La coalición PP-Vox, hacia un nuevo record de gasto político

 

Mientras la Junta va camino del centenar de altos cargos, la masa salarial de los procuradores liberados se ha disparado en más de un 5 por ciento

 

Cuando Vox, que defiende en su programa la reducción del gasto político, se conformó con tres consejerías en lugar de las cuatro que ocupó Ciudadanos, hubo quien ingenuamente pudo pensar que el nuevo gobierno de Castilla y León iba a reducir su estructura y con ella su nómina de altos cargos. Máxime cuando con el anterior gobierno de coalición dicha nómina creció de 82 a 95 altos cargos.

Desguazada la consejería de Transparencia creada “ad hoc” para el anterior vicepresidente, el PP habría mantenido la misma cuota de poder reduciendo a 9 el número de consejerías, con el consiguiente ahorro de gasto. Pero tal cosa ni se le ha pasado por la cabeza a Alfonso Fernández Mañueco, quien ha aprovechado para desdoblar en dos la de Fomento y Medio Ambiente, manteniendo el número de consejerías en diez, el máximo que permite la Ley de Gobierno.

Es así que a la espera de que se conozca la estructura orgánica completa de las 10 consejerías, todo apunta a que el número de altos cargos acabará alcanzando el centenar. De momento, la vicepresidencia ociosa con la que entretiene su tiempo Juan García-Gallardo ha supuesto que el Consejo de Gobierno haya pasado de 11 a 12 miembros. Y el segundo escalón, el de las viceconsejerías, ha pasado de ocho a nueve, al estrenar una nueva la consejería de Sanidad y dotarse de una segunda la de Presidencia, al tiempo que inexplicablemente se ha suprimido la de Universidades e Investigación, la única que existía en Educación. De momento, ya se contabilizan dos altos cargos más que en la etapa anterior.

Tres asesores al servicio del vicepresidente

Tampoco parece que vaya a reducirse la nómina de personal eventual (asesores) nombrados a dedo al servicio del presidente, vicepresidente y consejeros, capítulo que con el anterior gobierno se disparó hasta el número de 45 puestos. En su momento, Mañueco no se cortó un pelo en utilizar parte de ese cupo para proporcionar cobijo a políticos del PP desubicados, llegando a colocar en esa nómina a cuatro ex senadores. El más conocido, Ignacio Cosidó, que acabó renunciando a la sinecura cuando arreció el caso Kitchen. Otra ex senadora, Esther Muñoz, saltó desde el Gabinete del Presidente al cargo de delegada territorial de la Junta en León, en el que acaba de ser confirmada.

Puesta la lista a cero al entrar el nuevo gobierno, la Junta ha nombrado ya a 35 de estos asesores, entre los que vuelven a figurar los ex senadores Félix Colsa y Laura Prieto. Y esta vez el fichaje más descarado del presidente ha sido el Daniel Llanos, el ex concejal del PP en el ayuntamiento de Salamanca forzado el pasado año a dimitir por triplicar la tasa de alcoholemia cuando circulaba por el casco urbano de la capital.

Mañueco sigue ciertamente sin cortarse un pelo a la hora de utilizar sus resortes de poder de forma espuria y partidista, pero el que no le está yendo a la zaga a la hora de seleccionar personal de confianza es el vicepresidente y edecán de Santiago Abascal, Juan García-Gallardo. Para empezar, ha fichado a un pariente, José María Barrio Gíl-Fournier, un gestor urbanístico de agitada trayectoria, para que le haga las veces de secretario particular. Y al tiempo se ha traído de Madrid a dos periodistas sin ninguna vinculación con Castilla y León: Montserrat Lluis y Fernando Argüello. Lluis, durante poco más de un año directora general de Trece (la cadena televisiva de la Conferencia Episcopal), fue cesada fulminantemente el pasado mes de marzo. Por su parte, Fernando Argüello procede del Departamento de Comunicación y Prensa de la sede central de Vox.

Ya advertimos que el gasto generado por la superflua vicepresidencia de García-Gallardo no se iba a limitar a su sueldo, próximo a los 80.000 euros anuales. A ello habría que añadir el generado por el coche oficial y el personal eventual a su servicio, que de momento se concreta en los tres fichajes reseñados. Que será todavía alguno más, ya que faltan todavía por nombrar 10 asesores (suponiendo que se mantenga en 45 el número total de los mismos).

 

Cortes: Recorte del 0,68 % en las subvenciones frente al 5,1 de aumento en la masa salarial de los liberados

El propio García-Gallardo se ufanó de promover una reducción del gasto político en las Cortes, que en lo que se refiere a las subvenciones a los grupos parlamentarios llegó a cifrar en un ahorro de 333.626 euros anuales. Pero tal como puede comprobarse en la página web de las Cortes, la realidad es que dicho ahorro se ha reducido a 25.272 euros, que equivalen al 0,68 por ciento del montante total de dicho capitulo. El gasto anual de las subvenciones a los grupos ha pasado de 3.742.320 euros anuales a 3.717.048. Esa ha sido la infima reducción practicada.

Y esto ha ocurrido al mismo tiempo que la retribución básica de los miembros de la Mesa, de los portavoces de los grupos y demás procuradores liberados por cuenta de la Cámara se ha incrementado en un 5,3 por ciento, al pasar de 73.211 a 76.355 euros brutos anuales. A dicho salario se añade la mal llamada “indemnización por gastos”, denominación con la que se camufla un complemento salarial fijo que se ha mantenido en las mismas cuantías de 1.800 y 1.440 euros. Con ello, la retribución total de los 6 miembros de la Mesa y los 5 portavoces titulares se ha disparado hasta los 97.955 euros anuales, mientras que la de los 14 liberados restantes ha pasado a ser de 93.635 €.

Tras esta “actualización”, la nómina salarial de la élite política de las Cortes ha pasado de 2.272.601 a 2.388.340 euros anuales, 115.739 euros de incremento que equivalen a un 5,1 por ciento. Un aumento de gasto que podría haber sido aún mayor de no habérsele escamoteado al grupo mixto (Podemos, C´s y Por Ávila) la portavocía adjunta que tuvo asignada incluso cuando solo contó con dos procuradores, como ocurrió en la legislatura 2015-2019, en la que estuvo integrado tan solo por Luis Mariano Santos (UPL) y Francisco Sarrión (IU).

Sumando los capítulos dedicados a las subvenciones a los grupos parlamentarios (3.717.048 €) y a la nómina salarial de los procuradores liberados (2.388.340 €), el gasto anual resultante se cifra en 6.105.388 €, cuantía que supera en 90.467 euros a la vigente en el momento de la convocatoria electoral, en la que ambas partidas sumaban 6.014.921 euros. Y se hubiera incrementado en otros 93.635 € más si no hubiera sido por esa burda represalia adoptada contra el nuevo grupo mixto. Conclusión: Lejos de aplicar una reducción del gasto político en las Cortes, PP y Vox lo han incrementado hasta elevarlo a un nuevo record.

Y ni palabra sobre los “chiringuitos”

Añádase a todo lo anterior que la palabra “chiringuito” no aparece en ninguno de los puntos del Acuerdo de Legislatura firmado entre ambos socios de gobierno, de donde se desprende que a Vox no le sobra ninguno de los entes y fundaciones que conforman la llamada Administración B de Castilla y León. El presidente de ASAJA, Donaciano Dujo, que se ha apresurado a marcar las tareas a su viejo conocido y nuevo consejero, Gerardo Dueñas, puede estar tranquilo sobre el futuro del ITACYL, Instituto que siempre ha defendido su organización. Y si Ciudadanos indultó en su día a la Fundación Siglo, no será el nuevo consejero de Cultura, Gonzalo Santonja -al Noé ex director del Instituto de la Lengua le van a hablar de inundaciones- quien vayan a prescindir del chiringuito desde el que se ejecuta con plena discrecionalidad gran parte del presupuesto de la consejería.

Aunque sea con otros gestores, todo ese entramado de la Administración B seguirá tal cual bajo la égida de PP y Vox. Y nos daremos con un canto en los dientes si el ínclito García-Gallardo no se inventa algún chiringuito de nuevo cuño que dé lustre a ese trampantojo que es su vicepresidencia. Vista la colonización política de la Junta emprendida por Vox, tendría toda la lógica.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

La Junta, sin nuevos Presupuestos hasta 2023 para evitar discordias entre PP y Vox

 Conscientes de que Castilla y León está bajo la lupa de la España política, Mañueco y Abascal se han conjurado para ofrecer una imagen de lealtad y camaradería alejada de cualquier confrontación

Cuatro meses después de que Alfonso Fernández Mañueco perpetrara el adelanto electoral del 13-F, ha echado a rodar en Castilla y León el gobierno compartido por PP y Vox, el primero de una comunidad autónoma española participado por una extrema derecha que propugna el desmontaje del Estado de las Autonomías.

Y lo ha hecho utilizando un llamado Plan Anticrisis valorado, que no presupuestado, en 470 millones de euros, como rampa de lanzamiento de lo que el presidente calificó en la sesión de investidura como una “revolución fiscal”. Que ya es grandilocuencia cuando la medida estrella resulta ser una rebaja del 0,5 por ciento en el primer tramo autonómico del IRPF, esto es, un ahorro de 35 euros a cada contribuyente en la declaración a presentar en 2023.

Por su irrisoria cuantía y el retraso en su aplicación, esta ridícula rebaja en el IRPF ni siquiera debería estar contenida en un Plan teóricamente destinado a apoyar a los sectores y ciudadanos más castigados por la crisis sobrevenida por los precios energéticos y la invasión de Ucrania, pero es fácil de vender propagandísticamente si permite afirmar que ésta va a ser la segunda comunidad autónoma con un tipo de IRPF más reducido.

Para calibrar el verdadero alcance de este Plan basta señalar que la Junta cifraba en 509 millones de euros los beneficios fiscales contenidos en el Proyecto de Presupuestos para 2022 que iban a aprobar las Cortes la misma semana en la que Mañueco decidió disolverlas.

Con la presentación a bombo y platillo de este pretendido Plan Anticrisis, la Junta ha intentado restar trascendencia a su renuncia a presentar un nuevo Proyecto de Presupuestos para 2022, un instrumento de máxima prioridad para remontar la crítica situación económica. Mantener prorrogadas todo el año las cuentas de 2021, con las limitaciones de todo tipo que ello conlleva, solo tiene una explicación y es puramente política: Los primeros presupuestos del gobierno PP-Vox requieren una negociación nada fácil entre dos socios que, tras las fuertes tensiones mantenidas sobre las competencias del vicepresidente, se miran con manifiesta desconfianza.

Precisamente por ello, una vez enrolados en el mismo barco y conscientes de que Castilla y León está bajo la lupa, Mañueco y Abascal (no otro es el verdadero interlocutor de Vox con el presidente de la Junta) están interesados en que el gobierno de la comunidad se muestre como “una piña”, como ejemplo de lealtad y camaradería alejado de confrontaciones internas. De ahí que hayan optado por sacrificar los Presupuestos del 2022, disponiendo con ello de varios meses para afrontar la negociación de los de 2023. Y de paso despejan la agenda legislativa en las Cortes para tramitar en los plazos acordados la ley sobre Violencia Intrafamiliar y la que se propone derogar el decreto sobre Memoria Histórica Democrática. Se anteponen así sin ningún rubor los intereses partidistas de los socios de gobierno al interés general de la comunidad, abocada ocho meses más al parcheo presupuestario aplicado desde el 1 de enero.

La casualidad hizo que la misma mañana en que Mañueco y el consejero de Economía, el incombustible Fernández Carriedo, presentaban el Plan Anticrisis, el INE publicara las cifras del padrón continúo, que un año más sitúan a Castilla y León como comunidad imbatible en desplome demográfico: 13.075 habitantes perdidos durante 2021. Después de 13 años consecutivos perdiendo población, el censo queda reducido a 2.370.064 habitantes, 193.457 menos de los registrados en 2009. Una sangría demográfica que el gobierno PP-Vox contempla con absoluta pasividad, sin darse por concernido y trasladando toda la responsabilidad al gobierno de la nación. Al tiempo que la única iniciativa específica presentada en la etapa anterior, el Proyecto de Ley de Dinamización Demográfica, ha desaparecido del mapa.

Un “primus inter pares” y un vicepresidente-edecán

Mañueco ha remodelado la nueva cuota del PP en la Junta, ahora de 7 consejerías, con la incorporación de una nueva consejera, María González Corral, que se hace cargo de Movilidad y Transformación Digital, consejería desgajada de la de Fomento y Medio Ambiente. Pero el movimiento de mayor calado ha sido el de trasladar a la consejería de la Presidencia a Jesús Julio Carnero, hasta ahora titular de la de Agricultura, ahora en manos de Vox. Mañueco quería tener en el Colegio de la Asunción a un consejero de mayor peso y cintura política y se ha decantado por Carnero, que se convierte en su mano derecha y consejero “primus inter pares” entre los del PP. El hecho añadido de que González Corral proceda del anterior equipo de Agricultura reafirma el creciente papel confiado al nuevo consejero de Presidencia. El sacrificado ha sido el burgalés Ángel Ibáñez, desplazado al grupo parlamentario popular, donde ya ejerce como uno de los 4 portavoces adjuntos.

Simultáneamente, el Bocyl confirmaba la irrelevancia de las funciones asignadas a la vicepresidencia sin cartera de la Junta, casi todas de mera representación y ninguna de carácter ejecutivo. Unas funciones que en modo alguno justifican un cargo que incrementa el gasto institucional superfluo al que se alude en el acuerdo de gobierno suscrito en representación de Vox por Juan García-Gallardo, precisamente el beneficiario de la sinecura.

El mismo que hace días espetó a la oposición que a la política “se viene llorado de casa”, ha contestado a las críticas sobre el dispendio que supone su vicepresidencia asegurando que no llega a la Junta “para ganar dinero, sino para perderlo”. Toda una salida de pata de banco que no hace al caso. La cuestión es si las funciones oficiales que va a desempeñar justifican la retribución próxima a los 80.000 euros anuales que va a percibir con cargo al erario, cuantía a la que hay que añadir coche oficial, asesores y demás parafernalia. La verdadera misión de García-Gallardo no viene en el Bocyl, ya que no es otra que ejercer como una especie de edecán de Abascal encargado de poner al corriente al líder de Vox sobre cualquier desviacionismo o incumplimiento de lo pactado con el PP. Tanto es así que antes de su nombramiento llegó a incluir entre sus supuestas funciones “la supervisión” de las consejerías del PP.

Y otro que sigue sin querer entender su función institucional es su compañero de partido Carlos Poyán, el presidente de las Cortes. Pollán ya mostró su sesgo partidista al congelar sin ninguna justificación la convocatoria del pleno de investidura, provocando un retraso en beneficio exclusivo de Vox, que había forzado la renegociación con el PP del acuerdo inicial del 10 de marzo.

Y ha vuelto a perder el oremus institucional al no hacer acto de presencia el 23 de abril en Villalar de los Comuneros, incurriendo en una clara dejación de funciones habida cuenta de que como presidente de las Cortes lo es también de la Fundación Castilla y León, entidad responsable de la programación oficial en la localidad comunera. No cabe aquí ninguna opción personal ni alegar que su presencia “no es de vital importancia”. Le apeteciera o no, Pollán estaba obligado a acudir a Villalar y ejercer como “anfitrión” desde la carpa institucional, papel que le entra en la retribución bruta de 97.955 anuales que percibe.

Molestos con el ruido que ellos mismos generan

Con declaraciones fuera de tono como las que viene prodigando García-Gallardo y comportamientos tan sectarios como los de Pollán, el presidente de la Junta no debería sorprenderse del “ruido político” que rodea a la puesta en marcha de un gobierno autonómico participado por políticos reñidos con la institucionalidad democrática. Y menos aún el vicepresidente-edecán, quien antes de arremeter contra los medios de comunicación debería preguntarse si no es él mismo y otros miembros de su partido los primeros en extender “sombras de sospecha” sobre la actuación de Vox. ¿Qué pensar por ejemplo de las declaraciones de Jorge Buxadé cuando a propósito de la toma de posesión del presidente de la Junta, no criticaba la ausencia de Núñez Feijóo, sino el hecho de que éste se reuniera con los líderes de UGT y Comisiones Obreras, a los que Vox no reconoce su papel constitucional de representantes de los trabajadores? ¿O de lo dicho en su momento por Espinosa de los Monteros sobre “las “mujeres podemitas” que viven a cosa de los “chiringuitos” subvencionados por la Ley de Violencia de Género?

Tampoco puede rasgarse las vestiduras el presidente Mañueco porque el Manifiesto de Villalar suscrito por la izquierda parlamentaria y los sindicatos mayoritarios alerte contra el peligro de retroceso de derechos y libertades latente tras el pacto entre PP y Vox. ¿O acaso esperaba que un Manifiesto reivindicativo de la Autonomía de Castilla y León se felicitara de que la Junta y las Cortes estén mediatizadas por un partido de ideario preconstitucional que aboga por desmantelar el Estado de las Autonomías?

 (Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Mañueco, orgulloso del “piso piloto” diseñado por Abascal

 Al presidente de la Junta no le perturba que desde el equipo de Feijóo se considere a Vox “un partido en muchos casos al margen de la Constitución”

A punto de echar a rodar el gobierno autonómico resultante de lo que la oposición ha calificado como “pacto de la infamia”, las propuestas presentadas por Alfonso Fernández Mañueco durante el debate de investidura distan mucho de constituir un verdadero programa de actuación sobre los problemas estructurales que aquejan a Castilla y León.

En ese deslavazado conjunto de propuestas no falta, eso sí, ni una sola de las prioridades ideológicas impuestas por Vox, que han ido más allá del Acuerdo de Legislatura del 10 de marzo, en el que no figuraba ninguna normativa en materia de Concordia, que va ser además la primera en tramitarse (antes del 30 de junio) y que se llevará por delante el decreto sobre Memoria Histórica Democrática aprobado en 2018 durante el mandato de Juan Vicente Herrera.

Con Santiago Abascal presente en la tribuna de invitados de las Cortes, Fernández Mañueco hizo suyas sin el menor complejo todas las imposiciones de la extrema derecha, con el engendro de la Ley de Violencia Intrafamiliar a la cabeza. Y además de eso priorizaba las propuestas del PP más afines a su socio, condenando al baúl de los recuerdos aquellas otras que sabe que no son de su agrado. La complacencia del presidente llegaba a incluir dentro de una anunciada “revolución fiscal” la bonificación del 95 por ciento de las licencias de caza y pesca, incluida la tasa especifica aplicada a los galgos. Que en un debate de investidura el presidente mencione expresamente la bonificación de la tasa referente a los galgos da idea del nuevo orden de valores que rige en esta nueva etapa.

Naturalmente, Mañueco tenía buen cuidado de no mencionar ni por asomo la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que, anatemizada por Vox, aparece en el programa electoral del PP como guía del desarrollo sostenible. Pero más graves son las omisiones y falta de compromisos sobre algunos de los principales problemas que aquejan a la comunidad, singularmente el del desplome demográfico, que, tal como ha propuesto “Soria ¡YA!”, inequívoca autoridad en la materia, exigiría un gran pacto de comunidad.

Regreso al “rodillo” parlamentario

El sesgo excluyente que imprime Vox en el nuevo gobierno imposibilita cualquier “pacto de comunidad”. No lo habrá sobre Despoblación como no lo habrá sobre la reforma de la Sanidad Pública, la Ordenación del Territorio o la propia financiación autonómica. Mañueco es consciente que su alianza con Vox ha roto todos los puentes y que las iniciativas de la oposición serán sistemáticamente aplastadas por el “rodillo” de los 44 procuradores constituidos en mayoría parlamentaria.

De entrada, el nuevo gobierno no tiene más hoja de ruta que la de esas nuevas Leyes impuestas por Vox con fecha de tramitación y el Plan Anticrisis por importe de 400 millones de euros con el que se pretenden paliar los estragos sufridos por los sectores más directamente afectados por los costes energéticos, los problemas con los suministros y la invasión de Ucrania, que han disparado el IPC en esta comunidad hasta el 11 por ciento. Lo demás serán medidas puramente electoralistas -como esa inconcreta reducción en el IRPF que en todo caso no será de aplicación hasta la declaración a presentar en 2023 coincidiendo con las elecciones municipales- o parches para ir tirando, entre otras cosas porque la Junta sigue constreñida por unos Presupuestos prorrogados y no dispondrá de otros como pronto hasta el mes de julio (si es que no decide mantener la prórroga hasta final de año).

Lo inaudito de todo es la pasmosa naturalidad con la que Fernández Mañueco se ha declarado “orgulloso” de presidir un gobierno del que forma parte “un partido en muchos casos al margen de la Constitución”, tal como ha admitido Carmen Navarro, vicesecretaria de Políticas Sociales en el equipo de dirección del que se ha rodeado Alberto Núñez Feijóo. Una ultraderecha que además alardea de tener como objetivo fundacional la supresión del Estado de las Autonomías, como se afana en subrayar el próximo vicepresidente, Juan García-Gallardo.

Con su “gatillazo” electoral del 13-F, Mañueco ha sustituido sin ningún pudor democrático a Ciudadanos por Vox. Y además se ha permitido afirmar que el cambio mejora la “calidad democrática”. Que ya hace falta desahogo para afirmar tal cosa cuando el socio de gobierno pertenece al mismo club que Le Pen, Orban o Salvini. Quiero pensar que el presidente de la Junta no se ha tomado la molestia de leerse el libro “Vox S.A. El negocio del patriotismo”, en el que el periodista Miguel González radiografía los postulados y la trayectoria de su nuevo socio.

Mientras que para Mañueco su único objetivo era, es y será mantenerse en el Poder a cualquier precio, para Abascal es el primer paso de una apuesta de gran recorrido. Al calificar el nuevo gobierno de Castilla y León como un “piso piloto”, pretende demostrar que PP y Vox pueden gobernar juntos sin que tiemblen los cimientos de la democracia española. Por ello, una vez estampado su sello ideológico sobre el portal del inmueble, lo presumible es que Vox trate de contener sus pulsiones más extremistas y gestione sus competencias tratando de evitar una crispación social que no conviene a su estrategia de blanqueo.

No en vano el siguiente objetivo será que el “piso piloto” lo encuentre habitable Moreno Bonilla si, tras las elecciones andaluzas, necesita a Vox para seguir gobernando. Y si la cohabitación en ambas comunidades resulta pacífica, tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 23, la fórmula se extendería a varias otras comunidades y numerosos ayuntamientos y Diputaciones provinciales. Hasta que en las siguientes elecciones generales Feijóo y Abascal sumen los escaños necesarios para desalojar a Pedro Sánchez y ello resulte ya lo más natural del mundo. Ese es el objetivo último que persigue Abascal a partir del “piso piloto”.

Al inhibirse sobre el pacto en Castilla y León, en realidad Feijóo ha dejado que Mañueco empiece a desbrozar su camino hacia La Moncloa. Si realmente hubiera estado en contra del pactar con Vox, habría seguido el ejemplo de Ángela Merkel en el land de Turingia, donde en 2020 rompió la alianza de su partido con la ultraderechista “Alianza por Alemania”, forzando la convocatoria de nuevas elecciones.

Mañueco y sus siete magníficos

Conocidos los tres consejeros proclamados por Vox, los siete del PP actualmente en funciones son candidatos a formar parte del nuevo gobierno, en el que desaparece la “igeniana” consejería de Transparencia, la mayor parte de cuyas funciones se integran en la de Presidencia. Sin embargo, el número de consejerías se mantiene en 10 (el máximo que permite la vigente Ley de Gobierno) al desdoblarse nuevamente en dos las de Fomento y Medio Ambiente. El hasta ahora titular de Agricultura, Jesús Julio Carnero, sería el candidato idóneo para hacerse cargo de la ahora llamada consejería de Fomento, Movilidad y Transformación Digital, en tanto que Juan Carlos Suárez-Quiñones se quedaría con Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial. El resto optan a seguir en las mismas consejerías, salvo que Mañueco decida maquillar la disminuida cuota femenina -Isabel Blanco y Rocío Lucas- incorporando a una tercera mujer, o introduzca una cuota abulense que refuerce al PP provincial frente a los indómitos escindidos de “Por Ávila”.

Lo que no tiene precedentes ni en esta ni en ninguna otra comunidad autónoma es la existencia de un vicepresidente sin cartera, que, careciendo de funciones ejecutivas, está llamado a ser una especie de convidado de piedra matando el tiempo en el Colegio de la Asunción, donde cierta leyenda urbana refiere que en tiempos pululó un fantasma.

Hasta Isabel Díaz Ayuso, poco sospechosa de animadversión hacia Vox, ha mostrado su extrañeza ante el ocioso cargo habilitado en beneficio de quien proclamaba entre sus objetivos la eliminación del gasto político superfluo, a propósito del cual García-Gallardo bien pudiera aplicarse la famosa rima de Gustavo Adolfo Bécquer: “¿Qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú…”

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Una Legislatura lastrada por el sesgo ideológico de Vox

La Violencia de Género y la Memoria Histórica, primeras víctimas de una coalición incompatible con los consensos de comunidad que requieren los acuciantes problemas de Castilla y León

Hubiera constituido un escándalo mayúsculo demorar hasta después de Semana Santa el descarado bloqueo de la investidura mantenido por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a fin de que su partido, Vox, arrancara del PP nuevas concesiones que no figuraban en el “Acuerdo de Legislatura” firmado entre ambas formaciones el pasado 10 de marzo.

Y tras dos semanas de tenso tira y afloja, acuciados por el calendario, Santiago Abascal y Alfonso Fernández Mañueco acordaban dar por concluido un pulso en el que, si bien el PP apenas ha transigido en lo referente a las funciones y competencias que pretendía Vox para la vicepresidencia, la extrema derecha ha impuesto rotundamente su agenda ideológica, otorgando máxima prioridad a dos iniciativas legislativas, la llamada Ley de Violencia Intrafamiliar y a una “normativa en materia de Concordia” que no figuraba en el acuerdo del 10 de marzo.

En el pacto inicial tan solo se mencionaban dos nuevas Leyes, una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural (punto 1) y la citada Ley de Violencia Intrafamiliar (punto 10). Según el acuerdo, la primera de ellas incluirá “medidas de apoyo a la actividad productiva, internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural” (sic). Pero no será esta Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, por cierto de máxima urgencia, la primera que tramitarán las nuevas Cortes. Un partido que enarbola la bandera de la defensa del medio rural y que ha se ha reservado para sí la gestión de la consejería de Agricultura ha decidido sin embargo otorgar la máxima prioridad a esas dos iniciativas legislativas de marcado contenido ideológico, a las que además ha puesto fecha de tramitación. Ello indica claramente el orden de valores con el que la extrema derecha aterriza en la Junta de Castilla y León, anteponiendo su marchamo ideológico a la infinidad de problemas económicos y sociales que aquejan a esta comunidad autónoma.

PP y Vox ha acordado que la Ley de Violencia Intrafamiliar, el engendro legal que pretende diluir la Violencia de Género, comience a tramitarse antes del próximo 31 de julio. Y no consta si, como aseguró Fernández Mañueco, si esa nueva Ley, inédita en España, coexistirá con la vigente Ley de Violencia de Género vigente desde 2010. Lo que es seguro es que no verá la luz la “Ley de atención integral a las víctimas de la violencia de género” anunciada por el PP en su programa electoral (punto 473) y que tenía como objeto adaptar la de 2010 a los contenidos del Pacto Estatal aprobado en 2017. El Anteproyecto, presentado por la consejera de Familia el pasado mes de septiembre, se sometió a partir de entonces a consulta y su contenido estaba ya muy perfilado.

Más prisa aún se darán PP y Vox en promulgar esa “normativa en materia de Concordia”, que, pese a no figurar en el acuerdo del 10 de marzo, comenzará a tramitarse antes del 30 de junio, sin que se especifique cual será su rango legal. El objetivo no es otro que enterrar cuanto antes el decreto autonómico sobre Memoria Histórica Democrática mediante el cual la Junta ha venido colaborando desde 2018 con las labores de “localización, exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura”. En Castilla y León se tiene constancia de alrededor de 500 fosas comunes que albergarían entre 6.000 y 7.000 cadáveres, de los cuales solamente se han recuperado los restos de una tercera parte. El arduo trabajo tendrá que proseguir sin la colaboración de la Junta.

Frontispicio del “piso piloto”

Al situar estas dos iniciativas en el frontispicio de esta Legislatura Vox impone claramente su agenda ideológica en la nueva de etapa que se abre en Castilla y León y se garantiza una gran repercusión política y mediática en toda España. Para el partido de Abascal, que abomina del Estado de las Autonomías, todo lo demás es secundario. Al contrario que el PP, que, con tal de mantener el poder, ha claudicado compartiendo esta agenda ideológica de la extrema derecha, situada por delante de las verdaderas prioridades de la comunidad autónoma.

Al PP de Fernández Mañueco no le ha importado lo más mínimo cargar con esta mochila ideológica de Vox mientras el socio de gobierno no le arrancara mayores parcelas de poder de las pactadas el 10 de marzo. En este terreno se ha mantenido inflexible en lo que se refiere a las dos principales competencias reclamadas para la vicepresidencia reservada a Juan García-Gallardo. Confiarle la presidencia de la comisión de secretarios generales de las Consejerías suponía dejar en manos del socio minoritario el semáforo que regula los asuntos a tratar en las sesiones del Consejo de Gobierno. Y no menos osada era su pretensión de controlar la Dirección de Comunicación, habida cuenta de que está adscrita directamente al Presidente y ni siquiera la ejerció, pese a ser Portavoz de la Junta, el anterior vicepresidente.

Fracasado en el intento de hacerse con estas dos competencias estratégicas, García-Gallardo estará al frente de una vicepresidencia sin cartera que, a modo de cajón de sastre, aglutinará una larga lista de funciones de muy escaso fuste y en su mayor parte de carácter representativo. En realidad, como ya se apuntamos aquí, su papel será el de ejercer como una especie de edecán de Abascal, el primo de Zumosol al que dará cuenta puntualmente del estado del “piloto” y en especial de cualquier “desviacionismo” en que incurra el PP.

A Vox “no le temblará el pulso para abandonar la Junta si el PP incumple los acuerdos alcanzados para gobernar en coalición”, dejó dicho hace semanas el líder de la extrema derecha. La desconfianza mutua entre los dos socios de gobierno no puede ser mayor, tanto por la tortuosa negociación mantenida como por rivalizar por la franja electoral que les separa

CC.OO. Y UGT, “enemigos de España”

Nada consta en los acuerdos dados a conocer acerca del Dialogo Social, el foro de concertación establecido entre la Junta y los agentes sociales (UGT, Comisiones Obreras y CEOE) en torno a las políticas económicas y sociales de titularidad autonómica. Pero el hecho de que la consejería de Industria y Empleo, encargada de su coordinación, sea una de las tres gestionadas por Vox hace presagiar fuertes nubarrones en el horizonte. La ultraderecha, que se ha dotado de su propio sindicato, Solidaridad, tiene declarada una auténtica cruzada contra los sindicatos de clase, a los Abascal considera “enemigos de España”. A partir de esa premisa y después de que UGT y CC.OO. abogaran por “cordón sanitario” que excluyera a Vox del gobierno de la comunidad, el terreno está absolutamente minado. Presumir ante toda España de haber erradicado las subvenciones públicas a los sindicatos de clase es una medida con la que Vox puede darse el gusto de reivindicarse ante su electorado.

Tras la investidura de Fernández Mañueco, se anuncia que los nuevos consejeros no tomarán posesión hasta después de la Semana Santa, es decir cuatro meses después de que el actual gobierno quedara en funciones tras el adelanto electoral perpetrado por Fernández Mañueco el pasado 20 de diciembre. Cuatro meses de mera gestión administrativa y con unos Presupuestos prorrogados, coincidentes con una situación de emergencia económica a la que la Junta de Castilla y León no ha estado en condiciones de dar respuesta. Una parálisis política que, para mayor escarnio, ha mermado la capacidad de aprovechamiento de los nuevos fondos europeos imprescindibles para afrontar la recuperación económica. Y como pronto, el gobierno PP-Vox no dispondrá de unos Presupuestos propios hasta el próximo mes de julio.

En la actual coyuntura, amén de un plan de choque que complemente las medidas estatales, Castilla y León necesitaría alcanzar amplios consensos de comunidad sobre los grandes problemas que arrastra, tales como la reforma de la Sanidad Pública, el desplome demográfico y la descohesión política, social y territorial. Pero la presencia de Vox en el gobierno ahuyenta cualquier posibilidad de consenso entre la Junta y Oposición, abocadas a una dura confrontación incentivada además por la proximidad de las elecciones municipales. La fatídica Ley de Murphy sigue ensañándose con esta desdichada comunidad autónoma.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)