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El retoque del grupo socialista presagia un endurecimiento de la oposición

 Luis Tudanca ha esperado a que pasara el 14 congreso autonómico del PSOE para reestructurar el grupo parlamentario socialista de las Cortes, en el que permanecía vacante el puesto de viceportavoz desde que Virginia Barcones dejara su escaño para hacerse cargo de nuevo de la Delegación del Gobierno.

 Tudanca ha encomendado la viceportavocía a la vallisoletana Patricia Gómez Urbán, hasta ahora secretaria general del grupo. El ascenso de Gómez Urbán encaja con la línea de oposición dura anunciada por los socialistas en relación con los casos de corrupción en los que están envueltos diversos antiguos cargos de la Junta y la propia Administración Autonómica, obligada a depositar una fianza de 24 millones de euros como responsable civil subsidiaria en la causa de la “trama eólica”.

 Ayer mismo Gómez Urbán calificó de “sectario y arbitrario” el rechazo de la Mesa de las Cortes a la comparecencia parlamentaria del presidente de la Junta para dar explicaciones sobre dicho caso. La ahora viceportavoz socialista afeó además la actitud del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, que un principio había manifestado su intención de abstenerse y después votó en contra junto a los otros tres representantes de PP y C´s en la Mesa. Gómez Urbán se ha convertido últimamente en particular azote de Fuentes.

 Los cambios en el grupo socialista se completan con el ascenso del soriano Ángel Hernández a la secretaría y la incorporación a la dirección de la procuradora segoviana Alicia Palomo, un firme valor en alza que a su vez ha asumido la Secretaría de Política Institucional en la nueva Ejecutiva Autonómica.

30-Noviembre-2021

Tudanca, misión imposible

 Atrás ha quedado el 14 congreso del PSOE de Castilla y León, que, como se esperaba, ha cerrado filas en torno a Luis Tudanca, reelegido por abrumadora mayoría para un tercer mandato como secretario autonómico del partido. Un nuevo mandato que afronta al frente de una Ejecutiva renovada que mantiene el “núcleo duro” de la anterior, con la Delegada del Gobierno, Virginia Barcones, como vicesecretaria, y la inamovible Ana Sánchez al frente de la Secretaría de Organización. Se recupera el cargo de presidente, que, en un gesto de reconocimiento al socialismo leonés, recae en Eduardo Morán, titular de la Diputación leonesa.

Tudanca y Sánchez en el congreso del PSOE CyL

  A su paso por este congreso, Pedro Sánchez reivindicaba la labor de su gobierno, víctima de una especie de “tormenta perfecta” que ralentiza la esperada recuperación económica, y abogaba por una “mayoría rotunda” de su partido en las próximas elecciones autonómicas que vuelque del lado socialista la Junta de Castilla y León.

 Pero a nadie se le oculta que este último objetivo se presenta ahora extremadamente difícil. El escenario político ha cambiado sustancialmente desde aquel mayo de 2019 en el que el PSOE de Tudanca desplazaba al PP como fuerza más votada en esta comunidad, algo inédito desde la victoria de Demetrio Madrid en las primeras autonómicas.

 En las generales de abril de aquel año, el PSOE de Sánchez logró una rotunda victoria sobre el PP de Pablo Casado, al que dobló en escaños (113 por 66). Los socialistas remontaban el vuelo mientras los populares tocaban suelo lastrados por los casos de corrupción. Y solo cuatro semanas después llegaban las elecciones autonómicas, en las que, agotado el ciclo político de Juan Vicente Herrera, debutaba como candidato Alfonso Fernández Mañueco.

Sánchez, Tudanca, Barcones y Morán 

La debilidad del PP y el desplome de Podemos propició que el PSOE de Luis Tudanca fuera la fuerza más votada, con un porcentaje cercano al 35 por ciento que le reportaba 35 de los 81 escaños en liza. Por el contrario, el PP cosechaba su peor resultado histórico, un 31,53 por ciento de los votos y 29 procuradores. Ciudadanos se erigía como tercera fuerza con 12 procuradores que disponían de la llave de la gobernabilidad.

Historia de una frustración.- Parecía llegado el momento de una alternancia política que franqueara el paso al PSOE, máxime cuando Ciudadanos y su candidato, Francisco Igea, habían basado su campaña en una regeneración política incompatible con un PP 28 años apalancado en el gobierno autonómico y con una mochila cargada con los casos de corrupción actualmente judicializados.

  Pero a la pulsión de cambio de ciclo político se interpuso el despechado liderazgo de Albert Rivera, partidario de un pacto con el PP que daba al traste con la alternancia política que pedía a gritos esta comunidad. Igea se plegó a ese designio y el resultado fue el gobierno de coalición PP-C´s que nos ha traído hasta aquí.

Mañueco y Tudanca el pasado sábado en León

 Ahora Tudanca tiene ante sí el reto de intentarlo por tercera vez. Pero la política española ha dado un vuelco a partir de la resonante victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que sin duda ha marcado un punto de inflexión. La gestión de la pandemia ha castigado a Sánchez, a la vez que el PP de Casado ha recuperado el resuello, en gran medida al conseguir fagocitar a Ciudadanos, desde entonces un partido en fase de liquidación.

 De ese viento de cola favorable al PP se ha beneficiado y mucho Fernández Mañueco, quien pese a venir gobernando sin mayoría parlamentaria desde la fallida moción de censura socialista, se ha fortalecido en la presidencia de la Junta y ha reducido a su socio de gobierno a mero cautivo de un posible adelanto electoral que certificaría su defunción política. Ello al tiempo que ha pactado con los escindidos del PP de Ávila la aprobación del Presupuesto de Comunidad para 2.022.

 Mañueco, con todo a favor.- Desde ese rearme institucional y enterrada el hacha de guerra en Génova, la figura política de Mañueco ha dado un salto en el ámbito nacional, alcanzando un status de influyente barón territorial del que carecía, sin que las sombras de la pasada corrupción de la Junta afecten a esa proyección.

¿En manos de Moreno Bonilla?

 Todos los sondeos sitúan al PP de nuevo como fuerza más votada en Castilla y León y a notable distancia del PSOE, que retrocede en porcentaje de voto y escaños. Y al tiempo emerge como tercera fuerza Vox con suficientes escaños para disponer de grupo propio y formar mayoría absoluta con el PP. Resulta así que, aun repitiendo su gran resultado electoral de 2019, los socialistas no tendrían con quien armar una mayoría absoluta alternativa. 

Este es el panorama hoy y no variará sustancialmente en el caso de que se agote la Legislatura. Haya adelanto electoral o no, lo de Tudanca constituye misión poco menos que imposible.

 De otro parte, el atajo de una hipotética segunda moción de censura ha quedado completamente cegado. Y para mayor inri constituye la coartada que necesita Mañueco para justificar un adelanto electoral que puede venir de la mano de Andalucía, donde Moreno Bonilla, una vez que le han tumbado los Presupuestos, espera el momento oportuno para pulsar el botón.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

 

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La Justicia estrecha el círculo sobre la “colecta” irregular del PP de Salamanca

Se veía venir que, una vez que el juez y la fiscalía habían empezado a desentrañar la madeja, la causa abierta por la chapucera “colecta” montada por el PP de Salamanca con ocasión de las primarias autonómicas que Alfonso Fernández Mañueco ganó a Antonio Silván iba a traer consecuencias judiciales a su máximo promotor, el presidente provincial del partido y de la Diputación salmantina, Javier Iglesias.

 Y así se ha confirmado en un auto del Juzgado de Instrucción que declara investigados a Iglesias, a la gerente del partido, Isabel Sánchez, y al propio PP de Salamanca como persona jurídica por presunto delito de financiación ilegal. El juez constata la recaudación de un montante de 61.937 euros destinados a satisfacer cuotas de militantes que no estaban al corriente de pago, requisito imprescindible para poder participar en la votación. E incluso dado por buenos los recibos y justificantes aportados sobre las donaciones, el auto judicial considera que están sin justificar 24.140 euros que han de calificarse como “donación anónima ilegal”.

 El fiscal estima que al tratarse de un supuesto de donaciones anónimas cabe aplicar caso el art. 304 bis 5 del Código Penal, que tipifica la financiación ilegal de los partidos políticos.

 El auto judicial se produce cuando el PP de Salamanca sigue sin convocar el congreso provincial que debiera haberse celebrado como muy tarde en el mes de septiembre y que no puede demorarse más después de que hoy mismo se haya anunciado que el congreso autonómico tendrá lugar a mediados de enero en León.

La nueva fase en la que entra el caso supone un serio revés no solo para el PP de Salamanca y su todavía presidente, que aspiraba a una nueva reelección, sino también para el propio Fernández Mañueco en la medida de que empaña su victoria en aquellas primarias autonómicas de 2017.

24-Noviembre-2021

Cortes de Castilla y León: Una crispación sin precedentes

 No es que el panorama nacional resulte una balsa de aceite, pero si por algo se está caracterizando la vida parlamentaria en Castilla y León es por una progresiva degradación del debate político, plagado de broncas, ex abruptos y ánimos de zaherir en una escalada de crispación desconocida en las 9 legislaturas anteriores.

Ana Sánchez protestando a Fuentes su expulsión del hemiciclo

 La trifulca entre dos procuradores que estuvieron a punto de llegar a las manos al término de una Comisión disparaba no hace mucho todas las alarmas. El incidente reflejaba el clima de tensión desatado en los últimos meses en el Parlamento Autonómico.

 El portavoz de Ciudadanos, David Castaño, no duda en responsabilizar de esta crispación a los socialistas, que según él no han conseguido digerir que el pacto PP-C´s frustrara su objetivo de gobernar la Junta. Castaño olvida, sin embargo, la destacada contribución a inflamar la vida política que ha tenido el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien desde cualquiera de los muchos medios a su alcance arremete sistemáticamente contra el primer partido de la oposición. Sus invectivas e improperios tanto contra el gobierno Sánchez como contra los socialistas de Castilla y León no tienen parangón.

 “Hay gente que sobrevuela en círculos sobre las crisis”, replicó en cierta ocasión a Luis Tudanca, equiparado así a un “ave carroñera” solo por pedir explicaciones sobre el alto grado de mortandad por Covid-19 en las residencias de ancianos.

Casado, Amigo e Igea llegando al pleno de las Cortes

 Convertido en ariete contra el PSOE, Igea ha dado rienda a su incontinencia verbal en las sesiones de control parlamentario, descendiendo a menudo a expresiones propias del lenguaje tabernario. “En Andalucía se iban de putas”, contestó en otra ocasión contratacando a los socialistas con el caso de los ERES andaluces.

 El estilo pendenciero de Igea ha calado además en las dos consejeras de su máxima confianza, Verónica Casado, y Ana Carlota Amigo. La primera provocó en el primer pleno de abril un bochornoso incidente cuando, preguntada por la socialista Patricia Gómez, sobre su preocupación sobre la Salud Mental, contestó lo siguiente: “Me preocupa la Salud Mental, mucho, y la suya especialmente”. 

Tal ex abrupto provocó una monumental bronca en la bancada socialista, de resultas de la cual fue expulsada la vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Sánchez. Y el asunto aún colea, ya que recientemente Gómez acusaba al presidente, Luis Fuentes, de haber precipitado dicha expulsión para que el PP y C´s, entonces ya sin mayoría, no perdieran ninguna votación en esa sesión. Fuentes ha calificado de “ignominia” una acusación que la procuradora se ha negado a retirar.

Marta Sanz, bandera en mano

Ana Carlota Amigo cruzaba la línea roja de lo personal cuando en el curso de una interpelación aludió a la relación de la ex procuradora de Ciudadanos María Montero con el procurador socialista Diego Moreno.

 Otro hecho sin precedentes ha sido la denuncia judicial de cuatro procuradores socialistas contra Marta Sanz, procuradora de Ciudadanos y secretaria tercera de la Mesa. Ana Sánchez, Patricia Gómez, Rosa Rubio y Nuria Rubio se querellaban por calumnias contra Sanz después de que ésta calificara como “acoso” los comentarios vertidos sobre ella en redes sociales. Todo un hito del nivel de crispación existente, del que Fuentes, como Castaño, responsabiliza en exclusiva al PSOE.

 Cierto que la vehemencia que caracteriza a procuradoras como Sánchez y Gómez, sobre todo cuando cargan sobre asuntos de corrupción, predisponen a la bronca, pero de ahí a considerar al grupo socialista único responsable de la crispación, media un abismo, sobre todo estando por medio el tremendismo político practicado por Igea.

Patricia Gómez 

  El presidente Fuentes ha batido esta legislatura todos los records en llamadas al orden para tratar de restablecer la calma en el hemiciclo. Peor aún lo lleva el vicepresidente primero, Francisco Vázquez, del PP, cuando el titular se ausenta y le deja a cargo del pleno. “¡Aquí cada uno hace lo que le da la gana!”, exclamaba en un reciente pleno, impotente para restablecer el orden.

Naturalmente, no todos participan de esta crispación. Mañueco y Tudanca nunca han perdido las formas. Y nada puede reprocharse a la única procuradora de Vox, Fátima Pinacho, y otros miembros del grupo mixto, como la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, el leonesista Mariano Santos o el abulensista Pedro Pascual. “Si la gente viera realmente lo que pasa aquí, nos correrían a gorrazos”, reconocía este último en unas recientes declaraciones.

 Por decoro propio y elemental respeto a la ciudadanía representada, urge erradicar unos comportamientos que están socavando gravemente el prestigio de la institución parlamentaria.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

 

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EL TSJ declara “caprichoso” y “arbitrario” el cese de uno de los gerentes del ECYL purgado por la consejera Amigo

La “purga” de altos cargos y puestos de libre designación perpetrada por Ana Carlota Amigo a su llegada a la consejería de Empleo e Industria acaba de deparar un contundente revés judicial a la Junta, condenada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia a restituir en su puesto al gerente del Servicio Público de Empleo (ECYL) en Ávila, cesado de su cargo del 29 de junio de 2020.

 En esa fecha la consejera firmaba cinco órdenes cesando en sus puestos a los gerentes del ECYL en Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid, así como a la Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo en León. De ellos, solo los gerentes de Valladolid y Burgos se avinieron a aceptar que sus ceses se producían “a petición propia”, razón por la que figuró en los mismos “el agradecimiento a los servicios prestados”.

 Sin embargo, los gerentes de Ávila y Salamanca y la Jefa de la Oficina en León no se prestaron a ninguna pantomima, motivo por el que fueron cesados con el único argumento de que “para sus superiores jerárquicos se ha producido la pérdida de confianza en sus actuaciones”.

El gerente destituido en Ávila, Francisco Javier Luis Jiménez, recurrió a los tribunales y una sentencia favorable del Juzgado de lo Contencioso Administrativo se ha visto ahora plenamente confirmada por otra de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, que ha propinado a la Junta un soberano varapalo jurídico. Según dicha sentencia, a la que ha tenido acceso “Diario de Valladolid-El Mundo”, “el cese acordado constituye un acto nulo por estar carente de cualquier motivación o explicación que lo convierte en un acto totalmente arbitrario y contrario a lo dispuesto en la Constitución”.

“Ha quedado acreditado -dice en sus fundamentos- que estamos ante un cese caprichoso (…) sin informes que sustenten la decisión”. En consecuencia, la sentencia obliga restituir en su puesto a Luis Jiménez y a abonarle las retribuciones dejadas de recibir desde su cese.

 Todo un descalabro judicial para la consejera Amigo y los presuntos inductores de las sucesivas “purgas” sufridas por el equipo del anterior consejero, Germán Barrios, quién presentó su dimisión ante las continuas injerencias del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y las deslealtades el viceconsejero de Empleo, David Martín.

18-Noviembre-2021

 

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Madrugón para desayunar junto a Fernández Mañueco

 No la primera vez que el actual presidente de la Junta comparecía en los desayunos que el Nueva Economía Fórum organiza en el madrileño Hotel Ritz. Lo hizo al principio de su mandato, en septiembre de 2019, siendo presentado en aquella ocasión por el presidente nacional del PP, Pablo Casado.

 Ausente Casado, Teodoro García Egea, el secretario general, ha ejercido hoy como máxima representación del partido, junto al alcalde de Madrid, Alfonso Martínez Almeida, a la sazón portavoz nacional del PP, y los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, Cuca Gamarra y Javier Maroto. La posible coincidencia en un mismo acto de García Egea e Isabel Díaz Ayuso se ha frustrado por la ausencia de la presidenta madrileña.

 El formato no ha sido el de una conferencia al uso, sino el de una batería de preguntas trasladadas por el moderador, que no ha sido otro que el propio presidente del Fórum, José Luis Rodríguez, empresario buen conocedor de esta tierra por ser el propietario de la bodega Heredad de Urueña, primer Vino de Pago declarado en Castilla y León.

 Sobre los aspectos políticos más candentes, Mañueco no ha proporcionado ningún titular, como no sea el de negar que dentro del PP exista “un gen caníbal”, tal como sugería una pregunta sobre el conflicto que mantienen Casado y Díaz Ayuso en torno a la convocatoria del congreso del PP madrileño. Sobre el conflicto en sí, el presidente de la Junta ha seguido manteniéndose de perfil.

 La única novedad anunciada por Mañueco ha sido que el congreso autonómico del PP de Castilla y León se celebrará durante el primer trimestre de 2.022. Y en presencia del gobierno de la Junta en pleno, que ha compartido mesa con el alcalde Almeida, el presidente ha reiterado su voluntad de agotar la Legislatura siempre que pueda seguir gobernando con estabilidad. En resumen, mucho madrugón y desplazamiento de coche oficial para tan escaso contenido.

17-Noviembre-2021

¿Y si Mañueco cumple su palabra y agota la Legislatura?

  Si la palabra de los políticos, de todos en general, no estuviera tan devaluada, en Castilla y León no llevaríamos desde principios de septiembre dando poco menos que por segura la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas. Simplemente porque el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, único facultado para activar ese adelanto electoral, en ningún momento ha dejado de asegurar su propósito de agotar la actual Legislatura, estableciendo como única condición para ello que se mantenga la estabilidad de gobierno.

“Todo el mundo que me conoce, y lo he dicho hasta la saciedad, sabe que lo que quiero es agotar la Legislatura”, reiteraba recientemente entrevistado por Carmen Morodo en el diario “La Razón”. “Pero también quiero estabilidad política y parlamentaria y espero que se mantenga a lo largo de los 16 meses que nos quedan hasta acabar el mandato”, añadía el presidente de la Junta.

Alfonso Fernández Mañueco

   Y siendo cierto que desde que la procuradora María Montero abandonó Ciudadanos el bloque de gobierno perdió la mayoría parlamentaria, también lo es que ello no ha impedido la gobernabilidad. PP y C´s han perdido desde entonces diversas votaciones parlamentarias y se han visto obligados a admitir comisiones de investigación con las que no estaban de acuerdo, pero todo ello en ningún momento han puesto en riesgo la estabilidad del gobierno Mañueco.

¿Qué puede poner en estos momentos en riesgo esa estabilidad? La respuesta es obvia: Que la Junta no pudiera sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad para 2022 que actualmente tramitan las Cortes. Si se diera ese supuesto, el presidente dispondría de un argumento de peso para disolver la Cámara y adelantar las elecciones. Pero ese supuesto es extremadamente remoto, ya que, una vez que el partido “Por Ávila” (XAV) accedió a aprobar el techo de gasto, todo apunta a que, solventados los tiras y aflojas en la negociación de las contrapartidas, la formación abulensista aportará su voto para que los Presupuestos sigan adelante.

 Las recientes declaraciones a este diario del alcalde de Ávila y líder de XAV, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, condicionando el acuerdo presupuestario a la no convocatoria de elecciones anticipadas son de una lógica aplastante. “Sería absurdo negociar unos Presupuestos para que el día después se convoquen unas elecciones y esos Presupuestos no se ejecuten”, argumenta Sánchez Cabrera, quien haría un papelón si las contrapartidas obtenidas para Ávila quedan en papel mojado a causa de un adelanto electoral. Pero XAV no puede tensar mucho esa cuerda, ya que si su intransigencia hace fracasar los Presupuestos, se esfumará cualquier contrapartida.

Luis Tudanca en su escaño de las Cortes

  Si, como es previsible, los Presupuestos salen adelante Mañueco carecerá de razones objetivas para incumplir su compromiso de agotar la Legislatura. Tan solo le quedaría la excusa de precipitar las elecciones para frustrar la moción de censura que los socialistas pueden volver a presentar a partir del 10 de marzo. Pero a estas alturas esa es una excusa muy cogida por los pelos, ya que por parte del PSOE resultaría una temeridad reiterar una iniciativa que no tiene el menor viso de prosperar.

 Sondeo disuasorio.- Entretanto, están apareciendo nuevos factores disuasorios del adelanto electoral. Si la pasada semana nos referíamos aquí a un calendario judicial adverso para el PP, no hay que perder de vista los resultados del reciente sondeo electoral de Metroscopia. Sus resultados devuelven al PP a su condición de fuerza más votada (34-37 escaños) pero alejado de la mayoría absoluta que marcan los 41. Y lo que es peor, aritméticamente su único apoyo posible para seguir gobernando sería Vox, que emergería como tercera fuerza política con 10 u 11 procuradores.

 A poco más de un año de las elecciones autonómicas de 2023, es posible que, ante la perspectiva de gobernar bajo el sometimiento de Vox, a Mañueco le traiga más cuenta mantener su actual alianza con Ciudadanos, cuya corriente oficial, afín a Inés Arrimadas, que controla el grupo parlamentario, se ha plegado completamente ante el PP, tratando con ello de evitar como sea un adelanto electoral que certificaría la defunción del partido.  

Verónica Casado y Francisco Igea

 Con Ciudadanos completamente inerme, el único problema de Mañueco no radica en las Cortes, sino en el seno de su propio gobierno, concretamente en la huida hacia adelante de la consejera Verónica Casado, que ha convertido el Sistema Público de Salud en un permanente foco de conflictos. A diferencia de su mentor, el vicepresidente Francisco Igea, que ha ido recogiendo velas, Casado sigue haciendo de su capa un sayo ante la creciente indignación dirigentes, alcaldes y cargos públicos del PP.

Un problema de autoridad que, una vez aprobados los nuevos Presupuestos, Mañueco puede resolver de un plumazo acometiendo la oportuna remodelación de su gobierno. Ese sí sería un verdadero golpe de autoridad.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

El calendario judicial, otro condicionante del adelanto electoral

Era un factor con el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no contaba cuando hace semanas se planteó la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas a la próxima primavera. La Semana Santa, que en 2022 cae a mediados de abril, y el Día de la Comunidad, el sábado 23 del mismo mes, eran las únicas fechas que en principio podían condicionar la convocatoria electoral. Sin embargo, ha irrumpido después en escena un calendario judicial un tanto contraindicado para los intereses electorales del PP de Castilla y León.

La vista oral del caso Perla Negra-Polígono de Portillo, que comienza el 14 de marzo, ha cobrado nueva dimensión mediática tras conocerse que entre los testigos propuestos por uno de los principales acusados, el ex viceconsejero Rafael Delgado, figuran el ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la ex consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. Dos comparecencias de gran interés para esclarecer cómo se gestaron unos sobrecostes que la Fiscalía valora en 23,6 millones de euros.

Juan Vicente Herrera y Pilar del Olmo

 La citación a Herrera subsana una omisión ciertamente llamativa, cual es que no fuera a declarar durante la instrucción, lo que parecía obligado después del testimonio prestado por Pablo Trillo, ex consejero de Gesturcal, quien puso al corriente al entonces presidente del coste, a su juicio desorbitado, que la Junta se disponía a abonar por la Perla Negra. Conocida la revelación de Trillo, Herrera reconoció públicamente haber supervisado y dado el visto bueno a la operación, culminada según el ministerio fiscal con un sobrecoste superior a los 20 millones de euros.

 Pilar del Olmo declaró durante la instrucción, pero como si no lo hubiera hecho. Como aforada se acogió a su derecho a declarar por videoconferencia y no aclaró absolutamente nada sobre lo investigado, asegurando que los cargos públicos de su consejería presentes en Gesturcal no le mantenían informada sobre el asunto.

 Dado que el patrimonio inmobiliario de la Junta compete a la consejería de Hacienda, a Del Olmo le correspondía en origen gestionar la adquisición del polémico edificio, responsabilidad que delegó en el entonces titular de Economía, Tomás Villanueva. A partir de ahí, pese a desentenderse políticamente del caso, su firma aparece en otros trámites del procedimiento.

 No es de esperar que los testimonios del expresidente de la Junta, actual consejero nato del Consultivo, y de la exconsejera, ahora jefa de filas del PP en el ayuntamiento vallisoletano, arrojen mucha luz. Pero es evidente que van a elevar el interés mediático de una vista oral que se va a prolongar hasta el 29 de abril, justamente durante un mes y medio.

 Cierto que ni en este caso ni en parejo de la “trama eólica” aparece ningún indicio sobre presunta financiación irregular del PP, pero la exposición de ex altos cargos de la Junta, unos como acusados y otros como testigos, no constituye precisamente el mejor reclamo electoral para Alfonso Fernández Mañueco.

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Fernández Mañueco y Javier Iglesias

 El “Cui Prodest” de Mañueco.- Más comprometido políticamente para Mañueco es el caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca, que le pilla muy de cerca por estar directamente relacionado con las primarias autonómicas del PP en las que el actual presidente se impuso al leonés Antonio Silván. Tras un primer carpetazo por parte del Juzgado de Instrucción, la Audiencia Provincial de Salamanca estimó en 2020 un recurso de la acusación (Foro Izquierda-Los Verdes) y ordenó la reapertura de las diligencias por un presunto delito de financiación ilegal.

  Las distintas pruebas practicadas desde entonces han ido poniendo de manifiesto la chapucera “colecta” organizada por responsables del PP salmantino con el fin de recaudar fondos con los que pagar las cuotas atrasadas de militantes que no estaban al corriente de pago, ya que esto último era requisito imprescindible para poder votar.

 La convocatoria de estas primarias dejó al descubierto la verdadera implantación del PP de Castilla y León, que presumiendo de contar con 51.191 militantes, una vez transcurrido el plazo para poner las cuotas al día tan solo tuvieron a votar 6.819. Salamanca fue la provincia que más se aplicó en esa operación de puesta al día, consiguiendo así incluir en el censo a unos 800 afiliados que no estaban al corriente de pago y vieron satisfechas sus cuotas gracias a los más de 60.000 euros recaudados de aquella manera. De los 1.235 que votaron, el 98 por ciento a favor de Mañueco.

 El caso sigue abierto con el consiguiente riesgo de que dirigentes de del PP salmantino, con su presidente, Javier Iglesias a la cabeza, puedan ser investigados como responsables de un delito de financiación ilegal. Iglesias es a la sazón presidente de la Diputación provincial, desde donde el grupo popular centralizó la recaudación. De coincidir ello con un proceso electoral, Mañueco sufriría el grave revés de un “cui prodest” que de alguna manera deslegitimaría su victoria sobre Silván en aquellas primarias de 2017. Y dados los tiempos de la Justicia, resulta imposible de predecir en qué momento se dará por concluida la instrucción del caso.

Raúl de la Hoz y David Castaño

 Entretanto, el PP sigue alimentando el relato para justificar el adelanto electoral en esa segunda moción de censura que el PSOE tiene opción de presentar a partir del 10 de marzo. “El PSOE tiene como único objetivo presentar una moción de censura en marzo” insiste el portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, a sabiendas del repudio socialista hacia los 11 procuradores de Ciudadanos, sin el apoyo de algunos de los cuales la iniciativa está condenada al fracaso. Su colega el portavoz naranja no ha podido dejar más claro su rechazo a una alianza con los socialistas: “Antes somos capaces de rociarnos con napalm”, ha dicho David Castaño. En estos momentos el enfrentamiento del PSOE con Ciudadanos es igual de enconado con los afines a Inés Arrimadas que con la facción que encabeza Igea. 

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

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Alcalde socialista se resiste a dimitir tras ser condenado por conducir superando las tasas de alcoholemia

 Supongo que la dirección del PSOE, por la cuenta que le trae, convencerá al alcalde de Almazán y diputado provincial socialista, Jesús Cedazo, de que ya está tardando en abandonar sus cargos públicos. La sentencia del Juzgado de lo Penal que condena al edil a ocho meses de retirada del carnet de conducir y 720 euros de multa por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas no debería dejar lugar a dudas, máxime cuando se trata de una sentencia de conformidad en la que el condenado admite los hechos,

 El pasado 7 de octubre Cedazo se salió de la calzada cuando conducía su vehículo por la SO-20, arrojando índices de 0,53 y 0,49 miligramos de alcohol por litro de sangre en los controles realizados en el propio lugar por la Guardia Civíl. Pese a que la condena no incluye su inhabilitación como cargo público, los precedentes que PSOE y PP han ido estableciendo en los últimos años sobre los políticos cazados al volante obligan a una inevitable dimisión. Sin embargo, Cedazo, que gobierna con mayoría absoluta, no comparte ese criterio.

 Esa misma actitud de resistencia mantuvo inicialmente el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca, Daniel Llanos, condenado el pasado mayo en juicio rápido tras ser cazado triplicando la tasa de alcoholemia autorizada. Finalmente, Llanos entregaba días después su acta de concejal.

Quien en octubre de 2020 renunció inmediatamente a su escaño en las Cortes fue la procuradora zamorana Inmaculada García Rioja, quien tuvo muy claro qué hacer tras dar positivo en un control de alcoholemia. Más alejado en el tiempo queda el doble caso protagonizado por la Rosa Valdeón, quien dimitió primero de sus cargos de vicepresidenta y consejera de la Junta y más tarde de su escaño de procuradora tras dar positivo en sendos controles.

Veremos en qué queda el caso de Cedazo, quien, de apalancarse en sus cargos, pondrá en un brete tanto al PSOE soriano como al autonómico.

5-Noviembre-2021

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La tramitación de los Presupuestos aplaza dos meses la incertidumbre sobre un adelanto electoral

La tramitación parlamentaria de los Presupuestos de la Comunidad va a suponer dos meses de calma en la convulsa política de Castilla y León. El calendario fijado por la Mesa de las Cortes contempla la votación de las nuevas cuentas el día 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, de forma que entrarán en vigor desde el 1 de enero.

 La aprobación de los Presupuestos está garantizada gracias al voto del procurador de “Por Ávila”, Pedro Pascual, quien por mucho que advierta que su apoyo al techo de gasto no es un cheque en blanco, respaldará con toda seguridad las cuentas, como ya hizo el año pasado a cambio de las consabidas compensaciones a la provincia abulense.

  Con enero volverá la incertidumbre creada en torno a un eventual adelanto electoral de las elecciones autonómicas. El único facultado para hacerlo, el presidente Fernández Mañueco, deberá decidir cómo afronta lo que resta de Legislatura, si bien es obvio es que la opción de disolver y adelantar deberá contar con el visto bueno de Pablo Casado.

 Pero caben otras opciones. Si se constata que esa segunda moción de censura que los socialistas pueden presentar a partir del 10 de marzo carece de la menor viabilidad, Mañueco podría prolongar el actual gobierno de coalición, eso sí, tras una profunda remodelación en la que se desprendería de los elementos de C´s que vienen desestabilizándolo.

 Y otra fecha es la del 21 de junio. Hasta ese día dispone de plazo el presidente de la Junta para convocar elecciones anticipadas, ya que dicha facultad no rige durante el último año de la Legislatura.

2-Noviembre-2021

Menos dinero para Sanidad en pleno deterioro del sistema regional de Salud

¿Hacia dónde se dirige la Sanidad Pública en Castilla y León? Esta es la pregunta que vienen haciéndose tanto los ciudadanos como los profesionales sanitarios desde que Alfonso Fernández Mañueco accedió a la presidencia de la Junta y en el reparto de competencias pactado entre PP y Ciudadanos, encomendó la Consejería de Sanidad a Verónica Casado, propuesta para el cargo por el socio minoritario.

 Una pregunta imposible de responder a la vista de la gestión errática, opaca, personalista y desconcertante por parte de una consejera incompatible con el consenso social y político que requiere la Sanidad Pública. Una consejera que ha conseguido poner en su contra a la práctica totalidad de la comunidad sanitaria, así como al partido mayoritario de la coalición de gobierno, el PP, que contempla con estupor su resistencia a cumplir la orden del presidente de la Junta de restablecer la asistencia sanitaria presencial en todos los centros de salud y consultorios locales de Castilla y León.

Zamoranos defendiendo en la calle la Sanidad Pública

 Con el sistema regional de Salud convaleciente de la pandemia, que ha disparado las listas de espera de intervenciones y pruebas quirúrgicas, amén de reventar las costuras de toda la Atención Primaria, se esperaba de los nuevos Presupuestos de la Junta la dotación imprescindible para hacer frente a esos retos. Y lejos de ello, con la Sanidad en el ojo del huracán, la realidad es que la consejería va a disponer en 2022 de menos dinero que en 2021.

 En unos Presupuestos que crecen globalmente un 4,2 por ciento -de 12.291 a 12.835 millones- Sanidad tan solo incrementa su dotación en un 1.91 por ciento, pasando de 4.365 a 4.449 millones. Exceptuada la de Presidencia, que ve reducida su dotación, Sanidad es la consejería que menos crece en 2022. Y se trata además de un crecimiento ficticio, ya que ese exiguo 1,91 por ciento estará a finales de este año muy superado por el IPC acumulado durante 2021, que a estas alturas supera ya el 3 por ciento. Ese diferencial de inflación supone que la Junta recorta en euros constantes su Presupuesto sanitario,

Dato muy revelador de este retroceso presupuestario es su relación con el PIB regional. En 2021 el gasto sanitario ha representado el 7,58 por ciento del PiB; en 2022 ese porcentaje desciende hasta el 7,05 por ciento, una caída nada menos que del 0,53 por ciento. Por lo demás, aparte de su nueva ocurrencia de ofertar plazas de médico de familia a través de Twitter, nadie sabe por dónde pasan los planes de la consejera para arreglar el desaguisado de la atención primaria tanto en su ámbito urbano como en el rural.

Igea, Mañueco y Carriedo en la presentación de los Presupuestos

Triunfalismo sin venir a cuento.- Soslayando este recorte en Sanidad, el presidente de la Junta y el vicepresidente Igea no han escatimado triunfalismo al presentar unos Presupuestos que, en palabras de Fernández Mañueco, va a impulsar la “remontada” de Castilla y León tras los estragos económicos de la pandemia. Y es cierto que, exceptuada de la Sanidad, tanto las consejerías asociadas al gasto social como las encargadas de fomentar la actividad económica y el empleo, así como las tradicionalmente inversoras, aumentan sus recursos, y en algunos casos de forma muy notable. Pero no es mérito del gobierno autonómico, sino de la llegada del maná de los fondos europeos integrados en el Plan de Recuperación y Resilencia.

Sin esos 624,4 millones de los Fondos Next Generation estaríamos hablando de una congelación, si es que no de un retroceso presupuestario. Las cifras no engañan. Los nuevos Presupuestos incrementan a los vigentes en 544 millones, un 4,42 por ciento, porcentaje además inferior a la previsión de crecimiento de la propia Junta. Y a ese maná europeo se suman los 190 millones que por fin transfiere el Estado para saldar el conflicto contraído por el impago último trimestre del IVA de 2017, aquel escamoteo del ministro Cristóbal Montoro que tanta cola ha estado trayendo.

Ambos elementos explican ese milagro de que el gasto disponible para las Consejerías crezca hasta los 10.437 millones (654 más que en 2021), al tiempo que se aumentan hasta los 509 los beneficios fiscales a los contribuyentes (434 de ellos como consecuencia de la bonificación a Sucesiones y Donaciones) con nuevas exenciones entre las que emanan especial tufo electoral las aplicadas a las licencias de caza y pesca, sector muy proclive a Vox.

1.300 millones de euros por el sumidero de la deuda

El lastre de la deuda pública.-  Hechas estas salvedades, a poco que se analicen las cuentas se concluye que estamos ante unos nuevos presupuestos lastrados por una estructural insuficiencia financiera que sigue disparando la deuda pública, situada a mediados de este año en 13.290 millones (el 23,8 por ciento del PIB regional). Pese a que los bajos intereses y el menor importe de las amortizaciones reducen en 143 millones el coste de ese endeudamiento en 2022, la deuda absorberá 1.300 millones de euros de las nuevas cuentas, cuantía superior a la dotación presupuestaria de ocho de las diez consejerías.

 Salvo Sanidad y la Educación (2.501 millones) todas las demás disponen de menor presupuesto de lo que cuesta la deuda. La más que recibe mayor ración de maná europeo es la de Fomento y Medio Ambiente, que pasará a gestionar 692 millones, el 27,60 por ciento más que este año. Dicho crecimiento es tan espectacular como relativo, por cuanto dicha dotación sigue muy por debajo de los más de 1.054 millones de euros que Fomento y Medio Ambiente sumaban en 2009, antes de que irrumpiera la crisis financiera. Y otro tanto puede decirse de Agricultura, cuyo nuevo presupuesto (573 millones) sigue siendo muy inferior al gestionado por la consejería en ese mismo año (676,5). Lo mismo que ocurre con el de Cultura, aun remontando hasta los 152 millones, sigue a años luz de los 249 de que dispuso en el citado 2009.

En fin, unos Presupuestos que ni siquiera con la incorporación de esos 624 millones del nuevo maná europeo, que está por ver como se aplican, son como tirar cohetes.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)