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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 4 de julio de 2016

Precariedad laboral, despoblación y deuda

  Partiendo de diagnósticos completamente dispares resulta extremadamente difícil establecer terapias comunes. Y esto es lo que ha vuelto ha ocurrir una vez más durante el debate parlamentario sobre el estado de la comunidad celebrado la pasada semana en las Cortes, que ha  ha venido a coincidir con el primer año -en realidad once meses- del gobierno formado por Juan Vicente Herrera tras su quinta investidura.


 En política las estadísticas, por muy oficiales que sean, conducen a conclusiones opuestas según se seleccionen a la carta y se esgriman los datos sesgadamente y fuera de contexto. La distorsión puede ser aún mayor si, como en el caso del empleo que se viene creando a través de la cacareada recuperación económica, se atiende solo a su cantidad, sin detenerse en su ínfima calidad laboral y salarial.

Juan Vicente Herrera
 El presidente de la Junta echó mano del dato estacional más favorable que tenía a mano -el descenso hasta 185.279 del número de parados registrados en el INEM al final del mes de mayo- como exponente de la evolución favorable del empleo en Castilla y León. Sin detenerse, claro, a examinar la precariedad de los contratos celebrados en dicho mes, el 92,36 por ciento de ellos temporales (muchos por días o horas), ni en la paupérrima remuneración de buena parte de ellos. Omitió que en 2015 descendió el número de autónomos en la comunidad y después utilizó la EPA del primer trimestre para subrayar que la cifra de ocupados había ascendido hasta los 932.800, 19.500 más que un año antes.

Poco empleo y precario.- Sin embargo, Herrera soslayó otros datos de la misma EPA, tales como que la población activa sigue cayendo, que el número de parados se cifra en  209.400, que la tasa de paro (18,33) se incremento en un 0,75 por ciento respecto al 4º trimestre de 2.015, que otro tanto ha ocurrido con el número de hogares (96.700) con todos sus miembros en paro y que el 56,5 de los parados de Castilla y León no cobran ningún tipo de prestación por desempleo. Esta desprotección social bien la conoce la Junta, que sigue haciendo frente a un incesante incremento de demandantes de la Renta Básica de Ciudadanía

  Herrera se plantea el objetivo de alcanzar al final de la legislatura (mayo de 2019) el millón de ocupados en Castilla y León, cifra con la que se habría recuperado menos de la mitad del empleo destruido en esta comunidad desde 2008, año en el que la EPA del primer trimestre contabilizaba 1.075.800 ocupados y 95.600 parados. 
Ello sin entrar en la degradación de la calidad del empleo y en una devaluación salarial que ha sido especialmente acusada en Castilla y León, donde el salario medio -que ya era el cuarto más bajo en España- acumuló entre 2010 y 2014 una caída superior al 10 por ciento, la mayor registrada en todas las comunidades autónomas.  Esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios se mantiene todavía hoy en un porcentaje que ronda el 7 por ciento.

Imagen de la localidad leonesa de Noceda
 Tan solo un día después de concluir el debate sobre el estado de la comunidad, el Consejo Económico y Social de Castilla y León hacía público su informe anual, en el que deja claro que el empleo generado en 2015 “es insuficiente tanto en volumen como en calidad”, señalando que solo se ha recuperado el 13 por ciento del destruido a lo largo de la crisis (alrededor de 160.000 puestos de trabajo). A la luz de estos datos, el CES cuestiona la eficacia de las reformas laborales, abogando por su revisión hacia un modelo de relaciones laborales “más equilibrado y eficiente”.

 108.651 habitantes menos desde 2009.- Pero si hay una estadística que no admite manipulación esa es la del censo de población. El INE daba a conocer el pasado jueves el padrón nacional de habitantes a fecha de uno de enero pasado, en el que Castilla y León vuelve a liderar la caída de población en España. 23.209 habitantes (0.94 por ciento) perdidos a lo largo de 2015, aproximadamente la mitad de ellos (11.883) por decrecimiento vegetativo y otros tantos (11.326) emigrados en busca de mejor porvenir a otras comunidades españolas o al extranjero.

 Somos la única comunidad autónoma que lleva perdiendo población durante los últimos siete años consecutivos, acentuando un desplome demográfico que se cifra en la pérdida de 108.865 habitantes, un 4,25 por ciento menos de los que éramos en 2009. Con ello nuestra cuota sobre el total de la población nacional ha descendido en este periodo del 5,46 al 5,28, dato básico sobre el que se sustenta el sistema de financiación autonómica.

 Como es sabido, a la vista del estrepitoso fracaso de la Agenda de la Población aprobada en 2010, la Junta impulsó la estrategia de convertir el declive demográfico en un problema de Estado. 
Hemiciclo de las Cortes
Y como quiera que el gobierno Rajoy en modo alguno se ha dado por aludido, ahora se ha decidido trasladar el problema a la Unión Europea a través del Comité de las Regiones. Mientras, tanto la hemorragia poblacional continuará sin que el gobierno de Juan Vicente Herrera haga nada efectivo por atajarla.

 Quintuplicado el agujero de la deuda pública.- Y el tercer dato estadístico que lastra el futuro de esta comunidad autónoma es el crecimiento casi exponencial de la deuda pública durante los años de la crisis. Pese al crecimiento del PIB regional en un 2,9 por ciento, la Junta de Castilla y León se ha endeudado en 2.015 en otros 1.198 millones de euros más, cerrando el ejercicio con 10.557, cifra que supera por primera vez la cuantía de los propios Presupuestos de la Comunidad (9.843 millones en 2016).

 En los últimos ocho años (2008-2015) la deuda pública se  ha multiplicado por 5,2, pasando de 1.894 a esos 10.557 millones, o lo que es lo mismo, del 3,40 al 19,40 del PIB autonómico. Prorrateada por ciudadano, los 745 euros por cabeza que debíamos a finales de 2007 se han disparado hasta los 4.270 euros. Y no cuela achacar dicho agujero, como hizo Herrera en el debate de la pasada semana, únicamente a la insuficiente financiación estatal de los servicios públicos (Sanidad, Educación, Dependencia, etc,). Por la sencilla razón de que la Junta tiene cuantificado en 500 millones de euros anuales el déficit causado por la insuficiencia financiera de la dotación del Estado destinada a dicho gasto social.

 En el origen de ese endeudamiento hay no poco despilfarro, por ejemplo el que llevó a la liquidación de una empresa pública como ADE Parques, la de la “Perla Negra” y los terrenos de Portillo, con una deuda en torno a los 350 millones de euros.