El presidente-estorbo de un gobierno zombi

Al margen de los sobresaltos que nos siga deparando el diabólico laberinto catalán, resulta incontestable que la colisión entre el bloque independentista y el consorcio constitucional concertado para combatir el proceso secesionista ha sacudido bruscamente el tablero de la política española. Y no precisamente en el sentido en el que confiaba Mariano Rajoy, que había dado por bueno el sacrificio del PP catalán con tal de rentabilizar “en el suyo beneficio propio” la reacción patriótica provocada en el resto de España por el desafío de Puigdemont, Junqueras y demás mártires del “procés”.

Alfonso Fernández Mañueco y Juan Vicente Herrera

 Por mucho que el PP se esfuerce en asegurar que lo sucedido en las pasadas elecciones catalanas no es extrapolable, no hace falta recurrir a ningún genio demoscópico para aventurar que en unos eventuales comicios generales los populares sufrirían un serio retroceso en beneficio de Ciudadanos, que, más allá de Cataluña, ha capitalizado en el conjunto de España ese llamado patriotismo (a veces, más bien patrioterismo) constitucional. 
De tal forma que se ha esfumado por completo la expectativa de unas elecciones generales anticipadas con la que venía jugando el PP en el caso de no conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Dichos Presupuestos quedan supeditados a que el PNV, tras cobrarse previamente el “cuponazo”, esté en condiciones políticas de apoyarlos, lo cual pasa por el levantamiento en Cataluña, siquiera sea provisionalmente, del artículo 155. Y en última instancia se prorrogarían los PGE de 2017. Lo que queda completamente descartado es que Rajoy convoque unas elecciones de las que el único gran beneficiado sería Albert Rivera.

 Así las cosas, no hay en el horizonte otra cita electoral que la de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019, triple confrontación hacia la que ya tienen orientadas sus baterías todas las fuerzas políticas. Y es en este contexto en el que ha comenzado a cundir un creciente desasosiego en el seno del PP de Castilla y León, donde la bicefalia compartida entre el presidente del partido y el de la Junta empieza a constituir todo un problema. No por la falta de sintonía entre ambos, que mantienen sin mayores tensiones el pacto de no agresión, sino porque la permanencia de Juan Vicente Herrera en el Colegio de la Asunción está taponando la necesaria proyección política de Alfonso Fernández Mañueco, quien es a fin de cuentas el que encarnará el cartel autonómico del partido en esa convocatoria electoral. 

 Aunque en un principio Mañueco y su equipo habían aceptado con resignación la voluntad de Herrera de mantenerse en el cargo hasta el final de la Legislatura, los acontecimientos han alterado ese ánimo. De mantenerse las actuales perspectivas -y nada indica que vayan a cambiar a mejor para sus intereses- el PP está abocado a despedirse definitivamente en 2019 de la mayoría absoluta que de facto, gracias al Reglamento de las Cortes y a la obsequiosidad de Ciudadanos, ha seguido ejerciendo con los 42 procuradores conseguidos en 2015. Se admite ya como irremediable que en el mejor de los casos Mañueco presidirá un gobierno de coalición en el que los de Albert Rivera ocuparán varias consejerías y probablemente una vicepresidencia.

Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez

 Con semejante panorama lo lógico y natural sería que un presidente “pato cojo” como Herrera se echara a un lado y dejara de estorbar, permitiendo que Mañueco afrontara desde la presidencia de la Junta y con un renovado gobierno tan comprometido trance electoral de 2019. Pero pese a los rumores que circulan al respecto, me atrevo a pronosticar que va a ser que no. Herrera no se va ni harto de Viña Pedrosa. Y no solo, aunque también, porque no tenga donde ir: ninguno de los dos senadores autonómicos del PP, el “vitalicio” Juan José Lucas y el sinuoso ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, estarían dispuestos a cederle el puesto, y su incorporación como miembro nato del Consejo Consultivo resultaría poco menos que un desdoro político.

 Tengo para mí que la verdadera razón de peso para aferrarse hasta el último día a la presidencia de la Junta es otra: No quiere renunciar a su status presidencial y a su aforamiento ante la posibilidad de ser llamado a declarar en los dos casos de presunta corrupción (Perla Negra & pufos asociados y trama eólica) que instruyen sendos juzgados vallisoletanos y en los que continúan siendo investigados hasta una decena de altos y ex altos cargos del gobierno de la comunidad. 

Dados los testimonios que indican que el presidente de la Junta conoció e incluso intervino directamente en la resolución de algunos de los hechos investigados, nada tendría de particular que fuera llamado a declarar, siquiera sea en principio en calidad de testigo, tal como de hecho ha ocurrido con la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quién por cierto en su declaración por plasma hizo gala de una desmemoria digna de la mismísima Infanta Cristina. Es cierto que si renunciara a la presidencia de la Junta y mantuviera el escaño de procurador conservaría el aforamiento, pero el riesgo de ser llamado a declarar sin duda se acrecentaría.

Francisco Igea y Luis Garicaño

 En esta tesitura, Herrera no se va a mover del lugar de confort que ocupa y con él va a permanecer el gobierno zombi que preside, de cuyos componentes a fecha de hoy Mañueco únicamente rescataría al consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, el verso suelto que llegó a la Junta en condición de cuota leonesa con el aval de la entonces presidenta del PP leonés, Isabel Carrasco. (Aunque algún consejero y más de una consejera se esfuerzan denodadamente en hacer méritos ante el presidente autonómico del PP, de momento están fuera de un prematuro cuaderno azul abocado a fundirse con tonos anaranjados).

 Así pues, Mañueco tendrá que seguir arrastrando el cada vez más pesado lastre herreriano, sin poder desplegar una estrategia propia frente al viento de cola que impulsa a Ciudadanos, que previsiblemente prescindirá del chollo que para el PP ha supuesto el inconsistente y maleable Luis Fuentes, sustituyéndolo por alguien con algo más de fuste, que bien pudiera ser el diputado por Valladolid Francisco Igea, asimismo miembro del comité ejecutivo nacional del partido y ojito derecho en esta comunidad del también vallisoletano Luis Garicano, el gurú económico del partido naranja.

 Para colmo de males, en el pecado de la despoblación va a llevar el PP la penitencia política, ya que suyos son ahora dos de los tres procuradores que Castilla y León dejará de elegir en 2019 a causa de la pérdida de censo. Algo que ciertamente no deja de tener su parte de justicia poética.

elblogdepedrovicente@gmail.com