La trastienda/ De momento no hay tempero

“No hay tempero”, recuerdo que dijo el que fuera vicepresidente de la Diputación de León a la par que histórico sindicalista agrario, el malogrado Matías Llorente, cuando en plena ofensiva de la campaña emprendida en el ámbito municipal en favor de la Autonomía Leonesa todos los ojos estaban puestos en lo que pudiera hacer la institución provincial, donde, al igual que ahora, el PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) sumaban mayoría absoluta.

 No es que no hubiera tempero, sino que el sector oficial de los socialistas leoneses, encabezado por su secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, se impuso a la corriente liderada por el alcalde de la capital, José Antonio Díez, en esa aventura plenamente aliado con la UPL. Su alineamiento con la posición de Cendón le llevó al entonces alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, a abstenerse de apoyar la iniciativa segregacionista, lo cual le pasó una onerosa factura en las elecciones municipales del pasado mayo, en las que perdió la alcaldía precisamente a manos del procurador y dirigente leonesista Mariano Santos Reyero.

Sen toma el relevo de Barcones en presencia del ministro Puente

 

 Pero en política no es infrecuente el caso en que la disciplina de partido puede convertir una derrota electoral en un ascenso. Y eso es justamente lo que ha sucedido con Sen, designado Delegado del Gobierno en Castilla y León para cubrir la vacante dejada por Virginia Barcones, quien ha cerrado su segunda etapa en dicho cargo para asumir la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del. Interior. Con ello, la política soriana, hasta ahora número dos del PSOE autonómico, ha puesto tierra por medio alejándose del posible cáliz de la próxima candidatura socialista a la presidencia de la Comunidad.

 De momento, para lo que no ha habido tempero ha sido para que Alfonso Fernández Mañueco repitiera la jugada de hace dos años, esta vez en detrimento de Vox, un socio todavía más incómodo y engorroso que Ciudadanos. Y no es que Mañueco no estuviera por la labor de adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las gallegas, escenario en el que el PP de Castilla y León saldría altamente beneficiado: Pillaría al PSOE enfangado en el marrón de la amnistía y a Vox echada al monte e incapaz de rentabilizar electoralmente unas instituciones que viene parasitando en beneficio exclusivo de sus dirigentes y cargos públicos.

Núñez Feijóo y Fernández Mañueco

 Pero, aunque sea su prerrogativa estatutaria, el presidente de la Junta no puede adelantar las elecciones en Castilla y León sin contar con el plácet de Génova. Y Alberto Núñez Feijóo no ha visto por ahora tempero para asestar ese golpe al partido de Santiago Abascal. No obstante lo cual, el horizonte próximo le brinda nuevas ocasiones, de modo que confunde los deseos con la realidad el procurador de Podemos, Pablo Fernández, cuando da por hecho que Mañueco agotará la Legislatura.

Una vez que el PNV ha designado nuevo candidato en la persona de Imanol Pradales Gil (los seis siguientes no sé, pero los dos primeros no son apellidos precisamente vascos), las elecciones vascas no se van a demorar demasiado. Pueden celebrarse incluso antes que las europeas, fijadas para el 9 de junio. Y antes de concluir el año 2024 se espera cita con las urnas en Cataluña. Opciones no faltan para que Núñez Feijóo decida utilizar el botón electoral de Castilla y León para asestar ese golpe a Vox y recuperar buena parte del electorado que en su día abandonó al PP para engordar al partido de la ultraderecha. Al tiempo.

 Entretanto, a Mañueco no le queda más remedio que aguantar las continuas salidas de pata de banco de sus socios, viéndose obligado a respaldar las tropelías a los que son especialmente adictos el vicepresidente García Gallardo y el inefable consejero Veganzones, a quienes los populares han tenido que salvar de una nueva reprobación socialista en el pleno que ha cerrado el año parlamentario.

El consejero Luis Miguel González Gago

  En consecuencia, el PP no tiene otro remedio que empezar el nuevo año negociando con su socio los Presupuestos de la Comunidad para 2024, cuya elaboración ha venido demorando con unas excusas que no han impedido la tramitación presupuestaria en casi todas las demás comunidades autónomas.

Al mismo tiempo, la Mesa de las Cortes ha habilitado el mes de enero como periodo extraordinario de sesiones a fin de impulsar la tramitación de diversos proyectos y proposiciones de ley. Entre ellos, figura la modificación de la Ley reguladora del Juego y las Apuestas en Castilla y León, sector que concita muchos intereses y no siempre confesables. 

Que se lo pregunten a la consejera de Familia, Isabel Blanco, que, sin comerlo ni beberlo, se encuentra en un brete ante la repercusión social de decisiones que en realidad competen a otra consejería, concretamente  a la que tiene al frente a Luis Miguel González Gago, aquel responsable de los servicios jurídicos de la Junta que se puso la puesta de sol por montera para justificar el adelanto del toque de queda en Castilla y León. Y conste que en esto hasta el momento Vox ni pincha ni corta.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

El topillo/Y prometían transparencia... (II)

  De poco sirve que los políticos que ostentan cargos públicos estén obligados a presentar las pertinentes declaraciones de bienes, intereses y actividades si después las mismas permanecen cerradas bajo siete llaves sin que el ciudadano tenga acceso a las mismas. De ahí que, en atención a una mínima transparencia, se impusiera el compromiso de colgar las mismas en la página de web de las correspondientes instituciones públicas.

Francisco Vázquez (PP) y Carlos Pollán (Vox)

¿Y qué ocurre en las Cortes de Castilla y León? Pues que en su portal oficial no hay rastro de la declaración de actividades y bienes de 30 de los 81 procuradores, sin que quiera decir que los otros 51 hayan cumplido ese compromiso, ya que dos, y no precisamente de los menos relevantes, han tenido la desfachatez de firmar dicho documento completamente en blanco.

 Para empezar, tenemos que la mayoría de los más obligados a dar ejemplo son los primeros que han pasado olímpicamente de abrir al conocimiento público sus bienes e intereses. Es el caso nada menos que de cuatro de los seis procuradores que integran la Mesa de la Cámara, todos ellos remunerados con una retribución de 97.995 euros brutos anuales.

El presidente, Carlos Pollán (Vox), es uno de los que ha cumplimentado la declaración en blanco. La de su compañera de partido en la Mesa, la secretaría primera, Fátima Pinacho, simplemente no aparece. Y esto mismo ocurre con los dos insignes representantes del PP: el vicepresidente primero, Francisco Vázquez (a la vez secretario regional del PP) y la secretaria segunda, Rosa Esteban, ésta última a la sazón alcaldesa del municipio salmantino de Gomecello, conocido por la polémica que rodeó la instalación de su macrovertedero, cuya adjudicación se vio salpicada por el caso Gürtel.

Raúl de la Hoz y al fondo Óscar Reguera

  Pero no son los únicos con sueldo “top” que se pasan por el forro el compromiso de hacer públicos sus bienes e intereses. El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, es otro de los que mantiene a buen recaudo su declaración, y como él los tres portavoces adjuntos que, junto al presidente Fernández Mañueco, integran la dirección del grupo parlamentario popular. Los adjuntos en cuestión, todos ellos retribuidos con 93.365 € del ala, son el abulense Miguel Ángel García Nieto, la palentina Mercedes Cófreces y el zamorano Óscar Reguera. (A “El topillo” se le olvidó incluir a este último en el club +30 de los “incombustibles”, ya que lleva desde 1991 saltando de cargo en cargo con una agilidad que a primera vista nadie podría sospechar).

 En total, 20 de los 31 procuradores del PP no tienen colgada su declaración en la web de las Cortes y entre ellos las seis señorías “liberadas” por cuenta de la Cámara.

 El socio de gobierno no le anda a la zaga. Sólo tres de sus 13 procuradores dan a conocer públicamente sus bienes y actividades. Se trata del portavoz del grupo, Carlos Menéndez, su adjunto David Hierro y el procurador de a pie Miguel Suárez. Ni rastro de la declaración de los otros diez, entre los que, además de Pollán y Pinacho, figuran el otro portavoz adjunto, Ignacio Sicilia (93.365 €) y Juan García-Gallardo Frings (80.741 €), a la par el mismísimo vicepresidente único de la Junta. La omisión en la que incurre García-Gallardo no tendría nada de particular si no fuera porque es a su vez el único miembro del gobierno PP/Vox que no tiene colgada su declaración en el portal de la Junta.

Pablo Fernández (Podemos) y Francisco Igea (Ciudadanos)

 Y escalando hasta la andanada del hemiciclo, nos encontramos con que solo uno de los tres procuradores del grupo mixto publica su declaración en la web de las Cortes. Es el abulense Pedro J. Pascual, representante de “Por Ávila”. Los naúfragos de Ciudadanos y Podemos pasan como si la cosa no fuera con ellos. Al coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, tan dado él a aderezar sus invectivas políticas con referencias cinematográficas, podríamos darle a elegir entre “Entre tinieblas”, de Pedro Almódovar, e “Invisibles”, un documental realizado por cinco directores, uno de los cuales, Fernando León de Aranoa, filmó a su vez “Política, manual de instrucciones”, documental dedicado precisamente a su declinante formación política.

  Por último, resulta que el anterior vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, es el otro procurador que ha firmado su declaración completamente en blanco. “Con un par”, cabe decir tratándose del único superviviente de un partido ahora en trance de extinción que en su momento tuvo la impostura de hacer bandera política de una transparencia de la que nunca dio ejemplo. “Por la boca vive el pez”, que canta Fito Cabrales. (Continuará)

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El topillo/ Y prometían transparencia... (I)

 A raíz de que los esclarecidos responsables de las Cortes decidieran enmascarar en la página web la identidad de la cincuentena de procuradores que perciben dietas (perdón, “indemnizaciones”) por asistir a las sesiones se ha levantado bastante revuelo con el retroceso en transparencia que viene observándose en el Parlamento Autonómico desde que comenzó la presente legislatura. Ha tenido que transcurrir más de año y medio para que algunos estimados colegas hayan caído en la cuenta. 

Carlos Pollán con el letrado mayor

 Pero la torpeza de intentar dificultar la identidad de los perceptores de dichas dietas -una peregrina ocurrencia atribuida al letrado mayor, el mismo que viene dando cobertura presuntamente jurídica a las extralimitaciones, por no decir arbitrariedades, del presidente de la Cámara, Carlos Pollán (Vox)- le parece a “El topillo” asunto de nulo recorrido, sobre todo porque, como ya se dicho aquí, no hace falta ser experto en jeroglífica egipcia para desvelar a quien corresponden las iniciales de cada una de las señorías incluidas en ese listado.

En materia de transparencia, el gran agujero negro de las Cortes radica en el uso y disfrute del dineral que suman -en 2023 nada menos que 3.717.048 euracos- las subvenciones directas transferidas a los cuatro grupos parlamentarios representados en el hemiciclo.

 A la cabeza el grupo popular (31 procuradores), con cerca de 1,4 millones, exactamente 1.396.200 euros, seguido de cerca por el grupo socialista (28), con 1.264.440. En tercer lugar (13 escaños), Vox, con 605.640 del ala, en tanto que el grupo integrado por Unión del Pueblo Leonés y Soria ¡Ya! (3 y 3) se reparten como buenos socios 298.200 €. Por último, el grupo mixto, integrado por los naúfragos de Ciudadanos y Podemos, Francisco Igea y Pablo Fernández, respectivamente, y el procurador de “Por Ávila”, Pedro J. Pascual, recibe 152.568.

Bancada del PP en el hemiciclo de las Cortes

Resulta que, según se hace constar en la página web de las Cortes, los grupos parlamentarios “no son órganos del Parlamento, sino asociaciones de carácter privado con fines públicos” (sic). Razón por la cual los grupos no tienen ninguna obligación de justificar ante la institución el destino de la subvención recibida, de forma que son los propios grupos parlamentarios “quienes deciden si abren o no dicha información al conocimiento público”. Y, claro, verdes las han segado.

Lo más grande del caso es el argumento con el que en su día se justificó la elevada cuantía de estas subvenciones. Era cuando la sede de las Cortes radicaba en el castillo de Fuensaldaña y el razonamiento fue que para facilitar el acceso ciudadano a los grupos parlamentarios era necesario que estos dispusieran de oficinas en la ciudad de Valladolid. El argumento era muy razonable. Lo que ocurre es que el 14 de noviembre de 2007, miércoles todo el día, sus majestades el ahora emérito y su sufrida consorte inauguraban solemnemente el “mausoleo” ubicado en el vallisoletano barrio de Villa del Prado, que en realidad ya venía funcionando desde junio de dicho año, mediado el cual se celebró la sesión constituyente de la VII Legislatura, que reeligió como presidente al hoy asesor de Alfonso Fernández Mañueco y nunca bien ponderado José Manuel “Toti” Fernández Santiago, el del “cuñao” con “casoplón” en la República Dominicana.

¿Y disminuyó a partir de entonces la cuantía de las subvenciones a los grupos parlamentarios? Pues no precisamente. No solo no se redujo un céntimo de euro, sino que desde entonces se ha multiplicado casi exponencialmente hasta alcanzar en 2023 el importe total antes reseñado de 3.717.048 eurazos. Y eso que, a causa de las sucesivas caídas del censo, el pleno ha ido menguando y los 84 procuradores iniciales son ahora 81.

Bancada socialista

 A la cabeza nos llevaríamos las manos si supiéramos en que se pule algún grupo parte de la subvención. La morterada da para mucho más que para mantener una oficina parlamentaria. Habitualmente es el principal ingreso con el que se financian las estructuras autonómicas de cada partido y en el caso de los mayoritarios todavía queda para asignar una cantidad fija a los procuradores no liberados por cuenta de la Cámara. Según desveló en su día “El topillo”, en el grupo popular dicho "fijo" llegó a extenderse a la totalidad de sus procuradores, incluido el presidente de la Junta y los consejeros con escaño, y alcanzó los 1.500 euros mensuales (hoy ronda los mil). En el grupo socialista la asignación ha sido siempre de inferior cuantía y siempre reducida a los no liberados.

Con cargo a la subvención se ha encubierto, y sospecho que sigue encubriéndose, algún que otro sueldo político opaco o la contratación de asesores como ese experto en "estrategia política" que "fichó" el grupo popular con la nada desdeñable soldada de 73.211 euracos anuales. (A propósito: ¿ha prescindido el PP de Castilla y León del puesto de tesorero autonómico del partido, cargo curiosamente desaparecido de su web oficial, en la que siempre figuró?). 

En fin, por no hablar de gastos todavía más espurios como ciertos viajes “gratis total” a determinados acontecimientos celebrados a muchos kilómetros de esta comunidad  (¡menudo sobresalto durante el realizado por algunos ilustres en mayo de 2022...!). Y, agotado el espacio, hasta aquí puedo leer hoy. (Continuará).

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La trastienda/ El "brindis al sol" de los patriotas de Vox

 “Cosa que se hace o dice generalmente para obtener algún beneficio, sabiendo que será inviable o que no tendrá ninguna consecuencia”. Así define la RAE la expresión “brindis al sol”, que la patulea de Vox, tan entusiasta de la mal llamada “fiesta nacional”, conocerá por provenir del vocabulario taurino.

Y eso es ni más ni menos lo que han hecho Santiago Abascal y su cuadrilla al proclamar solemnemente -conocida es la delgada línea entre lo solemne y lo ridículo- que ha roto relaciones con el PP. Pero solo con el PP nacional, sin que ello afecte a los pactos merced a los cuales ambos partidos cogobiernan cinco comunidades autónomas y mogollón de ayuntamientos.

Abascal y Gallardo en el callejón de una plaza de toros

Cuéntales tú, sin ir más lejos, a los 27 altos cargos de la Junta, empezando por el vicepresidente García-Gallardo Frings, que, habida cuenta de que el patriotismo está por encima de la billetera, hay que renunciar al momio y dejar que Fernández Mañueco y el PP se las compongan cómo puedan. (Los cinco “liberados” de las Cortes -los dos miembros de la Mesa y los tres portavoces del grupo parlamentario- se salvarían de la quema, pero no por mucho tiempo, ya que el taimado Mañueco dispondría automáticamente del plácet de Núñez Feijóo para adelantar de nuevo las elecciones autonómicas tan pronto se produzca una convocatoria electoral, que a lo más tardar sería con ocasión de las europeas de junio, si es que no se anticipan las gallegas y/o las vascas).

 Dile tú a la jefa de Vox en el ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal Crusat, que hay que dejar la primera tenencia de alcaldía y la concejalía de Cultura, ésta última descaradamente pasada por el “mueco” para mayor lustre de la espigada riosecana del grupo popular que se ocupa, con idéntica retribución de 85.534 euros, del Turismo, los Eventos y la “Marca Ciudad”. (Si los sobrevenidos taurinistas de Vox no saben lo que es el “mueco” que se lo pregunten al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja Gómez-Agero, erudito en materia de tauromaquia desde los tiempos donostiarras en los que compartía ideología con su admirado José Bergamín, el intelectual republicano autor de “La música callada del toreo”).

Irene Carvajal 

O que se lo digan al vicealcalde de Burgos, Martínez-Acítores (en Vox el apellido compuesto puntúa
 para optar a cargos), quien, después de tener que renunciar a su puesto ejecutivo en una promotora inmobiliaria, percibe ahora del ayuntamiento 72.440 euros anuales, retribución por cierto un tanto módica comparada con la de la alcaldesa, Cristina Ayala, quien se ha puesto un sueldo de 92.701 euros, el más alto de todos los ediles de Castilla y León.

 El derroche salarial del Senado.- Pese a haberse  incrementado el sueldo un 17 por ciento sobre el del anterior alcalde, el socialista Daniel de la Rosa, Ayala puede justificarse ante la militancia del PP argumentando que sigue cobrando mucho menos que en su anterior puesto político, la secretaria cuarta de la Mesa del Senado. Y tiene razón porque lo del Senado es el mayor dispendio político desde la restauración democrática. Y bien que se benefician de ello los senadores del PP de Castilla y León, que integran el grupo territorial más numeroso en la Cámara Alta. A la cabeza, eso sí, un “castellano-leonés” un tanto postizo, el “segoviano” Javier Maroto, quien como vicepresidente primero se levanta nada menos la friolera de 136.100 euros anuales. 

Javier Maroto

Al ex alcalde de Vitoria le sigue, y no de lejos, el leonés Antonio Silván, portavoz adjunto del grupo popular y presidente de una comisión, funciones que le reportan 129.136 euros. Ambos cobran más que la flamante portavoz del PP, la abulense Alicia Rodríguez, retribuida con 115.711 del ala, cantidad ésta a la que hay que sumar, en tanto no renuncie, la correspondiente a su condición de portavoz del grupo popular en el consistorio de la ciudad amurallada.

Otros siete senadores del PP han pillado presidencia de comisión, lo que se traduce en una remuneración de 96.020 euros brutos al año. Es el caso de Jesús Julio Carnero, quien de esa forma incrementa ligeramente el salario de 89.347 euros que le correspondería como alcalde de Valladolid, Javier Lacalle, José Ángel Alonso, Jorge Domingo Martínez, Paloma Sanz Jerónimo, Gonzalo Robles y Fernando Martínez Maillo. Este último, el “compadre” por excelencia del presidente Mañueco, tiene autorizado el ejercicio de la abogacía, labor que desempeña como socio “off counsel” del despacho Fuster-Fabra. 

Otros cinco senadores del PP, Juan José Sanz Vitorio, María José Ortega, José María Barrios, Juan Pablo Martín y Vidal García Jaramillo, están retribuidos con 89.913 y otros cuatro, Bienvenido de Arriba, Natalia Ucero, Jorge García Vega y Piedad Sánchez, 84.378. (Tampoco van mal servidos los diez senadores socialistas, ocho de los cuales están en el nivel de los 89.913).

 El Senado ha sido precisamente el motivo de discordia que ha originado el “brindis al sol” de Vox, que reprocha al PP que no utilice suficientemente su mayoría absoluta en la Cámara Alta “para parar el golpe de Estado” protagonizado por el "felón" que "okupa" La Moncloa.

Antonio Silván y Alberto Núñez Feijóo

Los ultramontanos no se conforman con que el PP haya modificado el Reglamento para dilatar de forma presumiblemente inconstitucional la tramitación de la ley de la amnistía que dejará impune a Puigdemont y demás “criminales” que perpetraron el anterior golpe en Cataluña. 

Para los nostálgicos del franquismo, el Senado debería erigirse en una suerte de Álcazar de Toledo en defensa de la democracia a cuya llegada tanto han contribuido, junto a Abascal, los Ortega-Smith, Jorge Buxadé, Kiko Méndez-Monasterio, Julio Ariza, Víctor González Coello de Portugal y otros abnegados compañeros “mártires” demócratas de toda la vida. 

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)