Ya se sabe
que se toma su tiempo y bien lo estamos comprobando en el caso de las denuncias en
curso sobre las presuntas actuaciones delictivas en las extintas Cajas de
Ahorro de Castilla y León. Más de un año y medio ha tardado en ser llamado a
declarar el ex presidente de Caja Burgos, José María Arribas, denunciado, al igual que el resto del antiguo Consejo de
Administración, por un presunto delito de administración desleal.
Tras unas diligencias previas en las que la
fiscalía apreció indicios de delito, el caso pasó hace un año al Juzgado de
Instrucción nº 2 de Burgos, cuya titular, María
Dolores Fresco, tomó la pasada semana declaración al ex presidente de la
caja burgalesa. El meollo de la denuncia, presentada en su día por Unión
Progreso y democracia (UPyD), no es otro que el trato de favor recibido por las
empresas del propio Arribas, que entre 2.005 y 2.010 se beneficiaron de 45
operaciones de crédito, aval o garantía por un montante de 34 millones de
euros. Una de dichas sociedades, Indasa, siguió recibiendo crédito cuando se
encontraba en pérdidas millonarias y al borde un proceso concursal que
posteriormente concluyó con su liquidación, dejando una deuda de 12 millones de
euros con la entidad.
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| José María Arribas, a las puertas del juzgado |
Además de pedir que se extienda la imputación
al conjunto del antiguo Consejo de Administración, Herzog solicitará la
declaración del ex director general, Leoncio
García, a fin de aclarar otro de los hechos denunciados: las retribuciones
irregulares percibidas por Arribas y otros consejeros -entre ellos el ex
vicepresidente primero, Ángel Ibañez,
vicealcalde de Burgos- en el año 2011. En la declaración también salió el
relucir el prestamo concedido por Caja Navarra al ex presidente de Caja Burgos
justo mientras ambas entidades negociaban su integración en Banca Cívica, grupo
posteriormente absorbido Caixa Bank.
Coincidiendo con esta comparecencia judicial, el Partido Castellano (PCAS) ha instado al presidente de la Junta , Juan Vicente Herrera, a que solicite el cese de Arribas como
presidente de Eficanza, la empresa adjudicataria del Hospital de Burgos, concesión por la que
percibe de la Consejería
de Sanidad un canon anual de 71 millones de euros.
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| Santos Llamas saludando al presidente de la Junta |
Tras apreciar indicios de “administración
desleal” en Caja España y Caja Duero, las diligencias pasaron al Juzgado de
Instrucción nº 5 de León, cuya titular, Rocío
González, ha citado el próximo jueves a declarar al perito del Banco de
España que examinó las operaciones de crédito o aval de las que se beneficiaron
las empresas de Llamas.
A
tenor de lo publicado la pasada semana por “ElMundo de Castilla y León”,
el informe del banco supervisor resulta concluyente. Operaciones concertadas
entre Caja España y su presidente por un importe de 67,9 millones de euros no
fueron calificadas de riesgo pese a la morosidad de las empresas destinatarias.
Se refinanciaron sin exigir nuevas garantías, no se reclamaron intereses
ordinarios pendientes de pago, no se observó el limité del 60 por ciento el
valor de tasación del suelo ni el plazo máximo de dos años… Según el informe,
el grupo empresarial de Llamas también fue objeto de trato de favor por parte
de Caja Duero, que a partir de abril de 2009 le concedió refinanciación por
importe de 8,8 millones de euros, a pesar de su “insolvencia manifiesta” y
contra el criterio del analista de riesgos de la entidad entonces presidida por
Julio Fermoso.
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| Miguel Ángel Sánchez Plaza y Manuel Escribano |
Sin embargo, ejerció de presidente hasta octubre de 2010 y permaneció como consejero de Caja España-Caja Duero hasta octubre de 2012, sin que la consejería de Economía -que por otra parte dio su preceptivo visto bueno a todas las operaciones presuntamente irregulares- advirtiera dicha anomalía.
Mientras tanto, en las últimas semanas han
aflorado asimismo nuevos datos sobre las millonarias prejubilaciones con las
que la cúpula directiva de Caja Segovia abandonó la entidad. Nueve días antes
del traspaso del negocio a Bankia, a la misma hora que los niños del colegio de
San Ildefonso cantaban los premios del sorteo de Navidad de 2010, la Comisión de
Retribuciones, el Consejo de Administración y la Comisión de Control ratificaban el régimen de prejubilaciones de los directivos. Y
para garantizar las correspondientes pólizas Caja Segovia ingresó antes del 31 de diciembre en la cuenta de
la aseguradora Caser mas de 27 millones de euros, cerca de 6 correspondientes a
la prejubilación del hasta entonces director general, Manuel Escribano.
Y
aún más: UPyD ha revelado la pasada semana que, entrado ya 2011, se transfirieron a la misma aseguradora otros dos millones de euros destinados a incrementar las
pólizas de prejubilación del sucesor de Escribano, Miguel Ángel Sánchez Plaza, y del ex secretario del Consejo, Antonio Tapias. Suma y sigue.