Hace un par de meses, ante la incesante relación de dislates acumulados en las Cortes de Castilla y León, comenté aquí que su actual presidente, Carlos Pollán, de Vox, iba camino de superar el nefasto balance de su antecesor, Luis Fuentes, aquel que, tras haber sido durante años el máximo dirigente de Ciudadanos en esta comunidad, disfruta hoy de una canonjía en la Junta en agradecimiento a su sumisión y postración ante el PP (a veces Roma paga traidores, al menos Fonsi Mañueco, que, a excepción de Francisco Igea, ha dotado de prebenda política a toda la antigua cúpula regional de ese partido plagado de arribistas que venía a regenerar la democracia española…)
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| Carlos Pollán, presidente de las Cortes |
A lo largo de estas últimas semanas, el actual presidente de las Cortes se ha cubierto definitivamente de gloria. Lejos subsanar la falta de transparencia que ha caracterizado su mandato, durante el cual se ha suprimido la obligatoriedad de publicar en la página web las declaraciones de bienes y actividades de los procuradores e incluso se intentó disfrazar la información sobre las dietas y kilometraje cobradas por sus señorías, ha añadido nuevos ámbitos de opacidad.
Ha sido el caso de su negativa a informar sobre el uso de la flotilla de coches oficiales al servicio de los órganos de gobierno de la Cámara, abonando con ello la sospecha sobre su posible utilización espuria para fines partidistas o privados ajenos la actividad institucional. (Por si fuera poco, en medio de tales sospechas, la Mesa de las Cortes ha incrementado dicha flotilla con la contratación de dos nuevos BMW de alta gama a sumar a los cuatro que ya estaban en servicio).
Pero con lo que Pollán ha tocado fondo ha sido con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha obligado a restituir en su puesto a la funcionaria que había demandado por acoso laboral al letrado mayor-secretario general de la Cámara, Marcos Herrero Martínez-Tutor.
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| Marcos Herrero Martínez-Tutor |
Como no podía ser de otra forma, Herrero Martínez-Tutor se ha visto obligado a renunciar a un puesto para el que jamás debió ser nombrado. Y con ello al máximo responsable político de todo este desaguisado, que no es otro que el presidente Pollán, se le ha acabado la patente de corso de la que ha gozado para revestir de legalidad las continuas tropelías perpetradas desde la presidencia de la Cámara, siempre oportunamente avaladas por el correspondiente informe realizado “ad hoc” por el mayor iletrado que han conocido los servicios jurídicos de las Cortes de Castilla y León durante sus cuatro décadas de existencia.
A todo esto, cerca de tres meses ha tardado Pollán en formular la propuesta sobre el régimen de incompatibilidades de los procuradores a la que se comprometió en febrero pasado con ocasión del aniversario del Estatuto de Autonomía. Una propuesta que, tratándose de un simple “corta y pega” copiado de otras comunidades autónomas, podía haber sido presentada en menos de una semana, y que ya veremos si desatasca el bochornoso vacío existente en las Cortes de Castilla y León, único parlamento autonómico que no tiene regulado un régimen de incompatibilidades de los procuradores, 25 de los cuales perciben una retribución salarial basada en una “dedicación exclusiva” imposible de contrastar. Como titula su espacio radiofónico Nieves Concostrina, "cualquier tiempo pasado fue anterior".
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| Mañueco anunciando el autobús gratuito |
La posibilidad de que Mañueco adelante a este otoño las próximas elecciones autonómicas resulta cada vez más verosimil. Todo son ventajas para el PP. Y no solo la de pillar a su principal competidor por el voto ultraconservador, Vox, sin candidato, y al PSOE con un candidato sin tiempo para desplegar su alternativa de gobierno. La Junta se ahorraría además el trance de no disponer por segundo año consecutivo de la mayoría parlamentaria para sacar adelante en tiempo y forma los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Y por si fuera poco (y no menos relevante) abortaría el empeño de la oposición de implantar un control parlamentario a la televisión autonómica de titularidad privada que explota -en régimen de monopolio y con una multimillonaria subvención pública- la única licencia de TDT adjudicada por la Junta, un canal descaradamente volcado en favor del gobierno Mañueco. El PP no ha podido ocultar lo muy nervioso que le ha puesto el órdago lanzado por la oposición para poner coto a su instrumentación de este engendro televisivo.
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| Carlos Martínez |