La última embestida de Montoro

  Frente al cambio político preconizado por los demás partidos en las elecciones del 20 de diciembre, el PP enarboló como principal logro una política económica que, después de sacar a España del precipicio del rescate, había conseguido remontar la economía hacia una imparable senda de recuperación económica y creación de empleo. Naturalmente, se ocultaba la otra cara de la moneda: el alto coste social derivado de la degradación del Estado de Bienestar y la devaluación salarial provocada por una reforma laboral al servicio de un empleo de ínfima calidad, factores, entre otros, que han disparado la desigualdad

  Para dar credibilidad a ese relato del crecimiento y la creación de empleo, el gobierno de Mariano Rajoy no dudó en aprobar en octubre unos Presupuestos Generales del Estado a sabiendas de que no cumplían las exigencias de la Unión Europea. Pero había elecciones a la vuelta de la esquina y no era cosa de contradecir con nuevos ajustes presupuestarios ese mantra triunfalista de la recuperación. Ya se ocuparía el nuevo gobierno de lidiar ese regalo envenenado.

Cristóbal Montoro

  Y ya metidos en campaña electoral, la idea-fuerza del PP no fue otra que la de presentarse como la única opción capaz de garantizar la continuidad del nuevo ciclo de crecimiento, que podría ser flor de un día si el gobierno caía en manos del “manirroto” PSOE, no digamos si en comandita con Podemos. Sin embargo, esto no habrá ocasión de comprobarlo, al menos hasta después de las nuevas elecciones fijadas para el 26 de junio.

 Lo que sí ha habido tiempo de constatar es que ese virtuoso prodigio económico que nos estaba vendiendo el PP tenía los pies de barro. Y no ha habido que esperar a que Bruselas ajuste las cuentas de 2016 a un nuevo gobierno que como pronto no existirá hasta bien entrado el verano. Ha sido el incumplimiento del déficit de 2015 el que ha desvelado que el gobierno Rajoy venía haciéndole trampas al solitario, disfrazando por motivos electorales una realidad que, entre otras cosas, tiene al borde de la quiebra a la Seguridad Social.

 A partir de aquí viene la sobredimensionada actuación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro responsabilizando a las comunidades autónomas –a las que por otro lado estaba obligado a fiscalizar- de que España haya incumplido su compromiso europeo con el déficit. Aunque la Ley de Estabilidad le faculte para ello, la carta que Montoro ha dirigido a los 14 gobiernos autonómicos “incumplidores” constituye toda provocación política con la que no intenta otra cosa que encubrir su anterior dejación de responsabilidades.

Rosa Valdeón y Pilar del Olmo

  Un recorte de 328 millones.- El ministro de Hacienda en funciones pretende obligar a unos gobiernos autonómicos que están financieramente exhaustos a recortar drásticamente en 15 días sus presupuestos de 2016, sabiendo que, dada la estructura del gasto, ello solo es posible metiendo de nuevo la tijera en la Sanidad, la Educación y la protección social. En dos semanas, Montoro pretende tener sobre la mesa un nuevo plan económico-financiero de cada comunidad, que en el caso de Castilla y León tendría que conllevar un recorte presupuestario de 328 millones de euros.

 ¿Tragará la Junta de Castilla y León una imposición ante la que se han rebelado al unísono todas las comunidades no gobernadas por el PP? En un principio la vicepresidenta, Rosa Valdeón, y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, han dejado claro que no existe margen posible para aplicar tamaño recorte, invitando al propio Montoro a que sea quien indique donde debe meterse la tijera. Pero preocupa el silencio que mantiene sobre el particular Juan Vicente Herrera, quien de momento no se ha pronunciado al respecto. Un silencio que ha provocado el recelo de la oposición socialista, que no se fía de lo que puede ocurrir mientras Herrera no se dirija al ministro manifestándole fehacientemente la negativa o imposibilidad de asumir ese recorte.

 El pasado mes de diciembre la Junta aprobó unos Presupuestos cuadrados en 9.843,7 millones de euros, cifra que si bien era un 0,78 inferior a la del año anterior, incrementaba el gasto disponible para las consejerías en 162 millones de euros, la mayor parte de los cuales, 132, se distribuían entre las consejerías de Sanidad, Educación y Familia, tratando de paliar, aunque fuera mínimamente, los estragos causados por los sucesivos años de implacables recortes. Los 328 millones que quiere recortar Montoro retrotraería ese gasto público disponible a niveles inferiores a los de 2014, momento en el que supuestamente los recortes en Sanidad, Educación y Familia habían tocado fondo.

Enfermos de hepatitis C

 Visto el panorama, la consejera de Hacienda tendrá que convenir que no estuvo muy afortunada cuando el pasado mes de octubre proclamó que la crisis había quedado atrás en Castilla y León. Era cierto que el PIB regional estaba creciendo a un ritmo próximo al 3 por ciento (finalmente lo hizo en un 2,9, dos décimas por debajo del nacional, dejando a esta comunidad como la quinta fue la quinta que menos creció). Después, hemos sabido que dicho crecimiento, lejos de sanear las cuentas la comunidad, ha agudizado una insuficiencia financiera que ya es crónica y estructural. El 0,63 de desviación  en el que ha incurrido esta comunidad en 2015 supone un exceso de gasto de unos 340 millones de euros que engrosarán  una deuda pública disparada ya por encima de los 11.000 millones, casi seis veces más de los 1.894 computados a finales de 2007.

 En un año, este de 2016, en el que siguen disparadas las listas de espera de los hospitales, no ha habido dinero para reducir las tasas universitarias ni para extender la gratuidad de los libros de texto a todas las familias, sería como para echarse a temblar si, conminada por Montoro, la Junta le mete un recorte de 328 millones de euros a un Presupuesto que tan solo revertía una parte mínima de los varios miles de millones de euros de gasto social recortados en los años de plomo de una crisis que, para desgracia nuestra, no nos había perdido de vista. En unos días saldremos de dudas.

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