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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

martes, 7 de julio de 2015

Un gobierno improvisado y de incierto recorrido

 Resignado a quedarse -ya veremos cuanto tiempo-, Juan Vicente Herrera se ha visto obligado a improvisar sobre la marcha un nuevo gobierno que le permita ir tirando a la espera de lo que deparen las próximas elecciones generales. En la perspectiva de ceder el testigo mas pronto que tarde, estaba obligado a señalar sus preferencias sobre la sucesión. Y lo ha hecho nombrando vicepresidenta única de la Junta a la que fuera su primera consejera de Familia, Rosa Valdeón, su primera y única apuesta en la línea sucesoria. Hasta ahí ha seguido el plan trazado antes del 24 de mayo.


Herrera anunciando su nuevo gobierno
 Lo que no figuraba en el plan es que fueran a formar parte del mismo gobierno la candidata a la sucesión y el que en la práctica ha sido algo más que el oficioso “numero dos” de la Junta: José Antonio de Santiago-Juárez, la mano que ha mecido durante los últimos ocho años la cuna-diván presidencial. Lo previsto era que, una vez revalidada la mayoría absoluta, éste desembarcara, cual reina madre, en la presidencia de las Cortes, permitiendo que Valdeón se hiciera cargo del virreinato establecido en el colegio de la Asunción.

 Sin embargo, la pérdida de la mayoría absoluta ha trastocado ese plan. O más que la misma, el trauma originado por dicha pérdida. Herrera tenía que reafirmarse en su apuesta por Valdeón, pero no se ha sentido lo suficientemente seguro de sí mismo como para prescindir de De Santiago-Juárez. A partir de esa necesidad presidencial de mantener a su consejero de cabecera, se ha procedido a una redistribución de competencias que ha conllevado la reunificación de las consejerías de Economía y Hacienda. De la primera se desgajan las competencias de Empleo (y con ellas el Dialogo Social) para dotar de contenido específico a la nueva vicepresidencia, cuya titular será la nueva Portavoz de la Junta. Y De Santiago Juárez, que cede la coordinación de las delegaciones territoriales y la Agenda de la Despoblación (perdón, de la Población), se hace cargo de la Función Publica y de la Modernización Administrativa, que hace cuatro años fueron endosadas a Hacienda.

 Tiempo atrás hubo en la Junta una vicepresidenta y a la vez Portavoz, María Jesús Ruíz, a la que el intrigante consejero de la Presidencia -quien por cierto ha cedido ahora la Portavocía, pero no la chequera mediática- le acabó segando la hierba bajo los pies. No va a ser el caso porque el susodicho tiene colmadas todas sus aspiraciones y se irá el mismo día que lo haga Herrera. Pero puede que el mayor problema de la nueva vicepresidenta para consolidar su autoridad radique en el obsesivo afán de De Santiago-Juárez de alardear sobre su influencia sobre el presidente.

Rosa Valdeón y José A. de Santiago-Juárez
A decir verdad, esa influencia ha quedado patente, si cabe mas que nunca, en la composición del nuevo gobierno. No solo han sobrevivido los dos consejeros de su máxima confianza, Antonio Sáez y Pilar del Olmo, sino que esta última, pese a las limitaciones mostradas en estos doce últimos años, sale notablemente reforzada gracias a esa improvisada fusión de las consejerías de Economía y Hacienda. Y por si fuera poco, su larga mano -esa que mece la cuna-diván del presidente- también se adivina tras el nombramiento del nuevo consejero de Educación, el catedrático Fernando Rey, hasta ahora consejero del Consultivo.

 Pese a ese pecado original, Rey, leonés de nacimiento aunque vallisoletano de adopción, es el único fichaje refrescante incorporado al nuevo gobierno Herrera. La otra sorpresa ha sido la designación como nuevo consejero de Fomento y Medio Ambiente de Juan Carlos Suárez Quiñones, el delegado del Gobierno más efímero en la historia de la comunidad (ni tres meses se han cumplido desde que sustituyó en el cargo a Ramiro Ruiz Medrano, el repescado vicepresidente primero de las Cortes). Había que designar a un consejero leonés y Suárez Quiñones ha sido el elegido. Al tratarse de alguien ajeno a las antiguas luchas intestinas del PP, su nombramiento no suscita recelos en el ámbito provincial del partido, donde todavía está por resolver la sucesión definitiva de Isabel Carrasco.

 Institucionalmente, se supone que tiene mayor rango ser Delegado del Gobierno que consejero, pero Suárez Quiñones, juez en excedencia, no se lo ha pensado un momento. Habrá quien piense que no tiene demasiada confianza en que Mariano Rajoy siga gobernando después de las próximas elecciones generales, circunstancia que le hubiera abocado a volver a la judicatura, algo que da la impresión de que no le apetece lo más mínimo.

Juan Carlos Suárez Quiñones
 Tras ser descabalgada de la presidencia de las Cortes por razones que nadie se ha molestado en explicar, Herrera había reservado una consejería a Josefa García Cirac y para que la primeriza no se agobie su destino ha sido la de Cultura. Ello ha obligado a desplazar a Alicia García a la de Familia y a la hasta ahora titular de esta última, Milagros Marcos, a la de Agricultura. En resumen, para colocar a una consejera nueva ha sido necesario mover de sitio a otras dos que solo llevaban una legislatura en el cargo. O sea, una liada de tres pares de la que será difícil que salga nada positivo. Al final, de los cinco consejeros supervivientes, el de Sanidad es el único que permanece con las mismas competencias.

 Los cambios en la estructura de gobierno -creación de la vicepresidencia, fusión de Economía y Hacienda y el reinvento de la consejería de la Presidencia-, unidos a la entrada de tres nuevos consejeros y a las mencionadas “reubicaciones”, auguran una amplia renovación en el segundo y tercer nivel de altos cargos: vicesecretarias, secretarias generales, direcciones generales y demás puestos asimilados. Veremos que ocurre en estas circunstancias con los seis altos cargos, seis, que, en su condición de antiguos consejeros de Administración de Gesturcal y ADE Parques, están imputados en el caso Arroyo-Portillo, el de los “pelotazos inmobiliarios” perpetrados a costa de esas antiguas y arruinadas empresas públicas. Será la primera piedra de toque en materia de "regeneración democrática" para este improvisado gobierno de tan incierto recorrido.