miércoles, 20 de enero de 2021

El órdago del toque de queda, una huida hacia adelante en clave PP

Aunque resulta de una obviedad manifiesta que la "ayusada" de Alfonso Fernández Mañueco de adelantar por las bravas el horario del toque de queda ha constituido una descarada cortina de humo extendida con el inequívoco propósito de desviar la atención de su grave responsabilidad política en la virulenta irrupción de la tercera ola de la pandemia en Castilla y León, no es menos cierto que una maniobra de tal alcance, que ha conllevado todo un pulso político con el gobierno de la Nación, no sería explicable sin la conflictiva relación que mantiene el presidente de la Junta con la cúpula nacional del PP. 

Mañueco e Illa el pasado 23 de octubre en Valladolid
Fernández Mañueco no se ha caracterizado jamás por su arrojo político. Todo lo contrario, es un político que siempre ha pecado de prudente, de pacato e incluso de pusilánime. Todo lo contrario que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, cuya debilidad por meterse en todos los charcos y embarrar el terreno con continuas broncas políticas solo es comparable con su patológico afán de protagonismo. Como reza el refrán que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, habrá quien piense que Mañueco se ha contagiado del estilo Igea, pero personalmente creo que la clave de esta huida hacia adelante responde a su complicada situación dentro del PP.

Casualmente, el órdago de la Junta al gobierno Sánchez se activaba justo un día después de conocerse que la dirección nacional del PP había incoado un expediente a los máximos responsables del grupo  popular de las Cortes -que no son otros que el propio Mañueco, que lo preside, y el portavoz, Raúl de la Hoz- a causa de la contratación del ex gerente regional del partido, Pedro Viñarás, como "asesor en estrategia política". Dicho contrato, una sinecura de 73.211 euros brutos anuales con cargo a la subvención de110.000 mensuales que ingresa el grupo de la institución parlamentaria- había causado estupor e indignación en Génova, toda vez que el susodicho había sido relevado de su puesto el pasado mes de agosto por iniciativa de la dirección nacional, que, pese a fundamentar el relevo en el cumplimiento de la edad de jubilación, acabó pactando un despido saldado con una indemnización próxima a los 70.000 euros.

Pedro Viñarás
De ahí que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, máximo responsable de la estructura interna del partido, se tomara casi como una afrenta la repesca "laboral" de Viñarás y haya instado -ni que decir tiene que con el visto bueno de Pablo Casado- la apertura de un expediente por si dicha contratación constituyera "una desobediencia a los órganos de gobierno y representación del partido". Y a tal efecto el instructor designado por el Comité Nacional de Derechos y Garantías (lo que toda la vida se ha conocido como Comité de Disciplina) ha requerido tanto de Mañueco como de De la Hoz las correspondientes explicaciones

Sin duda, dicho expediente constituye un salto cualitativo en la conflictiva relación entre la cúpula nacional del partido y el presidente del mismo en Castilla y León, cuyos roces han sido continuos desde que Casado se hizo con la presidencia nacional del PP en unas primarias en las que Fernández Mañueco, arrastrado por su compadre Fernando Martínez Maillo, entonces coordinador general y responsable nacional de Organización, se decantó a favor de Soraya Saéz de Santamaría. Lejos de ir cerrándose, la herida abierta entonces se ha ido gangrenando a causa de sucesivas fricciones (entre otras, el nombramiento del todavía presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, como consejero de Agricultura, y la contratación de la ex senadora por León Esther Muñoz como asesora del presidente de la Junta), la última de las cuales ha girado en torno a Viñarás, quien viene a ser como un hermano del alma para Mañueco.

Teodoro García Egea y Pablo Casadp
Casado y Egea se han propuesto desalojar a Mañueco de la presidencia regional del partido y para ello se disponen a lanzar toda una ofensiva en los próximos congresos provinciales del PP, claves para poder ganar las posteriores primarias autonómicas que dirimirán el liderazgo del partido en la comunidad. Y la batalla va se presenta encarnizada. Hay quien ha vinculado la repesca de Viñarás con este escenario, atribuyendo al ex gerente una importante capacidad de influencia entre los cuadros provinciales del PP. En absoluto. Dicha influencia ha sido muy limitada cuando era gerente y ha pasado a ser prácticamente nula cuando ha dejado de serlo. Su poder interno no radicaba tanto en el desempeño de la gerencia como en su condición de tesorero, puesto que conserva, que le convertía y le mantiene como cooperador necesario de los tejemamanejes con las cuentas del partido y en especial con la subvención al grupo parlamentario que sufraga su actual sinecura que tantas ampollas ha levantado en Génova.

La fortaleza interna de Mañueco se sustenta en primer lugar en el respaldo abrumador de que goza en tres de las nueve provincias: Salamanca, Zamora y Segovia. La primera es su cuna y constituye un feudo inexpugnable. La segunda sigue siendo el coto del compadre Maillo y la tercera permanece bajo el control del secretario regional del PP, Francisco Vázquez, si bien Casado introdujo una cuña a través de Pablo Pérez Coronado, actual senador y enésimo candidato del PP fracasado en el intento de arrebatar al PSOE la alcaldía de Segovia.

Borja García Carvajal
 En las otras seis provincias el partido está dividido entre los fieles a Mañueco y los alineados con Casado, quien aprovechó las pasadas elecciones generales para colocar afines en el Congreso y el Senado. Caso muy especial es el de Valladolid, donde se intenta una candidatura de consenso encabezada por el presidente de la Diputación, Conrado Iscar, antigua mano derecha del antes mencionado Carnero, obligado en su día a ceder la presidencia de la institución provincial tras una enfrentamiento a cara de perro con Génova. El nuevo gerente regional, Borja García Carvajal, lidera al sector casadista, en el que se alinean los cuatro parlamentarios nacionales del PP vallisoletano, los diputados José Ángel Alonso y Eduardo Carazo y los senadores Alberto Plaza y Mercedes Cantalapiedra.

En este contexto, el órdago del toque de queda le ha servido a Mañueco para reafirmar su autoridad frente a Casado, quien además se ha visto colocado en una incómoda situación, tanto por ponerse de relieve la disparidad de criterios entre las comunidades gobernadas por el PP, como por sus reticencias a apoyar en el Congreso de los Diputados la modificación del estado de alarma a la que va a terminar conduciendo la iniciativa de la Junta.

Harina de otro costal es el caso del desquiciado y desquiciante Igea, que se sabe absolutamente deshauciado dentro de Ciudadanos y es consciente de que, más pronto que tarde, seguramente nada más celebrarse las elecciones catalanas, Inés Arrimadas le va a apear de la "sillita". 

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miércoles, 13 de enero de 2021

Covid-19 en CyL: En manos de pirómanos que se disfrazan de bomberos

Hace falta desfachatez y desprecio hacia el intelecto ajeno para presentar como "apuesta por la prevención y la anticipación" las nuevas medidas restrictivas que la Junta se ha visto forzada a imponer desde hoy completamente a la rastra de los acontecimientos, a causa de una expansión de la pandemia que la propia Junta de Castilla y León no ha dudado en calificar de "vertiginosa". Una ampliación de las restricciones adoptada a instancias de un inédito "comité de crisis" del que no se tenía noticia -en un momento tan crítico se ha dejado en segundo plano al manoseado comité de sedicentes expertos- y aprobada el mismo día en el que Castilla y León registraba 1.752 nuevos contagios y la tasa de Incidencia Acumulada en la comunidad se disparaba a 469, el triple de la registrada quince días antes, el pasado 29 de diciembre.

Alfonso Fernández Mañueco
 Hace falta ser desahogado y desdeñar la inteligencia del administrado para presumir de "anticipación" cuando tan solo un día antes, ese mismo endurecimiento de las medidas había entrado en vigor tan solo para las provincias de Segovia, Ávila y Palencia, sin que por cierto se acompañaran las nuevas restricciones con el aconsejable cierre perimetral de sus respectivos territorios, de forma que los palentinos podían acudir el pasado lunes tranquilamente a las rebajas de enero en las grandes superficies comerciales de Valladolid. Todo un compendio de chapuza, improvisación e ineptitud.

"El topillo" calificó de "mascarada" lo ocurrido el pasado jueves, fecha en la que, tras una agitada sesión del Consejo de Gobierno de la Junta, la comparecencia informativa que iban a compartir el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, y la teórica consejera de Sanidad, Verónica Casado, se sustituyó a última hora por la del presidente Alfonso Fernández Mañueco, quien además apareció una hora y media más tarde de lo anunciado. El retraso no se debió a que el Consejo hubiera escuchado esa misma mañana al comité de los sedicentes expertos, sino a la discrepancia interna entre la postura del presidente y la del dúo médico que tiene a su cargo la consejería de Sanidad (en realidad Casado se pliega dócilmente a cuanto decida Igea, que para eso apadrinó su nombramiento).

Francisco Igea y Verónica Casado

El dilema Economía-Salud ha estado presente en el seno del gobierno autonómico desde que se declaró la pandemia. El presidente Mañueco no ha dudado nunca en anteponer los intereses políticos a los sanitarios, tratando siempre de salvar la Economía, entendiendo que con ello se ahorra el coste político de la impopularidad de las restricciones. Frente a esa posición, Igea y Casado, aunque solo sea porque son médicos del Sacyl y conocen la tensión a la que se han visto sometidos el Sistema Público de Salud y sus admirables profesionales, han mantenido una postura más equilibrada.

Sin embargo, ese pulso al final se ha decantado siempre del lado de Mañueco (y así le ha lucido el pelo a esta comunidad autónoma, que contabiliza, según datos de la propia Junta, 8.356 fallecimientos por Covid-19 desde que comenzó la pandemia, 3.770 de ellos usuarios de las residencias de ancianos, en su mayoría abandonadas completamente a su suerte durante la primera oleada). El propósito del que tanto presumieron Igea y Casado de atenerse estrictamente a los criterios epidemiológicos sucumbió con estrépito a partir de la desescalada de primavera.

Fue cuando Mañueco decidió por su cuenta -se supone que con el beneplácito de Igea, que no de la consejera, ninguneada sin miramientos en esa decisión- que las nueve provincias de la comunidad pasaran de la fase 1 a la fase 2, poniéndose por montera (muy salmantino él, aunque sus conocimientos en materia de tauromaquia sean muy escasitos) los pretendidos criterios epidemiológicos. También se la tragó doblada el comité de los sedicentes expertos, cuyo secretario había declarado un día antes que la mayor parte de las capitales de provincia no reunían los requisitos para saltar de fase.

Protesta de hosteleros ante el Colegio de la Asunción

Desde entonces, el tira y afloja se ha repetido, siempre con el mismo resultado: Mañueco ha impuesto su posición y el dúo médico, más o menos a regañadientes pero sin expresar jamás en público su discrepancia, se ha doblegado a los designios del presidente. Y así volvió a ocurrir a finales de noviembre, cuando Mañueco optó por dar superada una segunda oleada que había situado a Castilla y León como la comunidad autónoma con mayor tasa de Incidencia Acumulada (726 el día 26 de ese mes) y decidió lanzar una temeraria desescalada con el declarado objetivo de "salvar las Navidades". De aquellos polvos, que incluían las laxas medidas adoptadas para las pasadas fiestas navideñas, han venido estos lodos. Así de claro.

 Y en el Consejo de Gobierno del pasado jueves Mañueco volvía a imponer su criterio, reduciendo a la mínima expresión y a tres provincias (Segovia, Ávila y Palencia) un endurecimiento de las medidas reclamado a gritos por la creciente tasa de contagios, tan acusada que la consejera, apoyándose en los manoseados "sedicentes", se venía mostrando partidaria de un nuevo confinamiento domiciliario. Además de mentir groseramente al afirmar que Castilla y León había sido una de las comunidades que había mantenido medidas más restrictivas en las pasadas Navidades, la comparecencia informativa del presidente producía vergüenza ajena: Llegó a decir que el problema radicaba en que en esas fechas habían coincidido las frías temperaturas con una movilidad y contacto social mayores de los habituales, circunstancias todas ellas al parecer inusuales en época navideña...

Hospital General de Segovia

Un cinismo conducente a una miopía que cinco días después ha obligado al presidente a rectificar con brocha gorda, acuciado por el crecimiento exponencial del ritmo de contagios y la preocupante situación de los hospitales del Sacyl, donde se ha disparado por encima de los 800 (660 en planta y 156 en UCI) el número de ingresados a causa del Covid-19. Eso sí, cuando se trataba de comunicar las nuevas restricciones vigentes desde hoy, Mañueco e Igea se quitaban de en medio y dejaban enteramente el marrón a la teórica consejera, que, para variar, volvía a cubrirse de gloria, asegurando, como si nos estuviéramos cayendo del guindo, que "hasta el 30-31 de diciembre teníamos unos datos magníficos..."

 Unas nuevas restricciones que por lo demás vuelven a castigar a la Hostelería, a los gimnasios y a las grandes superficies comerciales, cuando parece bastante constatado que el actual agravamiento de la situación epidemiológica ha tenido su principal caldo de cultivo en las reuniones sociales y familiares favorecidas por la laxa regulación aplicada al respecto por la Junta durante las pasadas Navidades. Y siguen sin adoptarse cierres perimetrales provinciales o municipales que eviten el contacto de la áreas más penetradas por el virus -este mediodía se han notificado nada menos que 2.186 nuevos casos y la tasa de IA se sitúa ya en 538- con aquellas otras que registran menor incidencia.

En fin, la teórica y patética consejera de Sanidad nos conmina a que adoptemos un confinamiento voluntario, que es lo mismo que Mañueco denominó semanas atrás "un confinamiento inteligente". Lo inteligente, pienso yo, no es a estas alturas tanto protegerse del siniestro virus como de la impostura, negligencia, temeridad y desfachatez de unos redomados pirómanos que se disfrazan de abnegados bomberos.

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martes, 5 de enero de 2021

Covid-19: La temeridad del nefando tándem Mañueco-Igea desemboca en la tercera oleada de la pandemia

Con la experiencia acumulada desde la irrupción de la pandemia -y sobre todo conocidas las nefastas consecuencias de la primera desescalada y la relajación veraniega- se veía venir a distancia que la Junta, al rebajar en diciembre como ninguna otra comunidad las restricciones contra el Covid-19, había decidido jugar con fuego. Estaba cantado que apostando por el objetivo de "salvar las Navidades" -tal como se había propuesto un mes antes el presidente Fernández Mañueco- se estaban adquiriendo todas las papeletas para que esta comunidad autónoma sufriera más pronto que tarde una tercera oleada, o, si se prefiere, tanto da, una reactivación de la iniciada el pasado otoño, que en el pasado trimestre se ha cobrado otras 3.000 víctimas mortales a añadir a las más de 5.000 que Castilla y León contabilizaba en la primera oleada.

El nefando tándem constituido por el presidente Mañueco y el iluminado vicepresidente Francisco Igea (la consejera de Sanidad, Verónica Casado, hace tiempo que es un absoluto cero a la izquierda) ha vuelto a desafiar la más elemental prudencia, impulsando desde finales de noviembre una temeraria "desescalada" a costa de poner en riesgo la salud de castellanos y leoneses. Puede parecer tremendo, pero los hechos confirman tamaña irresponsabilidad política.

Mañueco e Igea, el nefando tándem que nos desgobierna

Tal como ocurriera con la primera desescalada, en la que la Junta se pasó por el forro los criterios epidemiológicos -máximo ejemplo de lo cual fue cuando las 9 provincias saltaron de la fase 1 a la fase 2 por decisión personal del presidente ni siquiera consultada a la consejera Casado, que se la tragó doblada- Mañueco ha vuelto a anteponer sus espurios intereses políticos a la lucha contra el Covid-19, fechoría perpetrada con la resuelta cooperación de Igea, el mismo que en su día se permitió invocar el juramento hipocrático en respuesta a las razonadas críticas del presidente de la organización médica colegial de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, a la errática actuación de la Junta ante el desafío sanitario del Covid-19.

Cabe pensar que el nefando tándem había dado por descontadas las siniestras consecuencias que acarrearía su apuesta por "salvar las Navidades". Pero en esto el dúo ha errado el cálculo: contaba que los efectos no se apreciarían hasta después de Reyes y no que se manifestaran antes incluso de Nochevieja, que es lo que ha sucedido por más que la Junta lo haya tratado de ocultar.

Mientras en vísperas navideñas otros gobiernos autonómicos anduvieron con pies de plomo y, conscientes del riesgo que entrañaban las fechas, endurecieron las restricciones, Castilla y León llegó a Nochebuena siendo una de las cuatro comunidades con medidas mas laxas, más aún que las fijadas en Madrid por la desaforada Isabel Díaz Ayuso.

Aspecto de la vallisoletana calle Santiago estas Navidades

El tándem ha mantenido sin inmutarse el plan iniciado a finales de noviembre, plasmado en la reapertura de la hostelería y las grandes superficies comerciales en las nueve provincias, incluida Palencia, que "desescaló" manteniendo una tasa de Incidencia Acumulada (IA) por encima de los 400 casos en los últimos 14 días. Ante la sorpresa general, la tasa autonómica, que nunca han medido igual la Junta y el Ministerio de Sanidad, venía reduciéndose espectacularmente, cayendo desde los 730 casos registrados el 26 de noviembre a los 169 reportados en la mañana de Nochebuena. Hasta que se ha producido el esperable punto de inflexión.

Un misterio digno de Iker Jiménez.- Y el punto de inflexión se produce en plena Navidad, resultando tan insólita como sospechosa la disparidad de los datos sobre IA aportados por la Junta y el Ministerio en los últimos días de 2.020. 

Atención a la secuencia. Paradójicamente, la tasa del Ministerio siempre ha sido más baja que la de la Junta, y así el lunes 28 de diciembre el primero la fijaba en 140,57 y la segunda en 168,91. Pero a partir de esa fecha comienzan a invertirse los datos y mientras los ofrecidos por el gobierno autonómico continúan a la baja (157,15 el martes 29, 144,78 el miércoles 30 y 142,86 el jueves 31), los del Ministerio comienzan a subir (142,86 el martes, 146,65 el miércoles y 155,36 el jueves).

De forma y manera que en los tres últimos días del año la tasa de la Junta descendía un 26,1, en tanto que la del Ministerio subía un 14,79. Un misterio aparentemente digno de estudiar por Iker Jiménez, pero fácilmente explicable conociendo las mañas propias de trileros de la sevillana calle Sierpes que se gasta el tándem que desgobierna esta desdichada comunidad autónoma.


Lo más indignante es que el miércoles 30 de diciembre el vicepresidente Igea y la consejera Casado comparecían juntos en una rueda de prensa en la que el primero presumió, sin asomo de rubor, de la óptima situación sanitaria  de Castilla y León en relación con otras comunidades, obviando que ese mismo día la Junta había reportado la aparición de 515 nuevos casos (157 más que en la fecha anterior) y que los hospitalizados por Covid-19 se cifraban en 555 (414 en planta y 141 en UCI). Ni una sola mención ese día a la posibilidad de endurecer las medidas ante la inminente Nochevieja.

Y hete aquí que, cuando para Igea y Casado oficialmente todo marchaba sobre ruedas, la Junta se ve obligada a celebrar ¡el día de Año Nuevo! un Consejo de Gobierno extraordinario para declarar el nivel de alerta 4 en la provincia de Segovia, que había sido, junto a la de Ávila, la primera en iniciar el temerario proceso de desescalada impulsado por el nefando tándem desde finales de noviembre.

A partir del pasado sábado, 2 de enero, la tasa de IA de la Junta invertía su tendencia y comenzaba a subir, situándose a fecha de hoy en 163, 60 puntos por debajo de la del Ministerio, que la eleva ya a 223, a la vez que el número de hospitalizados por Covid ronda los 600 (454 en planta y 140 en UCI). Y mientras otras comunidades se apresuran a endurecer las medidas restrictivas, sale Mañueco y, pese a admitir que hemos entrado en la tercera oleada, se limita anunciar que el cierre perimetral de la comunidad se prolongará más allá del 10 de enero, fecha hasta la que ya estaba acordado.

Cama UCI en un hospital del Sacyl
"La estrategia restrictiva ha funcionado, lo han visto todos los ciudadanos", decía ufanamente Igea el pasado domingo. La pregunta es: ¿Y si ha funcionado, ¿por qué se decidió abandonarla cuatro semanas antes de la Navidad? Respuesta: para "salvar las Navidades", conforme al propósito declarado por Mañueco y hecho suyo por el inefable vicepresidente. 

 Resulta obvio que, con tal de poner paños calientes al malestar del sector hostelero y complacer a las grandes superficies comerciales, la Junta nos ha abocado a una tercera oleada que agravará aún más -hoy mismo se han comunicado nada menos que 835 nuevos casos- el siniestro balance del Covid-19 en Castilla y León, amén de poner de nuevo a prueba la capacidad de resistencia del personal sanitario, valiéndose para esto último del infame decretazo firmado por Mañueco el pasado 12 de noviembre.

Según los datos oficiales de la propia Junta, desde la irrupción de la pandemia han perecido en los hospitales del Sacyl 4.212 ingresados por Covid (2130 hasta el 1 de septiembre y 2.082 desde esa fecha) y los fallecidos en las residencias de ancianos se cifran en 2.083 (1.728 y 355, respectivamente). Y a los 6.295 anteriores se suman otros 1.852 decesos producidos en domicilios particulares, con lo que el total de víctimas mortales causadas por la pandemia en Castilla y León se eleva a 8.147. Estremecedoras cifras que no son obstáculo para que Igea considere que la Junta ha gestionado la pandemia de forma "aceptable". No existen palabras. A fuer de ser sincero, existen, pero, por elemental respeto al lector, uno prefiere abstenerse de verbalizarlas.

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jueves, 24 de diciembre de 2020

Covid-19: Jugando con el fuego navideño

 Entramos hoy de hoz y coz en la almendra navideña sin que la Junta haya modificado el "chip" con el que inició a finales de noviembre su particular desescalada conducente al objetivo de "salvar las Navidades", tal como se había propuesto el presidente Alfonso Fernández Mañueco

Mientras otras comunidades han ido endureciendo sus restricciones ante el temor -datos epidemiológicos en mano- de incubar en estas fechas la temida tercera oleada, Castilla y León ha seguido "desescalando" y llega a Nochebuena siendo unas de las cuatro comunidades con medidas más laxas, más incluso que las mantenidas en Madrid por la inefable Isabel Diaz Ayuso. Excepto el rechazo a la figura de los "allegados", que en la práctica no tiene mayor repercusión habida cuenta del coladero que suponen los "familiares", la permisibilidad de la Navidad castellano-leonesa solo encuentra parangón en Andalucía, Navarra y Catilla-La Mancha. 

Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayudo

El cierre perimetral de la comunidad se suspende durante ocho días -entre el 23 y el 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero- precisamente para que los "familiares" puedan entrar y salir sin ningún problema (en Castilla y León no se requiere la "declaración responsable" exigida en otras comunidades). Los días 24, 25, 31 y 1 las reuniones familiares podrán ser de hasta 10 personas, y en Nochebuena y Nochevieja el toque de queda se prolonga hasta la 1:30 de la madrugada. Y la hostelería y el comercio siguen abiertos en las nueve provincias con las mismas limitaciones ahora vigentes.

Creciente "manga ancha".- Como se recordará, la Junta comenzó esta segunda desescalada a finales de noviembre, cuando autorizó en Ávila y Segovia la reapertura de la hostelería, las grandes superficies comerciales y otras actividades clausuradas semanas antes. Se estableció como límite máximo para "desescalar" una tasa de incidencia acumulada que no excediera de los 400 casos en los últimos 14 días. Con ese baremo, León y Salamanca "desescalaron" justo antes del puente de la Sacrosanta Constitución y una semana después lo hacían las cinco provincias restantes, con la excepción de Burgos capital.

Dicho baremo no se respetó en la provincia de Palencia, que "desescaló" cuando todavía superaba los 400 casos, tasa que de hecho ha seguido superando, salvo un único día, desde entonces. ¿A cuento de qué se hizo esta excepción con Palencia? Dos datos por si hacen al caso. Uno: En su momento, los hosteleros palentinos llegaron a amenazar con reabrir por las bravas desafiando la prohibición de la Junta. Y dos: Palencia es la única capital de provincia gobernada por un alcalde, Mario Simón, perteneciente a Ciudadanos, partido al que de momento sigue afiliado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien, como es sabido, maneja a su antojo la consejería de Sanidad.

Toma de posesión del nuevo obispo de León
Días atrás la Junta se planteó endurecer las restricciones en Palencia prohibiendo el consumo en el interior de los establecimientos hosteleros, lo cual finalmente no ha hecho, y ello pese a que la situación epidemiológica, lejos de mejorar, amenaza con empeorar: ayer la incidencia acumulada era de 417, un punto por encima de la de anteayer. La de Palencia no es la única "manga ancha" practicada por la Junta en esta fase de la pandemia. Reciente está la deliberada omisión normativa que amparó el sonado estreno arzobispal en la catedral burgalesa en un momento en el que la hostelería de la ciudad permanecía cerrada, y más reciente aún el "bautizo" en la de León del nuevo obispo de la diócesis.

La insufrible impostura de Igea.- Lo peor no es que la Junta siga practicando la ley del embudo como le viene en gana, sino que encima tengamos que soportar la insufrible impostura de sus máximos responsables, en especial la de su demagogo vicepresidente, que se hace cruces ante los conciertos de Raphael en Madrid cuando se había tragado sin decir ni pío las congregaciones en las catedrales de Burgos y León, bendecidas para mayor inri y respectivamente por los ínclitos consejeros de Presidencia, Ángel Ibáñez, y de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, o, lo que es lo mismo, "Rompetechos" y "Rey Sol", según les tiene motejados "El topillo".

Francisco Igea y Ángel Ibáñez

Como fuera de Castilla y León siguen sin conocer bien al personaje, ha hecho fortuna mediática ese "sean ustedes mejores que quienes los que les gobernamos", con el que Igea se daba golpes de pecho ante el desmadre territorial de las restricciones navideñas contra la pandemia. La frase evocaba aquella otra que soltó Estanislao Figueras, el primer presidente de la efímera Primera República Española: "Señores, voy a serles franco: Estoy hasta los cojones de todos nosotros". La diferencia es que Figueras obró en consecuencia y al día siguiente cogió un tren con destino a Francia sin molestarse en dimitir, mientras que Igea no se irá del cargo ni con agua caliente (y veremos si Mañueco no le hace un hueco en la próxima legislatura dentro del eventual gobierno de coalición PP-Vox que se atisba en el horizonte...)

A todo esto habrán observado que, pese a toda la que hay montada con las medidas contra la pandemia, no se ha hecho aquí ninguna referencia al comité de sedicentes expertos constituido supuestamente para asesorar a la Junta en materia sanitaria y epidemiológica. La razón es que no se han vuelto a tener noticias de tan fantasmal comité desde que a primeros de noviembre firmó una declaración dando cobertura a la alerta sanitaria de máximo nivel decretada por el presidente Mañueco que conllevó, entre otras medidas, el "cerrojazo" total de la Hostelería y de las superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados. Ciertamente se conoce el nombre de los "sedicentes", pero poco o nada de sus dictámenes, si es que alguna vez han existido.

Carpa en el exterior de un hospital del Sacyl
A todo esto asimismo el presidente de la Junta no ha encontrado un hueco en su agenda para reunirse con los representantes sindicales de la Sanidad Pública, tal como se comprometió en su comparecencia en las Cortes del pasado 1 de diciembre. La Junta asegura que no aplicará el "decretazo" sanitario sin consenso previo con la Mesa sectorial, pero no lo retira. Y si no piensa aplicarlo unilateralmente, ¿por qué no lo retira?

Camino de los 8.000 muertos.- Y a todo esto desde el pasado 1 de septiembre han muerto en los hospitales de Castilla y León 1.962 contagiados por Covid, casi tantos como los fallecidos hasta dicha fecha (2.130). Y los fallecimientos en las residencias de ancianos se cifran desde marzo en 2.066, 338 de ellos registrados en esta segunda oleada. Según datos de la propia Junta, el Covid se ha cobrado hasta ayer un total de 7.821 víctimas mortales en esa comunidad, 3.670 de las cuales contrajeron la enfermedad en residencias de ancianos. Y no hay más preguntas, señoría...

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jueves, 17 de diciembre de 2020

Unos Presupuestos anclados en el "más de lo mismo"

 El desfile parlamentario de los 10 consejeros de la Junta desgranando el contenido de las partidas presupuestarias que tendrán a su disposición en 2021 ha confirmado el alto grado de continuismo y la cortedad de miras de los primeros Presupuestos presentados por el gobierno que preside Fernández MañuecoA poco que se descienda al detalle se desvanece por completo eso de que estamos ante "los Presupuestos más ambiciosos de la Historia", grandilocuencia mañuequista que no se compadece para nada con la realidad. 

Ya señalamos aquí que el incremento de su cuantía en un 13,2 por ciento sobre las cuentas en vigor no era nada del otro mundo, primero porque las todavía vigentes datan de 2018 ,y segundo por el inevitable aumento de gasto ocasionado por la crisis del Covid-19, capítulo este último compensado con la aportación extraordinaria de 843 millones de los 16.000 distribuidos a mayores por el Estado.

Verónica Casado y Manuel Mitadiel, gerente del Sacyl
Como no podía ser de otra forma, la consejería de Sanidad es la que registra mayor crecimiento, un 21,67 por ciento, pasando de 3.588 a 4.365 millones. Naturalmente, la consejera, Verónica Casadose ha mostrado muy satisfecha, felicitándose de que por fin el Sistema Regional de Salud cuente con suficiente dotación presupuestaria. Y por su parte, Mañueco no se ha cansado de señalar que el gasto sanitario pasa a representar el 7,58 por ciento del PIB regional, por encima incluso del 7 por ciento que siempre han exigido los socialistas de Castilla y León.

Sanidad, unas cuentas que no cuadran.- Sin embargo, y pese al señalado incremento, puede que los recursos presupuestados sigan siendo insuficientes para hacer frente a las necesidades de la Sanidad regional. Salvo, claro está, que asistamos a nuevos recortes que sigan deteriorando la asistencia prestada por el SACYL.

 A la hemeroteca me remito: En septiembre de 2019, dos meses después de incorporarse al cargo, la consejera Casado advirtió que el Presupuesto de la consejería estaba ampliamente desfasado y rebasado por el gasto real, cifrando el desfase en 830 millones por encima de los cerca de 3.600 presupuestados en los tres últimos ejercicios. Posteriormente, en febrero de este mismo año, Casado elevó ese agujero hasta los 1.200 millones, cifrando entre 4.400 y 4.700 millones el gasto real de la Junta en Sanidad. Y estábamos todavía en un escenario anterior a la pandemia.

Isabel Blanco (Familia) y Rocío Lucas (Educación)
Si después de todo el aumento de gasto ocasionado por el Covid, el presupuesto sanitario se sitúa en 4.635 millones, es evidente que algo que no cuadra. 

De entrada, buena parte del incremento en el capítulo de personal se destina al pago de los atrasos del grado profesional reconocido judicialmente tras las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia favorables a las demandas sindicales. No faltan, eso sí, los cerca de 90 millones de canon anual que se embolsa la empresa concesionaria del Hospital de Burgos, uno de los onerosos lastres legados por el gobierno de Juan Vicente Herreraese presidente que, tras 18 años en el Colegio de la Asunción, disfruta de su retiro dorado en el Consejo Consultivo (78.010 euros en 2.020). 

Más reducido, un 14,6 por ciento, es el incremento en la segunda consejería de mayor Presupuesto, Educación, que pasa a disponer de 2.360 millones de euros. La cuantía tampoco es como para tirar cohetes, ya que dicha dotación supera en tan solo 136 millones el anterior techo "histórico" de la consejería, que en el año 2.010 dispuso de 2.224 millones de euros. En once años, el Presupuesto en Educación ha crecido en un 6,11 por ciento, lo que da idea de los recortes aplicados a lo largo de la década que finaliza.

Tras Sanidad y Educación, la tercera "consejería" de la Junta es la Deuda Pública de la Comunidad, que en 2.021 se va a comer el 11,58 por ciento del Presupuesto, nada menos que 1.423 millones (1.184 en amortizaciones y 239 en intereses). 

Carnero (Agricultura) y Suárez-Quiñones (Fomento y Medio Ambiente)

Un dineral que no es aún mayor gracias a que los tipos de interés están por los suelos. La deuda, por encima ya de los 13.000 millones, supera el 23 por ciento del PIB regional, y la bola seguirá engordando, ya que el nuevo Presupuesto contempla la suscripción de otros 675 millones

 La consejería de Familia mejora sus cuentas, pero es porque el ministerio aumenta su aportación en 88 millones de euros y las familias hacen lo propio por importe de otros 8. Eso y los 30 millones de euros que se ahorra la Junta de la antigua Renta Garantía de Ciudadanía (sustituida por el Ingreso Mínimo Vital implantado por el gobierno Sánchez) hace posible que la Gerencia de Servicios Sociales incremente su Presupuesto en un 11 por ciento al tiempo que la Junta reduce su aportación a la misma en 13,5 millones. 

 Inversión que brilla por su ausencia.- Todo lo anterior ya cuestiona ese pretendido alcance "histórico" de estos Presupuestos. Otro dato: La consejería inversora por excelencia, Fomento y Medio Ambiente, tan solo crece un 5,33 por ciento, pasando a gestionar 540 millones de euros, una cantidad "históricamente" ridícula si se tiene en cuenta que en la pasada década dichas áreas llegaron a superar los 1.000 millones de euros. En 2005, cuando Fomento y Medio Ambiente eran consejerías separadas, sus Presupuestos sumaban 922 millones; en 2006, dicha suma se elevaba a 955, en 2007 a 1.013, en 2008 a 1.048 y en 2009 a 1.049 (596 para Fomento y 453 para Medio Ambiente).

Javier Ortega, consejero de Cultura y Turismo

Agricultura, otra de las consejerías inversoras, gestionará el próximo año 524 millones, un 10,12 por ciento más que en 2018, 2019 y 2020. Pese a ese incremento, el Presupuesto agrario de la Junta es inferior a los que tuvo entre 2005 y 2011, periodo en el que osciló entre los 547 de 2005 y los 676,5 de 2009. El actual consejero, Jesús Julio Carnerogestiona menos recursos de los que tuvieron a su disposición Jose Valín y Silvia Clemente.

Y qué decir de Cultura, la consejería maría por excelencia, que cuenta en 2020 con un Presupuesto de 140 millones de euros, menos de lo que gestionaba a comienzos de este siglo. Su titular, Javier Ortega -ni una mala palabra, ni una buena acción- será todo lo políglota que quiera, pero sus políticas son cada vez más irrelevantes y provincianas. 

Para mayor inri, el grueso de su actividad sigue recayendo sobre la Fundación Siglo, uno de los principales "chiringuitos" (Igea dixit) que Ciudadanos, partido que controla la consejería, anunció que iba a suprimir. Esa es otra: Todo ese conglomerado de empresas publicas, fundaciones y entes (la Administración B) que se iba a revisar, permanece tal cual en los primeros Presupuestos del gobierno Mañueco.

En resumen, unos Presupuestos continuistas y, pese a su crecimiento, insuficientes para compensar los estragos económicos y sociales ocasionados por el Covid-19, no digamos ya para afrontar los grandes problemas estructurales que ya asolaban a esta desdichada comunidad autónoma con anterioridad a la pandemia.

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viernes, 11 de diciembre de 2020

"Salvar las Navidades", objetivo político cumplido

Objetivo prácticamente cumplido. En noviembre, en pleno repunte de la segunda oleada del Covid-19, la Junta de Castilla y León se apuntó decididamente al carro de "salvar las Navidades", expresión que habría que traducir como "salvar el consumo navideño". Frente a otros que no reconocían un propósito que asociaba la lucha contra la pandemia al falso dilema entre Salud y Economía, el presidente Fernández Mañueco fue sumamente explícito: "Se están tomando medidas duras precisamente para salvar las Navidades, y no solo en el aspecto comercial, sino también en el emocional".

Manifestación de hosteleros en León
Tras decretar a finales de octubre el cierre perimetral de Castilla y León y declarar a comienzos de noviembre el máximo nivel de alerta sanitaria en todo el territorio de la comunidad, la Junta decretaba el cerrojazo total de la hostelería, gimnasios y centros comerciales de más de 2.500 metros cuadrados. Castilla y León se situaba entonces, 6 de noviembre, a la cabeza del ranking estatal de incidencia acumulada y el presidente Mañueco activaba ese comité de sedicentes expertos que aparece y desaparece como el Guadiana para justificar las fuertes restricciones adoptadas.

Por aquel entonces la consejera de Sanidad, Verónica Casado, abogaba en el Consejo Interterritorial de Salud por el posible confinamiento domiciliario en la comunidad y advertía de que, si continuaba el ritmo de contagios y el nivel de ocupación de las UCI hospitalarias, Castilla y León se vería obligada a trasladar enfermos a hospitales de otras comunidades. La situación parecía límite y días después Mañueco dirigía una carta al presidente del Gobierno en la que, al tiempo que solicitaba la urgente convocatoria de una nueva Conferencia de Presidentes, abogaba por intensificar las medidas restrictivas para lograr contener la expansión del virus.

Toma de posesión del nuevo arzobispo de Burgos

Sin embargo, inopinadamente, en menos de una semana la Junta, se ignora si con el beneplácito de los sedicentes expertos, da un giro copernicano y decide iniciar un nuevo proceso de desecalada, sin que fuera óbice ni cortapisa que las nueve provincias continuaran en máximo nivel de alerta y la comunidad en su conjunto encabezando el ranking autonómico de incidencia acumulada.

El levantamiento parcial de las restricciones comenzó por Ávila y Segovia, siguió por León y Salamanca, y se ha extendido desde hoy al resto de las provincias, con la excepción de Burgos capital, que, o mucho me equivoco, o la próxima semana completará el mapa y con ello el objetivo de la Junta de "salvar las Navidades" en Castilla y León. (Puesto que ya lo ha hecho "El topillo", me abstengo de comentar el similitruqui, propio de los mas avezados trileros, con el que el gobierno Mañueco facilitó el pasado sábado la concentración de 250 personas en la catedral burgalesa).

¿Acierto o temeridad?.- Ese objetivo se ha visto acompañado por un espectacular descenso de la tasa de incidencia en Castilla y León, que ha pasado de los 730 casos que nos mantenían a la cabeza nacional el pasado 26 de noviembre a los 274 registrados a fecha de hoy. Una evolución sorprendentemente positiva que la Junta no duda en atribuir a su acertada estrategia. A propósito: si el gobierno autonómico se cuelga la medalla cuando la situación mejora, ¿quién ha de hacerse responsable cuando empeora?

Mañueco, Igea y Casado en fila india
 El tiempo dirá si esta estrategia de "salvar las Navidades" se salda sin consecuencias o está siendo una temeridad que acarreará la secuela de una nueva oleada del Covid que nos haga aún más insufrible la cuesta de enero. Entretanto, no cabe duda de que, amén de un respiro ciudadano, constituye un importante alivio político para el gobierno Mañueco, al que se le han abierto en este tiempo dos frentes que han perturbado su plácida trayectoria: el enorme malestar con la Junta de los sectores económicos damnificados, especialmente la Hostelería, y la indignación del personal sanitario, gratuitamente agredido con un infame "decretazo" presidencial.

En su reciente comparecencia ante el pleno de las Cortes, a Mañueco se le notó especialmente preocupado por esos dos frentes, con los que trató inútilmente de congraciarse. Con los hosteleros cometió el desliz de afirmar que el "cerrojazo" de noviembre se produjo de forma consensuada con ellos, afirmación que ha conseguido agudizar aun más su monumental cabreo. A los sanitarios les dedicó unos encendidos elogios que sonaban más falsos que un euro de madera y, aunque anunció que se reuniría con ellos para desbloquear el conflicto, en dos semanas no ha tenido tiempo de hacerlo.


Protesta ante la sede de la consejería de Sanidad
El "decretazo", un grave error de bulto.- El "decretazo" sanitario, un brusco pisotón en un callo extremadamente dolorido, es el mayor error político cometido por Mañueco en el cerca de año y medio que lleva como presidente. Y para mayor fatalidad, absolutamente prescindible, como lo prueba el hecho de que no ha sido necesaria su aplicación ni afortunadamente existen visos de que lo sea. Es evidente que fue un error inducido por la consejera de Sanidad y su padrino, el vicepresidente Francisco Igea, que en un momento dado -mediados de noviembre- entraron en pánico temiendo que el sistema regional de Salud no pudiera dar respuesta y los hospitales colapsaran en esta segunda oleada de la pandemia,

 Pero aunque conozca mejor que nadie quienes fueron los inductores, el personal sanitario atribuye la agresión a quien la rubricó en el Bocyl, y ese no fue otro que el presidente de la Junta en su condición de "autoridad competente delegada". Su dimisión pidieron desde el primer instante y siguen pidiendo en sus movilizaciones. La consejera Casado, cuya figura empieza a resultar patética, y el taimado Igea no le sirven ya de coraza a Mañueco. Ni ante los trabajadores de la Sanidad ni a ante los hosteleros y otros sectores económicos damnificados por la pandemia. El presidente, tan dado a confundirse con el paisaje, ha quedado al descubierto.

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viernes, 4 de diciembre de 2020

Unos Presupuestos para capear malamente el temporal

  Casi año y medio después de que aterrizara en la Junta, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha tenido a bien presentar por fin sus primeros Presupuestos de la Comunidad (el pasado año pasó olímpicamente de hacerlo y prorrogó los que se encontró vigentes, que a su vez ya habían sido prorrogados por el Ejecutivo saliente de Juan Vicente Herrera).

Mañueco e Igea ante la "ruleta" de los Presupuestos
 Esas dos prórrogas consecutivas, junto a la inyección de fondos extraordinarios del Estado para afrontar los gastos del Covid-19, han situado los Presupuestos de 2021 en 12.291 millones de euros, cuantía que supone un incremento del 13,19 por ciento respecto a los de 2018, a fecha de hoy todavía en vigor. Teniendo en cuenta esos dos factores -que ese incremento corresponde a tres anualidades y que los recursos adicionales están destinados en su práctica totalidad a financiar el creciente gasto sanitario y los estragos económicos y sociales causados por la pandemia, no cabe hablar, como ha hecho frívolamente el presidente Mañueco, de unos Presupuestos "expansivos", sino de unos Presupuestos de emergencia sin más alcance -que no es poco- que el de paliar los demoledores efectos de la triple crisis (sanitaria, económica y social) originada por el Covid-19.

Unos Presupuestos realmente expansivos tendrían que sustentarse sobre una inversión en infraestructuras y equipamientos públicos generadores de empleo y crecimiento económico. Y de eso hay muy poquito en las primeras cuentas del gobierno Mañueco. Basta ver la dotación de la que dispone la consejería inversora por excelencia, Fomento y Medio Ambiente, que apenas crece un 5 por ciento con respecto a 2018 (ocho puntos por debajo de esa media del 13,2, que descansa en el fuerte incremento que registran Sanidad, y Educación, que crecen el 21,7 y el 14,6 por ciento respectivamente).


Carlos Fernández Carriedo
 El primer lastre de estos nuevos Presupuestos elaborados por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (ya saben el eterno-chico-bien-mandado...) radica en el oneroso coste de una deuda pública que comenzó a dispararse al comienzo de la anterior crisis y no ha dejado de hacerlo desde entonces, superando ya los 13.000 millones de euros y el 23 por ciento del PIB de la comunidad.

La deuda pública de la comunidad detrae nada menos que 1.423 millones, el 11,58 del gasto presupuestado, y ello pese a que los intereses, ahora a tipos bajo mínimos, "solo" nos cuestan 239 (los 1.184 restantes corresponden a amortizaciones). Un lastre que será cada año mayor, toda vez que a lo largo de 2021se contempla la suscripción de otros 675 millones de deuda nueva.

Únicamente las Consejerías de Sanidad (4.365 millones) y Educación (2.360) cuentan con dotación superior a la que absorbe la deuda. Familia, que tiene a su cargo toda la política de Dependencia, se queda en 1.081 millones. Y las siguientes son ya Fomento y Medio Ambiente (540 millones), Agricultura (524), Economía (376), y Empleo e Industria (358). De las restantes tan solo las de Presidencia (141 millones) y Transparencia (20,2) crecen por encima de la media del conjunto del Presupuesto, un 28,4 por ciento la primera y un 18,8 la segunda.

Esther Muñoz: de senadora a asesora
Despilfarro, enchufismo y autobombo.- Naturalmente, solo faltaba, se congelan los sueldos del cerca del centenar de altos cargos de la Junta y directivos de la Administración B, aquella conformada por las empresas públicas, fundaciones y demás chiringuitos que el gobierno Mañueco, a instancias de Ciudadanos -tiempos aquellos en los que Francisco Igea proclamaba su propósito de acabar con el despilfarro y el enchufismo de todo ese entramado- iba a reducir o eliminar. No así el de los salarios del personal eventual de confianza (alguno de tanta confianza, como las merluzas que llevan una semana con el pescadero) nombrado a dedo al servicio de los altos cargos, que se beneficiarán del 0,9 por ciento de subida fijada para los funcionarios y demás empleados públicos. 

Para pagar a esa legión de eventuales (más del doble de los que tenía el gobierno de Herrera) que encabeza el ex senador Ignacio Cosidó (55.120 euros/año), la Junta ha consignado cerca de 1,6 millones de euros. Junto al "amigo Nacho" y otros caídos electorales del PP, como la también ex senadora Esther Muñoz, hasta el momento engrosan la nómina 25 periodistas o asimilados, tres de ellos al servicio directo del presidente -Herrera se apañaba con dos- y cuatro al del vicepresidente Igea, cuyos antecesores se arreglaban con uno. Si se toma como referencia este negociado, al Presupuesto no se le puede negar un carácter expansivo.

Y por supuesto, no se escatima para el autobombo: Más de 12 millones de euracos se reparten las consejerías para "campañas de promoción", con Cultura (por aquello del Turismo) a la cabeza, con más de 5. Presidencia dispone de 2,2, la amiga Carlota (Empleo) de 1,6 y Fomento de algo más de uno. Esta última reserva más de 25 millones de euros (el 5 por ciento de su escuálido Presupuesto) a "contenidos de interés general" en la Televisión Digital Terrestre, partida que nutre a la única televisión autonómica privada que emite en Castilla y León.

David Castaño, portavoz parlamentario de C´s
 Inevitablemente el gasto público extraordinario generado por el Covid-19 distorsiona las cuentas de la Junta, que, como se ha dicho antes, vienen condicionadas por la pandemia. Nos quedamos por ello sin saber cómo hubiera priorizado el gasto en situación de normalidad un gobierno como el de Mañueco, en el que el PP ha tenido que negociar paralelamente con las dos facciones en que se haya dividido su socio: el grupúsculo liderado por Igea, que acapara toda la representación del partido en la Junta, y el sector oficialista fiel a Inés Arrimadas, que controla el grupo parlamentario. Lo único que sabemos es que en situación de normalidad habrían perpetrado la práctica supresión (bonificación al 99 por ciento) del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya tramitación tuvieron que suspender al irrumpir la pandemia y se han tenido que seguir comiendo ante la drástica caída en la recaudación de los ingresos propios de a comunidad.

En fin, un Presupuesto para capear malamente el temporal, que para nada afronta los grandes problemas estructurales de esta desdichada comunidad autónoma -sangría demográfica, desequilibrios territoriales, descohesión social y política...- que, no solo persisten, sino que han seguido agravándose durante la pandemia. Verbigracia, ya veremos cuantos somos en el próximo censo de población...

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