martes, 26 de abril de 2022

La Junta, sin nuevos Presupuestos hasta 2023 para evitar discordias entre PP y Vox

 Conscientes de que Castilla y León está bajo la lupa de la España política, Mañueco y Abascal se han conjurado para ofrecer una imagen de lealtad y camaradería alejada de cualquier confrontación

Cuatro meses después de que Alfonso Fernández Mañueco perpetrara el adelanto electoral del 13-F, ha echado a rodar en Castilla y León el gobierno compartido por PP y Vox, el primero de una comunidad autónoma española participado por una extrema derecha que propugna el desmontaje del Estado de las Autonomías.

Y lo ha hecho utilizando un llamado Plan Anticrisis valorado, que no presupuestado, en 470 millones de euros, como rampa de lanzamiento de lo que el presidente calificó en la sesión de investidura como una “revolución fiscal”. Que ya es grandilocuencia cuando la medida estrella resulta ser una rebaja del 0,5 por ciento en el primer tramo autonómico del IRPF, esto es, un ahorro de 35 euros a cada contribuyente en la declaración a presentar en 2023.

Por su irrisoria cuantía y el retraso en su aplicación, esta ridícula rebaja en el IRPF ni siquiera debería estar contenida en un Plan teóricamente destinado a apoyar a los sectores y ciudadanos más castigados por la crisis sobrevenida por los precios energéticos y la invasión de Ucrania, pero es fácil de vender propagandísticamente si permite afirmar que ésta va a ser la segunda comunidad autónoma con un tipo de IRPF más reducido.

Para calibrar el verdadero alcance de este Plan basta señalar que la Junta cifraba en 509 millones de euros los beneficios fiscales contenidos en el Proyecto de Presupuestos para 2022 que iban a aprobar las Cortes la misma semana en la que Mañueco decidió disolverlas.

Con la presentación a bombo y platillo de este pretendido Plan Anticrisis, la Junta ha intentado restar trascendencia a su renuncia a presentar un nuevo Proyecto de Presupuestos para 2022, un instrumento de máxima prioridad para remontar la crítica situación económica. Mantener prorrogadas todo el año las cuentas de 2021, con las limitaciones de todo tipo que ello conlleva, solo tiene una explicación y es puramente política: Los primeros presupuestos del gobierno PP-Vox requieren una negociación nada fácil entre dos socios que, tras las fuertes tensiones mantenidas sobre las competencias del vicepresidente, se miran con manifiesta desconfianza.

Precisamente por ello, una vez enrolados en el mismo barco y conscientes de que Castilla y León está bajo la lupa, Mañueco y Abascal (no otro es el verdadero interlocutor de Vox con el presidente de la Junta) están interesados en que el gobierno de la comunidad se muestre como “una piña”, como ejemplo de lealtad y camaradería alejado de confrontaciones internas. De ahí que hayan optado por sacrificar los Presupuestos del 2022, disponiendo con ello de varios meses para afrontar la negociación de los de 2023. Y de paso despejan la agenda legislativa en las Cortes para tramitar en los plazos acordados la ley sobre Violencia Intrafamiliar y la que se propone derogar el decreto sobre Memoria Histórica Democrática. Se anteponen así sin ningún rubor los intereses partidistas de los socios de gobierno al interés general de la comunidad, abocada ocho meses más al parcheo presupuestario aplicado desde el 1 de enero.

La casualidad hizo que la misma mañana en que Mañueco y el consejero de Economía, el incombustible Fernández Carriedo, presentaban el Plan Anticrisis, el INE publicara las cifras del padrón continúo, que un año más sitúan a Castilla y León como comunidad imbatible en desplome demográfico: 13.075 habitantes perdidos durante 2021. Después de 13 años consecutivos perdiendo población, el censo queda reducido a 2.370.064 habitantes, 193.457 menos de los registrados en 2009. Una sangría demográfica que el gobierno PP-Vox contempla con absoluta pasividad, sin darse por concernido y trasladando toda la responsabilidad al gobierno de la nación. Al tiempo que la única iniciativa específica presentada en la etapa anterior, el Proyecto de Ley de Dinamización Demográfica, ha desaparecido del mapa.

Un “primus inter pares” y un vicepresidente-edecán

Mañueco ha remodelado la nueva cuota del PP en la Junta, ahora de 7 consejerías, con la incorporación de una nueva consejera, María González Corral, que se hace cargo de Movilidad y Transformación Digital, consejería desgajada de la de Fomento y Medio Ambiente. Pero el movimiento de mayor calado ha sido el de trasladar a la consejería de la Presidencia a Jesús Julio Carnero, hasta ahora titular de la de Agricultura, ahora en manos de Vox. Mañueco quería tener en el Colegio de la Asunción a un consejero de mayor peso y cintura política y se ha decantado por Carnero, que se convierte en su mano derecha y consejero “primus inter pares” entre los del PP. El hecho añadido de que González Corral proceda del anterior equipo de Agricultura reafirma el creciente papel confiado al nuevo consejero de Presidencia. El sacrificado ha sido el burgalés Ángel Ibáñez, desplazado al grupo parlamentario popular, donde ya ejerce como uno de los 4 portavoces adjuntos.

Simultáneamente, el Bocyl confirmaba la irrelevancia de las funciones asignadas a la vicepresidencia sin cartera de la Junta, casi todas de mera representación y ninguna de carácter ejecutivo. Unas funciones que en modo alguno justifican un cargo que incrementa el gasto institucional superfluo al que se alude en el acuerdo de gobierno suscrito en representación de Vox por Juan García-Gallardo, precisamente el beneficiario de la sinecura.

El mismo que hace días espetó a la oposición que a la política “se viene llorado de casa”, ha contestado a las críticas sobre el dispendio que supone su vicepresidencia asegurando que no llega a la Junta “para ganar dinero, sino para perderlo”. Toda una salida de pata de banco que no hace al caso. La cuestión es si las funciones oficiales que va a desempeñar justifican la retribución próxima a los 80.000 euros anuales que va a percibir con cargo al erario, cuantía a la que hay que añadir coche oficial, asesores y demás parafernalia. La verdadera misión de García-Gallardo no viene en el Bocyl, ya que no es otra que ejercer como una especie de edecán de Abascal encargado de poner al corriente al líder de Vox sobre cualquier desviacionismo o incumplimiento de lo pactado con el PP. Tanto es así que antes de su nombramiento llegó a incluir entre sus supuestas funciones “la supervisión” de las consejerías del PP.

Y otro que sigue sin querer entender su función institucional es su compañero de partido Carlos Poyán, el presidente de las Cortes. Pollán ya mostró su sesgo partidista al congelar sin ninguna justificación la convocatoria del pleno de investidura, provocando un retraso en beneficio exclusivo de Vox, que había forzado la renegociación con el PP del acuerdo inicial del 10 de marzo.

Y ha vuelto a perder el oremus institucional al no hacer acto de presencia el 23 de abril en Villalar de los Comuneros, incurriendo en una clara dejación de funciones habida cuenta de que como presidente de las Cortes lo es también de la Fundación Castilla y León, entidad responsable de la programación oficial en la localidad comunera. No cabe aquí ninguna opción personal ni alegar que su presencia “no es de vital importancia”. Le apeteciera o no, Pollán estaba obligado a acudir a Villalar y ejercer como “anfitrión” desde la carpa institucional, papel que le entra en la retribución bruta de 97.955 anuales que percibe.

Molestos con el ruido que ellos mismos generan

Con declaraciones fuera de tono como las que viene prodigando García-Gallardo y comportamientos tan sectarios como los de Pollán, el presidente de la Junta no debería sorprenderse del “ruido político” que rodea a la puesta en marcha de un gobierno autonómico participado por políticos reñidos con la institucionalidad democrática. Y menos aún el vicepresidente-edecán, quien antes de arremeter contra los medios de comunicación debería preguntarse si no es él mismo y otros miembros de su partido los primeros en extender “sombras de sospecha” sobre la actuación de Vox. ¿Qué pensar por ejemplo de las declaraciones de Jorge Buxadé cuando a propósito de la toma de posesión del presidente de la Junta, no criticaba la ausencia de Núñez Feijóo, sino el hecho de que éste se reuniera con los líderes de UGT y Comisiones Obreras, a los que Vox no reconoce su papel constitucional de representantes de los trabajadores? ¿O de lo dicho en su momento por Espinosa de los Monteros sobre “las “mujeres podemitas” que viven a cosa de los “chiringuitos” subvencionados por la Ley de Violencia de Género?

Tampoco puede rasgarse las vestiduras el presidente Mañueco porque el Manifiesto de Villalar suscrito por la izquierda parlamentaria y los sindicatos mayoritarios alerte contra el peligro de retroceso de derechos y libertades latente tras el pacto entre PP y Vox. ¿O acaso esperaba que un Manifiesto reivindicativo de la Autonomía de Castilla y León se felicitara de que la Junta y las Cortes estén mediatizadas por un partido de ideario preconstitucional que aboga por desmantelar el Estado de las Autonomías?

 (Publicado en elDiario.es Castilla y León)