La opción de convocar nuevas elecciones autonómicas
coincidentes con las municipales de mayo de 2023 cobra fuerza en Génova, donde Núñez
Feijóo no quiere ninguna alianza con Vox en su hoja de ruta hacia la Moncloa
Estaba escrito que el resultado de las pasadas elecciones
andaluzas iba a tener repercusiones muy directas sobre el compartimentado
gobierno de Castilla y León, donde el socio minoritario, Vox, ha venido
imponiendo su discurso ideológico e intentando aplicar su programa de máximos
ante la cómplice pasividad del socio mayoritario (PP). Un abierto desafío a la
autoridad del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, incapaz
hasta ahora de desautorizar las constantes extralimitaciones de la extrema
derecha y en especial del vicepresidente Juan García-Gallardo.
En Andalucía Vox
apostaba por un resultado que condujera a una coalición de gobierno similar a
la de Castilla y León, lo cual hubiera consolidado el frente común de ambos
partidos en el horizonte de las siguientes elecciones generales. Dicho
mimetismo entraba en abierta colisión con la estrategia de Alberto Núñez
Feijóo, convencido de que la mejor receta para relanzar al PP pasa por
distanciarse de Vox y de su excluyente discurso ideológico.
El arrollador
triunfo de Moreno Bonilla ha avalado la estrategia de Feijóo y convierte
el pacto en Castilla y León en un oneroso lastre en el camino a recorrer hacia
La Moncloa. Al propio tiempo, el batacazo de la racial Macarena Olona ha
obligado a García-Gallardo a recoger apresuradamente
velas en su osado intento de dinamitar el Diálogo Social en Castilla y León.
Tras su explosiva
comparecencia del pasado lunes 13, en la que, acompañado por el consejero de
Empleo, el inefable Veganzones, anunció con toda rotundidad un recorte
de 20,3 de euros en las subvenciones y programas asociados al Diálogo Social,
García-Gallardo apareció el pasado jueves junto al consejero Portavoz, para
negar sin pestañear lo que todo el mundo le oyó decir y se hizo constar en el
comunicado oficial de la propia Junta.
“Donde dije digo,
digo Diego”
Díez días después de haber provocado semejante crisis, el
vicepresidente ha tenido el rostro de achacar toda la polémica a la “brocha
gorda” utilizada por los medios de comunicación. Gallardo dice ahora que lo
único que se va a rebajar es la subvención directa de 4 millones en total que
reciben los sindicatos y la patronal por su papel institucional, sometiéndose a
“libre concurrencia” el resto de los programas que completan los 20,3 millones
en cuestión.
Después de largos días de vergonzante ambigüedad en los
que el PP ni ratificó ni desautorizó a Gallardo y Veganzones, ha ocurrido que, en medio del clima de euforia
desatado en su partido tras la victoria andaluza, Mañueco no podía secundar a Vox
en ese desaforado ataque al Diálogo Social. Y así parece que lo ha entendido el
vicepresidente, quien no ha tenido otro remedio que dar marcha atrás y decir
digo donde todo el mundo le escuchó decir Diego. Ello sin que Gallardo haya
vuelto a reproducir las gruesas descalificaciones dedicados a sindicatos y
patronal el lunes de marras.
Tras este viraje,
Mañueco presidirá este miércoles el Consejo del Diálogo Social sin que sobre la
cabeza de los agentes sociales penda la Espada de Damocles. Previsiblemente,
todo se reconduzca a una revisión general del método de funcionamiento y a una
futura rebaja de los 4 millones en subvenciones directas, que, de producirse,
se extendería también a las organizaciones agrarias (para contrariedad del
consejero, Gerardo Dueñas, ex gerente regional de ASAJA, que no tiene
ningún interés en meter el dedo en el ojo de esos interlocutores). Más adelante
veremos cómo quedan las partidas del Diálogo Social en los Presupuestos de 2023
que PP y Vox han comenzado a negociar.
Después de lo de
Andalucía, el PP de Mañueco necesita ir recuperando terreno cedido a Vox y
desmarcarse de sus políticas más corrosivas. Y en el pleno de las Cortes de la
pasada semana la oposición le proporcionó dos ocasiones que ni pintadas. El PP
se sumó sin condiciones a la proposición socialista presentada precisamente en
reconocimiento y defensa del Diálogo Social, a la que naturalmente se opuso
únicamente Vox. Y lo mismo ocurrió con la moción del superviviente Francisco
Igea en defensa de la aplicación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a
la que Vox atribuye el “fanatismo climático” que según su peculiar percepción está
hundiendo la economía y la nación española.
A
contracorriente de la estrategia de Feijóo
Pero por mucho terreno
que pueda ir recuperando Mañueco frente a Gallardo, lo que no va a poder evitar
el PP son las dos reformas legislativas netamente ideológicas introducidas por
Vox en los acuerdos de gobierno suscrito por ambos partidos. Según lo acordado,
esta misma semana deberá presentarse la llamada Ley de Concordia, que supondrá
la derogación del Decreto autonómico sobre Memoria Histórica con el que la
Junta ha venido colaborando en la exhumación de las víctimas de la guerra civil
sepultadas en fosas comunes. E igualmente está acordado que antes del 31 de
julio inicie su tramitación parlamentaria la Ley de Violencia Intrafamiliar, el
engendro legislativo con el que Vox se propone desvirtuar y vaciar de contenido
la Ley autonómica sobre Violencia de Género.
Para desgracia de
Mañueco, el respaldo del PP a estas “señas de identidad” de Vox, va a tener una
repercusión mediática nacional que empañará la imagen del partido y de Feijóo,
para quien el pacto de gobierno en Castilla y León va a convertirse en un
creciente dolor de cabeza. De ahí que, tras lo ocurrido en Andalucía, en Génova
se esté abriendo paso la idea de romper una
perniciosa alianza que, además de dar entrada a Vox en la Junta, entregó la
presidencia de las Cortes a la formación de extrema derecha.
La celebración de
las elecciones municipales a celebrar el 28 de mayo de 2023 constituye la
ocasión pintiparada para que el PP se apunte a esa fecha para hacerla coincidir
con unas elecciones autonómicas anticipadas previa ruptura con el PP y
disolución a primeros de abril de las actuales Cortes. Sin duda esa es la
opción que hoy por hoy maneja Feijóo y a la que Mañueco difícilmente estará en
condiciones de oponerse.
Un consejero “achicharrado”
Y lo más lamentable.
En medio de todos estos trampantojos de la relación PP-Vox, Castilla y León ha sufrido
el mayor incendio forestal del siglo, en el que han sido pasto de las llamas
más de 30.000 hectáreas de la zamorana Sierra de la Culebra. Un desastre
ecológico, económico y social que no hubiera alcanzado tamaña dimensión si la
consejería de Medio Ambiente hubiera adaptado el despliegue de su operativo
antiincendios a los nuevos riesgos derivados del cambio climático. Pero no. El
consejero Suárez-Quiñones, obstinado en no declarar la situación de
“riesgo alto” hasta el 1 de julio, hizo caso omiso a la previsión meteorológica
que anunciaba una tormentosa ola de calor en la zona a mediados de junio. Y el resultado ha sido el desigual combate
librado entre las llamas y un operativo reducido al 25 por ciento de los
efectivos disponibles 15 días después.
La indignación de
bomberos forestales, agentes medioambientales y población de la comarca
arrasada ha colocado en la picota al consejero, cuya soberbia ya quedó
retratada en su famosa frase “La Administración soy yo”. Mientras Suárez
Quiñones ha quedado políticamente achicharrado y la petición de su dimisión ha sido
un clamor, el presidente Mañueco ha despachado el asunto afirmando que “la
culpa ha sido de la Naturaleza” (sic).
Además de pedir la dimisión del consejero, CC.OO. ha dado
traslado a la Fiscalía al entender que la Junta ha actuado con manifiesta
negligencia. Al propio tiempo, toda la oposición ha solicitado la creación de
una comisión parlamentaria de investigación que presumiblemente será vetada por
PP y Vox. Solo faltaría.
(Publicado
en elDiario.es
Castilla y León)
