lunes, 30 de abril de 2018

El desolador espejo estadístico

  La vorágine en la que se ha instalado la actualidad nacional, con episodios tan bochornosos como el de la caída de Cristina Cifuentes y la sentencia sobre la “manada”, ha dejado en un segundo plano el demoledor retrato socio-económico que el Instituto Nacional de Estadística ha ofrecido la pasada semana de esta resignada comunidad autónoma.


No se habían apagado los ecos de la celebración de Villalar, y el INE certificaba que Castilla y León ha sido la comunidad autónoma española que más población perdió en 2017, concretamente 18.151 habitantes, que vienen a ser, por hacernos una idea, más o menos todos los que residen en el municipio de Benavente. Nueve años consecutivos, nueve, perdiendo población que agravan un desplome demográfico sin parangón: somos 155.871 habitantes menos que en 2009, para completar la idea más de los que suma toda la provincia de Segovia.

Juan Vicente Herrera y Cristina Cifuentes
 ¿Y qué dice Juan Vicente Herrera, el mismo que en febrero de 2010, al presentar en las Cortes la Agenda de la Población elaborada por la Junta aseguraba que el problema de la despoblación en Castilla y León no era tal, sino “un tópico, cargado de pesimismo, que se ha instalado en el imaginario colectivo”
Pues nada, que es un problema originado por la crisis económica y que además está generalizado en media España. O sea, balones fuera que vamos ganando por goleada. Primero: en 2010 ya estábamos en crisis; segundo: según el PP y la propia Junta hace tres años que salimos de ella -desde 2014 el PIB autonómico es positivo-; y tercero: ninguna otra comunidad sufre tamaña sangría demográfica.

 Lo cierto es que en 2010 el gobierno Herrera tiró a la papelera la Estrategia Regional contra la Despoblación aprobada por consenso en las Cortes tras un exhaustivo y riguroso estudio del problema y la sustituyó unilateralmente por la citada Agenda, elaborada en los despachos de la Junta por iniciativa del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. El resultado ha sido el que es: 155.871 habitantes menos y los que se sigan yendo en busca de las oportunidades que aquí encuentran.

 Dos días después, el INE daba a conocer la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2018, según la cual el número de parados se ha incrementado en Castilla y León en 1.400 respecto al trimestre anterior. Pero eso es lo de menos. La Junta lo achaca al factor estacional y destaca que en términos interanuales el paro ha descendido durante el último año en 16.200 personas, bajando hasta los 154.800.

Lo que no destaca es que en esos mismos 12 meses la población activa ha descendido en 17.400 personas, con lo cual el número de ocupados lo ha hecho en 1.200, pasando de 959.100 a 957.900. Es decir, el paro desciende, pero no como consecuencia del dinamismo económico y de la creación de empleo, sino por la reducción de la población activa originada por la despoblación y el envejecimiento. Y es así hasta el punto de que Castilla y León tiene hoy 120.500 ocupados menos que en el tercer trimestre de 2008, en el que alcanzó la cifra de 1.078.400. Como para presumir del descenso del paro…

Florentino Pérez
La “extorsión” eólica.-  A tenor de su indolente reacción, no parece que al actual gobierno zombi de Juan Vicente Herrera le preocupe en demasía tan desolador panorama, máxime cuando esta al frente un presidente “pato cojo” que ya no tendrá que vérselas con las urnas.
 En el Colegio de la Asunción preocupan más otros asuntos que se encuentran en vía penal, singularmente los referentes a la “trama eólica” y a la Perla Negra-terrenos de Portillo & pufos asociados, entre estos los gastos de las antiguas “embajadas” de la Junta en el extranjero. El obsceno bloqueo por el PP de la comisión de investigación constituida en las Cortes para investigar todo ese infecto lodazal no evita que la inmundicia sigue aflorando.

 Respecto a la “trama eólica”, ha resultado muy esclarecedor el testimonio prestado ante el Juzgado nº 4 de Valladolid por el empresario catalán José María Campos, administrador de la empresa Augusta Wind. Campos relató que, ante las mordidas exigidas por la Generalitat, decidió trasladar su actividad a Castilla y León, encontrándose que, tras tener muy avanzada la tramitación de 27 parques eólicos, el Ente Regional de la Energía (EREN) le indicó que si quería obtener alguna autorización debía de ceder a determinada empresa los proyectos de cuatro parques proyectados en la provincia de Burgos.

  De ese “modus operandi” ha tenido conocimiento la Fiscalía Anticorrupción a través asimismo de otros promotores. Es el mismo que en 2006 el administrador de la sociedad Ibervento, Javier Mozo, refirió por escrito al presidente de la Junta, a quien dio cuenta de la “extorsión” de que estaba siendo objeto por parte de los responsables de la consejería de Economía. Y en vista del caso omiso hecho por Herrera, Ibervento acabó aceptando la “recomendación” de ceder los proyectos al grupo Inverduero, constituido por Endesa y la constructora vallisoletana Collosa. En el caso de Augusta Wind, ni siquiera operó la coartada de que participaran en el negocio empresas de Castilla y León, ya que la beneficiaría de la extorsión fue la sociedad Eyra, perteneciente al grupo ACS que preside Florentino Pérez.

La sede oculta de la Junta en Panamá.-  Y no menos reveladora es la información que, después de un año dando largas, se ha visto obligada a facilitar la Junta al grupo socialista sobre las antiguas “embajadas” de Castilla y León en medio mundo (llegó a haber hasta 24). Si los datos conocidos anteriormente sobre el palacete alquilado en Bruselas eran escandalosos, los referentes a la oficina de Panamá son especialmente significativos.

Jesús Arranz Monje
 Dicha oficina, cuya existencia llegó a ser negada expresamente por el director general de la ADE (hoy Instituto para la Competitividad Empresarial, José María Ribot, funcionó a través de un contrato de prestación de servicios suscrito con el grupo Arranz Acinas, que disponía de sede propia en Panamá.
 Según ha informado “El Norte de Castilla”, el contrato se firmó el 1 de abril de 2009 en Valladolid entre la entonces viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, y Jesús Arranz Monje, por un importe de 143.000 euros anuales que incluían la contratación de una persona especializada en comercio exterior. (La persona contratada, Ana Cecilia Alvarado, acreditó ciertamente sus dotes, ya que de ahí pasó a ser la encargada de negocios de la embajada panameña en Londres). Hasta la extinción del contrato en 2013, el grupo Arranz Acinas -integrante a la sazón del consorcio adjudicatario en 2006 del multimillonario contrato del Hospital de Burgos- percibió un total de 476.000 euros por prestar a la Junta dichos servicios en Panamá.

Concurre la circunstancia de que en octubre de 2008, seis meses antes de que se formalizara dicho contrato, el propio Jesús Arranz Monje y Francisco Javier Herrera Campo, hermano de Juan Vicente, habían constituido en Panamá la sociedad CyL & Centroamérica Consultores, compañía que declara como objeto social “actividades de inversión”.Todo un culebrón que continuará sin duda con nuevos capítulos dentro y fuera de los juzgados.

elblogdepedrovicente@gmail.com    30 Abril 2018