El Estatuto como cortina de humo

  A falta de iniciativas de calado que encaren los acuciantes problemas que aquejan a Castilla y León, el gobierno de Juan Vicente Herrera ha decidido distraer la atención proponiendo una nueva reforma del Estatuto de Autonomía. Y lo peor es que los dos principales grupos de oposición, PSOE y Podemos, han entrado al trapo como pardillos, coincidiendo en que la propuesta les parece insuficiente. En mi opinión, insuficiente no es el calificativo más acertado para valorar un inequívoco producto diseñado por la “factoría de ficción” que, para mayor impostura, pretende a estas alturas de la película presentar a Herrera como paladín de la regeneración democrática.

 Cuando uno está a punto de cumplir 15 años en la presidencia de la Junta, como es el caso, hace falta desahogo para proponer sin ningún rubor que dicho cargo se limite a un máximo de ocho años, y además hacerlo sin anunciar que, caso de que ese tope llegue a aprobarse, vas a renunciar de inmediato a lo que te queda de mandato, dejando que dicha limitación entre en vigor cuando tú ya habrás cumplido 18. 

Juan Vicente Herrera y Antonio Silván

 Igual descaro hace falta para proponer que sea incompatible ser al mismo tiempo procurador de las Cortes y alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes. Si tu crees que no se deben compatibilizar ambas funciones, ¿por qué has consentido en mayo pasado, no solo que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco volviera a hacerlo, sino que dejara de ser una excepción, al extender la misma compatibilidad a Antonio Silván, el alcalde de León?  Y si crees de verdad en esa incompatibilidad, ¿qué impide hacerla efectiva desde ahora mismo?

 La aparente contradicción tiene una explicación diáfana. Esta propuesta es uno de los 31 puntos aceptados por el PP en el Acuerdo de Investidura firmado en junio con Ciudadanos. Y precisamente para soslayar su cumplimiento, Herrera la mete en el paquete de la reforma del Estatuto, aplazando así su aplicación hasta vaya usted a saber. 
Para mayor inri, entretanto el presidente autonómico del PP ha consentido que se reproduzcan acumulaciones de cargos que habían quedado en desuso dentro de su propio partido. Como compatibilizar un escaño de las Cortes con otro del Senado, tal como viene haciendo desde mayo pasado la presidenta provincial del PP de Soria, Mar Angulo. O el caso aún mas reciente del presidente provincial del PP de Salamanca, Javier Iglesias, que acaba de añadir su condición de senador al cargo de presidente de la Diputación salmantina.

¿Y qué decir de la propuesta de obligar por ley a la celebración de debates electorales? Ahora resulta que el presidente de la Junta pretende hacer obligatorios unos debates que no se han celebrado en las cuatro últimas elecciones autonómicas (2003, 2007, 2011 y 2015) sencillamente por su cerrada negativa personal a mantenerlos. En todas esas elecciones el  candidato Herrera ha alegado todo tipo de excusas, a cual mas peregrina, para no debatir con ningún otro candidato.

Imagen de un pleno de las Cortes de Castilla y León

 Por no hablar de la carta que hace semanas dijo haber remitido a Génova para que el PP asumiera en su programa electoral la propuesta de obligar a celebrar primarias internas en los partidos, otro brindis al sol forzado por la inclusión de dicha medida en el mencionado Acuerdo de Investidura con Ciudadanos (otro día habrá que repasar el peculiar sistema de primarias que rige en el partido de Albert Rivera).
 Herrera, candidato una y otra vez gracias al “dedazo” de Génova, método a su vez utilizado por él a discreción desde que es presidente regional del PP, aboga ahora por celebrar primarias internas. 

 Pero lo que ya roza la desfachatez es que además pretendan hacernos pasar al sempiterno presidente de la Junta como un abanderado de la lucha contra la corrupción. El mismo que mantiene en su actual gobierno a seis altos cargos, seis, imputados por el Juzgado de Valladolid que investiga el rosario de presuntos delitos que han permitido los multimillonarios pelotazos inmobiliarios perpetrados en las operaciones de la Perla Negra y parque empresarial de Portillo. 
El mismo, que después de haber vetado todas y cada una de las comisiones de investigación solicitadas en las anteriores legislaturas, está obstruyendo desde la Junta todo lo que puede y más el funcionamiento de las dos comisiones que no ha podido evitar: la de pestilente trama eólica (cuyo ámbito de investigación, dadas las evidentes conexiones se ha extendido a las pelotazos antes señalados) y la del sobrecoste y demás chanchullos que rodean al nuevo Hospital de Burgos. El mismo, en fin, que lleva meses sin responder al ofrecimiento de la Fiscalía para que la Junta se persone como parte afectada en una causa, la instruida por el citado Juzgado vallisoletano, en la que se sustancia un grave quebranto sufrido por los arcas de la comunidad autónoma.

Tudanca (PSOE) y Fernández (Podemos)

 PSOE y Podemos pagaron la novatada de firmar al poco de volver a ser investido Herrera un protocolo por el que comprometían negociar una serie de pactos de comunidad, entre los que se incluía la reforma del Estatuto de Autonomía. En virtud de ello la Junta se ha arrogado la iniciativa de dicha reforma, amoldándola a su interés partidista y a sus cambalaches con Ciudadanos. Cuandola realidad es que, salvo en lo referente a suprimir el aforamiento de los procuradores, ninguna de las medidas propuestas en materia de regeneración democrática hace necesaria la reforma del Estatuto.

Por el contrario, para lo que sería necesario reformarlo es para adecuar la representatividad de las Cortes a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, evitando la distorsión democrática que produce la distribución de los escaños en nueve circunscripciones, desproporcionalidad puesta de relieve no ha mucho por el procurador de IU. Pero de esto no hay ni rastro en la propuesta de reforma lanzada por la Junta (que por otra parte tampoco recoge la postura que defendía hace un año el PP a favor de reducir el número global de procuradores).

 Salvo que sea para subsanar esa distorsión democrática y suprimir el aforamiento, no es necesario embarcarse en ninguna reforma del Estatuto. Y si es así, la iniciativa debería residir en la propia Cámara a través de la correspondiente ponencia parlamentaria. Y sin consentir en ningún caso que la Junta utilice descaradamente dicha reforma como cortina de humo para aparentar una voluntad de regeneración democrática que en la práctica -y a las pruebas me remito- sigue brillando por su más absoluta ausencia.

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