Mientras la Junta va camino
del centenar de altos cargos, la masa salarial de los procuradores liberados se
ha disparado en más de un 5 por ciento
Cuando Vox, que defiende en su
programa la reducción del gasto político, se conformó con tres consejerías en
lugar de las cuatro que ocupó Ciudadanos, hubo quien ingenuamente pudo pensar
que el nuevo gobierno de Castilla y León iba a reducir su estructura y con ella
su nómina de altos cargos. Máxime cuando con el anterior gobierno de coalición
dicha nómina creció de 82 a 95 altos cargos.
Desguazada la consejería de
Transparencia creada “ad hoc” para el anterior vicepresidente, el PP habría
mantenido la misma cuota de poder reduciendo a 9 el número de consejerías, con
el consiguiente ahorro de gasto. Pero tal cosa ni se le ha pasado por la cabeza
a Alfonso Fernández Mañueco, quien ha aprovechado para desdoblar en dos
la de Fomento y Medio Ambiente, manteniendo el número de consejerías en diez,
el máximo que permite la Ley de Gobierno.
Es así
que a la espera de que se conozca la estructura orgánica completa de las 10
consejerías, todo apunta a que el número de altos cargos acabará alcanzando el
centenar. De momento, la vicepresidencia ociosa con la que entretiene su tiempo
Juan García-Gallardo ha supuesto que el Consejo de Gobierno haya pasado
de 11 a 12 miembros. Y el segundo escalón, el de las viceconsejerías, ha pasado
de ocho a nueve, al estrenar una nueva la consejería de Sanidad y dotarse de
una segunda la de Presidencia, al tiempo que inexplicablemente se ha suprimido
la de Universidades e Investigación, la única que existía en Educación. De
momento, ya se contabilizan dos altos cargos más que en la etapa anterior.
Tres asesores al servicio del
vicepresidente
Tampoco parece que vaya a
reducirse la nómina de personal eventual (asesores) nombrados a dedo al
servicio del presidente, vicepresidente y consejeros, capítulo que con el
anterior gobierno se disparó hasta el número de 45 puestos. En su momento,
Mañueco no se cortó un pelo en utilizar parte de ese cupo para proporcionar
cobijo a políticos del PP desubicados, llegando a colocar en esa nómina a
cuatro ex senadores. El más conocido, Ignacio Cosidó, que acabó
renunciando a la sinecura cuando arreció el caso Kitchen. Otra ex senadora, Esther
Muñoz, saltó desde el Gabinete del Presidente al cargo de delegada
territorial de la Junta en León, en el que acaba de ser confirmada.
Puesta la lista a cero al
entrar el nuevo gobierno, la Junta ha nombrado ya a 35 de estos asesores, entre
los que vuelven a figurar los ex senadores Félix Colsa y Laura Prieto.
Y esta vez el fichaje más descarado del presidente ha sido el Daniel Llanos,
el ex concejal del PP en el ayuntamiento de Salamanca forzado el pasado año a
dimitir por triplicar la tasa de alcoholemia cuando circulaba por el casco
urbano de la capital.
Mañueco sigue ciertamente sin
cortarse un pelo a la hora de utilizar sus resortes de poder de forma espuria y
partidista, pero el que no le está yendo a la zaga a la hora de seleccionar personal
de confianza es el vicepresidente y edecán de Santiago Abascal, Juan
García-Gallardo. Para empezar, ha fichado a un pariente, José María
Barrio Gíl-Fournier, un gestor urbanístico de agitada trayectoria, para que
le haga las veces de secretario particular. Y al tiempo se ha traído de Madrid
a dos periodistas sin ninguna vinculación con Castilla y León: Montserrat
Lluis y Fernando Argüello. Lluis, durante poco más de un año
directora general de Trece (la cadena televisiva de la Conferencia Episcopal), fue
cesada fulminantemente el pasado mes de marzo. Por su parte, Fernando
Argüello procede del Departamento de Comunicación y Prensa de la sede
central de Vox.
Ya advertimos que el gasto
generado por la superflua vicepresidencia de García-Gallardo no se iba a
limitar a su sueldo, próximo a los 80.000 euros anuales. A ello habría que
añadir el generado por el coche oficial y el personal eventual a su servicio,
que de momento se concreta en los tres fichajes reseñados. Que será todavía
alguno más, ya que faltan todavía por nombrar 10 asesores (suponiendo que se
mantenga en 45 el número total de los mismos).
Cortes: Recorte del 0,68 % en
las subvenciones frente al 5,1 de aumento en la masa salarial de los liberados
El propio García-Gallardo se
ufanó de promover una reducción del gasto político en las Cortes, que en lo que
se refiere a las subvenciones a los grupos parlamentarios llegó a cifrar en un
ahorro de 333.626 euros anuales. Pero tal como puede comprobarse en la página
web de las Cortes, la realidad es que dicho ahorro se ha reducido a 25.272
euros, que equivalen al 0,68 por ciento del montante total de dicho capitulo.
El gasto anual de las subvenciones a los grupos ha pasado de 3.742.320 euros
anuales a 3.717.048. Esa ha sido la infima reducción practicada.
Y esto ha ocurrido al mismo
tiempo que la retribución básica de los miembros de la Mesa, de los portavoces
de los grupos y demás procuradores liberados por cuenta de la Cámara se ha
incrementado en un 5,3 por ciento, al pasar de 73.211 a 76.355 euros brutos
anuales. A dicho salario se añade la mal llamada “indemnización por gastos”,
denominación con la que se camufla un complemento salarial fijo que se ha
mantenido en las mismas cuantías de 1.800 y 1.440 euros. Con ello, la
retribución total de los 6 miembros de la Mesa y los 5 portavoces titulares se
ha disparado hasta los 97.955 euros anuales, mientras que la de los 14
liberados restantes ha pasado a ser de 93.635 €.
Tras esta “actualización”, la
nómina salarial de la élite política de las Cortes ha pasado de 2.272.601 a
2.388.340 euros anuales, 115.739 euros de incremento que equivalen a un 5,1 por
ciento. Un aumento de gasto que podría haber sido aún mayor de no habérsele
escamoteado al grupo mixto (Podemos, C´s y Por Ávila) la portavocía adjunta que
tuvo asignada incluso cuando solo contó con dos procuradores, como ocurrió en
la legislatura 2015-2019, en la que estuvo integrado tan solo por Luis
Mariano Santos (UPL) y Francisco Sarrión (IU).
Sumando los capítulos
dedicados a las subvenciones a los grupos parlamentarios (3.717.048 €) y a la
nómina salarial de los procuradores liberados (2.388.340 €), el gasto anual
resultante se cifra en 6.105.388 €, cuantía que supera en 90.467 euros a la
vigente en el momento de la convocatoria electoral, en la que ambas partidas
sumaban 6.014.921 euros. Y se hubiera incrementado en otros 93.635 € más si no
hubiera sido por esa burda represalia adoptada contra el nuevo grupo mixto.
Conclusión: Lejos de aplicar una reducción del gasto político en las Cortes, PP
y Vox lo han incrementado hasta elevarlo a un nuevo record.
Y ni palabra sobre los
“chiringuitos”
Añádase a todo lo anterior que
la palabra “chiringuito” no aparece en ninguno de los puntos del Acuerdo de
Legislatura firmado entre ambos socios de gobierno, de donde se desprende que a
Vox no le sobra ninguno de los entes y fundaciones que conforman la llamada
Administración B de Castilla y León. El presidente de ASAJA, Donaciano Dujo,
que se ha apresurado a marcar las tareas a su viejo conocido y nuevo consejero,
Gerardo Dueñas, puede estar tranquilo sobre el futuro del ITACYL,
Instituto que siempre ha defendido su organización. Y si Ciudadanos indultó en
su día a la Fundación Siglo, no será el nuevo consejero de Cultura, Gonzalo
Santonja -al Noé ex director del Instituto de la Lengua le van a hablar de
inundaciones- quien vayan a prescindir del chiringuito desde el que se ejecuta
con plena discrecionalidad gran parte del presupuesto de la consejería.
Aunque sea con otros gestores,
todo ese entramado de la Administración B seguirá tal cual bajo la égida de PP
y Vox. Y nos daremos con un canto en los dientes si el ínclito García-Gallardo
no se inventa algún chiringuito de nuevo cuño que dé lustre a ese trampantojo
que es su vicepresidencia. Vista la colonización política de la Junta
emprendida por Vox, tendría toda la lógica.
(Publicado en elDiario.es Castilla y León)