La convocatoria
de las nuevas elecciones generales ha sacado de su zona de confort del Colegio
de la Asunción
(edificio que se está quedando pequeño para albergar tanto nuevo asesor) al
presidente de la Junta ,
Alfonso Fernández Mañueco, quien
hasta ahora permanecía dedicado básicamente a restañar las heridas electorales
de su partido a base del bálsamo de los nombramientos oficiales.
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| Mañueco, en su despacho del Colegio de la Asunción |
Al
comienzo de la pasada Legislatura -a la postre completamente fallida- Juan Vicente Herrera propuso a las
demás fuerzas políticas la negociación de cuatro “pactos de comunidad” que
conformaban una hoja de ruta a seguir. Se trataba de mantener una posición
común ante la reforma de la financiación autonómica, acometer una reforma del
Estatuto de Autonomía, consensuar la Ordenación Territorial
y alcanzar un pacto para la reindustrialización del territorio. Al final, ya muy
tardíamente, se firmó este último pacto, cuya aplicación sigue prácticamente
inédita. También hubo acuerdo sobre la financiación, pero dio igual porque la
reforma del sistema ha seguido y seguirá aparcada hasta que no haya un nuevo
Gobierno que la ponga sobre la mesa.
Mera
palabrería frente a la despoblación.- La reforma del Estatuto ni siquiera
se intentó y la Ordenación
del Territorio encalló en los mapas rurales. Y Mañueco se ha reunido ahora con
los portavoces parlamentarios sin nada nuevo que ofrecer. Ni se ha molestado en
añadir a la agenda un acuerdo de mínimos sobre la despoblación, que es el gran
problema estructural de una comunidad que ha perdido en los últimos 10 años una
población superior a la de toda la provincia de Palencia. A 1 de enero del presente
año el censo de la comunidad se cifraba en 2.398.214 habitantes, 165.307 menos
que los que eramos al inicio de 2009 (2.563.521).
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| Concentración en Soria contra la "España vaciada" |
Y si nos atenemos a su única hoja ruta conocida, que no es otro que el “Acuerdo para el Gobierno de Castilla y León” suscrito en junio pasado entre el PP y Ciudadanos, solo una de las 100 medidas que contiene, la número 78, hace referencia al problema de la despoblación. Y pásmense en que términos: “Se creará un grupo de trabajo de expertos independientes nombrados por las Cortes a propuesta de los grupos parlamentarios, con el fin de que elaboren un diagnóstico y emitan en un año un informe de propuestas de actuación”. Como si el problema no estuviera a estas alturas más que diagnosticado y Castilla y León pudiera permanecer otro año más de brazos cruzados perdiendo varios miles de habitantes cada vez que se actualiza el padrón…
Entra en acción “el trío de la bencina”.- Y con este panorama, en lugar de reforzar los servicios básicos en el ámbito rural, desde la propia Junta se promueven medidas que precarizarían aún más la asistencia sanitaria en ese medio, cual es la supresión de la atención médica en los consultorios locales de la comunidad. Tan solo un día después de la “revuelta de
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| Pacientes a la puerta de un consultorio local |
Aunque lo previsible es que Mañueco frene los
ímpetus del “trío de la bencina” (vicepresidente Igea, consejera Casado y gerente Mitadiel)
y aplace temporalmente esa propuesta, las cartas han quedado mostradas y remiten mucho a aquel planteamiento de Ciudadanos
de no considerar viables los municipios de menos de 5.000 habitantes. (No así
las Diputaciones, que antes pretendían suprimir y en las que los de Albert
Rivera comparten ahora prebendas con el PP).
La
raspada mayoría parlamentaria de la que disponen PP y Ciudadanos en las Cortes
puede servirles para perpetrar nuevos recortes en los servicios públicos y para
solazarse en el gobierno pactado entre ambos. Pero sin el consenso del PSOE, la
primera fuerza política en las pasadas elecciones autonómicas, no es viable
ningún pacto de calado que saque a esta comunidad autónoma de su creciente
declive. Sin acuerdo con los socialistas no puede prosperar ninguna reforma del
Estatuto ni avanzar en la Ordenación
Territorial
Sin hoja de ruta ni intención de tenerla,
al PP se le ha vuelto ahora en contra el electoralismo con el que actuó en mayo y en la cuenta atrás electoral del 10-N tiene que lidiar desde la Junta con otra revuelta, la
de sus funcionarios y empleados públicos, que no están dispuestos a que les
tomen el pelo con lo de las 35 horas semanales. Y ello cuando la deuda
contraída sigue desbocada -iba por los 12.708 millones de euros en el primer
trimestre- y la Junta ,
que tanto presumía de comunidad cumplidora, se dispone a rebasar holgadamente
el límite de déficit fijado a las CC.AA. para 2019. Total, que más da: ¡Que pasen días y caigan
ollas…!