Institucionales, José Miguel Elías, alto ejecutivo de la compañía hasta que pasó a ocupar su actual cargo. 

Mañueco era el único político de la comunidad que aprobaba en el sondeo realizado por “Sigma Dos” a mediados de octubre por encargo nunca se ha sabido de quien (la agencia Ical difundió sus resultados sin informar quien lo había encargado). Y a mediados de diciembre se daba a conocer otro sondeo de misma demoscópica, en este caso encargado por Castilla y León TV, en el que Mañueco volvía a ser el único político aprobado y el PP se disparaba en intención de voto hasta el 37 por ciento, 5,2 puntos por encima de su resultado electoral en 2019, sobrepasando al PSOE, que en su día le superó en las urnas con 3,3 puntos de diferencia.

Manifestación de hosteleros

 Desconozco el grado de sesgo de dichos sondeos, pero desde entonces a acá no hace falta encargar otro para sospechar que la cadena de despropósitos a la que hemos asistido -desde la desdichada estrategia seguida para “salvar las Navidades” al fiasco del adelanto del toque de queda- ha deteriorado y mucho la imagen política del presidente Mañueco (la de Igea ya andaba por los suelos y ha caído después a los sótanos).

Los sectores agraviados y damnificados por la errática y caótica actuación de la Junta son ya legión. Los más conocidos son la hostelería y el comercio en toda su dimensión (grandes, pequeñas y medianas superficies), pero son muchísimos más, entre otros los gimnasios, las empresas dedicadas a las actividades extraescolares y al deporte escolar, los 36.000 afectados por ERTES excluidos de la ayuda complementaria aprobada en su día sin suficiente consignación presupuestaria, los católicos que se han sentido atacados por la limitación del aforo en los lugares de culto, el mundo de la Cultura y los espectáculos, etc. etc. Sin olvidar por supuesto al abnegado personal sanitario, escarnecido a mayores por el infame “decretazo”, y a los diversos colectivos que se consideran discriminados por los volubles criterios adoptados en la actual campaña de vacunación.

 Aún así, hay quien considera -se diría que en la lógica de la fatídica ley de Murphy- que la gestión la Junta no sería mejor si se hiciera cargo de la misma un gobierno socialista surgido de una hipotética moción de censura. “Ni de lejos es evidente que una alianza entre PSOE y Ciudadanos –de gobierno o de investidura– mejoraría sustancialmente la vida de los castellanos y leoneses en un momento tan crítico y difícil como éste”, escribía ayer el director de “El Norte de Castilla”, Ángel Ortiz, en su carta dominical. Desde luego empeorarla, no sería tarea fácil. Se desprende que el tránsito desde el antiguo “L´Osservatore herreriano” hacia “El pensamiento alfonsino” puede darse por completado, ello a mayor gloria del atribulado presidente de la Junta, quien, por mucho blindaje mediático de que goce, está atrapado entre las llamas de los continuos incendios provocados por el pirómano al que decidió encomendarse.

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La moción de censura, una opción quimérica

  Como era de rigor, el durísimo varapalo propinado a Alfonso Fernández Mañueco -y por extensión a la Junta de Castilla y León- por el Tribunal Supremo ha dejado seriamente tocado al bipartito PP-C´s que desde julio de 2019 ocupa (gobernar sería mucho decir) el gobierno de esta maltrecha comunidad autónoma. Ha sido la gota que ha desbordado el vaso de un modo de gobernar que, tanto en su fondo como en su forma, ha colmado la paciencia de importantes, crecientes y heterogéneos sectores, así como la de una silenciosa mayoría de ciudadanos hartos de soportar tanta ineptitud, mendacidad, prepotencia e irresponsabilidad en el desempeño de sus obligaciones públicas.

 Esta es la hora, por ejemplo, en que, transcurrida una semana desde el demoledor auto del Supremo, el presidente de la Junta no se ha dignado en ofrecer la menor disculpa por los perjuicios causados -de entrada, la privación horaria de la libertad ciudadana de circulación- al imponer una medida claramente encuadrable en el tipo penal de la prevaricación.

Luis Tudanca y Ana Sánchez

 Hasta tal extremo ha tocado fondo el gobierno sustentado sobre el nefando tándem que el presidente comparte con el vicepresidente Francisco Igea que ha encontrado caldo de cultivo la hipótesis de una posible moción de censura promovida por el PSOE, no se olvide el partido más votado en las elecciones autonómicas, en las que se adjudicó 35 de los 81 escaños de que consta la Cámara autonómica (el PP dispone de 29 y Ciudadanos de 12, sumando entre ambos los 41 que marcan la mayoría absoluta). La hipótesis ha cobrado carta de naturaleza después de que la secretaria de Organización de los socialistas, Ana Sánchez, haya admitido que dicha opción no está descartada

Una moción inviable.- Sin embargo, salvo que se tratara de una moción puramente testimonial –presentada, como la de Vox contra el gobierno de la nación, sin ninguna posibilidad de prosperar- la iniciativa carece de viabilidad. Y no es el caso, ya que la propia Sánchez ha dejado claro que solo se presentaría si contara con los apoyos necesarios para salir adelante. A partir de ahí, dicha moción constituye una quimera, ya que solo prosperaría si se sumara a ella Ciudadanos.

Aunque en Italia se ha dado algún amago de ello, no se conoce el caso de que un partido apoye una moción de censura para derribar a un gobierno del que forma parte. Otra cosa es que ese partido decidiera previamente desvincularse del gobierno en cuestión, dimitiendo de forma irrevocable de las responsabilidades que viene ejerciendo. Y no se contempla que el vicepresidente Igea y los tres consejeros que integran con él la cuota naranja de la Junta vayan a hacerse el harakiri de renunciar a sus cargos por considerarse incompatibles con Mañueco y el PP. 

Alfonso Fernández Mañueco

Todo lo contrario: A diferencia de lo que sucede en la comunidad de Madrid, el gobierno de Castilla y León constituye una piña sin la menor discrepancia programática o ideológica (al punto que en no pocas ocasiones los teóricamente centristas, y en especial Igea, desbordan al PP por su derecha). Por ahí no hay nada que rascar.

 La otra opción sería que fuera la dirección nacional de Ciudadanos la que forzara esa crisis, obligando al cuarteto Igea-Amigo-Casado-Ortega a dimitir de sus cargos para suscribir a continuación una moción de censura compartida con los socialistas que diera paso a un gobierno bipartito PSOE-C´s presidido por Luis Tudanca. Hipótesis inverosímil en las actuales circunstancias por varias e insalvables razones.

La principal y definitiva es que Inés Arrimadas carece en estos momentos de la fortaleza política requerida para permitirse una pirueta que supondría todo un vuelco en la política de pactos sellada con el PP en el ámbito autonómico y municipal. El coste de esa operación es hoy por hoy inasumible para la presidenta de Ciudadanos, convaleciente del tremendo descalabro sufrido en Cataluña. Y si quedaba alguna duda, ayer mismo vimos como la portavoz del partido, Melisa Rodríguez, se apresuraba a rechazar por completo esa posibilidad, cargando contra el PSOE por alentar en plena pandemia una crisis institucional de ese alcance.

 La opción viable.-Descartada, por inviable, la posibilidad de una moción de censura, existe por el contrario otra hipótesis perfectamente factible. La de que Arrimadas aproveche el fuerte deterioro del gobierno Mañueco y el absoluto descrédito de Igea y de los otros tres consejeros de Ciudadanos, para plantear al presidente de la Junta el relevo de dicho cuarteto y su sustitución por otros tantos elementos de Ciudadanos afines a la dirección nacional, con la coordinadora autonómica, Gemma Villarroel, a la cabeza.

Gemma Villarroel e Inés Arrimadas

 En esa tesitura, Mañueco no tendría otro remedio que pasar por el aro y agradecer a Igea y compañía los dudosos servicios prestados. A no ser, claro está, que se liara la manta a la cabeza y decidiera ejercer su prerrogativa estatutaria de disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, algo que pondría los pelos de punta a Pablo Casado. En otro momento, esta última opción ni se contemplaría, por resultar descabellada, pero vista la deriva por la que se viene deslizando el presidente de la Junta, no habría que descartarla por completo. Ni que decir tiene que en unos eventuales comicios anticipados  Ciudadanos quedaría reducido a la mínima expresión y que Vox se constituiría en tercera fuerza política sin cuyo apoyo el PP no dispondría de la mayoría necesaria para gobernar.

 Estos son los posibles escenarios alternativos que se plantean ante una situación, la del actual gobierno de la comunidad, cada día más insostenible. Personalmente, pienso que, más pronto que tarde, Arrimadas forzará la salida de Igea y del trío Amigo-Casado-Ortega (como mucho se salvaría de la quema únicamente este último, por su insignificación política) y su relevo por Villarroel y otros afines a la cúpula nacional de Ciudadanos. Se me antoja tan inevitable como inaplazable.

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Covid-19: Desenmascarados en pleno martes de Carnaval

 Comentábamos aquí la pasada semana que la huida hacia adelante del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al adelantar por su cuenta y riesgo a las ocho de la tarde el toque de queda en Castilla y León, desafiando con ello el decreto que regula el estado de alarma, solo podía acabar de dos formas: en el hule (como se conoce en la jerga taurina a la enfermería) o saliendo por la puerta grande. Y por desgracia para él, el Tribunal Supremo lo ha enviado aparatosamente al hule.

 El auto dictado ayer por la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo suspendiendo ese adelanto del toque de queda constituye algo más que un simple revolcón para el presidente Mañueco, que fue quien personalmente asumió el pasado 15 de enero esa decisión actuando en su condición de “Autoridad Delegada para el estado de alarma”, ello desoyendo al gobierno de la nación, que le advirtió de que dicha medida conculcaba la normativa en vigor.

Igea y Mañueco en el banco azul de las Cortes

Aunque la Sala se ha limitado de momento a suspender cautelarmente la medida, posponiendo para más adelante su pronunciamiento sobre el fondo del asunto, los razonamientos jurídicos con los que motiva su resolución no dejan lugar a dudas sobre el sentido de su posterior fallo. “Consideramos -dice literalmente el auto- que la argumentación de la Junta de Castilla y León para sostener que dispone de la facultad de agravar la restricción de la libertad de circulación es, in icto oculi, esto es, de un vistazo, contraria a la predeterminación que viene impuesta por la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de estados de alarma excepción y sitio", ya que "todo el alcance de la limitación de los derechos fundamentales afectados por el estado de alarma debe estar expresamente previsto en dicha norma".

El auto afirma que los límites máximos y mínimos dentro de los que los gobiernos autonómicos pueden adelantar y atrasar las horas de inicio y finalización del toque de queda están delimitados “con toda precisión” en el decreto de estado de alarma, “debiendo situarse entre las 22.00 y las 00.00 horas el de inicio, y entre las 5.00 horas y las 7.00 horas el de finalización”. “El rango horario es claro y preciso y, desde luego, la interpretación que sostiene la Junta de Castilla y León respecto a [...] la asimilación del significado del verbo “modular” a la acción de “agravar”, está muy lejos de ser evidente”, considera la Sala. “Es más -añade- ni tan siquiera la propia norma del estado de alarma, el R.D. 926/2020, estaría habilitada para introducir semejante indeterminación en el marco de restricción máxima de la libertad de circulación”.

 Un auto demoledor para un presidente reincidente .- La resolución judicial resulta demoledora y desmonta por completo la argumentación jurídica (?) de la Junta, desde la socorrida justificación de que se trataba por encima de todo de “salvar vidas”, a la competencia que se autoatribuyó Fernández Mañueco para adoptar dicha medida: "La protección de la salud y seguridad de los ciudadanos es la finalidad común de las dos Administraciones, pero las medidas que puedan adoptarse deben respetar, entre otros límites, los derechos fundamentales garantizados en la Constitución" y "el Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en tanto autoridad delegada del estado de alarma, no ostenta, con la suficiente nitidez, la competencia necesaria".

 González Gago, director de los Servicios Jurídicos de la Junta

  Consecuentemente con dichos razonamientos -que, como se ha visto, en realidad entran casi a saco en el fondo del asunto- el auto procede a suspender cautelarmente el adelanto del toque de queda, estimando que el mismo "restringe la libertad fundamental de circulación por el territorio". Y remacha que no adoptar esta medida cautelar "sería absolutamente irreparable”.

 Si no fuera por la gran desfachatez política que conlleva, ver salir a un balbuceante Mañueco, asegurando, como lo hizo en la tarde de ayer, que la Junta no se siente desautorizada por un pronunciamiento judicial de la rotundidad del adoptado por el Supremo, solo se entendería conociendo las muchas dificultades con las que consiguió finalizar su Licenciatura en Derecho. Con el agravante de su reincidencia en la conculcación de derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Española. 

Hace al caso recordar al respecto que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya tumbó el toque de queda que la Junta declaró igualmente por las bravas el pasado 24 de octubre, fecha en la que ni siquiera estaba declarado el estado de alarma nacional. Como consecuencia de ello, la Junta tuvo que comerse las 276 denuncias formuladas a causa de una medida anulada judicialmente; ahora, se verá obligada a archivar los cerca de 800 expedientes sancionadores instruidos en aplicación de otra medida no ajustada a Derecho. Y súmese a lo anterior que el TSJ tumbó asimismo en noviembre el acuerdo de prohibir las visitas a las residencias de ancianos y a los residentes salir de sus centros, medidas que el tribunal consideró equivalentes a un “confinamiento domiciliario” que restringía injustificadamente derechos fundamentales (libre circulación y reunión) de los afectados.

 Con semejante mochila a sus espaldas, es de suponer que el máximo responsable de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago, habrá presentado a estas horas su dimisión como alto cargo que es, renuncia que, puede estar tranquilo, no le será aceptada. Su bochornoso servilismo político -no se olvide que es a la sazón el secretario provincial del PP de Valladolid- ha sometido a un espantoso ridículo al cuerpo de letrados de la Administración Autonómica (la ocurrencia del ocaso, que no dudó en suscribir el inefable vicepresidente Igea, ha sido, nunca mejor dicho, de auténtica aurora boreal). Unos Servicios Jurídicos que ahora pueden verse colapsados por la avalancha de demandas legales en reclamación de lucro cesante que los sectores más directamente damnificados por el atropello (Hostelería y Comercio) se disponen a presentar ante los Tribunales.

Una medida, además de ilegal, completamente inútil.- Y como marcaba el guión, a falta de otros argumentos, Mañueco y sus adláteres se han refugiado en el mantra de que el adelanto del toque de queda ha contribuido a contener la vertiginosa expansión del virus, afirmación rigurosamente falsa a la luz de la evolución epidemiológica registrada durante el mes en el que ha estado vigente la medida. 

Verónica Casado, consejera de Sanidad

Actualicemos datos. El 15 de enero, víspera de su entrada en vigor, Castilla y León era la sexta comunidad autónoma con mayor tasa de Incidencia Acumulada (IA), 696 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tasa por encima de la media nacional, situada entonces en 575 casos. A fecha de ayer, último dato conocido, la tasa regional ha descendido a 465 (tercer puesto, tras Madrid y Valencia) y la nacional a 385, con un descenso en ambos casos del 33 por ciento. La diferencia es que el adelanto del toque de queda no impidió que la IA se disparara en Castilla y León hasta los 1.417 casos registrados el 28 de enero, en tanto que la nacional nunca llegó a alcanzar el millar. Y excepto en Madrid, coto sometido a los dislates de Ayuso, las cinco comunidades que el 15 de enero presentaban peor situación epidemiológica han reducido su tasa en mayor proporción que Castilla y León. Extremadura ha pasado de 1.220 a 211(-82%), Murcia de 889 a 261 (-71%), Castilla-La Mancha de 780 a 367 (-53%), La Rioja de 738 a 379 (-48%) y Valencia de 760 a 470 (-38%).

 Pero lejos de asumir cualquier responsabilidad ante un varapalo judicial que constituye la guinda a su calamitosa gestión sobre la pandemia, el gobierno Mañueco reaccionó ayer prosiguiendo su huida hacia adelante (mejor habría que decir hacia ninguna parte) imponiendo a partir de hoy el cierre de la hostelería y del comercio no esencial a partir de las ocho de la tarde, un parche improvisado que incluso puede tener el contraproducente  efecto de estimular el botellón en el lapso horario hasta las 10 de la noche, hora en la que se restablece de nuevo el inicio del toque de queda.

 La mascarada invernal improvisada por el nefando tándem Mañueco-Igea a mediados de enero ha concluido un martes de carnaval en el que a ambos se les ha caído la careta, dejando al descubierto el rostro de cemento armado que han demostrado tener desde el mismo instante en que, en aplicación del “pacto de la rapiña” perpetrado por PP y Ciudadanos, se apesebraron en el Colegio de la Asunción. De donde no tienen la menor intención de moverse por más que les sigan cayendo chuzos de punta y la oposición se desgañite exigiendo la dimisión de quienes consideran que "dimitir" es un nombre de pila ruso.

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Toque de queda, faena de hule o puerta grande

  Pese a disponer de mayoría absoluta -raspada, pero absoluta- más de año y medio ha tardado el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en dotarse de sus primeros Presupuestos. Con la excusa de que tampoco había nuevos Presupuestos Generales del Estado, incumplió en octubre de 2.019 su obligación estatutaria de presentar los de la Junta, optando por prorrogar las últimas cuentas aprobadas durante el mandato de Juan Vicente Herrera, que correspondían a 2018, ya que el anterior gobierno autonómico decidió asimismo pasar de presentar nuevo Presupuesto para 2.019.

 Toda esta inhibición, por no decir pasotismo, de ambos gobiernos, el de Herrera y el de Mañueco, ha obligado a la Junta a afrontar la crisis sanitaria y financiera sobrevenida a causa del Covid con unas cuentas absolutamente desfasadas e insuficientes para dar respuesta a la pandemia. Esta lamentable precariedad, trampeada a base de los acostumbrados parcheos de la Hacienda autonómica, se subsana en parte, solo en parte, con los Presupuestos de 2021 aprobados por fin esta semana por el pleno de las Cortes.

Mañueco, Presupuestos en mano

Por mucho que el aparato propagandístico de la Junta se obstine en calificarlos de “históricos” por la simple circunstancia de que su montante marca un nuevo techo -solo faltaba que no fuera así después de tres años de prórroga, y, por tanto congelación, de su cuantía-, los nuevos Presupuestos no constituyen ninguna panácea. Son unas cuentas continuistas que, más allá de dotar de mayores recursos a las consejerías más directamente afectadas por la situación de emergencia sanitaria y social, cuya dotación crece gracias a los Fondos extraordinarios anti Covid inyectados por el gobierno central, ni son expansivos en cuanto a inversión pública ni enfrentan unos graves problemas estructurales (desplome demográfico, desequilibrios territoriales internos, alarmante descohesión social y política) que se están cronificando y llevan camino de convertirse en endémicos.

 Unos Presupuestos que simplemente capean el temporal y que parten del creciente lastre que supone el progresivo endeudamiento de la comunidad, cuyo coste (amortización e intereses) se cifra en 1.423 euros, nada menos que el 11,58 por ciento del total de los 12.291 millones presupuestados. Solamente las consejerías de Sanidad (4.365 millones) y Educación (2.360) cuentan con mayor dotación de lo que cuesta la deuda. Familia (1.081) y todas las demás disponen de menos recursos de los que succiona un endeudamiento que supera los 13.000 millones de euros, el 23 por ciento del PIB regional.

Un procurador sospechosamente mimado por el PP.-  Políticamente, los Presupuestos han salido adelante con un voto más de los 41 que suman PP y Ciudadanos, el aportado por Pedro J. Pascual, procurador de “Por Ávila” (XAV), el partido provincial creado a partir de una escisión del PP abulense. Dos de las únicas ocho enmiendas parciales aceptadas por la mayoría de gobierno, que ha aplicado el “rodillo” al resto de las cerca de 2.000 mantenidas por los grupos de oposición, procedían de este procurador abulense, al que el PP viene cortejando desde que empezó la legislatura.

Pedro J. Pascual, procurador de XAV

 Y quizá no tanto pensando en una posible reunificación política entre ambas fuerzas –difícil, dado el fuerte encontronazo tenido entre el líder de la formación y actual alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, con el mismísimo Pablo Casado, que en su momento originó el cisma al vetarle como candidato del PP a la alcaldía- como contemplando el posible escenario de que su voto llegue a ser imprescindible para mantener la mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno Mañueco.

Sea como fuere, el PP viene siendo muy condescendiente con Pascual y ello a pesar de que éste -médico destinado en el servicio de Urgencias del hospital abulense- no se ha cortado nunca un pelo a la hora de juzgar la actuación de la Junta respecto a la crisis sanitaria, económica y social originada por el Covid-19.  “No digan que han agotado el margen, pueden hacer más. Y no hagan una Sanidad política, hagan política sanitaria”, le espetó a Mañueco en la última comparecencia parlamentaria del presidente sobre la pandemia. Y ello después de haber calificado de “parches, malos parches” las medidas aplicadas por la Junta y de manifestar el hartazgo de los profesionales sanitarios: “Están, estamos, hartos y muy cansados, física y psicológicamente”.

  En todo caso, la aprobación de los Presupuestos se daba por descontada y  ha constituido un mero trámite en medio del paréntesis político abierto a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el adelanto de queda a las ocho de la tarde vigente en Castilla y León desde el pasado 16 de enero. En ese fallo del alto tribunal se juega mucho el presidente -responsable único de esa medida, adoptada en su condición de “Autoridad Delegada” para el estado de alarma- y todo su gobierno, especialmente, el vicepresidente Igea, acérrimo defensor de ese adelanto y de la maniobra política que ha conllevado.

Sede del Tribunal Supremo

 .-  Más allá de sus consecuencias prácticas, que desde el minuto uno han sido irrelevantes en cuanto a la evolución epidemiológica en nuestra comunidad, la resolución que dicte el Supremo no admite término medio, equivale a lo que en términos taurinos se conoce como faena de hule (enfermería) o puerta grande. Si avala la intrépida decisión de Mañueco, éste pasará por ser el presidente de comunidad más aguerrido y audaz en su lucha contra la pandemia, por mucho que la medida tuviera el espurio objetivo de servir como maniobra de distracción y cortina de humo para desviar la atención de los catastróficos efectos derivados de la irresponsable estrategia de la Junta conducente a “salvar las Navidades”.

 Por el contrario, si el tribunal tumba la medida, Mañueco, y con él Igea, van a salir muy desairados de su arriesgada maniobra. Habrán restringido por las bravas, sin fundamento legal, un derecho fundamental a la ciudadanía de Castilla y León, con el agravante de que será la segunda vez que lo hacen, ya que en su día el Tribunal Superior de Justicia desautorizó el toque de queda implantado igualmente por las bravas el pasado 24 de octubre, fecha en la que ni siquiera estaba decretado el estado de alarma nacional. Y es muy probable que la Junta tenga que hacer frente a un aluvión de reclamaciones legales de lucro cesante presentadas por los hosteleros y comerciantes damnificados por una restricción aplicada sin base legal.

Naturalmente, Mañueco e Igea alegarán -ya lo han venido haciendo, curándose en salud- que por encima de la legalidad conculcada estaba el objetivo superior de "salvar vidas". Pero si de verdad se trataba de salvar vidas, la Junta tenía en su mano toda una panoplia de medidas más eficaces, sin ir más lejos las adoptadas por la Xunta de Galicia en todo su territorio el pasado 26 de enero, similares a las que la Junta adoptaba una semana después tan solo para 53 municipios que representaban el 7 por ciento de la población de esta comunidad. Y aparte de socavar las bases del Estado de Derecho, el argumento de “salvar vidas” es además completamente falaz, ya que, si algo demuestran los datos, es que el adelanto del toque de queda no ha tenido efecto alguno en la evolución epidemiológica de la comunidad.

"Prodigios" o la prodigiosa impostura de la Junta

 Los datos están ahí y son perfectamente verificables. El 15 de enero, víspera del adelanto, Castilla y León tenía un Incidencia Acumulada de 696 casos a 14 días, siendo entonces la séptima comunidad autónoma con peor situación epidemiológica en un momento en el que el índice estatal se cifraba en 575 casos. 25 días después, esta comunidad ocupa el segundo lugar en ese ranking, con una IA a fecha de hoy de 656 casos, 160 más que el promedio nacional, situado ahora en 496. Las seis comunidades que el 15 enero presentaban peor situación han reducido su tasa de incidencia en mayor medida que Castilla y León. Extremadura ha pasado de 1.220 a 324 casos, Murcia de 889  a 364, Castilla La Mancha de 780 a 504, Valencia de 760 a 690, Rioja de 738 a 574 y Madrid de 698 a 626. El adelanto del toque de queda no impidió que en nuestra comunidad el IA se disparara hasta los 1.417 casos, pico que se alcanzó el pasado 28 de enero (justo cuando, con los centros culturales de la Junta cerrados a los ciudadanos, acababan de finalizar las cinco galas del programa televisivo “Prodigios” grabadas en el auditorio “Miguel Delibes” durante los ocho días precedentes, enésimo ejemplo de la impostura política mantenida por el gobierno Mañueco desde el mismo inicio de la pandemia).

 Si el Supremo tumba el adelanto del toque de queda, Mañueco e Igea van a quedar aún más debilitados ante las direcciones nacionales de sus respectivos partidos, aunque también es cierto que, por suerte para ellos, los desastrosos resultados que se auguran a PP y Ciudadanos en las elecciones catalanas, tampoco van a dejar en la mejor situación a Pablo Casado e Inés Arrimadas.

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