El topillo

Del Olmo se “autodescarta” de lo que ya estaba descartada

 El momento elegido no ha podido ser más intempestivo para su partido. En víspera del fasto montado en Valladolid a mayor gloria de Pablo Casado, la presidenta del grupo popular en el ayuntamiento pucelano, Pilar del Olmo, se descolgaba con unas declaraciones quejándose amargamente del trato que recibe por parte de la dirección provincial del PP. En concreto de la “falta de apoyo” a la labor de su grupo y de la “falta de respeto” que supone “desayunar cada día” con noticias especulando sobre quien será el candidato del partido a la Alcaldía en las elecciones de 2023.

 Todo un reproche explicito hacia el ninguneo de que viene siendo objeto por parte del presidente provincial del PP, Conrado Íscar, con el que queda claro que no mantenía la menor interlocución. Del Olmo e íscar se encontraron en el acto de Casado y se emplazaron a mantener un próximo encuentro se supone que para intentar normalizar la situación. Pero no ha habido lugar.

Lejos de ese propósito, la que fuera candidata a la Alcaldía en 2019 ha vuelto a cargar públicamente contra el trato de su partido. Manifiesta su decepción con Íscar y ya no habla de falta de apoyo o ninguneo, sino de las “criticas” que recibe el grupo municipal sin que nadie de la cara ante ella para justificarlas. “Todo por detrás, por la espalda”, afirma. Ante lo cual Del Olmo ha decidido que “si me volvieran a ofrecer ser candidata, no lo aceptaría”.

 De esta forma, la que fuera tantos años consejera de la Junta se “autodescarta” de lo que en realidad hace mucho tiempo que estaba  descartada. En 2019 desembarcó en la candidatura gracias al padrinazgo de Juan Vicente Herrera, llevándose en el paquete al ex vicepresidente José Antonio de Santiago-Juárez y a otras dos apadrinadas de éste, las antiguas viceconsejeras Marta López y María de Diego, la última de las cuales abandonó la concejalía a comienzos de este año.

 Aparte de no tener ningún “feeling” con la dirección provincial del PP, Del Olmo no ha sabido dar con la tecla de una oposición eficaz y tampoco está protegida por Génova, donde tienen otros posibles candidatos de su predilección. En esa carrera está la senadora Mercedes Cantalapiedra, antigua mano derecha del alcalde León de la Riva y actual secretaria provincial del PP. Y otro perfil genovés sería el del diputado del Congreso Eduardo Carazo, ex presidente de Nuevas Generaciones en Castilla y León. Aunque piensa mantenerse como concejala hasta el final del mandato municipal, Del Olmo acaba de ingresar por derecho propio en la nómina de políticos amortizados.

29-Septiembre-2021

La inoportunidad social y económica de unas elecciones anticipadas

 Abocados al parecer sin remedio a unas elecciones autonómicas anticipadas en Castilla y León, plazos en mano el calendario ofrece dos hipótesis alternativas. La primera que sean convocadas en el inminente mes de octubre para su celebración como muy tarde a mediados de diciembre. La segunda, que la disolución de las Cortes se demore hasta después de Navidades (en todo caso antes del 11 de marzo, fecha a partir de la cual el PSOE está facultado para presentar una segunda moción de censura), en cuyo caso acudiríamos a las urnas a lo más tardar el primer domingo de mayo.

 La primera de las hipótesis sigue estando muy supeditada a un eventual adelanto electoral en Andalucía a cuyo rebufo se engancharía el presidente Fernández Mañueco, que, careciendo de mayoría absoluta y con la que tiene liada en el seno de su gobierno con el dúo Igea-Casado, siempre podrá aducir la carencia de esa estabilidad de gobierno que invoca para agotar la Legislatura. La segunda opción no tiene vuelta de hoja, ya que ofrece la coartada perfecta para que el PP se desprenda de unos socios desahuciados electoralmente y obtenga a costa de su fagocitación en las urnas una amplia mayoría parlamentaria, como mínimo similar a la obtenida por Isabel Díaz Ayuso.

 Con todos los focos puestos en ese adelanto electoral y el vuelco político que augura, apenas se repara en sus repercusiones sociales y económicas para una comunidad autónoma que lleva décadas sumida en un creciente declive.

Casado, Mañueco y Ayuso

Cuatro meses de interinidad.- De entrada, un proceso electoral conlleva una situación de interinidad política y administrativa aproximadamente de cuatro meses, los que transcurren desde la convocatoria hasta la toma de posesión del nuevo gobierno resultante. Y si hay un momento especialmente inoportuno para abrir ese paréntesis, ese es el actual, justo, cuando superado lo peor de la pandemia y restablecida a toda marcha la normalidad, es la hora de concentrar todos los esfuerzos en la recuperación social y económica y en la gestión con criterio y eficacia del maná de los fondos caído del cielo europeo.

 Para empezar, no habría lugar a presentar y tramitar los Presupuestos de la Comunidad para 2022, los cuales deben adaptarse al nuevo escenario macroeconómico e incorporar esos nuevos recursos de la Unión Europea. Perdida la mayoría absoluta, PP y C´s tan solo necesitan sumar un voto ajeno para sacar adelante unas nuevas cuentas, lo que no parece muy difícil dada la disposición negociadora del “Partido por Ávila”, cuyo único procurador, Pedro J. Pascual, ya aprobó los Presupuestos vigentes, a cambio, claro está, de determinadas inversiones en su provincia. A diferencia de Andalucía, donde Vox tiene capacidad para bloquear su aprobación, dotarse de unos nuevos Presupuestos no parece a priori un problema insalvable para el gobierno Mañueco.

 Si se disuelven las Cortes en octubre se irá al garete el compromiso contraído por la Junta con ocasión de la Conferencia de Presidentes de Salamanca de establecer un consenso sobre los criterios de aplicación y distribución de los nuevos fondos europeos. A tal efecto, la consejería de Economía mantiene abierto un grupo de trabajo con los partidos políticos, en el que los socialistas han planteado la necesidad de convocar a Alcaldes y Presidentes de Diputación, a fin de que ayuntamientos y Diputaciones participen activamente en este proceso. El consejero, Carlos Fernández Carriedo, aspira a que lleguen a Castilla y León 5.000 millones, 1.500 de los cuales ya están plenamente confirmados.

Manifestación ayer en Segovia contra la reforma Casado

 Compromisos al limbo.- Otro compromiso que una convocatoria electoral dejaría en la estacada es el Plan Social de Inversiones Prioritarias 2021-2025, contemplado en el “pacto para la reconstrucción” firmado en junio con una dotación de 728 millones de euros. Dicho Plan, que a esta fecha sigue inédito, quedaría en el limbo por falta de consignación presupuestaria.

 En el limbo quedaría obviamente el compromiso de devolver la atención presencial médica y de enfermería a todos los centros de Salud y consultorios locales de Castilla y León, algo a lo que se resiste la consejera Casado por más que el presidente le reitere dicho mandato.

Lejos de afrontar un debate de comunidad sobre el modelo sanitario en Castilla y León, ni que decir tiene que si se disuelven las Cortes la Sanidad se convertirá en el gran arma arrojadiza dentro del pandemónium propio de cada campaña electoral.

  Con la disolución de las Cortes decaerían per se todas las iniciativas legislativas en tramitación y las cuatro comisiones de investigación actualmente abiertas. A las creadas sobre los fondos de la minería y la distribución de la chequera mediática de la Junta nadie las echaría en falta, dada su absoluta inutilidad. La que intenta esclarecer lo ocurrido sobre la trama eólica y otros asuntos turbios (Perla Negra, no Polígono de Portillo, etc) asociados a gobiernos de Juan Vicente Herrera sufriría su segundo coitus interruptus, ya que se creó por primera vez hace dos legislaturas, y la que se acaba de crear para investigar los letales efectos de la pandemia en las residencias de ancianos (4.174 fallecidos a esta fecha) quedaría prácticamente inédita.

Residencias: A la espera de una nueva Ley

 En el limbo quedaría también esa pretendida nueva Ley de Atención Residencial en Castilla y León tan necesaria a la vista de las deficiencias y carencias que ha destapado la pandemia, una iniciativa en fase de consulta que todavía no ha entrado en las Cortes. Y decaería esa conflictiva reforma de la Ley de Ordenación Territorial que elimina la mayoría cualificada para la aprobación de los mapas rurales, cuya delimitación se pretende endosar a las Diputaciones provinciales.

 La Junta seguiría gobernando con unos Presupuestos prorrogados que tienen su gran Talón de Aquiles en el coste de la Deuda Pública, que entre amortizaciones e intereses se come el 11,58 por ciento de los ingresos, 1.423 millones, gasto solo superado por el de las Consejerías de Sanidad y Educación. Los 13,000 millones de deuda que arrastramos equivalen ya al 24 por ciento del PIB.

Eternos retos pendientes.- La Legislatura se interrumpiría sin haber abordado ninguna estrategia contra la Despoblación y, lo que es peor, sin haber hecho los deberes para aprovechar los 10.000 millones de euros asignados a España para un Plan de Medidas ante el Reto Demográfico. Por si fuera menor la sangría poblacional sufría desde 2.010 (177.000 habitantes menos), la pandemia se ha cobrado más de 11.500 vidas.

Y qué decir de la pasividad ante los desequilibrios territoriales internos, de la que buena idea la renta per cápita provincial, toda una escalera que va del 112 por ciento sobre la media estatal que registra Burgos al 74,8 por ciento de Zamora, con todas las demás provincias del Oeste (León, Salamanca y Zamora) compartiendo la cola.

Pasadas las Navidades, los estragos de unas elecciones anticipadas se verían bastante atenuados. Habría habido tiempo para aprobar los Presupuestos de la Comunidad para 2022, encauzar con racionalidad los nuevos Fondos Europeos y afrontar la senda de la recuperación económica sin la convulsión política de una campaña electoral. Pero nada de esto importa. La fecha de las elecciones se atendrá exclusivamente a lo que convenga a Pablo Casado en su estrategia por conquistar La Moncloa. Caiga en noviembre o caiga en abril.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

El topillo

La salida de Cosidó, un problema que se sacude Mañueco

 Prácticamente dos años después de su nombramiento, el Boletín  Oficial de Castilla y León ha publicado esta mañana una Orden del Presidente de la Junta formalizando el cese, a petición propia, de Ignacio Cosidó, el político del PP que durante este periodo ha sido el asesor presidencial mejor retribuido. (55.616 euros anuales).

 El fichaje de Cosidó, el “amigo Nacho”, se convirtió en una “patata caliente” para Alfonso Fernández Mañueco a partir de que la investigación del “caso Kitchen” acreditara la existencia en su día de una suerte de “policía patriótica” que, con el inefable ex comisario Villarejo por medio, había montado un operativo ilegal para arrebatar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, las pruebas que éste tenía sobre la financiación irregular del PP. Los hechos judicializados, que han dado lugar a la imputación del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández, y del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se produjeron mientras Cosidó estaba al frente de la dirección general de la Policía, cargo que ocupó entre enero de 2012 y noviembre de 2016.

 A su salida del ministerio del Interior, el salmantino Cosidó fue nombrado senador autonómico por Castilla y León y portavoz del grupo popular en el Senado, cargos en los que se mantuvo hasta que tras las elecciones autonómicas de 2017, fue relevado de ambas responsabilidades por el vasco Javier Maroto, que había fracaso en su intento de conseguir un escaño de diputado por Álava.

Apeado por Pablo Casado de sus cargos públicos, el “amigo Nacho” fue acogido por Fernández Mañueco, quien el 25 de septiembre de 2019 lo incorporó a su nómina de asesores, de la que siguen formando otros tres ex senadores del PP.

 La “patata” le empezó a quemar a Mañueco a raíz de que el ex director operativo de la Policía, Eugenio del Pino, declarara ante el juez instructor que Cosidó estuvo en todo momento al corriente del “caso Kitchen”, lo mismo que el Secretario de Estado y el ministro. Sin embargo, contra toda lógica y pronóstico, el juez García Castellón concluía la fase de instrucción imputando a los superiores e inferiores jerárquicos del ex director general de la Policía, pero no a él, que ni siquiera se ha molestado en llamar a declarar. La imputación formal era la condición que se había impuesto Mañueco para cesar a su polémico asesor

 Puesto que dicha imputación no se ha producido y el cese se produce a petición propia, cabe pensar que Cosidó, residente en Madrid, ha encontrado otro acomodo laboral y ya no necesita la sinecura proporcionada por su amigo y paisano Alfonso. Con ello Mañueco con ello se quita de encima el problema de que la situación de que la situación de Cosidó volviera a complicarse si prospera el recurso de la Fiscalía solicitando la reapertura de la instrucción del caso y la imputación, entre otros, del hasta hoy asesor del presidente de la Junta.

27-Septiembre-2021

Patada a seguir hasta que Génova mueva ficha electoral

 Sentado el principio de que el adelanto electoral en Castilla y León o en Andalucía ha de contar con el placet de Génova, que instrumentará dichas convocatorias para impulsar la carrera de Pablo Casado hacia La Moncloa, de momento el presidente Fernández Mañueco parece resignado a convivir con la crisis interna abierta en el seno de su gobierno a raíz del golpe de mano con el decidió truncar la reforma de la atención primaria promovida por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y su mentor, el vicepresidente Francisco Igea.

 Vista la resaca posterior a la tormenta, queda nítidamente claro que en ningún momento ha entrado en crisis el pacto de gobierno PP-Ciudadanos vigente desde el inicio de la Legislatura. En absoluto. El conflicto se ciñe a la relación del presidente con el vicepresidente y la citada consejera, quiénes habiendo accedido a la Junta a través de Ciudadanos, han venido y vienen actuando por su cuenta y al margen de su partido de origen, incapaz de marcar las políticas de sus teóricos representantes.

Castaño y Fuentes, en una imagen de la anterior Legislatura

 Por la cuenta que les trae, el aparato orgánico de Ciudadanos y su grupo parlamentario en las Cortes son los últimos interesados en romper el pacto de gobierno en Castilla y León. Ello proporcionaría al PP el argumento que necesita para justificar un adelanto electoral de consecuencias letales para la formación naranja. Equivaldría a un suicidio colectivo impensable en quienes siguen detentando importantes parcelas de poder en las instituciones autonómicas.

 La prueba de que los Fuentes, Castaño y demás afines a Inés Arrimadas no quieren ni oír hablar de una ruptura que les apearía de sus cargos es que se han apresurado a pactar con el grupo popular una Proposición no de Ley en la que PP y C´s ponen en común sus posiciones sobre la reforma sanitaria, dando así por superada la divergencia de voto de ambas formaciones con respecto a la PNL socialista que desencadenó la tormenta. Como no puede ser de otra forma, el texto suscrito entre ambos partidos ofrece “garantía de asistencia presencial médica y de enfermería en todos los centros de salud y consultorios locales”, así como “compromiso de no reducción de recursos sanitarios del medio rural para trasladarlos al medio urbano”.  Es decir, todo lo contrario de lo que perseguía el Plan Aliste, que dejaba sin dotación al 80 por ciento de los 3.666 consultorios, o de lo que proponía el Plan Segovia, que contemplaba la amortización de plazas médicas en el medio rural. Todo un estímulo a abandonar el medio rural en pleno desplome demográfico.

 

De “malentendido”, nada.- Pero mientras los dos partidos coaligados restablecen su armonía parlamentaria, la relación entre el PP y el dúo Igea-Casado sigue siendo tormentosa.

Mañueco en su escaño de las Cortes. Detrás, Raúl de la Hoz

 Después de haber desafiado la autoridad del presidente, acusarle entre líneas de “deslealtad” y “traición” e incluso agitar el grotesco espantajo de una delirante moción de censura, Igea ha insistido en zanjar el problema atribuyéndolo a un simple “malentendido” (y no por parte suya, sino por la del presidente). Y se ha encontrado con la respuesta del portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, aclarándole, por si quedaba duda, que de malentendido, nada, que el PP apoyó la iniciativa socialista simplemente porque compartía los términos de su resolución. Una resolución, no olvidemos, que insta a la Junta “a retirar el plan de reestructuración de la atención primaria en el medio rural y garantizar de una vez por todas la consulta médica y de enfermería presencial en todos los consultorios y centros de salud”.

 Mañueco ha dado instrucciones a Casado para que proceda en consecuencia, pero no se fía de que, en lugar de hacerlo, siga embrollando la situación, como lo hace desde el momento en que niega que haya existido nunca ningún plan. Tal es la desconfianza del presidente que, lejos de conceder ningún cheque en blanco, ha puntualizado que su “aval” no es a ninguna actuación de la consejera, sino al cumplimiento del mandato de reponer la atención presencial y mantener la actividad en todos los centros y consultorios.

 Con el golpe de timón ordenado en política sanitaria, Mañueco ha buscado simultáneamente un doble objetivo: Ahorrarse el fuerte desgaste que el desmantelamiento de la Sanidad rural estaba suponiendo para el PP y neutralizar una gran baza electoral del PSOE, que se opuso desde el minuto uno a esa reforma y de hecho condicionó y condiciona cualquier negociación en la materia a la retirada de los planes negados por la consejera.

 El oportunismo electoral con el que ha actuado el presidente de la Junta admite pocas dudas. Mientras Ciudadanos era un compañero de viaje imprescindible, se despreocupó de las políticas incendiarias de Igea, Casado y Amigo, como si la cosa no fuera con él. Hasta que llegados a este punto, en el que el PP ha fagocitado al electorado naranja y C´s es un partido zombi, ha decidido parar los pies a las lesivas iniciativas del pirómano vicepresidente.

Verónica Casado

  Consejera a la contra.- Pero para que resulte creíble su “contrarreforma sanitaria”, Mañueco necesita hacerla visible a la mayor brevedad y eso no va a ser fácil con un vicepresidente y una consejera que se van a dedicar a poner en las ruedas todos los palos a su alcance, que son muchos dada la precariedad de unas plantillas que ellos mismos se han dedicado a desincentivar. Y lógicamente con el PSOE de Tudanca exigiendo cada día el cumplimiento de lo acordado en las Cortes antes de iniciar cualquier negociación sobre el modelo sanitario.

 Entretanto, se tramita en las Cortes otra de las polémicas reformas consentidas por Mañueco a Igea, la que se propuso desbloquear los mapas rurales de la Ordenación del Territorio a costa de dinamitar el anterior consenso existente entre PP y PSOE. La reforma tenía como objetivo inicial eliminar la mayoría cualificada que obligaba al consenso entre los dos principales partidos, pero además de eso se ha descolgado dejando en manos de las Diputaciones provinciales la delimitación de los polémicos mapas, a partir de los cuales se organizan todos los servicios de la Junta, incluidos los sanitarios.

 No deja de tener miga el asunto. En lugar de coger ese toro por los cuernos, el vicepresidente que concurrió a las elecciones encabezando el cartel electoral de Ciudadanos desvía esa responsabilidad hacia las Diputaciones, esas mismas que el partido naranja quería suprimir por superfluas. Al margen de ello, está por ver si el PP lleva al final esa confrontación con los socialistas, que tienen en el ámbito municipal una de sus fortalezas, o deja colgada otra de las dañinas reformas de Igea.

  Y con este mar de fondo seguiremos mientras Génova no disponga otra cosa. Por de pronto, hasta la convención nacional de primeros de octubre en Valencia la cúpula del PP no pondrá en marcha nada que interfiera ese fasto. Días antes, Pablo Casado hará una escala previa en Valladolid para escenificar su entrañable relación con Fernández Mañueco. El mismo presidente autonómico al que hace menos de un año quería moverle la silla. ¿O no?

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)