Abascal, el “primo de Zumosol”

 El líder de Vox, que califica de “piso piloto” la presencia de su partido en la Junta, redobla sus exigencias al PP, aparca la investidura y pone contra las cuerdas a Fernández Mañueco

Probablemente, Alfonso Fernández Mañueco pensó que una de las ventajas de gobernar con Vox iba a ser que su nueva pareja de hecho era un yogurín recién aterrizado en política, Juan García-Gallardo, sin el colmillo retorcido del anterior vicepresidente, Francisco Igea, quien le trajo por el camino de la amargura durante la anterior Legislatura.

 Craso error. Formalmente, García-Gallardo está nominado a la vicepresidencia, pero su cometido será el de un mero edecán político de Santiago Abascal, quien desde el primer momento comanda desde Madrid la operación “piso piloto”, tal como él ha calificado el pacto por el que su partido accede por primera vez a un gobierno autonómico.

 No es que no se fíe de la inexperiencia de García-Gallardo, al que efectivamente todo esto le viene enorme. Es que Abascal ha decidido asumir personalmente su apuesta por convertir el pacto PP-Vox en Castilla y León en un banco de pruebas con vistas a las próximas elecciones andaluzas y a las autonómicas y municipales de 2023.

 El pasado 23 de febrero, día en el que sendas delegaciones de ambos partidos iniciaban las negociaciones en Castilla y León, sorprendió la asimétrica fotografía en la que aparecían cuatro representantes del PP del máximo nivel, con Fernández Mañueco, a la cabeza, y tan solo dos de Vox, García-Gallardo y David Hierro, el procurador electo por Palencia. La foto era engañosa. Según desveló después elDiario.es CyL, tras retirarse los gráficos se incorporó de tapadillo a la reunión Kiko Méndez-Monasterio, asesor de cabecera y enviado especial de Abascal para la ocasión. Y Méndez-Monasterio, un ultra condenado en sus tiempos jóvenes por una agresión a Pablo Iglesias, fue de hecho el que llevó la voz cantante durante esa reunión, de la que inmediatamente dio cuenta al presidente nacional.

 Como fuera que después el PP ralentizó la negociación en su fallida maniobra de escamotear a Vox la presidencia de las Cortes, Abascal decidió entrar en contacto directo con Mañueco, con el que concertó un discreto encuentro en Madrid. La cita tuvo lugar el sábado 5 de marzo en un reservado del restaurante “Beker 6”, donde, entre plato y plato, ambos constataron la voluntad de acuerdo y se emplazaron como interlocutores garantes de la alianza.

 Pero Mañueco no se apeó del burro de hacerse con la presidencia de las Cortes sin contar con los de Abascal, y en la víspera del pleno de constitución de la Cámara se encontró con el ultimátum de García-Gallardo: O había acuerdo sobre la Mesa, con la presidencia y una secretaría para Vox, o tampoco lo habría para la investidura, y allá cada cual si el desencuentro propiciaba la repetición electoral. Ni que decir tiene que la amenaza partía de Abascal, con quien Mañueco se puso en contacto a primera hora de la mañana del 10 de marzo para aceptar las exigencias de Vox y redactar deprisa y corriendo el “Acuerdo de Legislaura” presentado al término de la sesión que eligió a Carlos Pollán como nuevo presidente de las Cortes y a Fátima Pinacho como secretaria tercera de la Mesa.

                    Abierta la caja de los truenos

Por si tenía alguna duda, Mañueco comprobaba ese día que Abascal se había erigido en el “primo de Zumosol” que dicta la estrategia y supervisa cada paso de su partido con respecto al pacto en Castilla y León. Lo que no sospechaba el presidente de la Junta en funciones es que su socio de gobierno se descolgara después con un conjunto de nuevas exigencias que han dejado en el limbo el pacto inicial que daba luz verde a la investidura.

 De acuerdo con dicho pacto, lo único que quedaba por concretar eran las tres consejerías que asumiría Vox en el gobierno de coalición. Pero ese no ha sido el mayor problema: Agricultura, Industria y Cultura han sido las elegidas de mutuo acuerdo. La caja de los truenos se ha destapado cuando Vox ha reclamado competencias que justifiquen la existencia y el sueldo de la insólita vicepresidencia “sin cartera” asignada a García-Gallardo.

Para sorpresa del PP, el edecán, que declinó ser el Portavoz de la Junta, pretende sin embargo hacerse con la Dirección de Comunicación, funcionalmente adscrita al propio presidente, así como con la presidencia de la comisión de secretarios generales, el órgano que filtra semanalmente los asuntos que llegan al Consejo de Gobierno. Y ante la negativa de Mañueco a ceder dichas competencias, la reacción de Abascal ha sido doble: A través del presidente de las Cortes ha congelado la convocatoria del pleno de investidura y ha puesto sobre la mesa nuevas condiciones que no figuraban en el “Acuerdo de Legislatura” rubricado el 10 de marzo.

 Vox, que no se fía del PP y mucho menos de Mañueco, exige ahora que se detalle previamente por escrito toda la estructura y organigrama del nuevo gobierno, poniendo negro sobre blanco donde queda localizada hasta la última competencia. Y al mismo tiempo quiere ampliar el pacto inicial para dejar atados asuntos como la derogación de la vigente Ley autonómica sobre la Violencia de Género y la del decreto sobre Memoria Histórica, normativas a la que no se hacía referencia en el parco documento firmado el pasado día 10. Y solo falta que las competencias de Empleo no cambien de ubicación y Vox se encargue de enterrar el Diálogo Social, otrora seña de identidad del PP, que lo elevó también a rango de ley.

Todo ello ha puesto de los nervios al presidente de la Junta en funciones, que pretendía superar la investidura y nombrar su nuevo gobierno antes de que este viernes comience en Sevilla el congreso que aclamará a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente nacional del PP. Y así debiera haber sido si el presidente de las Cortes, que el pasado 18 de marzo firmó el escrito que propone a Fernández Mañueco como candidato a la investidura, no estuviera demorando sin justificación alguna la convocatoria de la correspondiente sesión plenaria. Pollán aduce que “está a la espera de que Vox y el PP le comuniquen que han cerrado el acuerdo”, argumento que no se sostiene, ya que el presidente de la Cámara no tiene que guardar ninguna espera de ese tipo y, salvo renuncia expresa del candidato propuesto, su obligación es activar la convocatoria del pleno sin la menor demora.

                  Mañueco, atrapado en la boca del lobo

La realidad es que Abascal ha detectado la debilidad política de Mañueco y, valiéndose del servilismo de Pollán, ha decidido sacarle hasta la hijuela, sin pararse en barras en su objetivo de convertir Castilla y León en laboratorio y escaparate nacional de Vox.

 Poco importa a estos efectos que su partido no disponga dentro de la comunidad de banquillo propio para dotar con solvencia política y técnica la nómina de altos cargos que le corresponde cubrir en la Junta. Eso es lo de menos en una formación que reniega del Estado de las Autonomías. Llegado el momento, el “piso piloto” acogerá a un nutrido comando madrileño de la estrecha confianza de Abascal que desembarcará en Valladolid pese a no tener el menor vínculo con Castilla y León.

 A diferencia de Núñez Feijóo, que se resiste a avalar un pacto cada vez más humillante, Abascal se ha arrogado el papel de “copresidente” de la Junta en la sombra. Y no solo se ha sacado de la manga nuevas y leoninas exigencias, sino que advierte que a Vox “no le temblará el pulso para abandonar la Junta si el PP incumple los acuerdos alcanzados para gobernar en coalición”. A este punto ha llegado la desconfianza entre ambas partes.

¿Hasta dónde y hasta cuándo piensa seguir tensando la cuerda Abascal, a quien le trae al pairo que esta comunidad autónoma lleve con un gobierno en funciones desde el pasado 20 de diciembre y desde el 1 de enero con unos Presupuestos prorrogados que limitan la capacidad de maniobra para afrontar los retos de Castilla y León?

 Pues hasta que Mañueco, atrapado en la boca del lobo, pase por sus horcas caudinas. Su única escapatoria sería que la situación se enquiste y Feijóo se vea obligado a salir al rescate, bien para parar los pies a Abascal, bien para romper tan humillante pacto con la extrema derecha y replantearse la situación sin su concurso. En evitación de una repetición electoral que solo beneficiaría a Vox, queda la opción de intentar sacar adelante la investidura mediante una abstención pactada con el PSOE que permita gobernar al PP en minoría hasta volver a adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir de nuevo con las municipales. De no ser así, la presidencia de la Junta va a ser un infierno para Mañueco.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Una hoja de ruta entre nebulosas

 El silencio de Núñez Feijóo a su paso por Castilla y León delata lo vergonzante que resulta para el nuevo líder del PP el pacto de gobierno con Vox

¿Hasta dónde llegarán las renuncias y concesiones del Partido Popular tras asociarse con Vox para gobernar juntos en Castilla y León?  Esa es la incógnita por despejar a la vista del parco contenido del “Acuerdo de Legislatura” suscrito entre ambos partidos, que, salvo anunciar un par de nuevas Leyes -una de ellas contra la llamada “violencia intrafamiliar”- no pasa de ser un conjunto de declaración de intenciones que pasa de puntillas, y en algún caso ni eso, sobre los principales problemas estructurales de la comunidad.

El fugaz paso de Alberto Núñez Feijóo por Valladolid, donde el pasado fin de semana compartió un acto con Alfonso Fernández Mañueco, ha revelado lo vergonzante que resulta para el primero esta alianza del PP con una ultraderecha que, pese a renegar del Estado de las Autonomías, se incorpora por primera vez al gobierno de una comunidad. Pese a que como líder “in pectore” del partido, es obvio que oficiosamente dio su visto bueno al acuerdo, Feijóo viene sacudiéndose esa corresponsabilidad con la torticera excusa de que formalmente aún no es el presidente del partido. Esta impostura le ha llevado al extremo de pasar por Castilla y León sin darse por enterado del pacto, dejando como exclusivo responsable del mismo a Fernández Mañueco. Por si fuera poco, este último vio cuestionado su tirón electoral por el propio Feijóo, quien, muy a la galaica, le restregó su decepción con los pobres resultados del PP el pasado 13-F, cuya manifiesta insuficiencia ha originado a la postre el vergonzante pacto con Vox.

Habrá que esperar al discurso de investidura del candidato a la reelección para comprobar cómo se concreta el programa inicial de su nuevo gobierno y hasta donde quedan en papel mojado las 1.000 medidas que recogía el programa electoral del PP. De momento sabemos que la número 473 no va a materializarse. Y no es una cualquiera: es la que anunciaba “una nueva Ley de atención integral a las víctimas de la violencia de género” que tenía como objetivo ampliar la vigente desde 2010 a los contenidos del Pacto Estatal aprobado en 2017.

 El presidente en funciones y candidato a la investidura ha aclarado que la nueva Ley sobre Violencia Intrafamiliar coexistirá con la Ley de 2010, que no se derogará, pero tampoco será sustituida por esa nueva Ley de Atención Integral, cuyo Anteproyecto fue presentado por la consejería de Familia el pasado mes de septiembre. Primera claudicación en toda regla del PP, que se presta a desvirtuar la lucha contra un problema social lacerante asumiendo una bandera de Vox que no aporta nada que no contemple ya el Código Penal. (Demoledor a este respecto el artículo publicado por el exconsejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional).

              Un PP acomplejado ante Vox

 Para mayor inri, hemos tenido que soportar las desvergonzadas declaraciones de uno de los más destacados dirigentes de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, vinculando la asistencia a las mujeres víctimas de violencia género a “chiringuitos podemitas” constituidos al calor de las subvenciones públicas. Un ex abrupto así no sorprende en alguien como Espinosa de los Monteros, pero lo realmente lamentable es que haya quedado sin respuesta por parte tanto de la consejera de Familia, Isabel Blanco, como del propio presidente Mañueco, que, con tal de no tener ningún roce con Vox, han mantenido un ominoso silencio, cuando lo cierto es que de la gestión de las casas de acogida subvencionadas por la Junta se ocupa una una red de atención de la que forman parte entidades del tercer sector como Cruz Roja, Caritas y otras vinculadas a la Iglesia.

El único que ha salido al paso, y cuando no le ha quedado más remedio, ha sido el Portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, el mismo que como coordinador del programa electoral del PP aseguró durante la campaña que el catálogo legislativo afectado por la disolución de las Cortes sería rescatado en esta nueva Legislatura. Ya hemos visto que no será el caso de la nueva Ley de Violencia de Género, pero menos aún de la que se tramitaba sobre Derechos LGTBI o de las que impulsaba la consejería de Transparencia en materia regeneración democrática, entre ellas la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción.

 En el limbo ha quedado la reforma de la Ley de Ordenación territorial y con ella la aprobación de los mapas que deben fijar los servicios esenciales en el ámbito rural. Y ninguna de las 34 “acciones” de que consta el acuerdo PP-Vox hace referencia a la Ordenación Territorial.

 La Sanidad, otro de los grandes problemas pendientes de abordar, apenas ocupa tres líneas en las que se afirma que se reforzarán las inversiones y los presupuestos, sobre todo en atención primaria. No consta el compromiso de destinar a la Sanidad un 7 por ciento del PIB ni el de dedicar a la atención primaria el 20 por ciento del gasto sanitario, tal como recoge el programa del PP, ni tampoco la célebre promesa de mantener la asistencia presencial (médica y de enfermería) en todos los centros de Salud y en los 3.665 consultorios locales de Castilla y León.

 Otra omisión clamorosa es la de todo lo referido al envejecimiento, la dependencia y el modelo de residencias de ancianos. Ni la menor mención al respecto. Ni siquiera a la nueva Ley de Atención residencial que el PP consideraba urgente y prioritaria para corregir las graves carencias puestas al descubierto por la pandemia, que hasta el momento se ha cobrado más de 4.300 vidas entre los usuarios de las residencias de ancianos.

 Y nada se concreta sobre el problema de la despoblación, al que simplemente se define como “cuestión prioritaria” a abordar en coordinación con todas las Administraciones Publicas.

A la vista de tal cúmulo de omisiones –tampoco se hace ninguna mención al Dialogo Social-, la hoja de ruta del gobierno en ciernes permanece oculta entre nebulosas que veremos en qué medida se despejan durante el debate de investidura. Mañueco proclamó que en la negociación con Vox el PP en ningún caso abandonaría “principios básicos que no pueden ser obviados”. Pero lo ocurrido en torno a la Violencia de Género remite a una de las célebres frases de Groucho Marx: “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”.

         El reparto de consejerías, un parto asistido

 Entretanto, sigue sin cerrarse el reparto de las áreas de gobierno, cuestión que ha sumido en un mar de dudas a Vox, dada la conflictividad social latente en sectores que se proponía gestionar, caso de la Agricultura y la Ganadería, sacuidas en la actualidad por la más perfecta de las tormentas. Entre las que el PP les ha dado a elegir, también resulta de su preferencia la consejería de Industria, que, al ser hasta ahora también la de Empleo, tiene como contraindicación ser la competente en materia de Diálogo Social. Si el PP no quiere que el Diálogo Social salte por los aires, no puede encomendar dicha competencia a Vox, por lo que no habría que descartar que Empleo se mude a distinta consejería. Aunque se habla también de Fomento, de las tres consejerías asignadas a Vox en el reparto la única que se da por cerrada es la de Cultura y Turismo.

  Paralelamente, tras la polvareda levantada por la indecorosa subida del ya desmesurado sueldo de los miembros de la Mesa de las Cortes, que ha pasado a ser de 97.955 euros anuales, el jefe de filas de Vox y próximo vicepresidente, Juan García-Gallardo, se ha descolgado anunciando que su partido va a proponer una reducción del “gasto político” en los capítulos referentes a las subvenciones de los grupos parlamentarios y a los procuradores liberados por cuenta de la Cámara. 

Veremos hasta donde llega esa propuesta en las Cortes y también cómo actúa Vox cuando llegue a la Junta por ejemplo respecto a la tropa de asesores (44) nombrados a dedo en la anterior Legislatura al servicio del presidente, vicepresidente y consejeros. Aunque el mayor despilfarro político que pudiéramos encontrarnos en esta nueva etapa sería sin duda el de mantener una vicepresidencia sin cartera liberada de la gestión directa de cualquier competencia. Una figura política con cargo al erario sin parangón en ninguna comunidad autónoma.  

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Vox, el socio preferido por Mañueco desde la noche electoral

 Su error de cálculo fue intentar quedarse con la presidencia de las Cortes, un órdago que Abascal desbarató de un plumazo

 Castilla y León, en su momento la última comunidad autónoma en incorporarse al Estado de las Autonomías, acaba de hacer Historia al convertirse en la primera que incorpora a sus instituciones a un partido, Vox, que, renegando del modelo autonómico, propugna el regreso al Estado centralista del régimen anterior y, como paso previo, la inmediata devolución de las competencias en Educación y Sanidad. Un partido que no reconoce la violencia de género, criminaliza la inmigración, niega el cambio climático, abomina de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y está plenamente alineado con la extrema derecha europea populista y euroescéptica de Le Pen, Orbán, Salvini y compañía.

Hasta aquí nos ha traído el rosario de despropósitos protagonizado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a partir del irresponsable adelanto electoral decretado el pasado 20 de diciembre. Creyéndose capaz de emular el resonante éxito de Isabel Díaz Ayuso, ese día, en plena fase ascendente de la ola más contagiosa de la pandemia, Mañueco decidió ponerse el mundo por montera, prescindió de Ciudadanos como socio de gobierno, disolvió las Cortes dejando colgados los Presupuestos de 2022 y convocó a las urnas para el 13-M.

 Toda una pifia política: Su pírrica victoria, alejada de las expectativas del PP de aproximarse a la mayoría absoluta y poder gobernar en solitario, disparaba como tercera fuerza política (13 escaños) a Vox, partido que había advertido durante toda la campaña electoral que no apoyaría la investidura si no era a cambio de entrar en la Junta.

 De boca de Mañueco nunca salió objeción alguna hacia el pacto con Vox. El que no estaba dispuesto a traspasar esa línea roja era el presidente del partido, Pablo Casado, cuya hoja de ruta hacia La Moncloa excluía rotundamente un pacto que le mimetizara con la extrema derecha. Una línea roja que Casado se había comprometido a no traspasar ante la dirección del Partido Popular Europeo, como se ha encargado de revelar su presidente, Donald Tusk, el mismo que ha calificado como “capitulación” el pacto de gobierno suscrito en Castilla y León.

 Con Casado al mando, la única alternativa para evitar una repetición electoral que catapultaría aún más a Vox, era una eventual abstención socialista que, a modo de cordón sanitario frente a la extrema derecha, permitiera al PP gobernar en minoría. Pero Mañueco no tenía el menor interés en asumir esa incómoda fórmula, como bien se vio al levantar bruscamente la única reunión mantenida con Luis Tudanca y declarar después al PSOE como partido “autoexcluido” del diálogo.

 Fulminado Casado, vía libre para pactar con Vox

Si Mañueco se permitió ese desprecio fue porque en esa fecha, 21 de febrero, Casado ya había cavado su propia fosa y su inevitable defenestración iba a dejar sin efecto el veto que mantenía sobre el pacto con la ultraderecha. Liberado de ese veto, el presidente en funciones veía el cielo abierto para pactar con Vox, que era su oculta preferencia desde la misma noche del 13-F.

 A partir de ahí asistimos a una fallida maniobra del PP, consistente en excluir la composición de la Mesa de las Cortes del pacto de investidura con el fin de hacerse con la presidencia de la Cámara sin contar con Vox. Para ello se vale de los tres procuradores de “Soria ¡Ya!, que entran como pardillos en el juego de mezclar su voto sobre dicha Mesa con reivindicaciones que solo competen a la Junta, actitud con la que se han retratado y en pose nada airosa.

 Mañueco pretendía escamotear a Vox la presidencia de las Cortes y premiar con ella al secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, convencido de que ello no pondría en peligro la posterior negociación sobre la investidura, en la que siempre encontraría forma de compensar a la extrema derecha con algún extra especial, verbigracia un escaño de senador autonómico.

 Y así transcurren los días a la espera del jueves 10, día de la constitución de las Cortes y de la elección de su Mesa.  Mañueco mantiene el órdago dispuesto a llegar a la sesión sin acuerdo con Vox, sin sospechar que Santiago Abascal, informado siempre en tiempo real, va a decidir tomar cartas en el asunto lanzando un ultimátum que desarma toda la jugada del PP: O hay acuerdo sobre las Cortes con la presidencia y una secretaria para Vox o rompemos la baraja, tampoco hay acuerdo para la investidura y vamos a nuevas elecciones.

 Esto último fue como mentar la soga en casa del ahorcado, máxime tratándose de la única línea roja marcada por Alberto Núñez Feijóo, quien, por supuesto al corriente de todo, por nada del mundo quería iniciar su mandato con esa envenenada convocatoria electoral. Y es así como en la noche del miércoles a Mañueco le entra el vértigo, se apea del burro y accede las exigencias de Vox. A primera hora de la mañana se sella el reparto de sillones, a mediodía se elige la Mesa de las Cortes y finalizada la sesión parlamentaria, Mañueco y García-Gallardo comparecen felices y dichosos para dar a conocer el acuerdo de gobierno que deja en manos de la extrema derecha la vicepresidencia y tres consejerías de la Junta.

         Balbuceos que hablan por sí solos

 El documento, apenas cinco folios plagados de ambigüedades y redundancias, se ultimó deprisa y corriendo en la misma mañana del jueves. Y aunque en el no aparecen tal cual las medidas más extremas de Vox, el socio del PP cuela una de sus más preciadas propuestas, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, el instrumento concebido para diluir la Ley de Violencia de Género.

 Durante la balbuceante rueda de prensa ofrecida tras reunirse con los 9 presidentes provinciales del PP, Mañueco aseguró que la vigente Ley autonómica de Violencia de Genero no se derogará, sino que será “complementada” con la nueva sobre “violencia intrafamiliar”. No se derogará, pero tampoco se actualizará conforme al Proyecto que tramitaban las Cortes disueltas. (Obsérvese cómo la expresión “violencia de género” ha desaparecido del vocabulario de los dirigentes del PP).  Y ni que decir tiene que no se rescatará la Ley de Derechos LGTBI en Castilla y León, igualmente en trámite durante la anterior Legislatura.

Vox deja otra de sus improntas en la referencia a un modelo educativo “libre de adoctrinamiento ideológico”, algo que, según el presidente en funciones, no comporta la introducción del llamado “pin parental”, si bien en Murcia ya se las han arreglado para implantar un sucedáneo. Y el último punto del documento hace referencia a una “inmigración ordenada” que tampoco ha sido capaz de definir Mañueco. Quizá le sirva de pista lo que proponía literalmente Vox en su documento de máximos: “La Junta colaborara con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”.

 Ahora falta por ver qué áreas de gobierno caen en manos de Vox. Aunque se daba por hecho que la amortización de la consejería de Transparencia iba a reducir a 9 el total de consejerías, el desdoblamiento de Fomento y Medio Ambiente mantendrá su número en 10. Precisamente la de Fomento es una en la que se ha mostrado interesado Vox, que también tiene la vista en las de Empleo y Cultura. Si se hace cargo de la de Empleo, el Diálogo Social puede convertirse en el primer y mayor foco de conflictos, habida cuenta de la mutua animosidad entre los sindicatos –defensores del cordón democrático frente a la ultraderecha- y Vox, partidario de suprimir las subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales.

 Con siete consejerías asignadas al PP, Mañueco puede mantener a todo su equipo anterior y todavía nombrar a un consejero más. Aunque la gran novedad puede consistir en la salida del hasta ahora consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, para hacerse cargo de la portavocía del grupo parlamentario de las Cortes. Ibáñez sería el relevo de Raúl de la Hoz si se confirma que éste pasa a ser el hombre de Mañueco en Génova, donde ocuparía una de las vicesecretarías del equipo de dirección de Núñez Feijóo. Con ello habría como mínimo dos caras nuevas dentro del bloque de consejeros del PP.

 Pero lo sustancial es que por primera vez un Parlamento Autonómico confía su presidencia a un partido de extrema derecha, que a la vez asume la vicepresidencia y tres consejerías del gobierno de la comunidad. Un retroceso de corte preconstitucional que añade combustible a la polarización política incompatible con cualquier consenso.  Fernández Mañueco, un político otrora tenido por pusilánime, se ha revelado como un gobernante sin escrúpulos capaz de degradar la calidad de la democracia española con tal de seguir en el Poder.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Mañueco claudica y se echa en brazos de Vox

Aterrado ante una posible repetición electoral, el PP se aviene al ultimátum de la extrema derecha

 Como acérrimo madridista que es, Alfonso Fernández Mañueco había manifestado su intención de desplazarse el pasado miércoles hasta el Bernabéu para contemplar en directo el choque entre el Real Madrid y el PSG de Mbappé, Neymar y Messi. Pero faltaban pocas horas para la sesión constitutiva de las Cortes, y con el PP y Vox abiertamente enfrentados por la presidencia de la Cámara, optó por no moverse y permanecer atento a cualquier posible de movimiento.

Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco

 Y apenas al cuarto de hora de juego sonó la alarma en su teléfono móvil. El líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, se había descolgado en Twitter con una propuesta de acuerdo de gobierno para la Legislatura, que contenía el reparto con el PP de los principales puestos institucionales, incluyendo en su cuota la codiciada presidencia de las Cortes. Pero el verdadero mensaje no estaba en ese documento, sino el “tuit” que lo acompañaba:

“El PP se empeña en negar a los votantes de VOX el mismo trato que dio a su anterior socio”, decía. “Todavía está a tiempo de rectificar y aceptar esta propuesta o, en caso contrario, explicarle a sus votantes por qué no ha querido este gobierno para CyL”, concluía. Esto último sonaba a claro ultimátum en respuesta a la estrategia seguida por el PP de excluir la elección de la Mesa de las Cortes del posterior acuerdo de gobierno que acompañe la investidura.

 Con los 31 procuradores de su grupo, al PP le salían las cuentas para hacerse con la presidencia de las Cortes sin contar con Vox, ya que la candidata socialista, Ana Sánchez, no disponía de suficientes apoyos entre las formaciones minoritarias para ganar esa votación. Ese riesgo estaba conjurado después de que la UPL anunciara su abstención y  de que “Soria ¡Ya!” se hubiera dejado enredar por el PP.

Alberto Núñez Feijóo

Pánico a una posible repetición electoral

Con la mirada en el televisor pero el pensamiento abstraído en el “tuit” de García-Gallardo, Mañueco se sintió aterrado ante la posibilidad de que Vox hiciera “casus belli” del ninguneo de la presidencia de las Cortes, rompiera la baraja sobre la investidura y apostara sin más por la repetición de las elecciones. Justo el único horizonte que no se podía permitir el PP y lo que a toda costa quería evitar Alberto Núñez Feijóo, quien no podía arriesgarse a estrenar su liderazgo con un reto electoral en condiciones sumamente adversas.

 Y fue así que una hora y media después, a punto de consumarse la gesta blanca en el Bernabéu, Mañueco activó su cuenta de twitter en respuesta a García-Gallardo:

“He ofrecido a Vox un acuerdo de gobierno en beneficio de las personas de Castilla y León. Desde nuestra posición inicial hemos cedido para propiciar el entendimiento, Vox no se ha movido nada”, decía.  El ultimátum de Vox había surtido efecto. Arrugado ante la perspectiva de tener que repetir elecciones, Mañueco había decidido sacrificar al candidato de su partido a la presidencia de las Cortes, cuyo nombre -presuntamente el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez- en ningún momento había sido dado a conocer.

Carlos Poyán, presidente de las Cortes

 A primera hora de la mañana se confirmaba el apaño y tanto el nuevo presidente como el vicepresidente primero –puesto en el que repite Vázquez- eran elegidos con los 44 votos que suman PP y Vox. El leonés Carlos Poyán no estará solo en la Mesa, ya que la procuradora de Vox en la anterior Legislatura, Fátima Pinacho, se hace cargo de la secretaria tercera. Los mismos puestos ocupados por Ciudadanos en la anterior Legislatura.

Es el anticipo a cuenta antes de que Mañueco concurra a finales de mes al pleno que le investirá por segunda vez presidente de la Junta. El socio de gobierno se cobrará después la vicepresidencia para García-Gallardo y tres consejerías, una menos de las que tenía el anterior socio de gobierno. El PP también se reserva el cargo de Portavoz que ejercía el anterior vicepresidente.

 Después del pleno de las Cortes, Alfonso y Juan, la nueva pareja de hecho, presentaban el Acuerdo de Legislatura, un documento plagado de ambigüedades con las que el PP ha limado el catálogo de propuestas de Vox difícilmente compatibles con el Estado social y democrático que proclama la Constitución Española. Mañueco se reserva un lugar en la Historia como el primer presidente autonómico que comparte gobierno con un partido al que el propio Partido Popular Europeo no duda en calificar de extrema derecha.

Por su parte, Feijóo, farisaicamente de perfil ante un pacto al que se oponía Pablo Casado, trata inútilmente de escurrir el bulto ante el riesgo de involución democrática que se cierne sobre una comunidad autónoma presidida por el PP.