Había despertado la lógica expectación la comparecencia en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid del expresidente de la Junta entre 2001 y 2018, Juan Vicente Herrera, citado a declarar en calidad de testigo por el abogado del exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, uno de los principales encausados en el caso Perla Negra-Polígono de Portillo, el doble pelotazo inmobiliario perpetrado a costa del erario autonómico.
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| Aspecto de la vista oral del caso Perla Negra |
Y era lógica la expectación porque el expresidente de la Junta, inexplicablemente no llamado a declarar durante la fase de instrucción, podía haber arrojado mucha luz sobre el entramado que se juzga. Pero para eso alguien tendría que haberle preguntado. Y solo lo hizo, y muy superficialmente, el defensor de Delgado. Ni la fiscal ni el resto de las acusaciones, entre ellas la del Partido Socialista, no consideraron de interés interrogar a tan relevante testigo. En lo referente a la fiscal y al PSOE dicha inhibición resulta ciertamente chocante, aunque puede que no lo sea tanto a la luz de determinados antecedentes.
Juan Vicente Herrera, hoy consejero del Consultivo, con 80.741 euros anuales de salario bruto y coche oficial a su disposición para trasladarse (raramente más de un día a la semana) desde su residencia en Burgos a la sede de la institución en Zamora, aseguró sin pestañear que no tuvo conocimiento de lo que se cocía en Gesturcal hasta que en fecha no determinada fue informado por Pablo Trillo Figueroa, miembro del Consejo de Administración de dicha empresa pública adscrita a la consejería de Economía. A Herrera no le quedaba otro remedio que admitir dicho conocimiento después de que el 30 de mayo de 2016, Trillo, en ese momento delegado territorial de la Junta en Valladolid, declarara ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid que, siendo consejero de Gesturcal, había advertido al presidente de la Junta del desproporcionado coste que la Junta se disponía a pagar por la compra de la Perla Negra.
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| Soledad Martín, actual fiscal-jefe de Valladolid |
Lo que no ha explicado el declarante, porque nadie se lo preguntó, fueron las gestiones realizadas para verificar el “chivatazo” de Trillo y evitar, en su caso, el “sablazo” a las arcas de la comunidad. Es más, a tenor de las vaguedades de su deposición oral, se diría que Gesturcal era una empresa privada sobre la que el máximo responsable de la Junta carecía de cualquier capacidad de control.
El hecho cierto es que el entonces titular del Colegio de la Asunción permitió que la Junta abonara 52,15 millones de euros por la Perla Negra, cuantía incrementada con cerca de otros 8,8 millones facturados por la sociedad vendedora, Urban Proyecta, en concepto de gastos financieros, con lo que el coste final del edificio se elevó en torno a los 60 millones. Un coste que en 2016 el presidente Herrera consideró ajustado a mercado y que, tras años de instrucción, la Fiscalía ha estimado inflado en mas de 20 millones de euros.
¿Cómo se explica que la Fiscalía -menos mal que no fue la actual fiscal-jefe la que tuvo a su cargo el grueso de la instrucción- y el PSOE, personado como acción popular, hayan renunciado a sus respectivos turnos de preguntas al testigo Juan Vicente Herrera? En lo que respecta a los socialistas, obviamente la explicación debería ofrecerla su máximo responsable en Castilla y León, el secretario autonómico del PSCyL, Luis Tudanca.
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| Juan Vicente Herrera y Luis Tudanca en el hemiciclo de las Cortes |
Ominoso pacto de silencio.- En sus primeros años de mandato, y a diferencia de sus antecesores, Tudanca se mostró dispuesto a aplicarse a fondo contra la corrupción que desde 1987, José María Aznar mediante, no había dejado de embadurnar al PP de Castilla y León por los cuatro costados. Tras ganar las primarias internas al palentino Julio Villarrubia, en octubre de 2014 el socialista burgalés accedió a la secretaria autonómica, desde la que fue proclamado sin rival candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2015.
Cuando estaba a punto de finalizar la campaña electoral de ese año, el candidato a la reelección en la presidencia de la Junta se desayunó con una indigesta noticia publicada por eldiario.es: Su hermano, Francisco Javier Herrera Campo, asesor financiero delegado de Renta-4 en Burgos, aparecía como cotitular de una sociedad de inversiones creada en 2.008 en Panamá junto al constructor burgalés Jesús Arranz Monje (grupo Arranz Acinas) en comandita con dos testaferros nativos de aquel paraíso fiscal. Ninguno de los periodistas que seguía la campaña importunó con la noticia al candidato del PP, que ese día celebraba un acto electoral en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. Y únicamente el digital leonés “ileon” se hizo eco de la noticia. El blindaje informativo engrasado con la chequera mediática manejada a su antojo por el vicepresidente y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se hizo notar del mismo modo que cuando el susodicho fue cazado utilizando su coche oficial para un asunto estrictamente familiar.
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| Pilar del Olmo a su llegada a la Audiencia |
Tras fracasar en su afán por mantenerlo oculto, años después el gobierno Herrera tuvo que reconocer que la Junta, a través de la empresa publica Excal, había firmado un convenio con el grupo Arranz Acinas para ubicar en un edificio de su propiedad una oficina supuestamente dedicada a apoyar la internalización de los empresarios de la comunidad, despacho atendido por una tal Ana Cecilia Alvarado, que trabajaba simultáneamente para las dos partes contratantes.
Conocedor de todo este percal, Tudanca amagó pero nunca dio. En mayo de 2017 había sido reelegido al frente del PSCyL en el congreso autonómico celebrado en Zamora bajo el elocuente lema “La alternativa decente”. Sin embargo, y como por ensalmo, el líder de la oposición dejó de interesarse por el lado oscuro de la gestión de su paisano Juan Vicente, al que aún le restaban mas de dos años de mandato. Del mismo modo que en las primarias socialistas de 2014 Tudanca pidió explicaciones a Villarrubia sobre el llamado “pacto de la Coronita”, una amnistía fiscal encubierta perpetrada de tapadillo en 2012 a instancias de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, el actual secretario autonómico debería de explicar el ominoso pacto de silencio concertado con su paisano el hoy consejero del Consultivo.
Me he quedado sin espacio para ocuparme de la preocupante “amnesia” de la exconsejera Del Olmo, quien ha actuado en la sala de vistas con la misma desfachatez que cuando declaró por videoconferencia durante la fase de instrucción. Ya dije en vísperas del juicio que en el banquillo probablemente sean todos los que están, pero no están todos los que fueron. Ya veremos como salen del trance los seis antiguos cargos públicos o altos ejecutivos de la Junta finalmente encausados. Desde luego, los dos viceconsejeros del malogrado Tomás Villanueva, el citado Rafael Delgado y su alma gemela Begoña Hernández, lo tienen en chino mandarín. Por el contrario, dicen que el yerno de “El Águila de Toledo” mantiene la esperanza de salvarse de la quema.
(Publicado en elDiario.es Castilla y León)