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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 28 de marzo de 2016

El expolio de las Cajas (XXXII): Nunca es tarde para rendir cuentas

  La puesta en venta de algunos de los mas valiosos inmuebles de las antiguas Caja España y Caja Duero -incluidas las que fueron sus respectivas sedes centrales en León y Madrid-  ha permitido visualizar el alcance de lo que fue la liquidación en almoneda de las extintas cajas de ahorro de Castilla y León, todas ellas engullidas por grupos bancarios domiciliados en otras comunidades.


Edificio "El Portillo", antigua sede central de Caja España
 A Unicaja, el grupo andaluz que se quedó a precio de saldo con el fallido banco CEISS -encargado de arruinar definitivamente a las dos principales cajas de la comunidad- se le ha quedado enorme el edificio “El Portillo”, la sede operativa de la antigua Caja España, que en sus mejores tiempos llegó a albergar a más de 600 trabajadores, de los que han sobrevivido poco mas de una tercera parte. Igualmente le sobra por completo el edificio de la madrileña calle Marqués de Villamagna, uno de los exponentes de la fiebre inmobiliaria que aquejó a Caja Duero durante la etapa en la que el ex rector salmantino Julio Fermoso presidió dicha entidad. Como le sobran otros inmuebles en Madrid, León, Soria (la sede histórica de la céntrica plaza de Mariano Granados) o Zamora, con todos los cuales ha decidido hacer caja.

 Coincidiendo con esa “desinversión” inmobiliaria,  el secretario provincial del PSOE en León, Celestino Rodríguez, de repente ha caído en la cuenta de que en esta comunidad autónoma nadie ha rendido responsabilidades políticas por el monumental fiasco financiero, económico y social que ha supuesto la desaparición de las cajas. Rodríguez cree que habría que depurar las responsabilidades de todos los partidos, incluidas las del suyo, reconociendo que las cosas no se hicieron bien, incluso que “se hicieron mal, muy mal”.

 Efectivamente, las cajas de ahorro de esta comunidad no se fueron por la borda simplemente a causa de la crisis financiera provocada por la “burbuja inmobiliaria”. Al naufragio contribuyó decisivamente una nefasta y negligente gestión -en no pocos aspectos, presuntamente dolosa- refrendada por unos Consejos de Administración plagados de políticos, sin que a su vez ni el Banco de España ni la Junta de Castilla y León cumplieran su deber de velar por la buena marcha de las entidades. Una responsabilidad plenamente compartida por el PP y el PSOE, que entraron a saco en los órganos rectores de las cajas, trufaron de intereses políticos su gestión financiera y acabaron conduciéndolas al más absoluto de los desastres.

Luis Tudanca y Celestino Rodriguez
 Por eso ha sorprendido a propios y extraños -sobre todo a los primeros- que haya sido un dirigente del PSOE, a la sazón uno de los portavoces adjuntos del grupo parlamentario socialista, quien haya suscitado un asunto que había dejado de estar en la agenda política. Si bien es cierto que Podemos había expresado hace tiempo su intención de solicitar una comisión parlamentaria de investigación, dicha iniciativa permanecía congelada, presumiblemente a la espera de que concluyan su trabajo las otras dos comisiones en curso.

 Sin que se haya fijado aún el calendario de las comparecencias sobre la “trama eólica” (con sus anexos de la Perla Negra y el polígono de Portillo) y el Hospital de Burgos, poner en marcha una comisión sobre las cajas ralentizaría todavía mucho más el espeso funcionamiento de las dos anteriores, de por sí bastante lastradas por el obstruccionismo ejercido por el grupo popular. No obstante, una vez suscitado el asunto, Podemos se ha ratificado en su intención de promover dicha comisión, cuya constitución asegura compartir el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca.

 Así las cosas, habrá que esperar de qué forma se concreta la iniciativa, si la misma se abre paso y, en su caso, cuando y cómo se abordaría una investigación que, aunque tarde, permitiría esclarecer unas responsabilidades políticas que en este caso no son exclusivas del PP. En esta materia Juan Vicente Herrera encontró plena complicidad no solo con Óscar López, su copiloto en el desdichado viaje emprendido para fortalecer el “músculo financiero”, sino con su antecesor en el PSCL-PSOE, Ángel Villalba, con el que concertó el acceso de SantosLlamas y Julio Fermoso a las presidencias de Caja España y Caja Duero, a partir del cual ambas entidades enfilaron un camino hacia el precipicio que el presidente del CEISS, Evaristo del Canto, se ocuparía de completar.

Llamas, Herrera, López y Fermoso en noviembre de 2,009
 Herrera y López estarían llamados a encabezar una potencial lista de comparecientes en la que volvería a ocupar lugar de honor el ex consejero de Economía, Tomás Villanueva, y el nutrido grupo de políticos, media docena de ellos todavía en activo, que poblaron los consejos de Administración y las comisiones de control de las malogradas cajas de la comunidad. Por mucho que ninguno se haya dado jamás por aludido, los responsables políticos han tenido siempre nombre y apellidos. En Caja España, Caja Duero, Caja Burgos y por supuesto Caja Segovia y Caja Ávila.

Aunque gracias fundamentalmente a las denuncias promovidas hace años por UPyD e IU, siguen vivos procedimientos penales sobre actuaciones perpetradas en Caja España (caso Santos Llamas), Caja Burgos (caso Arribas) y Caja Segovia (caso indemnizaciones y caso Navicoas), la mayor parte de las responsabilidades judiciales desgraciadamente han prescrito. Y la Audiencia Nacional pegó carpetazo a la demanda interpuesta por la Unión de Consumidores de España (UCE) sobre la presunta comercialización fraudulenta de las participaciones preferentes con las que Caja España y Caja Duero camuflaron en su momento el agujero financiero que acabaría en socavón..

Pero las que no han prescrito son las responsabilidades políticas del fiasco que supuso la liquidación de las cajas de Castilla y León y las desastrosas consecuencias derivadas en todos los órdenes: el financiero, el laboral, el social y el patrimonial. Aunque se haya demorado, esa rendición de cuentas sigue siendo imprescindible.