La
arremetida de Vox contra el Diálogo Social, que roza la usurpación
de funciones, otro grave desafío a la autoridad de Fernández
Mañueco
Aunque el asunto no consta en el pacto de
gobierno suscrito con fecha 10 de marzo, resultaba obvio que la facción de Vox
presente en el gobierno de Castilla y León arremetería más pronto que tarde
contra el Diálogo Social institucionalizado entre la propia Junta, la patronal
y los dos sindicatos mayoritarios. Sobre el papel, el momento mas propicio para
ello parecía ser la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2023,
en los que el partido de extrema derecha tratará de estrangular todas aquellas
políticas sociales que, por mucho soporte legal que tengan, no caben en su
excluyente ideario.
Pero lo que nadie esperaba era que de buenas a
primeras el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, y el
consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, comparecieran oficialmente
en la sala de prensa de la Junta para dar cuenta como cosa hecha del recorte en
un 50 por ciento de las subvenciones directas a los agentes sociales y a un
diverso conjunto de programas concertados en el seno del Diálogo Social, todo
ello por importe de 20,3 millones de euros. Semejante “hachazo” a la política
de concertación social de la Junta causaba el lógico estupor, ya que, además de
no haber sido comunicado previamente a patronal y sindicatos, Gallardo y
Veganzones admitían que no había sido aprobado en Consejo de Gobierno. No
obstante esto último, ante el espeso silencio del presidente y del consejero
Portavoz, lo anunciado por la facción de Vox se tomaba como cierto: “La
Junta rompe el Diálogo Social y recorta al 50 por ciento las ayudas a
sindicatos y patronal”, titulaba en primera página “El Norte de Castilla”.
Una semana más tarde, después de profusas,
confusas y difusas declaraciones del escurridizo consejero Portavoz, Carlos
Fernández Carriedo, sabemos que se ha tratado de un anuncio unilateral de
dicha facción, de una mera declaración de intenciones que, a falta de su
aprobación por los órganos competentes, carece de aplicación práctica. Pero lo
que no sabemos es lo que piensa de este episodio el presidente de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, completamente de perfil ante un nuevo desafío de García
Gallardo, quien, arrogándose una vez más decisiones que no le competen, en esta
ocasión ha rozado la usurpación de funciones.
Incredulidad de la patronal
Un
órdago de esta naturaleza no estaba en los planes de Fernández Mañueco, quien
el pasado 7 de abril, con ocasión de la toma de posesión el presidente de la
CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, subrayaba el papel
“esencial” del Diálogo Social como “seña de identidad” de esta comunidad
autónoma y se extrañaba de que alguien pudiera poner en duda sus logros durante
las dos últimas décadas. Mañueco no sospechaba entonces hasta donde iban a
llegar sus socios de Vox en su libérrima interpretación de lo pactado, que les
ha llevado a justificar su propuesta basándose en el punto que habla de
eliminar el “gasto superfluo”. ¿Desde cuándo puede considerarse “gasto
superfluo” lo que se considera una “seña de identidad” reconocida en el
Estatuto de Autonomía y elevada a rango de Ley autonómica en 2008
(Hasta tal punto se consideraba Castilla y
León orgullosa de dicha “seña de identidad” que en el año 2018 el entonces
consejero de Empleo, el mencionado Carriedo, patrocinó y encabezó varias viajes
al extranjero a fin de que delegaciones la Junta, la patronal y los sindicatos
divulgaran el Diálogo Social de Castilla y León como modelo exportable a seguir
en materia de concertación; entre otros destinos visitaron Washington, donde se
reunieron con directivos de la Organización de Estados Americanos y del Banco Mundial,
y Colombia, donde presentaron el modelo a la ministra de Trabajo).
Como no podía ser de otra forma, patronal y
sindicatos han puesto el grito en el cielo solicitando al presidente de la
Junta, que lo es también del propio Consejo del Diálogo Social, que aclare si
comparte o no el “hachazo” anunciado Gallardo y Veganzones. La CEOE manifestaba
“su más absoluta incredulidad” ante dichas medidas y su rechazo ante “los
calificativos impropios de una sociedad democrática” que acompañaban el
anuncio. Por su parte, los secretarios regionales de CC.OO. y UGT han
solicitado a Mañueco la destitución del vicepresidente y del consejero,
advirtiendo de que llevarán la defensa del Diálogo Social ante los Tribunales y
la Organización Internacional del Trabajo frente a un partido, Vox, que aspira
“a un franquismo sin Franco”.
De esta forma, Mañueco tendrá que despejar la
pelota que ha puesto en su tejado el vicepresidente, quien ha vuelto a desafiar
su autoridad, instrumentando de forma partidista su cargo institucional y sin atenerse a lo pactado
con el PP, que en ningún momento cuestiona la eficiencia del Diálogo Social. (Salvo,
claro ésta, que PP y Vox mantengan paralelamente un “programa oculto” del que
formen parte sorpresas como ésta y otras que nos podamos ir encontrando
mientras sigan gobernando juntos).
Hace
falta desfachatez para encontrar “gasto superfluo” en la política social y no
hacerlo en el nido de despilfarro y enchufismo de determinados chiringuitos,
alguno de ellos ahora en manos de consejeros de Vox, caso de la Fundación
Siglo. Por no hablar del crecimiento de la nómina política de la Junta,
comenzando por la creación de una vicepresidencia sin cartera dotada de otros
tres altos cargos y utilizada torticeramente por su titular en beneficio
exclusivo de sus intereses partidistas.
¿Quién manda en la
Junta?
“¿Quién
tomas las decisiones en el gobierno de Castilla y León?” La pregunta, formulada
al presidente de la Junta por el socialista Luis Tudanca para su
contestación ante el pleno de las Cortes, no puede ser pertinente a la vista de
la confusión reinante en el Colegio de la Asunción. ¿Existe un gobierno único
en el que el vicepresidente y todos los consejeros están sometidos a la
autoridad superior del presidente? ¿O en la práctica el socio minoritario, Vox,
se ha constituido en una facción autónoma a las órdenes del vicepresidente que
actúa unilateralmente sin atenerse a lo pactado con el PP y en abierto desafío
a la autoridad del presidente?
Vistas las amplias tragaderas de Fernández
Mañueco, incapaz de hacerse respetar ante las continuas salidas de tono de
Gallardo y Veganzones, éstos han decidido elevar su desafío ante un presidente
al que tratan como un rehén de Vox. “No habrá marcha atrás. El presidente me
ha dado su palabra”, ha declarado el vicepresidente ante la reunión del
Consejo de Diálogo Social pendiente de convocar por Mañueco. Por su parte,
Veganzones se considera “totalmente respaldado” y no concibe que el presidente
pueda desautorizarle.
Así de ufano se muestra un consejero que
acumula en su corto mandato varios fracasos sonrojantes. Uno de ellos su clamorosa
ausencia (la de él y la de toda la Junta) del problema del grupo Siro, que ha
estado a punto de dar al traste con los 1.700 empleos del emblemático grupo
galletero, salvado a la postre por la decidida mediación de la ministra Reyes
Maroto. Muestra de la desidia e ineptitud de Veganzones ha sido que tardara
seis semanas en nombrar a su viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral,
Óscar Villanueva, y que el gerente del Ecyl designado una semana
antes, Javier Moreno Espeja, tuviera que dimitir once días después por
haber gestionado antes de su nombramiento cursos de orientación psico-sexual
denigrados por Vox. (Frente a la pueril excusa de atribuir su fallida elección
a una empresa privada, existe otra versión según la cual Moreno, a la sazón
presidente del elitista club de tenis “El Soto”, de Burgos, fue captado
directamente por su paisano el vicepresidente, quien sería en realidad el verdadero
responsable del fiasco).
Veremos
como sale de este trance Mañueco. Si pone paños calientes y da largas al asunto
para reconducir la cuestión con los agentes sociales sin desautorizar a la
facción de Vox, o se decide de una vez a parar los pies a Gallardo y Veganzones
para que se atengan estrictamente a lo pactado y se abstengan en lo sucesivo de
seguir desafiando su autoridad. Mientras esto último no ocurra, asistiremos a la
aberración democrática de que el partido más votado en las elecciones autonómicas
(31,43 por ciento de los votos y 31 procuradores) se constituye en rehén de la
tercera fuerza política (17,64 por ciento de voto y 13 procuradores), una minoría
extremista que se permite perpetrar toda clase de tropelías ante la
claudicación de un presidente pusilánime que renuncia a su propia dignidad
democrática. A la suya y a la de su partido.
(Publicado
en elDiario.es
Castilla y León)
