Amén de ahondar en el penoso papelón de apuntalar y blanquear a los populares de Castilla y León asumido desde su llegada a las Cortes por los mediocres dirigentes autonómicos del partido de Albert Rivera, la fallida maniobra conjunta de PP y Ciudadanos de proponer una reforma exprés del Estatuto de Autonomía destinada a blindar el aforamiento del presidente y los consejeros de la Junta no ha hecho otra cosa que poner de manifiesto el clamoroso fracaso de la hoja de ruta diseñada por el gobierno de Juan Vicente Herrera al comienzo de su última Legislatura.
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| Sesión plenaria en las Cortes de Castilla y León |
suscribir una serie de pactos de comunidad que dinamizaran la alicaida política autonómica. Figuraba ahí una puesta al día del Estatuto de Castilla y León, cuya anterior reforma, la de 2007, quedó en completo agua de borrajas después de que el Tribunal Constitucional echara abajo su único avance efectivo, que no era otro que el pretendido traspaso de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Esta nueva propuesta de reforma estaba de antemano condenada al fracaso, entre otras razones porque el PP de ninguna manera iba a estar dispuesto a modificar la actual distribución provincial de los escaños de las Cortes, que ahora mismo le proporcionan de facto una mayoría absoluta que no se corresponde ni de lejos con el número de votos obtenido en las últimas elecciones autonómicas. Eso mismo de lo que tanto se lamenta el PP en Cataluña, donde esa distribución provincial favorece a las fuerzas independentistas, se da en Castilla y León en beneficio suyo, al punto de que con 220.000 votos menos suma el mismo número de procuradores que el resto de las formaciones parlamentarias. Y no solo es que no esté dispuesto a corregir esa distorsión entre votos y escaños, sino que en la anterior Legislatura el PP llegó a barajar una reducción del número de escaños de las Cortes que hubiera redundado todavía en una mayor desproporción a su favor.
Una propuesta delatora.- A partir de esa premisa estaba cantado que no iba a prosperar una nueva reforma estatutaria. Lo que no se esperaba es que el PP y Ciudadanos se descolgaran proponiendo una reforma exprés como la mencionada, supuesto calco de la impuesta por el partido naranja en la Región de Murcia pero con una diferencia determinante: Mientras en la comunidad murciana se ha aprobado la supresión de todos los aforamientos en las instituciones autonómicas, aquí, con toda la desfachatez del mundo, el tándem PP-C´s proponen mantener ese privilegio al presidente de la Junta, a su vicepresidente y al resto de los consejeros.
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| Raúl de la Hoz (PP) y Luis Fuentes (Ciudadanos) |
Otro de los pactos planteados en esa hoja de ruta no era tal, sino la ratificación del existente en la anterior Legislatura en torno a la revisión del actual modelo de financiación autonómica. Se trataba únicamente de que se sumaran al consenso las fuerzas emergentes, como así hicieron Podemos y Ciudadanos, en espera de una reforma del modelo que el gobierno de Mariano Rajoy sigue sin afrontar. Un acuerdo de comunidad que se mantiene pese a reciente deslealtad de la Junta, que ha negado a la oposición los datos manejados para incluir en los Presupuestos de 2018 unas entregas a cuenta del Estado que en estos momentos mantiene en suspenso el ministerio de Hacienda, con la consiguiente incertidumbre que ello genera y sobre la que no puede llamarse andana la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.
Había otro pacto sobre industrialización, a la postre el único que ha salido adelante, que prosperó gracias a que la Junta renunció a seguir apoyando incondicionalmente el “fracking”, renuncia que en realidad no fué tal porque ya para entonces las multinacionales que realizaban prospecciones en Castilla y León habían decidido batirse en retirada ante el hundimiento en el mercado mundial del gas emanado de la llamada “fractura hidráulica”. Eso sí, para resarcirse de la frustración del “fracking”, la Junta está apostando sin reservas por proyectos mineros todavía mas peligrosos, como el de la temeraria explotación de la mina de uranio de Retortillo, o igual de incompatibles con un desarrollo sostenible, tales como las explotaciones mineras que vienen suscitado una amplia y justificada oposición social en la provincia de Ávila.
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| José A. de Santiago-Juárez y Luis Tudanca |
Su máximo impulsor, el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha recurrido a todo tipo de presiones para sacar a cualquier precio los controvertidos mapas. Desde incluir en los Presupuestos una partida de 25 millones de euros para el Plan de Convergencia Interior condicionada a que se aprueben los mapas -un chantaje impresentable, máxime cuando dicho Plan debiera de haberse restablecido ya hace dos años en cumplimiento de la Ley en vigor- a presionar por tierra, mar y aire al secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, capitulo éste al que no son ajenos ciertos artículos de opinión inspirados desde el “ala oeste” del Colegio de la Asunción, alguno de ellos firmado por columnistas otrora alejados del PP que con el tiempo han contraído conocidas deudas de gratitud con la Junta.
El patético fracaso de los mapas rurales es la guinda de una Legislatura completamente perdida en esta comunidad autónoma, condenada, para mayor desdicha, a sobrevivir al gobierno zombi de un presidente “pato cojo” el durante el año y medio que aún resta hasta las próximas elecciones autonómicas.
elblogdepedrovicente@gmail.com 29 Enero 2018
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