Partiendo
de diagnósticos completamente dispares resulta extremadamente difícil
establecer terapias comunes. Y esto es lo que ha vuelto ha ocurrir una vez más
durante el debate parlamentario sobre el estado de la comunidad celebrado la
pasada semana en las Cortes, que ha ha
venido a coincidir con el primer año -en realidad once meses- del gobierno
formado por Juan Vicente Herrera
tras su quinta investidura.
En política las estadísticas, por muy
oficiales que sean, conducen a conclusiones opuestas según se seleccionen a la
carta y se esgriman los datos sesgadamente y fuera de contexto. La distorsión
puede ser aún mayor si, como en el caso del empleo que se viene creando a
través de la cacareada recuperación económica, se atiende solo a su cantidad,
sin detenerse en su ínfima calidad laboral y salarial.
 |
| Juan Vicente Herrera |
El presidente de la Junta echó mano del dato
estacional más favorable que tenía a mano -el descenso hasta 185.279 del número
de parados registrados en el INEM al final del mes de mayo- como exponente de
la evolución favorable del empleo en Castilla y León. Sin detenerse, claro, a
examinar la precariedad de los contratos celebrados en dicho mes, el 92,36 por
ciento de ellos temporales (muchos por días o horas), ni en la paupérrima remuneración
de buena parte de ellos. Omitió que en 2015 descendió el número de autónomos en
la comunidad y después utilizó la
EPA del primer trimestre para subrayar que la cifra de
ocupados había ascendido hasta los 932.800, 19.500 más que un año antes.
Poco empleo y precario.- Sin embargo, Herrera soslayó otros
datos de la misma EPA, tales como que la población activa sigue cayendo, que el
número de parados se cifra en 209.400,
que la tasa de paro (18,33) se incremento en un 0,75 por ciento respecto al 4º
trimestre de 2.015, que otro tanto ha ocurrido con el número de hogares
(96.700) con todos sus miembros en paro y que el 56,5 de los parados de
Castilla y León no cobran ningún tipo de prestación por desempleo. Esta
desprotección social bien la conoce la
Junta , que sigue haciendo frente a un incesante incremento de
demandantes de la Renta Básica
Herrera
se plantea el objetivo de alcanzar al final de la legislatura (mayo de 2019) el
millón de ocupados en Castilla y León, cifra con la que se habría recuperado
menos de la mitad del empleo destruido en esta comunidad desde 2008, año en el
que la EPA del
primer trimestre contabilizaba 1.075.800 ocupados y 95.600 parados.
Ello sin entrar en la degradación de la calidad del empleo y en una devaluación salarial que ha sido especialmente acusada en Castilla y León, donde el salario medio -que ya era el cuarto más bajo en España- acumuló entre 2010 y 2014 una caída superior al 10 por ciento, la mayor registrada en todas las comunidades autónomas. Esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios se mantiene todavía hoy en un porcentaje que ronda el 7 por ciento.
Ello sin entrar en la degradación de la calidad del empleo y en una devaluación salarial que ha sido especialmente acusada en Castilla y León, donde el salario medio -que ya era el cuarto más bajo en España- acumuló entre 2010 y 2014 una caída superior al 10 por ciento, la mayor registrada en todas las comunidades autónomas. Esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios se mantiene todavía hoy en un porcentaje que ronda el 7 por ciento.
 |
| Imagen de la localidad leonesa de Noceda |
Tan solo un día después de concluir el debate
sobre el estado de la comunidad, el Consejo Económico y Social de Castilla y León
hacía público su informe anual, en el que deja claro que el empleo generado en
2015 “es insuficiente tanto en volumen como en calidad”, señalando que solo se
ha recuperado el 13 por ciento del destruido a lo largo de la crisis (alrededor
de 160.000 puestos de trabajo). A la luz de estos datos, el CES cuestiona la
eficacia de las reformas laborales, abogando por su revisión hacia un modelo de
relaciones laborales “más equilibrado y eficiente”.
108.651
habitantes menos desde 2009.- Pero si hay una estadística que no admite
manipulación esa es la del censo de población. El INE daba a conocer el pasado
jueves el padrón nacional de habitantes a fecha de uno de enero pasado, en el
que Castilla y León vuelve a liderar la caída de población en España. 23.209
habitantes (0.94 por ciento) perdidos a lo largo de 2015, aproximadamente la
mitad de ellos (11.883) por decrecimiento vegetativo y otros tantos (11.326)
emigrados en busca de mejor porvenir a otras comunidades españolas o al
extranjero.
Somos la única comunidad autónoma que lleva
perdiendo población durante los últimos siete años consecutivos, acentuando un
desplome demográfico que se cifra en la pérdida de 108.865 habitantes, un 4,25
por ciento menos de los que éramos en 2009. Con ello nuestra cuota sobre el
total de la población nacional ha descendido en este periodo del 5,46 al 5,28,
dato básico sobre el que se sustenta el sistema de financiación autonómica.
Como es sabido, a la vista del estrepitoso fracaso de la Agenda de la Población
aprobada en 2010, la Junta
impulsó la estrategia de convertir el declive demográfico en un problema de
Estado.
 |
| Hemiciclo de las Cortes |
Y como quiera que el gobierno Rajoy en modo alguno se ha dado por
aludido, ahora se ha decidido trasladar el problema a la Unión Europea
Quintuplicado
el agujero de la deuda pública.- Y el tercer dato estadístico que
lastra el futuro de esta comunidad autónoma es el crecimiento casi exponencial
de la deuda pública durante los años de la crisis. Pese al crecimiento del PIB
regional en un 2,9 por ciento, la
Junta de Castilla y León se ha endeudado en 2.015 en otros
1.198 millones de euros más, cerrando el ejercicio con 10.557, cifra que supera
por primera vez la cuantía de los propios Presupuestos de la Comunidad (9.843
millones en 2016).
En los últimos ocho años (2008-2015) la deuda pública se ha multiplicado por 5,2, pasando de 1.894 a esos 10.557
millones, o lo que es lo mismo, del 3,40 al 19,40 del PIB autonómico. Prorrateada
por ciudadano, los 745 euros por cabeza que debíamos a finales de 2007 se han
disparado hasta los 4.270 euros. Y no cuela achacar dicho
agujero, como hizo Herrera en el debate de la pasada semana, únicamente a la
insuficiente financiación estatal de los servicios públicos (Sanidad,
Educación, Dependencia, etc,). Por la sencilla razón de que la Junta tiene cuantificado en
500 millones de euros anuales el déficit causado por la insuficiencia
financiera de la dotación del Estado destinada a dicho gasto social.
En el origen de ese endeudamiento hay no poco despilfarro, por ejemplo el que llevó a la liquidación de una
empresa pública como ADE Parques, la de la “Perla Negra” y los terrenos de
Portillo, con una deuda en torno a los 350 millones de euros.