Si José
María Aznar pretendía sentar un precedente en su partido cuando cumplió el compromiso de no permanecer más de ocho años como presidente del
Gobierno, está claro que no lo logró. Doce años han pasado desde entonces y
ningún presidente autonómico, ningún alcalde, ningún presidente de Diputación
-no hablemos ya de diputados, senadores o parlamentarios autonómicos- ha
seguido el ejemplo.
En las últimas semanas había amagado con hacerlo
el presidente gallego Alberto Núñez
Feijóo, quien en el mes de octubre cumple su segundo mandato. Feijóo ha
estado deshojando la margarita -las otras opciones eran dar el salto a la
política nacional o pasar a la empresa privada-, pero finalmente ha cedido a las presiones internas
de su partido y será por tercera vez candidato a la presidencia de la Xunta. Por
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| Juan Vicente Herrera y Alberto Núñez Feijóo |
Cosa distinta es que, obligado por la pérdida
de mayoría absoluta, no le quede más remedio que asumir ese principio, como
ocurre mismamente con el PP de Castilla y León. De la necesidad virtud intenta
hacer la Junta del
anteproyecto de ley que regulará el Estatuto de Alto cargo, una especie de
cajón de sastre en el que se han metido algunas de las medidas de “regeneración
democrática” incluidas en el pacto mediante el que Ciudadanos permitió, vía
abstención, la quinta investidura de Juan
Vicente Herrera.
Limitar a ocho años el mandato del presidente
de la Junta y
de los presidentes de las demás instituciones autonómicas, establecer esa misma
limitación para ser titular de una misma Consejería, incompatibilizar los
cargos de procurador y alcalde de más de 20.000 habitantes o la propia
regulación del Alto Cargo de la Administración
Autonómica,
Estaríamos, en efecto, ante un importante
avance en materia de “regeneración democrática” si no fuera porque el propio
Anteproyecto de Ley ya se cuida, a través de una disposición transitoria, de aplazar la vigencia de dichas limitaciones e imcompatibilidades hasta la próxima legislatura, con lo que no entrarán en vigor
hasta las elecciones autonómicas de mayo 2.019. Es decir, que, aunque ese
Estatuto del Alto Cargo alcance rango de Ley, los supuestamente afectados por
dichas medidas no lo estarán hasta dentro de tres años.
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| Pilar del Olmo |
Nada impedirá a Juan Vicente Herrera cumplir
18 años, se dice pronto, como presidente de la Junta. Nadala Presidencia , José Antonio de Santiago-Juárez,
completar 12 años en la misma consejería. Y, por descontado, los alcaldes de
Salamanca y León, Alfonso Fernández
Mañueco y Antonio Silván, podrán
seguir compatibilizando sin problema sus cargos municipales con sus respectivos
escaños de procurador.
Como diría José Mota, “regeneración sí, pero hoy no, mañana…” (en este caso
dentro de tres años). También tiene guasa otra de las medidas introducidas
en el Anteproyecto de marras: la obligatoriedad de que los futuros candidatos a
la presidencia de la Junta
celebren, al menos, dos debates públicos en la siguiente campaña electoral. Más que nada porque hace al caso recordar que Juan Vicente Herrera no se ha prestado a celebrar
ningún debate electoral durante las cuatro campañas electorales (2.003, 2.007,
2011 y 2015) en las que ha sido candidato del PP a la presidencia de la Junta …
Tampoco tendrá ningún efecto automático dicho
Estatuto sobre los altos cargos de la
Junta que resulten imputados (ahora se dice investigados) en
causas judiciales relacionadas con presuntos delitos de corrupción, situación
en la que se encuentran los dos secretarios generales, los tres directores
generales y el delegado territorial- pendientes de declarar ante el Juzgado que instruye el doble caso Perla Negra-Polígono de Portillo. El Anteproyecto de Ley permite mantener en sus puestos a los altos cargos incursos
en ese tipo de causas hasta que no se
decrete la apertura del correspondiente juicio oral.
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| Edificio conocido como la "Perla Negra" |
Valiéndose de la capacidad de bloqueo que le
otorga el Reglamento de las Cortes, el PP sigue boicoteando con todo descaro
esa comisión, al tiempo que ha vetado
otro centenar largo de las comparecencias solicitadas por la oposición en
relación con el astronómico sobrecoste del Hospital de Burgos. Y solo para evitarse lo que hubiera sido un escándalo mayúsculo, en este caso no le ha
quedado más remedido que tragar con la comparecencia del presidente de la Junta.
Definitivamente,
en materia de “regeneración democrática” y lucha contra la corrupción la credibilidad de Juan Vicente
Herrera es exactamente la misma que tiene Mariano Rajoy. Con eso está todo dicho.