lunes, 26 de abril de 2021

Ruptura sin precedentes

Atrás ha quedado la fiesta oficial de Castilla y León, que este año ha servido para visualizar la ruptura política entre el primer partido de la oposición -no se olvide que también el más votado en las elecciones autonómicas y el que cuenta con mayor número de procuradores en las Cortes- y el bloque PP-Ciudadanos que detenta el poder en la Junta y ostenta la mayoría en la Mesa de la Cámara (que no en el pleno de la Cámara, donde ha quedado en minoría).

Luis Fuentes y Alfonso Fernández Mañueco (Foto Abc)

 Por primera vez, los socialistas han pasado de la entrega de los Premios Castilla y León, el principal acto institucional que celebra la Junta en el marco de la fiesta del 23 de abril. Y tampoco asistían a la inauguración oficial de la exposición “Comuneros. 500 años”, organizada por las Cortes dentro de los actos conmemorativos del V Centenario de la Batalla de Villalar. 

En el álbum fotográfico de esos eventos, así como en el de los celebrados el mismo 23 de abril en la villa comunera, no existe imagen en la que aparezca el líder autonómico del PSOE, Luis Tudanca, junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el de las Cortes, Luis Fuentes. (Este último, tras borrar el nombre de Villalar de la Fundación patrocinada por las Cortes y cuestionar la fecha del 23 de abril como fiesta oficial de Castilla y León, se ha caído del caballo y con motivo del V Centenario antes aludido ha devenido en entusiasta defensor del símbolo y seña de identidad que el mismo denostó nada más llegar al cargo. Vivir para ver).

  La pérdida de la mayoría absoluta que sumaban PP y C´s, ha espoleado a los socialistas, que tratan de aprovechar la coyuntura antes de que el bloque de gobierno consiga restablecer su hegemonía parlamentaria. Tras anotarse en su casillero la apresurada derogación del “decretazo sanitario”, el PSOE se apresta a solicitar de nuevo la comisión de investigación sobre el Covid y las residencias de ancianos, vetada el pasado diciembre por los partidos que sustentan el gobierno Mañueco. 

María Montero, la procuradora no adscrita

 Dicha comisión va a salir ahora adelante, ya que ningún procurador del grupo mixto está dispuesto a secundar el veto de PP y C-s, y tampoco la procuradora no adscrita, María Montero, que está siendo vilipendiada por sus antiguos compañeros de grupo. Cuestión distinta es que, una vez creada la comisión, los dos partidos de gobierno se dediquen a torpedearla y, si pueden, a bloquearla, como hizo el PP en la pasada legislatura con la constituida en torno a la “Perla Negra” y demás turbiedades localizadas en la antigua consejería de Economía.

 Esto ocurre mientras el acuerdo entre la Junta y el partido “Por Ávila”, por el que el procurador Pedro Pascual aportaría el voto necesario para restablecer la mayoría absoluta, se está demorando más de lo previsto a causa de dos escollos. El primero es que la formación abulense exige que se expliciten públicamente las contrapartidas obtenidas para la provincia de Ávila a cambio de su apoyo, aspecto problemático para el PP, temeroso de que ello sea visto como un agravio en las demás provincias. El otro escollo es que la presencia del líder de “Por Ávila” y alcalde de la capital, , Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en la foto de la firma de ese acuerdo levanta ronchas en Génova, donde consideran que ello constituiría una claudicación ante quien desafió, y con evidente éxito, la suprema autoridad de Pablo Casado

Tudanca con los agentes del Diálogo Social

 Entretanto, el vicepresidente Igea sigue haciendo de las suyas, poniendo palos en las ruedas en la negociación de los acuerdos del Diálogo Social, donde está bloqueado el nuevo Plan de Empleo ante la negativa de la Junta a implementar nuevas ayudas complementarias a los trabajadores en ERTE. Paralelamente, el acuerdo unilateral firmado con el sindicato de Enfermería SATSE se está volviendo como un bumerán contra el gobierno Mañueco. Con él consiguió quebrar la unidad del frente sindical de los sanitarios, pero ha sido a costa de indignar no solo al resto de los sindicatos de la Sanidad, sino también a los del sector educativo y a otros colectivos de la Función Pública, todos los cuales se consideran discriminados en relación con los profesionales de Enfermería.

 Para compensar tanta adversidad, PP y Ciudadanos se van a dar el gustazo de aprobar esta semana en las Cortes la bonificación al 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, medida para la que sí cuentan con el apoyo de “Por Ávila” y Vox. Una victoria pírrica que les reconcilia con los grandes patrimonios familiares, los verdaderos beneficiados de un “regalo fiscal” que diezma aún más las exhaustas arcas de la comunidad. 

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)


lunes, 19 de abril de 2021

Tudanca no tira la toalla

 Mientras Alfonso Fernández Mañueco, por muy asentado que esté en la presidencia de la Junta, sigue en el punto de mira de Génova, que se ha propuesto utilizar los congresos provinciales del partido para socavar su liderazgo en el PP de Castilla y León, no parece que Luis Tudanca vaya a encontrar rival en el próximo congreso autonómico del PSOE.

La fallida moción de censura, presentada intempestivamente a instancias de La Moncloa, no ha pasado a Tudanca la factura que sus adversarios preconizaban, y si no se vislumbra alternativa a su reelección como secretario autonómico del partido, menos aún se atisba competencia en el proceso de primarias para elegir el candidato socialista a la presidencia de la Junta en 2023 (o antes, si en un momento dado Fernández Mañueco activa el botón de disolver las Cortes y convoca elecciones anticipadas, tal como ha hecho Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid).

 Hace unos días el contrincante de Ayuso, Ángel Gabilondo, anunció que, en el hipotético caso de tener que formar gobierno, su vicepresidencia económica recaería en la actual ministra de Industria, la vallisoletana Reyes Maroto. Nada sorprendente teniendo en cuenta que, hasta su nombramiento como ministra, Maroto era una de las más estrechas colaboradoras de Gabilondo en la Asamblea de Madrid.

El nombre de la ministra de Industria se barajó como cabeza de lista al Congreso por Valladolid en las últimas elecciones generales, lo que hubiera supuesto su inserción política en Castilla y León y a partir de ahí su eventual salto a la primera línea de la política autonómica. Pero el poderoso secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, colocó a Maroto en la lista por Madrid y apostó por Javier Izquierdo, el actual Delegado del Gobierno, para encabezar la candidatura socialista por Valladolid.

Puente, Maroto e Izquierdo en Valladolid

 Así las cosas, Izquierdo sería sobre el papel la única alternativa plausible para disputar al actual secretario autonómico el liderazgo del partido en la comunidad, toda vez que el socialista más valorado por Pedro Sánchez, el alcalde Óscar Puente, no juega a la política autonómica. Quienes se han permitido cuestionar la idoneidad de Tudanca para repetir como candidato a la presidencia de la Junta se olvidan con pasmosa facilidad de que ganó las pasadas elecciones autonómicas, algo que no había vuelto a suceder en Castilla y León desde la victoria de Demetrio Madrid en 1983. Candidatos socialistas tan ilustres como Juan José Laborda, Jesús Quijano, Jaime González, Ángel Villalba y Óscar López cayeron sucesivamente derrotados ante José María Aznar, Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera. Por el contrario, Fernández Mañueco rompió en 2019 la racha de victorias de sus predecesores en la presidencia de la Junta.

 La pérdida de la mayoría absoluta en las Cortes por parte de PP y Ciudadanos depara una nueva correlación de fuerzas que brinda a inéditas posibilidades a la oposición. De momento, se ha traducido en la derogación del “decretazo” sanitario, abolido deprisa y corriendo por el presidente Mañueco so pena de sufrir una derrota parlamentaria. Y los socialistas ya se aprestan a solicitar de nuevo la comisión de investigación sobre la pandemia y las residencias de ancianos, rechazada el pasado mes de diciembre por la mayoría absoluta que entonces sumaban PP y C´s. Hace al caso recordar que la solicitud de dicha comisión contó con el respaldo de todos los integrantes del grupo mixto con la única excepción del procurador del Vox, favorable sin embargo a su constitución.

Ana Sánchez y Virginia Barcones
 Mediante el inminente acuerdo con el procurador de “Por Ávila”, la Junta verá restablecida su mayoría parlamentaria, pero ello puede ser flor de un día ante el proceso de descomposición que amenaza a Ciudadanos, que podría ser irreversible si sufre un nuevo descalabro en las elecciones madrileñas.

El PSOE cometió un error garrafal al suscribir con las firmas de sus 35 procuradores su fallida moción de censura, con lo que no podrá volver a presentar otra hasta marzo de 2022. Pero para entonces faltaran 15 meses hasta las siguientes elecciones, tiempo suficiente para intentarlo de nuevo si el gobierno Mañueco no remonta y mantiene su vuelo gallináceo. Eso sí, Tudanca debería afinar en su labor de oposición y apostar más por la línea Barcones (Virginia) y menos por el estilo Sánchez (Ana).

(Publicado en elDiario.es Castilla y León

lunes, 12 de abril de 2021

Un giro de gobierno absolutamente imprescindible

  Han bastado escasamente 15 días para que, evaporada la espuma de la fallida moción de censura precipitadamente activada por el PSOE, haya quedado al descubierto la precaria situación del gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco. El PP celebró como un gran éxito el fracaso de esa moción, y ello se comprende si se tiene en cuenta que hasta el momento de su votación no las tuvieron todas consigo (existen sólidos indicios para pensar que la fuga de la procuradora de Ciudadanos María Montero formaba parte de un plan frustrado por la posterior marcha atrás de otras dos procuradoras implicadas en la evasión).

Se entiende que el PP echara las campanas al vuelo para celebrar su permanencia en la Junta, pero de ahí a proclamar que había salido reforzado del trance -mercancía que le compraron los medios adictos y/o habituados a salir en socorro del vencedor-media un abismo. Porque lo único cierto es que, lejos de salir reforzado, el gobierno bipartito PP-C´s que preside Mañueco se ha dejado en la gatera nada menos que la mayoría absoluta que le ha estado permitiendo actuar imponiendo su voluntad sin encomendarse a nadie.

Mañueco con Sánchez Cabrera, alcalde y lider de "Por Ávila"

Y el asunto no es baladí, como se ha podido comprobar esta pasada semana cuando inopinadamente el presidente decidía derogar el polémico “decretazo” con el que “obsequió” al abnegado personal sanitario el pasado 12 de noviembre. Como gesto de reconciliación con los sindicatos sanitarios, todos los cuales reaccionaron pidiendo en su momento a dimisión de Mañueco, podía haberlo derogado una vez superada la fatídica tercera ola, esa a la que tanto contribuyó el propio presidente con su temeraria estrategia de “salvar las Navidades”. Pero no.

 Tras haberse disparado a finales de enero la tasa de Incidencia Acumulada por encima de los 1.400 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes, lo que elevó el número de hospitalizados por Covid hasta los 2.420 registrados el 1 de febrero, la tercera ola fue remitiendo hasta descender a mediados de marzo a 105 casos y alrededor de 400 ingresos hospitalarios. Y sin embargo, ha sido en pleno ascenso de la cuarta ola, el pasado día 8, cuando el presidente decidía derogar ese decreto, en un momento en el que la tasa de IA llevaba tres semanas creciendo (este domingo estaba en 192 casos).

Imposible por ello desvincular dicha derogación de la Proposición No de Ley del grupo socialista que se votará este miércoles en el pleno de las Cortes, Iniciativa que, entre otras cosas, instaba a la Junta a abolir el “decretazo”. El temor a que dicha PNL fuera aprobada, es decir, a una derrota parlamentaria con la que se visibilizara la pérdida de su mayoría absoluta, ha obligado a Mañueco a comerse, cual sapo sin aderezar, un decreto que le ha supuesto un alto coste entre el personal sanitario.

Casado, Igea y Amigo, tres patas de un banco desvencijado

Al margen de este episodio, el hándicap de haber perdido la mayoría absoluta prácticamente lo tiene resuelto el gobierno PP-C´s, que tiene a punto de caramelo un acuerdo con el Partido por Ávila para que su procurador, Pedro Pascual, se convierta en “el procurador número 41” que restablezca la mayoría parlamentaria pérdida por el Ejecutivo autonómico. Un acuerdo que para el PP tiene un doble coste, interno y externo, que da por bien empleado con tal de evitarse sobresaltos parlamentarios como el de la comentada PNL socialista.

 Pero el problema del gobierno Mañueco no se limita a esa precariedad parlamentaria, sino que radica en su propia y constatada incapacidad para regir los destinos de esta maltrecha comunidad autónoma. Si antes de que irrumpiera el Covid ya fue incapaz de romper con la viciada trayectoria de los anteriores 28 años de gobiernos monocolores del PP -todo lo contrario, incidió sin ningún pudor en los mismos vicios-, la pandemia ha puesto de relieve su manifiesta incompetencia y mediocridad, combinadas, a mayor abundamiento, con un estilo de gobernar caracterizado por la prepotencia y el desprecio a los interlocutores sociales y a los ciudadanos en general.

 Su gestión ante la pandemia ha hecho aguas –y no menores- por los cuatro costados desde el primer instante, tanto en el aspecto estrictamente sanitario, como en lo referente a las restricciones y al trato dispensado a los sectores más damnificados social y económicamente. Tocó fondo tras el contundente revés propinado por la sentencia del Tribunal Supremo al disparatado adelanto del toque de queda, momento que marcó el punto de inflexión aprovechado por la oposición socialista para lanzar su moción de censura. 

 Fracasada dicha moción, el gobierno Mañueco podía haber aprovechado para imprimir un nuevo giro a su gestión y adoptar un estilo más cercano y dialogante, pero a las primeras de cambio ha arruinado cualquier expectativa al respecto. El episodio del pasado miércoles suspendiendo unilateralmente la vacunación con AstroZeneca ha puesto de relieve hasta qué extremo sigue reinando el caos en la Junta, donde cada vez es más dudoso que haya alguien al volante (y si lo hay, si tiene permiso de conducir, o superaría un control de alcoholemia).

Arrimadas y Mañueco, a solas en el colegio de la Asunción

 Más allá de sus intercambios florales sobre la fortaleza y lealtad del pacto de gobierno en Castilla y León, nada ha trascendido acerca del encuentro mantenido en el Colegio de la Asunción entre el presidente Mañueco y la lideresa de lo que queda de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Dsconozco en qué punto se encuentra el propósito de Arrimadas de forzar una remodelación que suponga el relevo de Francisco Igea en la vicepresidencia de la Junta y el cambio asimismo en las consejerías de Sanidad y Empleo, cuyas titulares, Verónica Casado, y Ana Carlota Amigo, están tan quemadas o más que el vicepresidente. Ignoro si la crisis puede producirse en cualquier momento o ha quedado aparcada a la espera de que pasen las elecciones madrileñas, tras las cuales, de sufrir un nuevo descalabro Ciudadanos, la primera que puede saltar por los aires es la propia Arrimadas.

Pero cuando ni siquiera hemos llegado al acuerdo de la Legislatura, salta a la vista es que el actual gobierno de la comunidad sigue superado por los acontecimientos y no está en condiciones de afrontar los retos que tiene delante Castilla y León. Si no es a la rastra de Arrimadas, debería ser el propio Mañueco quien, aunque solo sea pensando en su propia supervivencia, abordara una crisis de gobierno absolutamente imprescindible. Aunque quizá ello sea pedir peras al olmo.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

lunes, 5 de abril de 2021

Insólito apagón demoscópico en Castilla y León

Entre los sectores que, lejos de ver reducida su actividad por causa de la pandemia, han encontrado en ella una coyuntura favorable habría que citar al de las empresas demoscópicas, más demandadas que nunca para sondear el cambiante estado de opinión sobre la gestión pública de la crisis sanitaria y económica que llevamos padeciendo desde marzo de 2020.

 Si la volatibilidad del tablero político español ya venía siendo extremadamente elevada desde que irrumpieron en escena Ciudadanos y Podemos –basta recordar que el partido naranja llegó a ser hace tan solo tres años la primera fuerza en intención de voto-, el Covid 19 ha hecho aún más impredecible e inestable el panorama. De ahí el interés, y a la vez la complejidad, del trabajo demoscópico, máxime cuando hemos visto que la pandemia no es óbice incluso para convocar elecciones anticipadas si el gobernante de turno considera que puede salir reforzado de las urnas. Lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, pero nadie duda que puede hacerlo Pedro Sánchez si, llegado el momento, estima que le conviene a él y a su partido.

Igea y Mañueco en el banco azul de las Cortes
El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco tardó muy poco en encargar un sondeo sobre la gestión de la pandemia en Castilla y León. A finales del pasado junio se daban a conocer los resultados de una encuesta contratada tan solo un par de semanas después de que comenzara el confinamiento, ya que el trabajo de campo se realizó entre primeros de abril y primeros de mayo. 

 Como no podía ser menos -el que paga manda- los resultados fueron muy satisfactorios para la Junta, cuya gestión en esa fase inicial de la pandemia gozaba, a tenor de ese sondeo, de un alto grado de confianza ciudadana. Pese a ello y contraviniendo su cacareado compromiso de trasparencia, el gobierno Mañueco mantuvo oculta dicha encuesta y solo informó de sus resultados después de que el digital ileon.com tuviera conocimiento de su existencia y recabara información al respecto. Ello permitió conocer una circunstancia un tanto peculiar: Aunque la iniciativa de realizar el sondeo había partido de la consejería de Presidencia, su contratación corrió a cargo de la de Fomento, que tan solo se limitó a financiarla, al punto de que, preguntado acerca del trabajo, reconoció que el mismo “no obraba en su poder” (sic). 

 Desde entonces no se ha tenido conocimiento de ningún otro sondeo encargado por la Junta, lo cual obviamente no quiere decir que no haya podido existir. Sin ir más lejos, se desconoce quién encargó y pagó el sondeo difundido a primeros de noviembre por la agencia Ical (Grupo Promecal-Méndez Pozo). El trabajo, realizado por la compañía Sigma Dos, no se limitaba únicamente a la gestión de la pandemia, sino que incluía la valoración de los principales líderes autonómicos y nacionales en relación con el caso.

Ana Sánchez Luis Tudanca y Virginia Barcones
 Los resultados volvían a ser tan satisfactorios para la Junta (solamente el 18,8 por ciento de los encuestados valoraban su gestión negativamente) como demoledores para el gobierno Sánchez (el 54,4 la juzgaban negativa y no llegaban al 17 por ciento quienes la aprobaban). Fernández Mañueco era el único político de la comunidad que obtenía un aprobado (una nota de 5,1 sobre 10). 

Le seguía en valoración el vicepresidente Francisco Igea, con un 4,6, puntuación superior a la del socialista Luis Tudanca, que con 4,3 era el mejor valorado de la oposición. Ningún político nacional llegaba al aprobado. Inés Arrimadas era la que más se aproximaba (4,6), por delante de Pablo Casado (4), Pedro Sánchez (3,8), Santiago Abascal (3,6) y Pablo Iglesias (2,6).“El sondeo de opinión al que ha tenido acceso Ical” (así lo presentaba la agencia) se basaba en un millar de entrevistas realizadas entre el 15 y 20 de octubre.

 A mediados de diciembre se difundía otro sondeo realizado asimismo por Sigma Dos, en este caso contratado y pagado por Castilla y León Televisión, la televisión concesionaria de la única licencia televisiva adjudicada por la Junta, que contribuye a su subsistencia con una cuantiosa aportación económica anual. En esta ocasión el trabajo incluía una prospección sobre intención de voto, apartado que arrojaba datos extraordinariamente positivos para el Partido Popular, que volvería a ser el partido más votado en unas elecciones autonómicas (en las de 2019 el PSOE le aventajó en 3,3 puntos).

Pascual (Por Ávila), Fernández (Podemos) y Pinacho (Vox)

 De acuerdo con este nuevo sondeo, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 2 y el 9 de diciembre, el PP contaría con el respaldo del 37,1 por ciento de los votantes, un 5,2 por ciento más del 31,9 que registraron las urnas en 2019. Por el contrario, el PSOE sufría un retroceso de 3,5 puntos, al caer desde el 35,2 por ciento obtenido en las últimas autonómicas a un 31,7 por ciento, 5,4 puntos por debajo del PP.

Ciudadanos perdería más de la mitad de los votos obtenidos en 2.019, al caer desde el 15,1 por ciento obtenido entonces a un 7,4. El principal beneficiario de su desplome sería Vox, que pasaría del 5,5 al 12,1 por ciento, convirtiéndose así en la tercera fuerza electoral en Castilla y León, puesto que ya consiguió en las últimas elecciones generales. Por último, Unidas Podemos conseguiría el 7,1 por ciento de los votos, porcentaje que venía a ser el mismo que sumaron por separado Podemos-Equo (4,96) e Izquierda Unida (2,29) en los últimos comicios autonómicos.

 Proyectados a escaños, el PP obtendría entre 34 y 38 (ahora tiene 29), el PSOE entre 28 y 32 (suma ahora con 35), Vox se adjudicaría entre 7 y 9 (solo tiene uno), C´s tan solo conservaría 3 de los 12 con los que contaba entonces (tras sonada fuga de María Montero ahora se ha quedado en 11) y UP tendría posibilidades de sumar dos a los dos que ahora tiene. Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés mantendría su actual escaño.

 Mañueco volvía a ser el político mejor valorado y el único que aprobaba, con una nota del 5,29, y lo más increíble de todo era que mientras Ciudadanos comenzaba a desplomarse, el vicepresidente Igea seguía siendo el segundo mejor valorado (4,69), por encima del socialista Luis Tudanca (4,47) y de todos los demás políticos sometidos a valoración de los 3.300 encuestados.

Procuradores de Ciudadanos por los pasillos de las Cortes

 Desde entonces, no se conoce la existencia de ningún nuevo sondeo sobre la pandemia en Castilla y León, ya sea encargado por la propia Junta o por alguno de esos grupos de comunicación tan generosamente subvencionados con cargo al erario autonómico. Un apagón demoscópico ciertamente llamativo, habida cuenta de los muchos hitos a los que hemos asistido en los últimos meses. El episodio del temerario adelanto del toque de queda, su desautorización por el Tribunal Supremo y la presentación de la primera moción de censura en la historia de la actual comunidad son hechos suficientemente relevantes que no han sido testados demoscópicamente (al menos que sepamos).

 Y sería sumamente interesante conocer cómo se ha tomado la opinión pública esa serie de acontecimientos, como ha valorado la actuación de los principales actores políticos y, ya puestos, como habría evolucionado la intención de voto. ¿Cómo andaría de nota el presidente Mañueco tras el varapalo del Supremo y la moción de censura? ¿Seguiría siendo el ínclito Igea el segundo político mejor valorado? De ser cierto esto último, ¿aparecerían políticos con nota por debajo del cero? ¿Cuál sería en estos momentos el partido con mayor intención de voto? ¿Conservaría Ciudadanos algún procurador si ahora mismo se convocaran elecciones autonómicas? ¿Cuántos ganaría Vox?

Son preguntas que quedan sin respuesta y seguirán sin ella. Y no precisamente por falta de interés, sino porque el presumible resultado de los sondeos no sería el buscado por quienes habitualmente los contratan, ya sea la propia Junta o los grupos de comunicación mediatizados por las cuantiosas subvenciones de la Administración Autonómica. ¿O no?

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)