La trastienda: "Sicilia y León" año 2025

  La expresión “Sicilia y León”, lo he comentado alguna vez, la acuñó uno de los promotores de energía eólica extorsionados en su día por la trama corrupta urdida desde la Junta para hacer caja con la adjudicación de las licencias requeridas para dicha actividad. Esa trama cuyos principales beneficiarios se van a sentar en el banquillo a partir del próximo mes de septiembre acusados de un rosario de delitos. El supuesto cabecilla (que en realidad en su momento solo era el número dos, o quizá el tres) repite banquillo. Rafael Delgado ya fue condenado, junto a su alma gemela la también exviceconsejera Begoña Hernández, en el caso de la Perla Negra. Y no es el único que repite, también lo hacen varios empresarios partícipes en ambos casos, no en vano urdido desde los mismos despachos oficiales.

El presidente de la Junta cuando operaron ambas tramas, Juan Vicente Herrera, había tenido la desfachatez de proclamar ante el pleno de las Cortes que Castilla y León no estaba en el mapa de la corrupción española. Y eso a pesar de que uno de esos promotores extorsionados por la trama eólica le remitió una carta contándole con pelos y señales el “modus operandi” de la consejería de Economía en la adjudicación de esas licencias. Y a pesar también de que el que fuera delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, le informó, en su calidad de consejero de Gesturcal, del “pelotazo” en ciernes sobre la “Perla Negra”.  (A Trillo el “minarete” regional del PP -influido por el “eslabón podrido” que hoy sienta sus posaderas en el Parlamento Europeo- no le ha perdonado que confirmara en sede judicial ese episodio, sufriendo a partir de entonces un ninguneo que puede que explique su "error" en una de las votaciones del pasado pleno de las Cortes).

Mañueco y Méndez Pozo en una reciente reunión

 A decir verdad, la corrupción en la Junta tampoco nació durante el largo mandato (18 años, que se dice pronto) de J.V. Herrera, aunque fuera bajo su presidencia cuando se gestaron los casos más escandalosos y judicializados. (Al parecer, el actual consejero nato del Consultivo no se enteraba de nada, ni siquiera de a qué se dedicaba su hermano desde una oficina en Panamá financiada por la Junta).  En realidad, la corrupción sistémica se remonta al mismo momento en el  que el PP, a través de José María Aznar, se instaló en el Colegio de la Asunción. De esa época data la primera condena judicial: la de su consejero de Economía, Miguel Pérez Villar, por las subvenciones fraudulentas en el llamado “caso de la minería”. Un caso que conoció muy de cerca el actual titular de la Consejería, Carlos Fernández Carriedo, quien desde una jefatura de servicio de ese departamento comenzaba una imparable carrera política que le ha llevado a ser nombrado cuatro veces consejero, la primera vez el siglo pasado, bajo el mandato de tres presidentes de la Junta diferentes. Vamos, que lo de “ese-eterno-chico-bien-mandado-que-vale-igual- para-un roto-que-para-un-descosido” no me lo he inventado yo a humo de pajas.

La etapa de Juan José Lucas, “el tahúr de El Burgo de Osma”, daría para una serie similar a la de “Crematorio”, basada en la novela del mismo título de Rafael Chirbes sobre la corrupción del PP en la Comunidad Valenciana. Sólo apuntaré que determinado director general de la consejería de Fomento, casualmente soriano como el presidente, era conocido como “mister 5 por ciento”. Lo que en la Cataluña de Jordi Pujol era un tres aquí era un cinco. En eso íbamos bastante por delante.

Fernández Carriedo y González Gago

Digno de la Cosa Nostra.- Viene todo lo anterior a cuento de que en el pasado pleno de las Cortes, durante el debate de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional (LPI), varios portavoces de la oposición calificaron de mafioso el comportamiento mantenido por el gobierno de Fonsi Mañueco en relación con dicha iniciativa  legislativa. No reproduje en mi anterior post esas calificaciones, expresadas tanto por el representante de Vox, Miguel Suárez Arca, como por los procuradores del grupo mixto Pablo Fernández (Podemos) y Francisco Igea (ex de Ciudadanos), considerando que me parecían un exceso: la acusación de actuar en política como una mafia me parece demasiado grave como para banalizarla, por más que Alberto Núñez Feijóo -por sus antecedentes, el menos indicado para ello- haya tenido el cuajo de convocar una manifestación contra el PSOE bajo el lema “Mafia o Democracia”. Sin embargo, visto lo que ha ocurrido en las 48 horas siguientes a la aprobación, el pasado miércoles, de dicha reforma de la LPI, pienso que la actuación del gobierno Mañueco reviste connotaciones propias de la mismísima Cosa Nostra.
 A mediodía del jueves, menos de 24 horas después de dicha aprobación, el consejero portavoz, que no es otro que el mencionado Fernández Carriedo, perejil de salsas cada vez más indigestas, informaba de que la Junta había iniciado el procedimiento para prorrogar nada menos que por otros 15 años las dos licencias de TV de cobertura autonómica adjudicadas en su día por la consejería de Fomento (Antonio Silván, otro que tal) a la sociedad “Radiotelevisión Castilla y León”, participada al 50 por ciento por los grupos Promecal (familia Méndez Pozo) y Edigrup (familia Ulibarri). No dijo que el asunto hubiera sido tratado en la sesión de Consejo de Gobierno ni que la Orden de la Junta aprobando dicha prórroga estuviera ya camino del Boletín Oficial de Castilla y León, que la publicó en su edición del viernes. Una vez más, Carriedo camuflaba la verdad, en está ocasión preparando el terreno para amortiguar el impacto de la aberración jurídica que ya se había iba a perpetrado y que se iba a conocer tan solo unas horas después.

José Luis Sanz Merino

 Cuando la nueva Ley obliga a convocar en el plazo de tres meses un concurso para adjudicar de nuevo la licencia de televisión autonómica, contemplando expresamente que la empresa adjudicataria de la concesión ha de subrogarse en el mantenimiento de la actual plantilla de trabajadores, la Junta se adelanta a dicha convocatoria prorrogando por otros 15 años la licencia que expira el próximo mes de septiembre. 

Y ello sin que la decisión haya pasado por Consejo de Gobierno, mediante una simple Orden de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital firmada por su actual titular, José Luis Sanz Merino, otro incombustible -lleva en política desde 1995- de acreditadas tragaderas que ha llegado a soportar sin rechistar más de un humillación pública de su propio partido con tal de seguir en el machito. Una prórroga que, de mantenerse la cuantía de la actual subvención de la Junta, comportaría un desembolso de 360 millones de euros asumido en un momento en el que la Junta de Castilla y León funciona con un Presupuesto prorrogado. Una aberración política y jurídica con visos de manifiesta prevaricación perpetrada sin ningún rubor por el gobierno en minoría que preside Fernández Mañueco.

¿Cuándo y cómo se ha gestado este atropello al sentido común y a la legalidad dimanante del Parlamento de la Comunidad? Al respecto, un dato bastante elocuente: el director general de RTVCyL, Jorge Losada, el amiguete colocado ahí por Fonsi, afirmaba el jueves en “El Norte de Castilla” que sólo sabía que no sabía nada. "No sabemos nada hasta que no nos comuniquen algo oficial", decía tras la aprobación parlamentaria de la reforma de la LPI. "Una vez que se publique, alguien nos tendrá que explicar qué pasa a partir de ese momento", añadía.

Jorge Losada, director general de RTVCyL

 La subvención no figuraba en el pliego de condiciones.- De todas formas, el golpe de mano del gobierno Mañueco, tras el que se adivina la mano del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, el genial inventor del ocaso como figura jurídica, tiene su punto débil. Y ese es que en el pliego de condiciones del amañado concurso anterior no figuraba por ninguna parte subvención alguna de la Junta para financiar el invento. De hecho, eso explica que no concurriera ninguno de los principales operadores televisivos en España, conscientes de que el negocio era económicamente inviable si dependía únicamente de los ingresos publicitarios.

 La subvención vigente tiene su origen en un contrato-programa que se sacó con posterioridad de la manga el gobierno Herrera, siguiendo la pauta marcada por el entonces consejero de la Presidencia, el inefable Joseantonio de Santiago-Juárez, autor intelectual del engendro televisivo vigente en Castilla y León. A mayor abundamiento, el susodicho De Santiago-Juárez, que entonces también era Portavoz de la Junta, ocultó a los medios de comunicación el acuerdo del Consejo de Gobierno que daba luz verde a dicho contrato-programa, instaurado, repito, con posterioridad al concurso que otorgó las dos licencias -“La 7” y “La 8”- que explota RTVCyL, con una audiencia del 1,2 por ciento en el caso del canal autonómico. Y lo que sería el acabose es que, tras el nuevo concurso previsto en la reforma de la Ley, Castilla y León contará con dos canales autonómicos de titularidad privada financiados con fondos públicos de la Junta. Aunque le costó dios y la ayuda de González Gago concluir su licenciatura en Derecho, Fonsi debería ser consciente de que la ha liado parda. Al tiempo.

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