La trastienda/ Neofranquismo puro y duro

 Apenas se habían apagado los ecos de la machada fascistoide de declarar “bien de interés cultural” ese engendro conocido como la “Pirámide de los italianos” y en plena Semana Santa el tándem PP y Vox que ocupa la Junta de Castilla y León presenta la denominada Ley de Concordia, el proyecto legislativo pactado entre la derecha extrema y la extrema derecha para cargarse el vigente Decreto de Memoria Histórica y Democrática aprobado por el gobierno de Juan Vicente Herrera en 2018.

De la Hoz (PP) y Menéndez (Vox) registrando el Proyecto de Ley

 Ninguna sorpresa, puesto que, aunque no figuraba en el “Acuerdo de Legislatura” suscrito inicialmente por el tándem, la aprobación de una nueva “normativa en materia de Concordia” se añadió en la ampliación del pacto acordada en vísperas de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Lo extraño es que no se haya promovido antes, ya que se anunció que se tramitaría antes del 30 de junio de aquel infausto año 2022. Se supone que el PP ha estado dando largas al asunto -como sucede igualmente con la pretendida Ley de Violencia Intrafamiliar- hasta que Vox, urgida por su absoluta inoperancia en las materias que gestiona y los continuos exabruptos del dúo García-Gallardo y Veganzones, ha forzado la situación. 

Alguno se ha escandalizado ante la desfachatez del texto presentado. En realidad, no cabía esperar otra cosa de una iniciativa de la ultraderecha a la que se ha plegado el PP de Mañueco, el mismo que acusa a Pedro Sánchez de haber vendido su alma al secesionismo catalán con tal de seguir en La Moncloa. El decreto vigente, en línea con la Ley de la Memoria Histórica, llamaba a las cosas por su nombre. El franquismo era una dictadura y se trataba de reparar a sus víctimas, en primer lugar cooperando en la exhumación de los restos e identificación de los miles de asesinados enterrados en fosas comunes. La ley omite lo de dictadura, mete en el mismo saco a la República democráticamente proclamada en 1931 con la dictadura resultante del golpe militar de 1936 y excluye a las asociaciones creadas para localizar los restos de las víctimas del franquismo, del proceso legal para su recuperación. Toda una vuelta al calcetín democrático.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal

  A estas alturas de la película no vamos a sorprendernos del ultraderechismo de Vox, un partido que ha venido a ocupar el espacio político que tuvo en la transición Fuerza Nueva, la formación acaudillada por Blas Piñar. Un partido de extrema derecha, el de Santiago Abascal, aderezado con un integrismo católico recalcitrante que rebasa al de los obispos más reaccionarios, esos que comparten el deseo de que el Papa Francisco se reuna cuanto antes con San Pedro.

 En cuanto al PP, tiempo hemos tenido para estar curados de espanto. Durante décadas, justamente hasta que irrumpió en escena Vox, acogió en sus filas a los nostálgicos del franquismo, algunos con pasado militante precisamente en Fuerza Nueva. Hay casos sobradamente conocidos. El más aireado por estos lares es el del vallisoletano Alberto Gutiérrez Alberca, quien, tras sostener el guión del partido en un acto protagonizado por Blas Piñar ante el monumento a Onésimo Redondo en el cerro de San Cristóbal, lleva 37 años encadenando cargos públicos, primero con AP y luego con el PP. 

Menos conocido es el caso de Alfredo Prada, el leonés al que su pasado juvenil vinculado a Fuerza Nueva no le impidió ser vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Otra “rana” en el charco de Aguirre, un cenagal que hubiera hecho las delicias de los impenitentes furtivos que siguen haciendo de las suyas contra los anuros en la provincia de León. Prada es el principal imputado por el desaguisado de la Ciudad de Justicia de Madrid, donde se despilfarraron decenas de millones de euros de los madrileños.

Alfonso Fernández Mañueco y Esther Muñoz

 ¿Y qué decir de la presidenta del PP leonés, diputada del Congreso y por la gracia de Núñez Feijóo vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Esther Muñoz, la misma que a su paso por el Senado -entonces apadrinada por el compadre (de Mañueco), Fernando Martínez Maíllo- despotricó contra la Ley de Memoria Histórica, deplorando que el Gobierno socialista dedicara 15 millones de euros “a desenterrar unos huesos”?

 En fin, que no va a ser fácil recuperar los restos de Antonio Benaiges, el maestro de Bañuelos de Bureba, asesinado por milicianos falangistas a finales de julio de 1936, cuya figura ha sido rescatada en “El maestro que prometió del mar”, una película esclarecedora donde las haya. Sus “huesos”, que diría la ínclita Muñoz, no se corresponden con ninguno de los 135 republicanos asesinados y enterrados en fosas comunes en los alrededores del puerto de La Pedraja.

 Solo un último apunte, éste ciertamente sorprendente: la ausencia en el lanzamiento de esta iniciativa del vicepresidente Juan García-Gallardo. Parece que alguien en la madrileña calle Bambú, sede nacional de Vox, se ha dado cuenta de que cada vez que Gallardo aparece en escena, el PP de Mañueco engorda su bolsa de votos.

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Verde ful de Estambul

  "Greenwashing”. Este es el nuevo anglicismo que hemos importado para definir lo que viene a constituir el fraude de hacer pasar por ecológicas actividades energéticas contaminantes, algo así como un “ecopostureo”.

Mal está que nos sigan colonizando el idioma con todo tipo de extranjerismos, pero el colmo es que un servidor haya visto repetido el término en la información de un medio solvente sin que en ningún momento se explicara en que consiste la práctica. A diferencia de otros, algunos carentes de Licenciatura alguna, nunca he dado clase a alumnos de Periodismo, pero, si lo hiciera, obviamente recomendaría que cuando no quede mas remedio que utilizar algún extranjerismo, se haga aclarando fielmente su significado. Es lo mínimo.

Juan Carlos Suárez-Quiñones cuando era "Pañuelitos"

El “greenwashing” ha saltado a la actualidad por la denuncia presentada por la eléctrica Iberdrola contra la petrolera Repsol, a la que acusa de presentarse como líder de la transición energética y de la descarbonización “pese a que la gran mayoría de su actividad procede de los combustibles fósiles”. Iberdrola considera que se trata de una publicidad engañosa que supone una competencia desleal a la hora de captar a unos consumidores que, pese al contumaz negacionismo de algunos, están cada vez mas sensibilizados ante los peligros del cambio climático.

Para el ciudadano, consumidor o no, es una buena noticia que estos dos gigantes de la oligarquía energética se enzarcen sobre este asunto cuando lo normal sería que se taparan sus vergüenzas mutuas para eludir al máximo sus compromisos con la descarbonización. Lo del “ecopostureo” no de ahora, ni mucho menos. Hace unos días veíamos al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Rodríguez-Quiñones, antes “Pañuelitos” y después “Rey Sol”, entregar sin ningún rubor un premio concedido por su labor en pro de la bioenergía a la papelera ENCE, la planta fabricante de celulosa que lleva décadas contaminando paisajística y medioambientalmente la ría de Pontevedra. 

"Biofactoria" de ENCE en la ría de Pontevedra

 Hace falta impostura para premiar por su contribución al medio ambiente a una industria contaminante que, amparada en un prórroga ilegal decretada por Mariano Rajoy cuando presidía un gobierno en funciones, se aferra a permanecer en su actual emplazamiento, evitando la regeneración de la ría por la que claman hace años la inmesa mayoría de los pontevedreses. La cacidada le valió a Rajoy la declaración de “persona non grata” por parte del concello de Pontevedra, ciudad por la desde entonces se deja ver lo menos posible, no vaya a escuchar mas de un improperio.

Consciente de su insostenible ubicación en la ría, hace años que ENCE practica con todo descaro el “greenwashing”, desplegando campañas publicitarias en las que lo que presenta como una “biofactoría” lo que es una industria celulosa pura y dura, como conoce perfectamente Avebiom, la pseudopatronal que le ha concedido el premio. Además de subvencionar a todo el que se deja -incluida alguna cofradía de pescadores vinculada al PP-, ENCE ha prestado una generosa puerta giratoria a antiguos altos cargos públicos que han favorecido sus intereses. 

Los casos mas escandalosos fueron los de la exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino y el del ex consejero de la Xunta Carlos del Alamo. También pilló puesto en el Consejo de Administración un exSecretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, quien años antes fue director general de Tributos y Política Financiera de la Junta durante la etapa en que Fernando Bécker permaneció al frente de la consejería de Economía. (Fernández fue, como Juan Vicente Herrera, uno de los “sabandeños” de los que se rodeó el yerno de Carlos Robles Piquer, a la sazón este último cuñado de Manuel Fraga).

José Manuel Jiménez Blázquez

  A Avebiom, entidad domiciliada en Valladolid, están adheridas la propia Repsol y la sociedad pública Somacyl (adscrita la propia Consejería de Medio Ambiente y de la que es consejero-delegado el incombustible José Manuel “Dumbo” Jíménez Blázquez, director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental). Normal que el consejero Suárez Quiñones se preste al blanqueo de ENCE cuando ha mantenido en su equipo, y nada menos que al frente de Somacyl, a un personaje que se incorporó como alto cargo de la consejería en el año 2003 de la mano de la exconsejera María Jesús Ruíz, junto a la cual impulsó la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, ejemplo de aberración medioambiental donde los haya en el que la Junta lleva enterrados decenas de millones de euros.

 Entre 2008 y 2010, siendo viceconsejero de Desarrollo Sostenible, Jíménez Blázquez fue a su vez consejero de Renovacyl, sociedad que en 2011 fue absorbida precisamente por el grupo Repsol. (Ignoro  si en la instrucción judicial de la "trama eólica" alguien se habrá parado a cotejar los "informes de impacto ambiental" y las empresas donantes a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, asimismo adscrita a la mal llamada consejería de Medio Ambiente).Volviendo a Renovacyl, casualmente llegó a ser consejero-delegado y presidente de la sociedad José Luis Gómez Guijas, antiguo vicepresidente de la Diputación de Palencia y ex-tesorero regional de Alianza Popular. Ya se sabe que Dios les cría...

Fernández Mañueco y Díaz Ayuso en Navacerrada

 A todo esto, y como era de prever, la Junta ha recurrido ante el Tribunal Supremo el varapalo judicial propinado por el Tribunal Superior de Justicia obligando al gobierno autonómico a desmontar la estación de esquí de Navacerrada en lo que afecta al territorio de la comunidad. Esa gran lumbrera jurídica que ha demostrado ser el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, entiende que la Junta dispone de argumentos muy sólidos para que el recurso prospere. Si en los dominios de Felipe II no se ponía el sol, imagínense como va a consentir la pareja formada por el mismísimo “Rey Sol” (“La Administración soy yo”) y por el inventor del ocaso como concepto jurídico para marcar el toque de queda que el TSJ les lleve la contraria. ¡Hasta ahí podía llegar la broma..!

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El topillo/ Pájaros disparando a las escopetas

  Coexistió algunos años “El topillo” con un jefe -compañero a la sazón de la “lista negra” de periodistas de Castilla y León recordada estos últimos días- en cuyo despacho podía leerse en lugar bien visible una advertencia sobre un comportamiento muy común en todos los ámbitos: “Los pájaros disparan a las escopetas”. Dicha pauta se ha convertido en moneda corriente en el encanallado panorama político que nos rodea, donde impera la ley del embudo y abundan los que con pasmosa tranquilidad ven la paja en el ojo ajeno ignorando la viga que nubla el propio.

Óscar Puente

Viene esto a colación del rasgado de vestiduras del presidente de la Junta, que lo es también del grupo parlamentario popular de las Cortes y del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, indignado como herido en lo más profundo de su ser con el ministro Óscar Puente después de que éste utilizara la expresión “con derecho a roce” al referirse al compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso. Está claro que Puente, que ya incurrió en algo parecido cuando comparó la amnistía con el embarazo de una soltera, ha llegado a ministro sin haber aprobado primero de feminismo, asignatura que no ha conseguido superar pese a haber tenido durante años como mano derecha a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, que, feminismo al margen, es el polo opuesto en política de imagen y comunicación.

 Pero no parece que sea Fernández Mañueco el más legitimado para desgañitarse pidiendo su dimisión. No ya por su pasividad o tibieza ante comportamientos machistas en el seno de su propio partido -ya era consejero de la Junta cuando Nevenka Fernández denunció el acoso al que se vio sometida por aquel infausto alcalde de Ponferrada-, sino por ser el presidente que en una sesión plenaria de las Cortes fue cazado dedicando a hurtadillas una visible “peineta” a la procuradora socialista Rosa Rubio.

Alfonso Fernández Mañueco

Un gesto este último que intentó negar con tan escasa credibilidad que no convenció ni al propio portavoz nacional del PP, Borja Semper, y ello al tiempo que el jefe de sus socios de gobierno, Santiago Abascal, justificaba sin ambages la grosería. “Poco me parece”, llegó a decir el patriota detractor de la Universidad salmantina. (No sabemos si al líder de la ultraderecha española le pareció suficiente el gesto obsceno que su edecán por estos lares, Juan García-Gallardo, dedicó en otro pleno a otra procuradora socialista, a la que atribuyó algo ligeramente más subido de tono que un "roce”).

La historia del PSOE está salpicada de escándalos de corrupción que durante el gobierno de Felipe González, el ahora tan valorado por la derecha patria, proliferaron de manera pasmosa. Y el “caso Koldo-Ábalos” es de una chusquedad bochornosa, como lo fue en su día el del “enmano” de Alfonso Guerra (otro referente socialista ensalzado por la “fachosfera”), el del “Tito Berni” o el de los ERE de Andalucía. Pero si de prostíbulos hablamos, hay que recordar que Esperanza Aguirre tuvo como como número dos en su gobierno y en el PP madrileño a Francisco Granados, aquel al que sus compañeros de trinque le pedían festejar con “un volquete de putas” (sic) las fechorías cometidas a costa del erario.

El fallecido Tomás Villanueva con Juan Vicente Herrera

Y manda huevos, que diría Federico el hermano de Pablo, que desde el PP de Castilla y León se acuse de corrupto al mismísimo Pedro Sánchez justo cuando en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid se sienta en el banquillo la cúpula de la consejería de Economía que dirigiera el fallecido Tomás Villanueva, acusada de una ristra de delitos que no se la salta Javier Sotomayor. Un caso el de la Perla Negra directamente conectado -tanto que de hecho alguno repetirá banquillo- con la “trama eólica”, en fase todavía de instrucción judicial.

Muy flaca memoria hay que tener para olvidar que ambos casos se gestaron y perpetraron durante la etapa en la que Fernández Mañueco era secretario regional del PP, cargo que ejerció entre 2002 y 2017, año éste último en el que ascendió a presidente del partido tras las primarias internas ganadas a Antonio Silván con el indisimulado apoyo de su compadre Fernando Martínez Maíllo, el hombre fuerte por aquel entonces a los mandos del aparato en la calle Génova.

 Consejero de los sucesivos gobiernos presididos por Juan Vicente Herrera entre 2001 y 2011, Mañueco compartió puesto en el Consejo de Gobierno de la Junta con el actual titular de la consejería de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que se había estrenado como consejero, en este caso de Sanidad, nada menos que a finales del siglo pasado. Carriedo, ya saben ese-eterno-chico-bien mandado-que-vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido, se lamenta de que el gobierno Sánchez haya decidido no tramitar Presupuestos Generales del Estado para 2024, optando por mantener prorrogados los de 2023. Y dice que ello pone en peligro esos Presupuestos de la Comunidad para 2024 que Mañueco y García-Gallardo presentaron como el no va a más. (Tiene gracia que cada vez se saludan unos nuevos Presupuestos se destaque como máxima virtud que son los de mayor cuantía de la historia, cuando digo yo que mientras la inflación no sea negativa es algo que va de suyo).

Carlos Fernández Carriedo

 Sin embargo, a punto de cumplir un lustro en la Junta, los Presupuestos de 2024 serán los terceros presentados por los gobiernos presididos por Mañueco, quien en 2020 volvió a prorrogar los de 2018 y en 2022 hizo lo mismo con los de 2021, estos últimos los únicos aprobados en los dos años y medio de gobierno en comandita con Ciudadanos. De modo que no es precisamente Fernández Carriedo, que lleva dos prórrogas presupuestarias completas en su haber, el más indicado para reprochar a nadie la misma medida. Y ello sin remontarnos a todas las prórrogas registradas durante el mandato presidencial de Herrera, que fueron unas cuantas y la mayor parte de ellas sin ninguna justificación.

Hay que reconocer que el tahur de El Burgo de Osma era más cuidadoso que sus sucesores en el camuflaje de sus abundantes trapalladas. Seguramente porque estaba mejor asesorado sobre las malas pasadas que juega la hemeroteca y porque tampoco contaba con el férreo blindaje proporcionado por la chequera mediática. Eso y que, desprovisto del respaldo de la actual “fachosfera”, tenía presente un principio elemental en política y fuera de ella: Para mentir con tanta frecuencia hace falta tener buena memoria. Y de paso, añado yo, no despreciar de manera tan grosera la memoria del prójimo y procurar no insultar con tanta desfachatez la inteligencia ajena. Es lo mínimo, pienso yo, que se debería exigir.

P.D.- Mi apreciado exjefe me corrige: El cartel no rezaba "Los pájaros disparan a las escopetas", sino "Aquí las liebres corren a los galgos", que viene a ser lo mismo pero en versión terracampina zamorana. Aclarado queda.

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La trastienda/ Perla Negra: Una vista oral capada por el PSCyL y la Fiscalía

 Había despertado la lógica expectación la comparecencia en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid del expresidente de la Junta entre 2001 y 2018, Juan Vicente Herrera, citado a declarar en calidad de testigo por el abogado del exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, uno de los principales encausados en el caso Perla Negra-Polígono de Portillo, el doble pelotazo inmobiliario perpetrado a costa del erario autonómico.

Aspecto de la vista oral del caso Perla Negra

 Y era lógica la expectación porque el expresidente de la Junta, inexplicablemente no llamado a declarar durante la fase de instrucción, podía haber arrojado mucha luz sobre el entramado que se juzga. Pero para eso alguien tendría que haberle preguntado. Y solo lo hizo, y muy superficialmente, el defensor de Delgado. Ni la fiscal ni el resto de las acusaciones, entre ellas la del Partido Socialista, no consideraron de interés interrogar a tan relevante testigo. En lo referente a la fiscal y al PSOE dicha inhibición resulta ciertamente chocante, aunque puede que no lo sea tanto a la luz de determinados antecedentes.

 Juan Vicente Herrera, hoy consejero del Consultivo, con 80.741 euros anuales de salario bruto y coche oficial a su disposición para trasladarse (raramente más de un día a la semana) desde su residencia en Burgos a la sede de la institución en Zamora, aseguró sin pestañear que no tuvo conocimiento de lo que se cocía en Gesturcal hasta que en fecha no determinada fue informado por Pablo Trillo Figueroa, miembro del Consejo de Administración de dicha empresa pública adscrita a la consejería de Economía. A Herrera no le quedaba otro remedio que admitir dicho conocimiento después de que el 30 de mayo de 2016, Trillo, en ese momento delegado territorial de la Junta en Valladolid, declarara ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid que, siendo consejero de Gesturcal, había advertido al presidente de la Junta del desproporcionado coste que la Junta se disponía a pagar por la compra de la Perla Negra.

Soledad Martín, actual fiscal-jefe de Valladolid

Lo que no ha explicado el declarante, porque nadie se lo preguntó, fueron las gestiones realizadas para verificar el “chivatazo” de Trillo y evitar, en su caso, el “sablazo” a las arcas de la comunidad. Es más, a tenor de las vaguedades de su deposición oral, se diría que Gesturcal era una empresa privada sobre la que el máximo responsable de la Junta carecía de cualquier capacidad de control.

  El hecho cierto es que el entonces titular del Colegio de la Asunción permitió que la Junta abonara 52,15 millones de euros por la Perla Negra, cuantía incrementada con cerca de otros 8,8 millones facturados por la sociedad vendedora, Urban Proyecta, en concepto de gastos financieros, con lo que el coste final del edificio se elevó en torno a los 60 millones. Un coste que en 2016 el presidente Herrera consideró ajustado a mercado y que, tras años de instrucción, la Fiscalía ha estimado inflado en mas de 20 millones de euros.

¿Cómo se explica que la Fiscalía -menos mal que no fue la actual fiscal-jefe la que tuvo a su cargo el grueso de la instrucción- y el PSOE, personado como acción popular, hayan renunciado a sus respectivos turnos de preguntas al testigo Juan Vicente Herrera? En lo que respecta a los socialistas, obviamente la explicación debería ofrecerla su máximo responsable en Castilla y León, el secretario autonómico del PSCyL, Luis Tudanca.

Juan Vicente Herrera y Luis Tudanca en el hemiciclo de las Cortes

Ominoso pacto de silencio.- En sus primeros años de mandato, y a diferencia de sus antecesores, Tudanca se mostró dispuesto a aplicarse a fondo contra la corrupción que desde 1987, José María Aznar mediante, no había dejado de embadurnar al PP de Castilla y León por los cuatro costados. Tras ganar las primarias internas al palentino Julio Villarrubia, en octubre de 2014 el socialista burgalés accedió a la secretaria autonómica, desde la que fue proclamado sin rival candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2015.

Cuando estaba a punto de finalizar la campaña electoral de ese año, el candidato a la reelección en la presidencia de la Junta se desayunó con una indigesta noticia publicada por eldiario.es: Su hermano, Francisco Javier Herrera Campo, asesor financiero delegado de Renta-4 en Burgos, aparecía como cotitular de una sociedad de inversiones creada en 2.008 en Panamá junto al constructor burgalés Jesús Arranz Monje (grupo Arranz Acinas) en comandita con dos testaferros nativos de aquel paraíso fiscal. Ninguno de los periodistas que seguía la campaña importunó con la noticia al candidato del PP, que ese día celebraba un acto electoral en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. Y únicamente el digital leonés “ileon” se hizo eco de la noticia. El blindaje informativo engrasado con la chequera mediática manejada a su antojo por el vicepresidente y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se hizo notar del mismo modo que cuando el susodicho fue cazado utilizando su coche oficial para un asunto estrictamente familiar.

Pilar del Olmo a su llegada a la Audiencia

 Tras fracasar en su afán por mantenerlo oculto, años después el gobierno Herrera tuvo que reconocer que la Junta, a través de la empresa publica Excal, había firmado un convenio con el grupo Arranz Acinas para ubicar en un edificio de su propiedad una oficina supuestamente dedicada a apoyar la internalización de los empresarios de la comunidad, despacho atendido por una tal Ana Cecilia Alvarado, que trabajaba simultáneamente para las dos partes contratantes.

Conocedor de todo este percal, Tudanca amagó pero nunca dio. En mayo de 2017 había sido reelegido al frente del PSCyL en el congreso autonómico celebrado en Zamora bajo el elocuente lema “La alternativa decente”. Sin embargo, y como por ensalmo, el líder de la oposición dejó de interesarse por el lado oscuro de la gestión de su paisano Juan Vicente, al que aún le restaban mas de dos años de mandato. Del mismo modo que en las primarias socialistas de 2014 Tudanca pidió explicaciones a Villarrubia sobre el llamado “pacto de la Coronita”, una amnistía fiscal encubierta perpetrada de tapadillo en 2012 a instancias de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, el actual secretario autonómico debería de explicar el ominoso pacto de silencio concertado con su paisano el hoy consejero del Consultivo.

Me he quedado sin espacio para ocuparme de la preocupante “amnesia” de la exconsejera Del Olmo, quien ha actuado en la sala de vistas con la misma desfachatez que cuando declaró por videoconferencia durante la fase de instrucción. Ya dije en vísperas del juicio que en el banquillo probablemente sean todos los que están, pero no están todos los que fueron. Ya veremos como salen del trance los seis antiguos cargos públicos o altos ejecutivos de la Junta finalmente encausados. Desde luego, los dos viceconsejeros del malogrado Tomás Villanueva, el citado Rafael Delgado y su alma gemela Begoña Hernández, lo tienen en chino mandarín. Por el contrario, dicen que el yerno de “El Águila de Toledo” mantiene la esperanza de salvarse de la quema. 

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

El topillo: El estropicio reputacional

 

García-Gallardo y Fernández Mañueco

Tanto como enarbola la bandera de Castilla y León en  supuesta defensa de los ciudadanos que habitamos estas nueve provincias, ¿se ha parado a valorar el Partido Popular el destrozo que está ocasionando su socio de gobierno a la reputación de esta comunidad autónoma? Me temo que a los mismos que acusan día sí día también al PSOE  de Pedro Sánchez de atentar contra la dignidad democrática por pactar con el mismísimo diablo (ahora el demonio es Puigdemont, antes fue el monstruoso Frankenstein) no les interesa detenerse a pensar en el grave deterioro de ese importante intangible.

Es más, los propios “alfonsólogos” de cámara afirman que el presidente Fernández Mañueco está encantado con el interminable rosario de dislates y desatinos que han convertido a su número dos en el gobierno autonómico, el vicepresidente único Juan García-Gallardo Frings en un estrafalario personaje que denigra el prestigio de esta comunidad en todo el solar patrio. Según los interesados corifeos que han descubierto en Mañueco a un estratega político con talla de estadista, el presidente de la Junta se frota las manos calculando el chorro de votos que pierde Vox en beneficio del PP cada vez que el vicepresidente incurre en una de sus “gallardadas”. Y en verdad no hay otro cálculo en la mente del inquilino del Colegio de la Asunción, quien, tan pronto como disponga del preceptivo plácet de Núñez Feijóo, volverá a convocar elecciones anticipadas con el objetivo de deshacerse de Vox y gobernar en solitario. 

García-Gallardo en la Pirámide de los italianos

  Ciertamente, después de mas de dos años de cohabitación, el cúmulo de provocaciones y disparates de García-Gallardo Frings (más adelante entenderán porque hoy le cito con sus dos apellidos) resulta ciertamente insuperable. Por citar solo sus últimos despropósitos, no se habían apagado los ecos de su solemne ridículo en la entrega de los Premios Goya y ya estaba lanzando un desaforado ataque a la Cruz Roja que le obligó a dar marcha atrás con el agravante de tomarnos a todos por imbéciles al pretender hacernos creer que se había malinterpretado su descabellada imputación a la ONG

Como tampoco dejaba margen a la interpretación el delirante ataque de su jefe de filas, Santiago Abascal, a la Universidad de Salamanca, perpetrado para mayor inri en un foro estadounidense. Un daño reputacional a la histórica Universidad helmántica que luego trató inútilmente de reparar el vicepresidente, consciente del coste electoral que dicho desafuero tendrá para Vox en la provincia salmantina.

Y tiempo le faltó a García Gallardo Frings para desplazarse hasta el puerto del Escudo a celebrar in situ el despropósito -en este caso del gobierno de la comunidad en pleno- de declarar “bien de interés cultural” el engendro que honra la memoria de los fascistas italianos que apoyaron la sublevación militar que desembocó en la dictadura franquista. Amén de un desafío a la vigente Ley de la Memoria Histórica, esta indisimulada loa al fascismo -no en vano celebrada por el partido neofascista de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni- ha sido impulsada desde una consejería, la de Cultura, cuyo titular, Gonzalo Santonja, formó parte en su día del entorno (dejémoslo ahí) del brazo político de ETA.

Gonzalo Santonja

 A propósito: Nada se ha vuelto a saber de las acciones legales anunciadas en su día por Santonja contra el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el ministro Óscar Puente y el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, quienes de forma más o menos directa señalaron los antiguos vínculos del actual consejero de Cultura con esa organización a la que José María Aznar denominó “movimiento vasco de liberación” (manda huevos que diría Federico, el hermano mayor de Pablo Trillo-Figueroa, el ex consejero de Gesturcal que trató, ingenuo él, de que el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, abortara el "pelotazo" auspiciado por su gobierno en torno a la doble operación de alquiler y compra de la Perla Negra).

Unas acciones legales que Santonja encomendó al abogado burgalés Juan García-Gallardo Gil-Fournier (en efecto, padre del vicepresidente de la Junta y primo de su Jefe de Gabinete, José María Barrio Gil-Fournier). García-Gallardo senior está al frente de un influyente bufete que ha asumido en el pasado la representación legal de empresarios tan connotados como Ruíz Mateos y los dos principales magnates de la construcción en Burgos: Antonio Miguel Méndez Pozo, “Michel” para los amigos, y el grupo Arranz Acinas.

Precisamente la defensa legal de este último grupo le costó en 2016 a García-Gallardo Gil-Fournier una sanción del Colegio de Abogados por el “incumplimiento de las obligaciones de incompatibilidad” recogidas en el Código Deontológico de la profesión. La sanción (un mes de suspensión para ejercer la profesión) fue ratificada primero por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León y después por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, ante la que recurrió sin éxito defendido por su propio hijo, el actual vicepresidente. Tampoco prosperó su posterior intento de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, que inadmitió el pretendido recurso.

Santiago Abascal e Irene Carvajal

 Y siguiendo la estela de García-Gallardo Frings, acabamos de asistir al desaire que ha intentado infligir la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura del ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, a la insigne actriz vallisoletana Lola Herrera, objeto por parte del propio gobierno municipal de un  reconocimiento con ocasión de este 8-M. Carvajal ha deplorado dicho reconocimiento hacia una figura nacional de la escena a la que el ayuntamiento distinguió años atrás nada menos que con la Medalla de Oro de la Ciudad y la dedicación de una plaza en el barrio vallisoletano donde vino al mundo.

Con episodios cargados de resentimiento político como éste, la ciudad de Valladolid, que ha tenido alcalde socialista 24 de los 45 años de ayuntamientos democráticos, vuelve a las andadas predemocráticas que le valieron en su día el sambenito de “Fachadolid”.

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