Era un factor
con el que el presidente de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, no contaba cuando
hace semanas se planteó la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas
a la próxima primavera. La Semana Santa, que en 2022 cae a mediados de abril, y
el Día de la Comunidad, el sábado 23 del mismo mes, eran las únicas fechas que
en principio podían condicionar la convocatoria electoral. Sin embargo, ha
irrumpido después en escena un calendario judicial un tanto contraindicado para
los intereses electorales del PP de Castilla y León.
La vista oral
del caso Perla Negra-Polígono de Portillo, que comienza el 14 de marzo, ha
cobrado nueva dimensión mediática tras conocerse que entre los testigos
propuestos por uno de los principales acusados, el ex viceconsejero Rafael Delgado, figuran el ex
presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la ex consejera de
Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.
Dos comparecencias de gran interés para esclarecer cómo se gestaron unos
sobrecostes que la Fiscalía valora en 23,6 millones de euros.
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| Juan Vicente Herrera y Pilar del Olmo |
La citación a Herrera subsana una omisión
ciertamente llamativa, cual es que no fuera a declarar durante la instrucción,
lo que parecía obligado después del testimonio prestado por Pablo Trillo, ex consejero de
Gesturcal, quien puso al corriente al entonces presidente del coste, a su
juicio desorbitado, que la Junta se disponía a abonar por la Perla Negra.
Conocida la revelación de Trillo, Herrera reconoció públicamente haber
supervisado y dado el visto bueno a la operación, culminada según el ministerio
fiscal con un sobrecoste superior a los 20 millones de euros.
Pilar
del Olmo declaró durante la instrucción, pero como si no lo hubiera hecho.
Como aforada se acogió a su derecho a declarar por videoconferencia y no aclaró
absolutamente nada sobre lo investigado, asegurando que los cargos públicos de
su consejería presentes en Gesturcal no le mantenían informada sobre el asunto.
Dado que el patrimonio inmobiliario de la
Junta compete a la consejería de Hacienda, a Del Olmo le correspondía en origen
gestionar la adquisición del polémico edificio, responsabilidad que delegó en
el entonces titular de Economía, Tomás
Villanueva. A partir de ahí, pese a desentenderse políticamente del caso,
su firma aparece en otros trámites del procedimiento.
No es de esperar que los testimonios del
expresidente de la Junta, actual consejero nato del Consultivo, y de la
exconsejera, ahora jefa de filas del PP en el ayuntamiento vallisoletano,
arrojen mucha luz. Pero es evidente que van a elevar el interés mediático de
una vista oral que se va a prolongar hasta el 29 de abril, justamente durante
un mes y medio.
Cierto que ni en este caso ni en parejo de la
“trama eólica” aparece ningún indicio sobre presunta financiación irregular del
PP, pero la exposición de ex altos cargos de la Junta, unos como acusados y
otros como testigos, no constituye precisamente el mejor reclamo electoral para
Alfonso Fernández Mañueco.
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Fernández Mañueco y Javier Iglesias
El
“Cui Prodest” de Mañueco.- Más comprometido políticamente para Mañueco
es el caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca, que le pilla
muy de cerca por estar directamente relacionado con las primarias autonómicas
del PP en las que el actual presidente se impuso al leonés Antonio Silván. Tras un primer carpetazo por parte del Juzgado de
Instrucción, la Audiencia Provincial de Salamanca estimó en 2020 un recurso de
la acusación (Foro Izquierda-Los Verdes) y ordenó la reapertura de las
diligencias por un presunto delito de financiación ilegal.
Las distintas pruebas practicadas desde
entonces han ido poniendo de manifiesto la chapucera “colecta” organizada por
responsables del PP salmantino con el fin de recaudar fondos con los que pagar
las cuotas atrasadas de militantes que no estaban al corriente de pago, ya que
esto último era requisito imprescindible para poder votar.
La convocatoria de estas primarias dejó al
descubierto la verdadera implantación del PP de Castilla y León, que
presumiendo de contar con 51.191 militantes, una vez transcurrido el plazo para
poner las cuotas al día tan solo tuvieron a votar 6.819. Salamanca fue la
provincia que más se aplicó en esa operación de puesta al día, consiguiendo así
incluir en el censo a unos 800 afiliados que no estaban al corriente de pago y
vieron satisfechas sus cuotas gracias a los más de 60.000 euros recaudados de aquella
manera. De los 1.235 que votaron, el 98 por ciento a favor de Mañueco.
El caso sigue abierto con el consiguiente
riesgo de que dirigentes de del PP salmantino, con su presidente, Javier Iglesias a la cabeza, puedan ser
investigados como responsables de un delito de financiación ilegal. Iglesias es
a la sazón presidente de la Diputación provincial, desde donde el grupo popular
centralizó la recaudación. De coincidir ello con un proceso electoral, Mañueco
sufriría el grave revés de un “cui prodest” que de alguna manera deslegitimaría
su victoria sobre Silván en aquellas primarias de 2017. Y dados los tiempos de
la Justicia, resulta imposible de predecir en qué momento se dará por concluida
la instrucción del caso.
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| Raúl de la Hoz y David Castaño |
Entretanto, el PP sigue alimentando el relato
para justificar el adelanto electoral en esa segunda moción de censura que el
PSOE tiene opción de presentar a partir del 10 de marzo. “El PSOE tiene como único objetivo presentar una moción de censura en
marzo” insiste el portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, a sabiendas del repudio socialista hacia los 11
procuradores de Ciudadanos, sin el apoyo de algunos de los cuales la iniciativa
está condenada al fracaso. Su colega el portavoz naranja no ha podido dejar más
claro su rechazo a una alianza con los socialistas: “Antes somos capaces de rociarnos con napalm”, ha dicho David Castaño. En estos momentos el
enfrentamiento del PSOE con Ciudadanos es igual de enconado con los afines a Inés Arrimadas que con la facción que
encabeza Igea.
(Publicado en elDiario.es Castilla y León)