La trastienda/ Más difícil todavía: El PP se blinda frente a sí mismo

  Trampantojo. “Trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es” (Diccionario RAE dixit). Algo así consideran, excepto PP y Vox, todos los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León sobre la nueva Ley que supuestamente garantiza la prestación de los Servicios Públicos Esenciales gestionados por la Comunidad Autónoma. En la primera sesión plenaria del nuevo curso parlamentario, los exsocios que han compartido en los dos últimos años el gobierno de la Junta no han conseguido que ni uno solo de los otros 37 procuradores autonómicos respaldara ese brindis al sol que ambos convinieron antes de su abrupta ruptura (abrupta por parte de la ultraderecha, que fue quien rompió, y a mayor gloria del PP, que se ha sacudido de encima ese lastre y ha pasado a disponer en su totalidad del centenar de altos cargos del Ejecutivo autonómico).

 Nadie, ni siquiera los pardillos de “Soria ¡Ya!”, han comprado una mercancía averiada que no garantiza absolutamente nada. Afirma el procurador socialista en materia sanitaria, Diego Moreno, que dicha Ley tiene como objetivo “crear la imagen ilusoria de que al PP le preocupa algo el medio rural”. Personalmente, estaría plenamente de acuerdo si suprimiera de la frase “el medio rural” y lo sustituyera por “los servicios públicos”. Porque los problemas de la Sanidad, la Educación, la Dependencia y otros servicios no son exclusivos del mundo rural. También los sufren y padecen los urbanitas.

García Nieto en el atril del "mausoleo"

 El anterior vicepresidente de la Junta y heroico superviviente electoral del naufragio "ciudadano", Francisco Igea, es más explícito y equipara la Ley en cuestión al famoso “timo de la estampita”, el cual, por increíble que parezca, no ha caído totalmente en desuso.

Pero lo más revelador del debate parlamentario corrió a cargo del portavoz adjunto del grupo popular, Miguel Ángel García Nieto, quien por cierto ha visto frustradas sus expectativas de ascender a portavoz titular, cargo en el que Alfonso Fernández Mañueco ha ungido al leonés Ricardo Gavilanes, en un movimiento con el que intenta apuntalar la precaria presidencia provincial del PP de León que, por idéntico procedimiento digital, adjudicó en su día a la diputada Esther Muñoz, posteriormente aupada a una de las vicesecretarias sectoriales (precisamente la de Sanidad y Educación) que integran la cúpula fichada por Núñez Feijóo en la calle Génova. 

 Argumenta García Nieto que la Ley tiene como objeto blindar la excelencia que a juicio del PP tienen los servicios esenciales prestados en la actualidad por la Administración Autonómica, de forma que estos solo pueden cambiar si es a mejor, nunca en detrimento de su alto nivel de calidad. Y yo me pregunto, ¿de donde puede proceder la amenaza de deteriorar, vía recortes presupuestarios, la calidad de la Sanidad, la Educación, la Dependencia y demás Servicios Sociales que presta la Junta? Y no encuentro otra respuesta que del PP, que a fecha de hoy no ha revertido los recortes aplicados a raíz de la crisis de 2007, no ha recuperado la titularidad y gestión publica de ese agujero negro que ha sido y es el Hospital de Burgos y que, después de 35 años gobernando la Comunidad, no parece que vaya a dejar de hacerlo tras las próximas elecciones autonómicas. Conclusión: El PP se ha dotado de una Ley para blindarse de sus propias tentaciones. Como diría el malogrado Tomás Hoyas, tiecojó la cosa...

"Luismi" y "Fonsi", encantados de conocerse

Todo esto en vísperas de que “Fonsi” Fernández Mañueco inicie ese viaje hacia ninguna parte que supone convocar a los partidos de oposición sin ningún “pacto de comunidad” en el horizonte. En el pasado, durante el mandato del añorado (añorado, aclaro, por el PSOE de su paisano Luis Tudanca) Juan Vicente Herrera, lo más socorrido era firmar un acuerdo sobre las bases de lo que debiera ser un modelo de financiación autonómica que garantizara la suficiencia financiera de la Junta justamente para atender los servicios esenciales. Ya ni eso. Y no solo porque la “financiación singular” comprometida por el gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña ha profundizado hasta niveles insalvables la brecha entre PP y PSOE. También porque los socialistas han introducido en la ecuación un factor que antes se pasaba por alto: los regalos fiscales, en forma de exenciones y rebajas, introducidos año tras año por la Junta en beneficio mayormente de los patrimonios y rentas más altas.

La “celeridad” de la Junta.- Una brecha abierta entre los dos principales partidos abierta a causa de la Ley de Amnistía, que el gobierno Mañueco, a través de su ínclito consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional “con la máxima celeridad posible”. Pues bien, la Junta ha formalizado su recurso el pasado martes 10, un día antes de que expirara el plazo para ello y un día después de que lo hicieran otros siete gobiernos autonómicos, seis del PP y el que preside Emiliano García Page en Castilla -La Mancha. 

A la vista de ello queda en evidencia, si es que ya no lo estaba, la desfachatez de “Fonsi” Mañueco cuando convocó y celebró un Consejo de Gobierno extraordinario y urgente el sábado 4 de noviembre de 2023 para anunciar que impugnaría una ley que el Congreso de los Diputados no aprobó hasta el 31 de mayo de 2024. Y ello para luego presentar el recurso en el limite de plazo que expiraba el miércoles pasado, tres meses de la publicación de la Ley en el BOE. Celeridad sí, Luismi, pero para utilizar los medios públicos e instrumentar la Junta al servicio de su sistemática oposición partidista al gobierno de la nación.

Juan García-Gallardo y Gonzalo Santonja

 En fin, el morbo del primer pleno de las Cortes a la vuelta de las vacaciones residía en ver al exvicepresidente de la Junta, el ultraderechista Juan García-Gallardo (Ga-Ga jr.) debutando como portavoz parlamentario de Vox.

Definitivamente, Gallardo no sabe si mata o espanta. Reivindicar a estas alturas de la película su delirante protocolo contra el derecho al aborto o el Proyecto de Ley de la Discordia, que le costó a la Junta un rapapolvo desde la ONU, demuestra que sigue estando fuera de este mundo. Afortunadamente, el único legado que quedará de su nefasto paso por la Junta será la declaración como “bien de interés cultural” de la infame Pirámide de los Italianos con la que el Caudillo Francisco Franco homenajeó a los fascistas enviados por Mussolini para ayudarle a derrocar al gobierno republicano legítimamente constituido en 1936. 

 Pase que el actual gobierno Mañueco no revoque esa declaración, con el bochorno que ella supuso para el antiguo antifranquista Gonzalo Santonja, agarrado como una lapa a la consejería de Cultura, pero espero que a la Junta no se le ocurra destinar un euro para su restauración, más que nada porque sabe que ello supondría un monumental escándalo, máxime cuando además el engendro es de propiedad privada. Bastante bochorno es que, pasándose por el forro la Ley de Memoria Histórica, semejante adefesio fascista haya sobrevivido a la piqueta

 Hablando de la Ley de la Discordia, con la que se retrató ideológicamente el anterior portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, ahora eurodiputado del PP, me ha dejado estupefacto la entrevista-masaje (no quiero saber si con final feliz) que hace unos días le practicó un diario vallisoletano. Si el falazmente autotitulado decano de la prensa española ha mutado desde “L'Osservatore herreriano” al “Pensamiento alfonsiano”, su competencia provincial es directamente “La Monda”.

 (Publicado en elDiario.es Castilla y León)

La trastienda/ Una de postureo para iniciar el nuevo curso político

  Curiosa forma la de Alfonso Fernández Mañueco de ofrecer al inicio del curso político diálogo a los partidos de la oposición a los que al mismo tiempo acusa de antemano de carecer de autonomía propia para alcanzar ningún acuerdo sin el visto bueno de sus respectivas cúpulas (en el caso de Vox dejémoslo en minarete) nacionales. Si piensas asi, y además se lo reprochas públicamente, a cuento de qué les emplazas a ese presunto diálogo. Un caso flagrante de postureo.

Implícitamente se cuela el mensaje de que el PP es el único partido de ámbito nacional que dispone en Castilla y León de autonomía respecto a su dirección nacional, lo cual es “insultar la inteligencia” del mismo modo que, a decir de Fernández Mañueco -en esto literalmente coincidente con Javier Lambán, el barón de los socialistas aragoneses- ha hecho la portavoz federal del PSOE, la burgalesa Esther Peña, al equiparar la “financiación singular” pactada por Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña con los beneficios fiscales de que gozan las provincias de Soria, Cuenca y Teruel.

Núñez Feijóo y Fernandez Mañueco

 La sumisión del PP de Mañueco a los dictados de la calle Génova es exactamente la misma que la del PSOE de Luis Tudanca respecto a la calle Ferraz. Ni más ni menos. En esto cualquier reproche mutuo equivale a aquello de la sartén y el cazo. Sin ir más lejos, ¿como se explica que, tras haber anunciado no sé ya cuantas veces que presentaría la impugnación “con la mayor celeridad posible”, a fecha de hoy aún no se haya formalizado ante el Tribunal Constitucional el cacareado recurso de la Junta contra una Ley de Amnistía, que según el gobierno Mañueco, vulnera nada menos que 14 artículos de la sacrosanta Carta Magna? Pues muy sencillo: porque desde Génova se ha transmitido la consigna de que ningún gobierno autonómico del PP se adelante a los demás y al propio partido en la presentación de dichos recursos. Y este es solo un ejemplo de la absoluta sumisión de la Junta a la estrategia política diseñada en la calle Génova, que no es otra que la de poner todas las instituciones controladas por el PP al servicio del supremo objetivo de conducir a Alberto Núñez Feijóo al palacio de La Moncloa.

 Mañueco sabe perfectamente que no se dan las condiciones para alcanzar pacto alguno con la oposición, lo cual por otra parte le importa una higa. Sabe que el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2025 no va a conseguir la mayoría parlamentaria para ser aprobado, lo cual igualmente se la suda. Aparte de que Santiago Abascal ha anunciado que no cuenten con su partido para ello, Vox no puede hacer el papelón de apoyar unos nuevos Presupuestos cuando el gobierno Mañueco ha renegado de las aberrantes políticas con las que el PP tuvo que complacer a la ultraderecha durante el periodo en el que compartieron gobierno, máxime cuando su antiguo socio ha enviado al limbo del “mausoleo” de Villa del Prado el Proyecto de Ley de la Concordia que pretendía dar la vuelta como a un calcetín al Decreto sobre Memoria Histórica vigente desde el último gobierno presidido por Juan Vicente Herrera.

Aunque en el pasado ese precepto se lo hayan pasado por el forro tanto el mencionado Herrera como el propio Mañueco, lo de presentar cada año un nuevo Proyecto de Presupuestos viene obligado por el Estatuto de Autonomía. Mañueco ha anunciado que lo hará, pero da por descontado que quedará en papel mojado, hasta el punto que asegura (lo cual es mucho asegurar teniendo el precedente de diciembre del 2022) que su no aprobación no sería motivo de una nueva anticipación electoral. En fin, que lo más previsible es que al final se prorroguen las cuentas del presente ejercicio, consensuadas en su momento por PP y Vox, razón esta última de más para que la ultraderecha prefiera esa prórroga a un nuevo marco más favorable aún para el partido que ahora gobierna en minoría.

Óscar López y Luis Tudanca

 Sin olvidar la repercusión de la Ley de Amnistía, la “financiación singular” comprometida con Cataluña constituye todo un filón electoral para el gobierno Mañueco, que encuentra un argumento objetivo para exacerbar el habitual victimismo del PP cuando el gobierno central está en manos socialistas. 

Por mucho que se quieran retorcer los argumentos, es evidente que si los republicanos catalanes han impuesto ese modelo particular -denominado por Núñez Feijóo “cupo separatista”- es porque a través del mismo Cataluña verá incrementada su porción en el reparto de la tarta destinada por el Estado a las Autonomías, ello lógicamente en detrimento del resto de las comunidades. Pero también es cierto que no se puede esgrimir, como hace la Junta, que los recursos recibidos del Estado son insuficientes para atender los servicios públicos esenciales, al mismo tiempo que se utiliza año tras año la capacidad normativa de la comunidad para otorgar beneficios fiscales al segmento de la población más pudiente. No es que sea una incoherencia, es una desfachatez.

 Por lo demás, el nombramiento del hasta ahora ministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España ha deparado la unción ministerial de Óscar López como nuevo titular de la cartera de Transformación Digital y Función Pública. 

 El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, se ha apresurado en calificarlo de “magnífica noticia”. Motivos tiene: gracias al apoyo de López, que en su día dejó la secretaría autonómica del PSOE para hacerse cargo de la secretaria Federal de Organización, Tudanca se impuso a su antecesor, Julio Villarrubia, en las primarias autonómicas disputadas a cara de perro en 2014. Como el que no quiere la cosa, hace de ello 10 años.

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Post scriptum.- A estas alturas de la película, veo informaciones y comentarios en medios regionales que consideran segoviano a Óscar López, dato completamente falso porque no lo es de nacimiento ni nunca lo ha sido de adopción. Y el agradecido Tudanca ha abundado en ese falaz paisanaje al referirse a él como "paisano" al celebrar su nombramiento ministerial. 

Lo cierto y verdad es que, salvo que uno de sus abuelos nació en Bercimuel, su único vínculo con esta tierra es el haber sido propietario de una segunda residencia en la villa de Riaza. Esta circunstancia meramente patrimonial le sirvió como percha para hacerse pasar por segoviano cuando su mentor y jefe en Ferraz, el inefable Pepiño Blanco, le colocó en 2004 como número uno de la candidatura del PSOE por Segovia al Congreso de los Diputados. 

Por lo tanto y en rigor, López, que entre 2004 y 2018 ha sido sucesivamente diputado, procurador y senador por Castilla y León, ha desempeñado todos esos cargos en calidad de "cunero" y de hecho no ha vuelto a interesarse ni por Segovia ni por esta comunidad autónoma desde que cesó en el último de esos escaños. 

El topillo/ El verano en el que el PSOE de Tudanca ha tocado fondo

 Se dice que un político tiene “baraka” cuando por hache o por be la fortuna se alía con él en los momentos mas críticos. Un caso claro por estos lares es el de Alfonso Fernández Mañueco, quien, tras ser el primer candidato del PP que perdía unas elecciones autonómicas en Castilla y León, consiguió en 2019 encaramarse a la presidencia de la Junta gracias al despecho político de Albert Rivera, que, contraviniendo los principios de su partido, le aupó al trono autonómico en detrimento del socialista Luis Tudanca, el candidato mas votado en esos comicios.

A sensu contrario, ejemplo de infortunio político puede ser el propio Tudanca, quien tras ese golpe bajo asestado por el niñato malcriado que dilapidó en un santiamén el gran capital político que llegó a atesorar Ciudadanos, no ha conseguido levantar cabeza y, lo que es peor aún, últimamente actúa como pollo decapitado. Su último, y puede que definitivo, contratiempo ha sido el “caso Cepa”, el sórdido episodio de presunto abuso de un menor protagonizado por el procurador socialista que venía ocupándose de los asuntos de Agricultura. 

 

Juan Luis Cepa

El escándalo se ha producido seis meses después de que estallara el protagonizado por el también procurador -para mayor inri secretario del grupo parlamentario socialista- Ángel Hernández, quien igualmente tuvo que dimitir después de verse implicado de hoz y coz en un caso de violencia de género contra su pareja. Con un agravante: mientras el “caso Hernández” se destapó públicamente de manera súbita, se sospecha que Tudanca conoció el “desliz” de Juan Luis Cepa semanas antes de que trascendiera públicamente sin adoptar en ese tiempo ninguna decisión.

 Puede argumentarse que el secretario autonómico del PSOE no es responsable de los abyectos comportamientos personales de los procuradores socialistas y que tanto Hernández como Cepa han dimitido fulminantemente de todos sus cargos públicos y orgánicos. Solo faltaría, apostillo yo. Pero luego están lo que en tenis se denominan “errores no forzados”. Y hay cabe contabilizar unos cuantos. El más “ostentóreo”, que diría Gíl y Gíl, fue el de aprovechar la remodelación a la que obligó la dimisión de Hernández para cesar como miembro de la dirección del grupo parlamentario a la procuradora leonesa Nuria Rubio sin ninguna justificación objetiva más allá de la propinar en el trasero de la defenestrada un patada al secretario provincial de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, con el que andaba a la greña. El resultado de ese ajuste de cuentas es que estalló públicamente la gresca interna entre el secretario autonómico y la dirección del PSOE leonés.

Luis Tudanca

 De otra parte, el todavía secretario autonómico del PSOE nunca ha sido muy escrupuloso sobre la composición de las listas electorales a las Cortes de Castilla y León. Particularmente, me llamó la atención que en las últimas elecciones autonómicas volviera a formar parte de la candidatura por Zamora Inmaculada García Rioja, quien en la anterior legislatura tuvo que dimitir de forma fulminante tras dar positivo en un control de alcoholemia. En materia de conducción bajo lo efectos del alcohol, Tudanca ya se había retratado cuando en su día exigió la dimisión de todos sus cargos a la entonces vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, una exigencia irreprochable si no fuera porque él mismo había sido cazado años antes superando la tasa de alcoholemia al salir de un parking de la capital burgalesa.

En fin, pienso que el “caso Cepa” ha supuesto la puntilla política de Luis Tudanca, al que cabe dar por absolutamente amortizado como secretario autonómico del PSOE y eventual candidato -sería la cuarta vez- a la presidencia de la Junta. Algo que ya tenía muy difícil tras su frontal enfrentamiento con los máximos responsables del partido en León, el mencionado Cendón, y Valladolid, Óscar Puente, quien ya cuestionó su labor de oposición al primer gobierno presidido por Mañueco.

Así pues, la sucesión de Tudanca está abierta y en ese proceso me ratifico en que ha de descartarse la opción del alcalde de Soria, Carlos Martínez Minguez, al que la imagen de su patochada a bordo de un “papamóvil” en las fiestas de Tardelcuende le perseguirá mientras viva. A priori no se vislumbra ningún candidato o candidata emergentes. Y no creo que acepte ese cáliz la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en su día portavoz del grupo parlamentario socialista.

 De no surgir otra alternativa apoyada por el trío al que Pedro Sánchez consultará sobre el asunto -a saber, el expresidente Zapatero, el ministro Puente y el jefe de su Gabinete, Óscar López- no descartaría yo a la exdelegada del Gobierno y actual directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, quien, ojo al dato, después de incorporarse al equipo  del Ministerio del Interior no ha renunciado a su cargo de vicesecretaria autonómica del PSOE. Barcones sigue siendo uno de los escasos activos que les quedan a los socialistas de Castilla y León y aceptó con resignación, que remedio, su intempestivo relevo en la Delegación del Gobierno.

Cinco preguntas al lobo:

1.- ¿A qué demonios espera la Audiencia Provincial de Valladolid para hacer publica su sentencia sobre el caso Perla Negra, cuya vista oral concluyó el pasado 8 de mayo? ¿no son suficientes cinco meses para redactar y emitir el correspondiente fallo?

2.- El gobierno Mañueco ha recurrido ante el Tribunal Constitucional -desde luego no “con la máxima celeridad posible”- la Ley de Amnistía. ¿Y qué hay del recurso contencioso-administrativo que anunció el pasado 23 de julio demandando la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. 

3.-¿A qué diablos espera el PP de Castilla y León para nombrar nuevo portavoz del grupo parlamentario popular, cargo vacante tras la "fuga" de su anterior titular, Raúl de la Hoz, al Parlamento Europeo?

4.-¿El hecho de haber concluido su carrera política tras una condena de 13 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia a la autoridad judicial no es óbice ni cortapisa para que el exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva reciba el reconocimiento público que supone denominar con su nombre una nueva plaza de la ciudad? Para el equipo de gobierno PP/Vox que encabeza el alcalde Jesús Julio Carnero, está claro que no.

5.- ¿A qué diantres espera para dimitir el concejal de Obras y Servicios y teniente de alcalde de EL Espinar (Segovia), Frutos de Llano Cabezas, tras haber duplicado la tasa de alcoholemia cuando conducía por la localidad un vehículo que, para mayor escarnio, era de titularidad municipal. Y en su defecto, ¿a qué diablos/demonios/diantres espera para cesarlo el alcalde, Javier Figueredo, del PP? ¿Y qué opina al respecto la presidenta provincial del partido y senadora por Segovia, Paloma Sanz Jerónimo?

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