Si
se trataba de exhibir músculo municipal, no parece que Castilla y León fuera el
marco más indicado para acoger una Convención Intermunicipal del PP, partido
que en las pasadas elecciones locales perdió más de 500 concejales en el
conjunto de la comunidad autónoma y solo pudo retener la alcaldía en una de las cinco capitales de provincia que venía gobernando.
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| Casado y Mañueco el pasado sábado en Valladolid |
El
presidente de la Junta ,
Alfonso Fernández Mañueco, afirmaba días
atrás que las próximas elecciones generales no constituyen una “reválida” de los
primeros meses de gestión del actual gobierno autonómico. Tiene toda la razón.
Primero, porque en elecciones generales se vota siempre en clave nacional;
segundo, porque su gobierno, más allá de haber engordado su estructura política
con el consiguiente incremento de gasto público y haber iniciado el proceso
para suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, no presenta de momento ningún
tipo de gestión efectiva que valorar.
Pacto de no agresión.- Desactivada de momento la bomba de relojería de
la reforma de la atención primaria rural en la que está empeñado el “trío de la
bencina” (a saber, el vicepresidente Francisco
Igea, la consejera Verónica Casado
y el gerente Manuel Mitadiel), PP y
Ciudadanos han establecido el lógico pacto de no agresión para evitar broncas de
calado de aquí al 10-N. Un pacto que admite desencuentros siempre que se refieran a asuntos del pasado que no afecten directamente a ninguno de los actuales consejeros.
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| Raúl de la Hoz y Francisco Igea |
No es que Fernández Mañueco sienta especial aprecio por el anterior consejero, Antonio Sáez, pero como era del PP no podía dejar sin respuesta una imputación de esa naturaleza. Ante lo cual, como tampoco es cuestión de que sea un consejero de su partido quien polemice con el vicepresidente de su propio gobierno, se decide que sea el portavoz del grupo parlamentario popular, Raúl de
(Por lo demás, si quedaba alguna duda sobre la manipulación de las listas de espera, ya se ocupó de disiparla el actual procurador del partido “Por Ávila”, José Pedro Pascual, quien ha reconocido en las propias Cortes que en su etapa de director medico del complejo hospitalario abulense se realizó “un uso fraudulento” de dichos datos).
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Y juntos han presentado PP y Ciudadanos una
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía limitada exclusivamente a la
supresión del aforamiento del que gozan los procuradores de las Cortes y los
miembros del Consejo de Gobierno de la
Junta . Es
exactamente la misma reforma que propuso Ciudadanos en la anteriores legislatura
y que el PP, que la había apoyado en la comunidad de Murcia, se negó en redondo
a aceptar en Castilla y León (ahora no tiene más remedio porque forma parte del
acuerdo de gobierno firmado el pasado mes de junio por ambos partidos).
Paralelamente, se tramita la propuesta reforma
del Estatuto presentada por el PSOE, que, además de eliminar dichos
aforamientos, blinda los derechos sociales, estableciendo que los Presupuestos
de la Comunidad
recojan cada año una inversión social equivalente como mínimo al 12 por ciento
del PIB regional. Veremos en que queda esta doble propuesta, ya que cualquier
reforma estatutaria requiere mayoría cualificada de dos tercios en las Cortes
Regionales, requisito inalcanzable sin un consenso entre PP y PSOE.
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| Luis Fuentes, presidente de las Cortes |
El
propósito de cargarse la Fundación ,
cuyo presupuesto ni siquiera llega al millón de euros, supone todo un golpe
bajo a la seña de identidad y símbolo que representa Villalar, ello con el
agravante de anunciarse cuando PP y
Ciudadanos no han puesto en marcha la comisión paritaria recogida en su acuerdo
de gobierno (punto 3) para analizar la situación del sector público autonómico
y, en su caso, la posible extinción de entes, empresas, fundaciones y demás
chiringuitos clientelares que integran la llamada Administración B. (El PSOE ya
está solicitando la supresión del Instituto para la Competitividad , el
Ente Regional de la Energía ,
el Itacyl. Somacyl y las fundaciones Siglo y Patrimonio Natural).
Pero ni que decir tiene que en estos
momentos la única prioridad del gobierno Mañueco consiste en desactivar la
huelga general de funcionarios y empleados públicos convocada para el próximo 6
de noviembre, lo que pasa por pactar con los sindicatos un aplazamiento en la
aplicación de las 35 horas. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, envió hace unos días en Valladolid un mensaje directo
a la Junta : “No se puede venir ofreciendo las 35 horas,
no cumplirlo y a la vez decir que se van a bajar los impuestos. Es una
canallada”. Bajada de impuestos como el de Sucesiones, que, a cambio de
beneficiar exclusivamente a quienes heredan mas de 400.000 euros, mermará en
decenas de millones de euros las exhaustas arcas autonómicas”.