Los socios de gobierno inician la negociación de sus primeros Presupuestos en la Junta pendientes del escenario que resulte de las elecciones andaluzas
En medio del fuerte ruido mediático generado por su crispada relación con la oposición, la Junta ha puesto en marcha el proceso de elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2023, que serán los primeros tramitados por el gobierno PP-Vox surgido de las elecciones del pasado 13 de febrero.
Con esa convocatoria anticipada, Fernández Mañueco dejó en la estacada las cuentas que se proponía aprobar para 2022 el anterior gobierno de la comunidad, de forma que desde el pasado 1 de enero la Junta hubo de prorrogar los Presupuestos de 2021, que seguirán vigentes como mínimo todo lo que resta del presente año. En lugar de gobernar con unas renovadas cuentas enfocadas hacia la recuperación económica, la prórroga ha obligado a afrontar la crisis sobrevenida a lo largo de 2022 parcheando unos Presupuestos gestados durante el primer año de la pandemia Y sin duda ello explica el bajo grado de aplicación de los Fondos Next Generation que ha tenido y sigue teniendo disponible la comunidad de Castilla y León.
La inflación derivada de la “tormenta perfecta” completada por la invasión de Ucrania ha llegado a dispararse en España hasta el 9,9 por ciento, porcentaje que en Castilla y León alcanzó en marzo el 11 por ciento y que todavía el pasado mayo se ha situado en el 9,9, siempre más de un punto de la media nacional. Con ello, la previsión inicial de un 4,9 de crecimiento se ha ido al traste y, aunque la Junta no la ha modificado, nos daríamos con un canto en los dientes si no baja del 3 por ciento, lo que dependerá en última instancia del resultado final de una cosecha cerealista seriamente mermada por las altas temperaturas registradas a lo largo del mes de mayo.
Aparte del corsé que siempre supone una prórroga presupuestaria, máxime tras la crisis sobrevenida, la gestión de la Junta se ha visto lastrada este 2022 por los cuatro largos meses de transitoriedad transcurridos hasta la entrada del gobierno PP-Vox. Buen ejemplo de lo anterior ha sido la crisis del Grupo Siro, que ha venido pudriéndose durante meses sin que la Junta, que tanto se llena la boca de apoyar el sector agroalimentario, haya hecho acto de presencia hasta que la situación estaba al borde del precipicio (para colmo, después critica el liderazgo de la ministra Reyes Maroto en la resolución del conflicto)
Más allá de polémicas más o menos artificiales sobre cuestiones ideológicas, los primeros Presupuestos del gobierno PP-Vox emplazan a ambos partidos a fijar sus prioridades de gasto. Y en consecuencia constituyen un gran test para conocer de qué forma se descanta el tira y afloja que los socios mantendrán a buen seguro a la hora de distribuir los recursos entre las áreas de gobierno que tienen bajo su control.
Este tira y afloja no ha hecho más que comenzar con la petición a las diferentes consejerías de sus correspondientes propuestas presupuestarias, que deberán presentar antes del próximo 8 de julio. Y a partir de ahí se ha abierto una negociación interna que habrá de concluir antes del 15 de octubre, fecha en la que tendría que entrar en las Cortes el correspondiente Anteproyecto para su tramitación parlamentaria.
La hora de retratarse
Los aspectos más escabrosos están en la mente de todos. Aunque la competencia no esté en sus manos, es previsible que Vox, una vez en trámite la Ley de Violencia Intrafamiliar, presione para reducir las partidas específicamente destinadas a la lucha contra la violencia de género. Y ahí el PP, que mantendrá vigente la actual LVG autonómica, tendrá que retratarse y responder a compromisos electorales como el de disponer de un centro de emergencia en cada una de las provincias. Veremos asimismo que ocurre con las partidas de la Memoria Histórica con las que la Junta ha colaborado a la exhumación de víctimas de la Guerra Civil y con cualquier otro aspecto relacionado con lo que Vox llama “leyes de la Muerte” (Eutanasia y Aborto).
Protegido por una Ley que en ningún caso se va a derogar, el Diálogo Social tiene todas las papeletas para quedar reducido a la mínima expresión presupuestaria. Los furibundos ataques dirigidos a los sindicatos por el propio consejero de Industria, Mariano Veganzones, así lo hacen presagiar. El socio minoritario también quiere revisar el gasto de las llamadas instituciones de la comunidad (Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Procurador del Común), cuyo interlocutor por parte de la Junta no es otro que el vicepresidente García-Gallardo. Por lo ya ajustado de sus recursos y al estar blindadas por el Estatuto de Autonomía, no parece que por ahí haya mucho que rascar. Lo habría en el conglomerado de los entes, fundaciones y demás chiringuitos que constituyen la Administración B, que seguirá tal cual una vez que PP y Vox han rechazado su supresión.
Será muy revelador comparar los primeros Presupuestos PP-Vox con los de PP y Ciudadanos abortados por el adelanto electoral, que crecían en un 4,2 por ciento sobre los vigentes en 2021, pasando de 12.291 a 12.835 millones. Para empezar, ese crecimiento tenía truco, ya que la Junta se obstinó en un incluir una partida de 455millones de euros con cargo a un nuevo Fondo Covid que el gobierno central nunca llegó a presupuestar. (Si alguien tiene acreditadas sus dotes para la ingeniería financiera y la contabilidad creativa, ese es sin duda el incombustible Carlos Fernández Carriedo, quien en el siglo pasado, a mediados de los 90, ya fue director general de Presupuestos bajo la presidencia de Juan José Lucas)
Con el Sistema Regional de Salud convaleciente de la Covid-19, que se ha cobrado ya más de 15.000 vidas en Castilla y León, el gasto sanitario seguirá situándose por encima del 7 por ciento del PIB autonómico. Está por ver sin embargo que se cumpla el objetivo de destinar el 20 por ciento de dicho gasto a la Atención Primaria, cuyas costuras han reventado a causa de la pandemia.
Visto el reciente fracaso en la fidelización de los médicos de familia, el consejero, Alejandro Vázquez, no sabe como hincarle el diente al solemne compromiso del presidente Mañueco sobre la atención presencial médica en los 3.600 consultorios rurales de Castilla y León. Afortunadamente para Vázquez, nunca más se supo de aquella promesa electoral de blindar por ley ese derecho, como tampoco ha vuelto a saberse nada sobre la hipotética reversión del Hospital de Burgos. De momento, la prioridad inmediata del Sacyl ha consistido en dedicar 5 millones de euros al pago en “peonadas” para abrir los quirófanos por la tarde y poder rebajar de aquí a final de año en 21 días unas listas de espera quirúrgicas que en el primer trimestre del año se situaban en 139.
Constatada su incapacidad para dirimir sus diferencias y converger en un programa único de gobierno en la Junta, la negociación entre PP y Vox sobre los Presupuestos de 2023 parte de un clima de desconfianza mutua entre dos socios que se miran como rivales electorales y actúan como compartimentos-estanco. Ni qué decir tiene que dicho clima evolucionará a favor o en contra en función del escenario que resulte de las elecciones andaluzas del próximo domingo. O lo que es lo mismo, si Moreno Bonilla se ve obligado a contar con Vox para seguir gobernando o consigue dejar a Macarena Olona en la oposición.
(Publicado en elDiario.es Castilla y León)