lunes, 26 de julio de 2021

Don Tancredo ve pasar la quinta ola

 “Sí, somos idiotas”. Esas fueron las palabras elegidas el pasado martes por el vicepresidente de la Junta, el sinuoso Francisco Igea, en busca de un titular periodístico que desviara la atención sobre la falta de coraje del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para hacer frente a la quinta ola de la pandemia. Una maniobra de distracción dialéctica marca de la casa para encubrir la temeraria pasividad de la Junta, que ha dejado que dicha ola se desbocara en nuestra comunidad -la segunda en tasa de incidencia tras Cataluña- adoptando a regañadientes unas medidas de escaso alcance, muy lejos de las impuestas por otras comunidades mucho menos atacadas por esta quinta ofensiva del virus.

Francisco Igea
  Igea no es ni se considera idiota. Lo que acostumbra es a tomarnos por idiotas a los demás, comportamiento muy habitual entre quienes se creen más inteligentes que el común de sus congéneres. El gobierno Mañueco ha vuelto a hacer lo mismo que en otros momentos críticos de la pandemia: evitarse al máximo cualquier desgaste político a costa de no adoptar las restricciones imprescindibles para contener la oleada de turno.

  Nada que ya no conociéramos. Recuérdense las fatídicas consecuencias de la tercera ola, en la que Castilla y León pagó muy caro el objetivo de “salvar las Navidades” que se impuso el presidente Mañueco. La desescalada previa y la laxitud de las medidas para prevenir la contagiosidad durante el periodo navideño ocasionaron una expansión vertiginosa del virus a lo largo del mes de enero, en el que la tasa media de incidencia se disparó hasta los 1.400 casos (más de 2.000 en las provincias de Segovia  y Palencia) y el número de hospitalizados por encima de los 2.400 (más de 300 de ellos en las UCI), con un saldo letal de entre 30 y 40 muertos diarios. Fue cuando la Junta, en otro descarado intento de eludir sus propias responsabilidades, se sacó de la manga el “creativo” adelanto en dos horas del toque de queda, luego tumbado con estrépito por el Tribunal Supremo.

 Con estos antecedentes, y difundidos unos sondeos según los cuales una mayoría de castellanos y leoneses aprueban su gestión frente a la pandemia, el gobierno Mañueco ha decidido tomarse esta quinta ola a beneficio de inventario. Buena gana de correr el coste político derivado de cualquier restricción si la mayoría de los ciudadanos nos otorgan una patente de corso para que hagamos lo que nos dé la gana o para que no hagamos nada. Esa es la reflexión del presidente de la Junta, quien a causa de esos mismos sondeos, se siente muy crecido frente a su vicepresidente, obligado a comer en su mano si pretende, como pretende, seguir en la pomada política.

La consejera Casado visitando un hospital
 Basta con analizar la secuencia de este último episodio. Al comenzar a arreciar la quinta ola, el domingo 4 de julio, con 200 casos de incidencia en Castilla y León, la consejera Verónica Casado convocaba de urgencia al Comité de sedicentes expertos que supuestamente asesoran a la Junta en materia epidemiológica. Y los susodichos plantearon dos opciones alternativas: Regresar al estado de alerta 2 en toda la comunidad o, en su defecto, clausurar por completo el ocio nocturno. En realidad, la consejera defendía otra medida más drástrica, nada menos que la reimplantación del toque de queda en toda España, y así lo defendió, sin encontrar apoyo alguno, en el Consejo Interterritorial celebrado el miércoles 7 en Madrid. Para entonces eran ya varias las comunidades autónomas que se disponían a proponer toques de queda acotados a las localidades con mayor incidencia en sus respectivos territorios.

 Pues bien, el jueves 8, con una incidencia ya en torno a los 300 casos, el Consejo de Gobierno de la Junta ignora olímpicamente las dos opciones propuestas desde el Comité de Expertos, limitándose a adelantar el cierre nocturno a las dos de la madrugada, a prohibir las pistas de baile y a reducir aforos en este tipo de establecimientos. O sea, nada en dos platos. Y a diferencia de otras comunidades autónomas, como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Cantabria (estas dos últimas con mucha menor incidencia que Castilla y León), que se aprestaban a aplicar toques de queda restringidos a las localidades en situación más crítica, el gobierno Mañueco se mantenía de brazos cruzados mientras el índice de contagiosidad se desbocaba.

 El jueves 15, con la Incidencia por encima de los 800 casos, el Consejo de Gobierno descarta el toque de queda en la comunidad amparándose en un oportuno informe de los Servicios Jurídicos de la Junta, que, basándose en supuestos que no hacían al caso concreto, presumía que el TSJ no avalaría ese toque de queda restringido. Pero además de cerrarse a esa posibilidad -autorizada ya por los tribunales superiores de las mencionadas comunidades- la Junta no adoptaba otra medida que la de constituir un nuevo grupo de trabajo con el que ha terminado de ningunear al comité de los sedicentes y paniaguados “expertos” a los que ha venido instrumentando de la forma más grosera. Un supuesto grupo de trabajo cuya composición se niega además a revelar.

Alfonso Fernández Mañueco
 Con la incidencia a punto de alcanzar los 900 casos, Mañueco convocaba con urgencia un Consejo de Gobierno extraordinario el lunes 19 que, lejos de adoptar las medidas de choque que reclamaba la situación, se limitaba a volver a cerrar las barras de la hostelería, adelantar en otra media hora el cierre del ocio nocturno y a obligar a cerrar los parques públicos entre la una y las seis de la madrugada. De nuevo, una reacción tardía y absolutamente insuficiente. Que ha sido además la última, ya que no ha vuelto a tomarse ninguna medida ni se tomará una vez que con los 900 casos parece haberse alcanzado el pico de esta nueva ola, al que se ha llegado manteniendo el estado de alerta 1 en toda la comunidad como si aquí nada hubiera pasado.

 Y encima hay que soportar la impostura de Igea cuando dice que “somos idiotas” o afirma que “no se puede criminalizar a nadie por tener 19 años” (lo dice el mismo que el pasado 5 de febrero, en relación con los jóvenes reunidos en una plaza vallisoletana, colgó un “tuit” afirmando que “la UCI de Burgos aún tiene sitio para ellos”. Mañueco lo tiene muy claro e Igea y Casado tragan con ello:  Mientras no se colapsen las UCI ya puede subir la incidencia que, más allá de algunas medidas de baja intensidad con las que se simula que se hace algo, la Junta no adoptará restricciones que conlleven desgaste político. Y en las UCI permanecen ingresadas estos días 65 personas, menos de una cuarta parte de las que hubo el pasado mes de enero. A fin de cuentas, entre 11.100 y 11.200 muertos no es tanta la diferencia estadística.

Ya lo dijo el propio Mañueco el pasado mes de abril entrevistado en “El Mundo” por la periodista Lucía Méndez: “Las olas van y vienen, suben y bajan...”  Conforme a lo cual, emulando a don Tancredo, la Junta se ha limitado a contemplar cómo pasa la quinta ola. Y si viene la sexta, ya pasará.

elblogdepedrovicente@com    

martes, 29 de junio de 2021

Fin de curso sin los deberes hechos

 El curso político toca a su fin y a él llega el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco congratulándose por el resultado de algunos sondeos, pero sin haber hecho todos los deberes ni haber aprobado determinadas asignaturas que arrastra desde el comienzo de la Legislatura.

 Mañueco se irá de vacaciones sin resolver el problema de haberse visto privado de la mayoría absoluta con la que gobernaba desde su investidura. PP y Ciudadanos la perdieron el pasado 19 de marzo, día en el que la procuradora María Montero abandonó la formación naranja, y tres meses después no han conseguido recuperarla. Ninguna de las dos alternativas que han manejado han llegado a buen puerto.

Pascual (izq,) y Pinacho (dcha.). En el centro, Fernández (Podemos)
  Cuando se daba por hecho un acuerdo con el “Partido por Ávila” para que su único procurador, Pedro J. Pascual, apuntalara esa mayoría perdida, en el último momento Mañueco decidió dar marcha atrás. Por razones puramente partidistas. De un lado, en Génova levantaba ronchas una alianza con la formación liderada por un político, el actual alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que respondió con un insolente corte de mangas al “dedazo” con el que Pablo Casado designó en su día al candidato del partido a la Alcaldía. De otro, el acuerdo con un partido escindido suponía dejar al PP abulense a los pies de los caballos.

 Tampoco cuajó el posterior intento de llegar a un pacto con Vox para que su única procuradora, Fátima Pinacho, aportara al gobierno Mañueco la estabilidad parlamentaria de la que carece. El partido ultraderechista no ha querido atarse de manos, máxime cuando aboga por la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Castilla y León que, según los sondeos, le proporcionarían no menos de 7 escaños en las Cortes. Vox está dispuesta a dejarse querer por el bloque PP-C´s -de hecho, Pinacho le ha salvado ya de varias derrotas parlamentarias- pero se reserva su derecho a castigarle cuando lo tiene por oportuno, sumando su voto sin ningún complejo al del resto de la oposición a la Junta.

 La pérdida de la mayoría absoluta ha tenido algunos efectos nada benéficos para el gobierno Mañueco. Ha perdido la presidencia, que es tanto como decir el control, de dos de las tres comisiones parlamentarias de investigación que estaban abiertas, y ha tenido que tragar con una cuarta, la creada para investigar la tragedia vivida en las residencias de ancianos tras la irrupción de la pandemia, que habían conseguido abortar el pasado diciembre.

La bandera como arma política arrojadiza
 Después, en un último intento de neutralizarla se sacaban de la manga la petición de una comisión paralela con la que han conseguido, valiéndose de su mayoría en la Mesa de las Cortes, aplazar hasta el mes de septiembre la puesta en marcha de la comisión ya aprobada.

Otro consenso de comunidad dinamitado.-  Antes de finalizar el curso, el gobierno Mañueco se ha puesto como tarea para el otoño desatascar los mapas rurales de la Ordenación del Territorio, una asignatura arrastrada desde la Legislatura anterior que pretende aprobar de la peor forma posible: Dinamitando el consenso alcanzado en su día entre PP y PSOE. Dicho consenso, plasmado en la Ley en vigor, requería mayoría parlamentaria cualificada de dos tercios para aprobar los mapas de la Ordenación. Un requisito que PP y C´s se han propuesto eliminar mediante una reforma legislativa unilateral que aboca a un enfrentamiento frontal en un asunto de comunidad. Una vez más, el vicepresidente Igea, titular de la consejería competente en la materia, impone a Mañueco su política de tierra quemada.

Vagancia ante la Despoblación.- Pero si hay un deber que, por muy lamentable que resulte, ha sido incapaz de realizar el gobierno Mañueco ese es el aprovechar la oportunidad histórica que suponen los Fondos Next Generation de la Unión Europea, que a diferencia de los de la PAC, no vienen de oficio, sino que hay que captarlos mediante la presentación de los correspondientes proyectos. 

Ordenación, otro consenso de comunidad dinamitado
Acostumbrado a “externalizar” su propio trabajo, la Junta no ha hincado el codo para aprobar la asignatura de los Next Generation. Y la mejor prueba de ello es que solo ha presentado 6 proyectos (por importe global de 90 millones) al fondo de 10.000 millones de euros asignado a España para financiar el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico. 

La comunidad autónoma más castigada por la despoblación -otros 14.000 habitantes perdidos en 2020- apenas se moviliza ante esta gran oportunidad. Se pasan la vida reclamando fondos –vaya brasa que han dado con los 182 millones del IVA de 2017 no cobrados en su día por decisión de uno de los suyos, el ministro Cristóbal Montoro- y cuando los tienen a su disposición son incapaces de hacer los deberes para aprovecharlos.

 Con este panorama volveremos a encontrarnos en septiembre. Y en las mismas seguiremos, con un gobierno compartido por un partido en alza, el PP, y otro completamente zombi, Ciudadanos, que perdurará mientras Pablo Casado no decida, en función de su estrategia para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa, activar un adelanto electoral en Castilla y León.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

lunes, 21 de junio de 2021

Un bienio para olvidar (y no solo por la pandemia)

  Justamente hoy, 21 de junio, se cumplen dos años desde que PP y Ciudadanos firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad que franqueó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como nuevo presidente de la Junta al frente de un gobierno de coalición integrado por ambos partidos. Un acuerdo bautizado por los socialistas como “pacto de la rapiña”, ya que se extendió a Ayuntamientos y Diputaciones, dando lugar a que la alcaldía de Palencia cayera en manos de Ciudadanos, que solo había obtenido tres de los 25 concejales, o, más insólito aun, que su único diputado provincial en Zamora acabara presidiendo la Diputación.

 A punto de alcanzar el ecuador de la Legislatura, sería el momento indicado para realizar un balance global sobre estos dos años de gobierno en Castilla y León. 

Mañueco y Casado celebrando el fracaso de la moción de censura
Lógicamente, la irrupción del Covid-19 y la emergencia sanitaria sobrevenida a partir de marzo de 2020 impiden aplicar los parámetros al uso en este tipo de balances, ya que es obvio que el grave quebranto económico, laboral y social ocasionado por la pandemia ha condicionado la gestión de todas las Administraciones Públicas y, en especial, la de las comunidades autónomas. Pero ello no justifica el flagrante incumplimiento de compromisos que figuraban en el programa de gobierno, la aplicación de políticas que no constaban en el mismo y la pasividad en torno a los problemas estructurales de la comunidad autónoma, tales como la sangría demográfica y los alarmantes desequilibrios territoriales internos.

 La primera expresión de indolencia del gobierno Mañueco consistió en prorrogar durante todo el año 2020 unos Presupuestos de la Comunidad que databan de 2018, sin mostrar ninguna prisa por dotarse de unas cuentas propias y aptas para dar respuesta a los retos de la comunidad autónoma. De ese programa pactado entre PP y C´s, la gran prioridad resultó ser la supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, un “regalo fiscal” básicamente en beneficio de los grandes patrimonios familiares y en detrimento de las arcas de la Junta, que desde la crisis de 2008 registran un endeudamiento exponencial. 

Romería de los "viriatos" en Zamora
Ese año se cerró el ejercicio con una deuda pública de 2.608 millones de euros que representaba el 4,60 por ciento del Producto Interior Bruto de la comunidad; al final de 2020 esa cifra se ha disparado hasta los 12.932 millones, el 24 por ciento del PIB, y la consejería de Hacienda acaba de colocar en el mercado otros 500 millones para hacer frente a la financiación necesaria hasta concluir 2021.

 Absolutamente nada -y nada es nada- ha hecho el gobierno Mañueco por intentar atajar el problema de la despoblación. El pasado 6 de mayo las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad la Ley de Medidas frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, fruto del trabajo previamente impulsado por el Comisionado regional para el Reto Demográfico creado a comienzos de la actual Legislatura. En Castilla y León, a fecha de hoy ni siquiera se ha constituido el grupo de trabajo de expertos independientes que, según el pacto PP-Cs (punto 78), debían nombrar las Cortes “con el fin de que elaboren un diagnóstico y emitan en un año un informe de propuestas de actuación”.

 Entretanto, la hemorragia demográfica, lejos de contenerse, sigue desangrando a Castilla y León. Desde 2010 la comunidad autónoma ha perdido 177.000 habitantes, más de los que tiene toda la provincia de Zamora (por cierto, la más afectada, junto a la de León, por esta sangría). Y acabamos de saber que el saldo vegetativo durante 2020 ha sido de -22.543 personas, diferencia entre los 14.323 nacimientos y las 36.866 defunciones, cerca de 8.000 de estas últimas causadas por la pandemia.

Verónica Casado y Francisco Igea

Del Plan Aliste al Plan Segovia.-  Antes de que el Covid-19 irrumpiera en escena, el gobierno Mañueco se había sacado de la manga el llamado Plan Aliste, un programa-piloto para concentrar la atención primaria en el medio rural a costa del cierre por inanición de la inmensa mayoría de los 3.600 consistorios locales existentes en la comunidad.

  El plan levantó un clamor en contra en el medio rural, pero la consejería ha encontrado en la pandemia la coartada perfecta para imponerlo por la puerta de atrás mediante la implantación de la atención telefónica en detrimento de la presencial. Paralelamente, la consejera Verónica Casado y su mentor, el vicepresidente Francisco Igea, han cambiado de táctica, que no de estrategia, y han sustituido el ámbito comarcal por el provincial. Y así hemos pasado al Plan Segovia, que, a modo de nuevo programa piloto, plantea una “reorganización de la atención primaria rural” basada en la reducción de efectivos médicos y la ampliación de las plazas de enfermería.

 La propuesta contempla la supresión de 17 médicos en el rural segoviano a base de no cubrir jubilaciones, denegar las solicitudes de prolongar la actividad y bloquear los traslados. El plan ha levantado ampollas en el estamento médico y a ello ha sido sensible el secretario autonómico del PP y procurador segoviano, Francisco Vázquez, quien de momento ha conseguido frenarlo, ya veremos por cuanto tiempo.

Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo

 Otro de los flagrantes incumplimientos del gobierno Mañueco es el referente a la reducción del llamado “sector público de la comunidad”, esa Administración B de la que forman parte lo que Igea consideraba “chiringuitos” asociados al clientelismo político y el despilfarro. Un compromiso que ha quedado en nada, absolutamente nada. Y no solo eso, sino que además la Junta lo viene acompañando de una creciente “externalización” de trabajos que siempre han estado a cargo de su plantilla de funcionarios.

 Si no tenía un pase que la consejería de Empleo adjudicara a una consultora la gestión de las Ayudas al Empleo del Plan de Choque contra la pandemia, clama al cielo que la Junta haya hecho lo mismo con el Plan Director Industrial 2021-2027, con el V Plan de Internacionalización Empresarial, con la Estrategia de Emprendimiento e Innovación o con el nuevo Plan Regional de Carreteras. Cientos de miles de euros dilapidados en planes que siempre se habían elaborado por los técnicos de la Junta.

  Todo lo anterior, ni mucho menos exhaustivo, revela que, lejos de erradicar los abusos y vicios de una política salpicada por sonoros casos de corrupción -algunos vivos y coleando en los Juzgados-, hay cosas que no han cambiado, como no sea a peor, durante este bienio de gobierno PP-C´s en la Junta.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

lunes, 14 de junio de 2021

Focos de resistencia a la unidad interna del PP

  Despejado el camino hacia su reelección como presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco no ha conseguido todavía encauzar tres de los siete congresos provinciales del partido pendientes de celebrar, dos de los cuales, los de Salamanca y Soria, ni siquiera han sido convocados. El tercero es el de León, donde dos candidatos, uno de cuerda de Pablo Casado y otro en la órbita del presidente autonómico, se disputan la presidencia.

 El armisticio alcanzado entre Génova y María de Molina (sede regional del PP) ha llegado tarde para León, donde el PP carece de un liderazgo sólido desde el asesinato de Isabel Carrasco, hace de ello ya más de 7 años. El senador y alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez, casadista de pro, y el alcalde de Villaquilambre y ex procurador Manuel García son los candidatos en liza.

Vélez y Silván: Ayer a la greña. hoy de la mano
 El primero propone como secretario provincial a David Fernández, ex presidente de NN.GG. de León y hombre muy próximo a Antonio Silván. (Santiago Vélez y Silván las tuvieron tiesas cuando en 2019 compartieron lista al Senado, pero ahora, en una de las habituales fintas dentro del PP leonés, son aliados de conveniencia). El segundo cuenta con el respaldo del presidente comarcal del Bierzo, Raúl Valcarce, lo que no ha impedido que su contrincante le haya superado en la recogida de avales entre los afiliados bercianos.

 La comisión organizadora del congreso ha proclamado a ambos candidatos. Santiago ha acompañado su candidatura con 2053 avales y García con 383, ambos muy por encima de los 75 requeridos. Sin embargo, lo de los avales puede resultar equívoco si se repasa lo ocurrido en los últimos procesos congresuales. 

En 2017, cuando se convocaron las primarias autonómicas disputadas por Mañueco y Silván, el PP de León afirmaba tener 13.350 afiliados. Sin embargo, tan solo 719 estuvieron al corriente del pago de las cuotas exigido para participar en la votación, cifra que se elevó 896 en el congreso provincial celebrado unos meses después. Por lo tanto, es de prever que gran parte de los avalistas de ahora, probablemente dos de cada tres, no se pondrán al corriente de pago para poder votar. Y ello sin contar que el candidato alfonsista ha denunciado 400 nuevas afiliaciones de aluvión presuntamente irregulares.  Dicho todo lo cual, tampoco habría que descartar un posible apaño de última hora que evite la confrontación de ambas candidaturas en las urnas.

Chabela de la Torre y Javier Iglesias
 El armisticio también ha llegado tarde a Salamanca, donde Génova había lanzado hace meses una candidatura afín contraria a la dirección que desde 2008 encabeza Javier Iglesias, a la sazón presidente de la Diputación Provincial. Los llamados “díscolos” (para “La Gaceta Regional” lisa y llanamente los “desleales”) no se apean del burro, como tampoco lo hace Iglesias, quien solo por ser el responsable directo de la presunta financiación irregular del PP salmantino investigada judicialmente merecería un largo y placentero descanso en Ciudad Rodrigo. Ni Pepe Gotera y Otilio habrían sido capaces de superar semejante chapuza.

 Los vetos cruzados entre ambas facciones han impedido hasta ahora el acuerdo. Además de vetar a Iglesias, los “díscolos” tampoco aceptan como presidente al actual secretario provincial y alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, a quien no perdonan que les haya afeado la incongruencia de descalificar a una dirección provincial de la que forman parte. Por su parte, a los de Mañueco y a Mañueco mismo les produce urticaria la ex vicepresidenta de la Diputación, Chabela Torres, que despierta demasiados fantasmas familiares. Tampoco les gusta el senador Bienvenido de Arriba, cónyuge la gerente provincial, y el otro notable, Salvador Cruz, portavoz adjunto del grupo popular de las Cortes, malamente puede personificar la renovación habiendo sido secretario provincial ya en la etapa de Julián Lanzarote

En primer plano, Borja Suárez. Detrás, Ángel Ibáñez

Todo ello hace que la situación se haya enquistado y el congreso siga pendiente de convocar. Tampoco se ha convocado el de Soria, donde la actual presidenta, Yolanda de Gregorio, nombrada a dedo por la actual dirección autonómica, aspira a ser refrendada por los afiliados. Ya veremos si con la aquiescencia del sector casadista, cuya principal cabeza visible es Tomás Cabezón, diputado del Congreso.

 El cese de las hostilidades internas entre Génova y María de Molina ha propiciado el continuismo en Zamora (otrora feudo de Fernando Martínez Maillo), Palencia y Segovia, donde la renuencia del presidente de la Diputación y secretario provincial del partido, Miguel Ángel de Vicente, a dar un paso adelante ha propiciado la reelección de Paloma Sanz, la presidenta vicaria del secretario regional, Francisco Vázquez. Por último, en Burgos, tras un fallido intento de postularse por parte del consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, se ha impuesto la lógica y el portavoz del PP en la Diputación, Borja Suárez, relevará en la presidencia del partido al amortizado César Rico. Suárez lleva como secretario provincial al procurador Alejandro Vázquez, opción que apacigua al PP comarcal de Aranda de Duero, que se ha venido sintiendo ninguneado por la dirección saliente.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)