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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 25 de enero de 2016

Fiasco tras fiasco y nadie responsable

  Mientras los Rajoy, Sánchez e Iglesias -en esto de momento se salva Rivera- se han propuesto con sus juegos tácticos poner a prueba los nervios de Felipe VI, y, lo que es peor, la paciencia de los españoles, la vida sigue, incluso en una comunidad tan impávida e indolente como esta de Castilla y León, cuya capacidad de resignación no parece tener límite.


 En medio de esta nebulosa, esta semana el presidente de la Junta y del PP en Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el portavoz parlamentario y delegado autonómico de Ciudadanos, Luis Fuentes, se han citado para evaluar el cumplimiento del llamado “Acuerdo de Investidura y por la Gobernabilidad de Castilla y León”. En compañía de sus respectivos adláteres, Herrera y Fuentes revisarán el documento que ellos mismos rubricaron el pasado 24 de junio y que permitió al primero ser reelegido por cuarta vez presidente de la Junta.

Juan Vicente Herrera y Luis Fuentes, bolígrafo en mano
 El resultado de esa reunión es perfectamente previsible. El PP saldrá diciendo que en lo que de él depende los 31 puntos en que se concreta dicho pacto se están cumpliendo. “Hoy por hoy se cumplen”, aseveró el pasado jueves la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón. Dicha afirmación es una verdad a medias, ya que sería más propio decir que “hoy por hoy no se incumplen”, lo cual que no es exactamente lo mismo. Por su parte, Ciudadanos no denunciará ningún incumplimiento y se limitará a “exigir” una mayor decisión y compromiso por parte de la otra parte contratante. Y fin del paripé.

 Lo cierto y real es que, transcurridos ocho meses desde que se firmó, ese documento no ha obligado a la Junta a nada, constituyendo un cheque en blanco que ha permitido al PP seguir gobernando prácticamente igual que cuando disponía de mayoría absoluta. Sea porque algunas de las medidas acordadas competen a legislación estatal, sea porque otras se vinculan, sin necesidad, a la reforma del Estatuto, lo cierto es que, hoy por hoy, el PP de Castilla y León no ha llevado a la práctica ni una sola medida en materia de “regeneración democrática”, esa supuesta seña de identidad de la que ha pretendido apropiarse el partido de Albert Rivera.

  La torpe y ambigua redacción de las medidas acordadas con el PP -un mero “corta y pega” de las propuestas nacionales de Ciudadanos- ha proporcionado al PP todo tipo de excusas para aplazar su cumplimiento. Para fatalidad propia, el ínclito Fuentes y sus compañeros de “minarete” no cayeron en la cuenta de incluir en su acuerdo con el PP la reforma del Reglamento de las Cortes y la exigencia de la deseable pluralidad en la Mesa de la Cámara, omisión que se ha pretendido subsanar con un posterior pacto a cuatro bandas con PSOE y Podemos cuyo cumplimiento permanece empantanado.

Puerta de acceso al Colegio de la Asunción
 A cambio absolutamente de nada, Juan Vicente Herrera ha seguido haciendo y deshaciendo a sus anchas durante los meses transcurridos desde su quinta investidura. De entrada, ni siquiera se vio impelido a prescindir de los seis altos cargos, seis, imputados por el Juzgado de Valladolid que investiga el rosario de presuntos delitos necesarios para favorecer los pelotazos inmobiliarios perpetrados en las operación Perla Negra y parque empresarial de Portillo. Y no contento con ello, se permitió la aberración democrática de autorizar al portavoz del grupo popular en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, a asistir a las reuniones semanales del Consejo de Gobierno, disparate que ignoramos si se está produciendo.

 Entretanto, el PP no ha perdido ni una sola votación en las Cortes y ha conseguido sacar adelante, sin ninguna modificación relevante, los Presupuestos de la Comunidad para 2016. Hasta en tres ocasiones -aprobación del techo de gasto, enmiendas a la totalidad de PSOE, Podemos e IU y votación final- ha puesto Ciudadanos alfombra parlamentaria al proyecto presupuestario de la Junta. Todo ello a cambio de unas insignificantes enmiendas parciales, entre la que no ha figurado la gratuidad de los libros de texto, que era la que el propio Fuentes había señalado como “línea roja” para no oponerse a los Presupuestos.

 Si no fuera por las dos comisiones parlamentarias de investigación que el PP no ha podido evitar y Ciudadanos no se ha atrevido a impedir, Herrera no se habría percatado de que lleva más de medio  año gobernando sin mayoría absoluta.

Rosa Valdeón y Antonio Sáez
 Sin embargo, este manifiesto entreguismo del partido de Albert Rivera no empece para que la Junta se baste y se sobre por sí sola para engordar su mochila con nuevos fiascos. Y lo más lamentable del caso es que está siendo la Sanidad Pública -sus maltratados trabajadores y sus sufridos usuarios- quienes pagan las consecuencias de su nefasta y temeraria gestión. Sin resolver aún el desaguisado de las oposiciones de Enfermería, la consejería que dirige Antonio Sáez no levanta cabeza. De un tiempo a esta parte no hay semana en la que el SACYL no sufra condena judicial -a veces con indemnizaciones de notable cuantía- como consecuencia de algún error o negligencia en el tratamiento de algún paciente.

 Sin entrar en la casuística, podemos admitir que se trate de errores puntuales. Pero lo que no ha sido ningún “problema puntual”, sino una flagrante negligencia, es la pérdida de 15.000 pruebas radiológicas en el complejo asistencial de Ávila. Y al desastre que ello supone hay que añadir la insoportable actitud tanto del consejero de Sanidad como de la vicepresidenta Valdeón, minimizando la trascendencia del problema y ocultando la verdadera causa del fallo: la incapacidad de los responsables de la Consejería para subsanar de una vez las carencias y deficiencias de un sistema informático que lleva años lastrando el normal funcionamiento de la Sanidad Pública en Castilla y León.

 Si no fuera por la gravedad del asunto, diríase que al consejero Sáez le persigue el mal fario derivado de su conocida cercanía a un gafe de tomo y lomo. Pero parece evidente que el virus tiene un origen nada metafísico: Los recortes presupuestarios aplicados en los últimos años, que están pasando una implacable factura al sistema público de Salud. Así de sencillo y lamentable.