Conscientes de que Castilla y León está bajo la lupa de la España política, Mañueco y Abascal se han conjurado para ofrecer una imagen de lealtad y camaradería alejada de cualquier confrontación
Cuatro meses después de que Alfonso
Fernández Mañueco perpetrara el adelanto electoral del 13-F, ha
echado a rodar en Castilla y León el gobierno compartido por PP y Vox, el
primero de una comunidad autónoma española participado por una extrema derecha
que propugna el desmontaje del Estado de las Autonomías.
Y lo ha hecho utilizando un
llamado Plan Anticrisis valorado, que no presupuestado, en 470 millones de
euros, como rampa de lanzamiento de lo que el presidente calificó en la sesión
de investidura como una “revolución fiscal”. Que ya es grandilocuencia cuando
la medida estrella resulta ser una rebaja del 0,5 por ciento en el primer tramo
autonómico del IRPF, esto es, un ahorro de 35 euros a cada contribuyente en la
declaración a presentar en 2023.
Por su
irrisoria cuantía y el retraso en su aplicación, esta ridícula rebaja en el IRPF
ni siquiera debería estar contenida en un Plan teóricamente destinado a apoyar
a los sectores y ciudadanos más castigados por la crisis sobrevenida por los
precios energéticos y la invasión de Ucrania, pero es fácil de vender
propagandísticamente si permite afirmar que ésta va a ser la segunda comunidad
autónoma con un tipo de IRPF más reducido.
Para calibrar el verdadero
alcance de este Plan basta señalar que la Junta cifraba en 509 millones de
euros los beneficios fiscales contenidos en el Proyecto de Presupuestos para
2022 que iban a aprobar las Cortes la misma semana en la que Mañueco decidió
disolverlas.
Con la presentación a bombo y
platillo de este pretendido Plan Anticrisis, la Junta ha intentado restar
trascendencia a su renuncia a presentar un nuevo Proyecto de Presupuestos para
2022, un instrumento de máxima prioridad para remontar la crítica situación
económica. Mantener prorrogadas todo el año las cuentas de 2021, con las
limitaciones de todo tipo que ello conlleva, solo tiene una explicación y es
puramente política: Los primeros presupuestos del gobierno PP-Vox requieren una
negociación nada fácil entre dos socios que, tras las fuertes tensiones
mantenidas sobre las competencias del vicepresidente, se miran con manifiesta
desconfianza.
Precisamente por ello, una vez
enrolados en el mismo barco y conscientes de que Castilla y León está bajo la
lupa, Mañueco y Abascal (no otro es el verdadero interlocutor de Vox con el
presidente de la Junta) están interesados en que el gobierno de la comunidad se
muestre como “una piña”, como ejemplo de lealtad y camaradería alejado de
confrontaciones internas. De ahí que hayan optado por sacrificar los
Presupuestos del 2022, disponiendo con ello de varios meses para afrontar la
negociación de los de 2023. Y de paso despejan la agenda legislativa en las
Cortes para tramitar en los plazos acordados la ley sobre Violencia
Intrafamiliar y la que se propone derogar el decreto sobre Memoria Histórica
Democrática. Se anteponen así sin ningún rubor los intereses partidistas de los
socios de gobierno al interés general de la comunidad, abocada ocho meses más
al parcheo presupuestario aplicado desde el 1 de enero.
La casualidad hizo que la
misma mañana en que Mañueco y el consejero de Economía, el incombustible Fernández
Carriedo, presentaban el Plan Anticrisis, el INE publicara las cifras del
padrón continúo, que un año más sitúan a Castilla y León como comunidad
imbatible en desplome demográfico: 13.075 habitantes perdidos durante 2021.
Después de 13 años consecutivos perdiendo población, el censo queda reducido a
2.370.064 habitantes, 193.457 menos de los registrados en 2009. Una sangría
demográfica que el gobierno PP-Vox contempla con absoluta pasividad, sin darse
por concernido y trasladando toda la responsabilidad al gobierno de la nación.
Al tiempo que la única iniciativa específica presentada en la etapa anterior,
el Proyecto de Ley de Dinamización Demográfica, ha desaparecido del mapa.
Un “primus inter pares” y un
vicepresidente-edecán
Mañueco ha remodelado la nueva
cuota del PP en la Junta, ahora de 7 consejerías, con la incorporación de una
nueva consejera, María González Corral, que se hace cargo de Movilidad y
Transformación Digital, consejería desgajada de la de Fomento y Medio Ambiente.
Pero el movimiento de mayor calado ha sido el de trasladar a la consejería de
la Presidencia a Jesús Julio Carnero, hasta ahora titular de la de
Agricultura, ahora en manos de Vox. Mañueco quería tener en el Colegio de la
Asunción a un consejero de mayor peso y cintura política y se ha decantado por
Carnero, que se convierte en su mano derecha y consejero “primus inter pares”
entre los del PP. El hecho añadido de que González Corral proceda del anterior
equipo de Agricultura reafirma el creciente papel confiado al nuevo consejero
de Presidencia. El sacrificado ha sido el burgalés Ángel Ibáñez,
desplazado al grupo parlamentario popular, donde ya ejerce como uno de los 4
portavoces adjuntos.
Simultáneamente, el Bocyl
confirmaba la irrelevancia de las funciones asignadas a la vicepresidencia sin
cartera de la Junta, casi todas de mera representación y ninguna de carácter
ejecutivo. Unas funciones que en modo alguno justifican un cargo que incrementa
el gasto institucional superfluo al que se alude en el acuerdo de gobierno
suscrito en representación de Vox por Juan García-Gallardo, precisamente
el beneficiario de la sinecura.
El mismo que hace días espetó
a la oposición que a la política “se viene llorado de casa”, ha
contestado a las críticas sobre el dispendio que supone su vicepresidencia
asegurando que no llega a la Junta “para ganar dinero, sino para perderlo”.
Toda una salida de pata de banco que no hace al caso. La cuestión es si las
funciones oficiales que va a desempeñar justifican la retribución próxima a los
80.000 euros anuales que va a percibir con cargo al erario, cuantía a la que
hay que añadir coche oficial, asesores y demás parafernalia. La verdadera
misión de García-Gallardo no viene en el Bocyl, ya que no es otra que ejercer
como una especie de edecán de Abascal encargado de poner al corriente al líder
de Vox sobre cualquier desviacionismo o incumplimiento de lo pactado con el PP.
Tanto es así que antes de su nombramiento llegó a incluir entre sus supuestas
funciones “la supervisión” de las consejerías del PP.
Y otro que sigue sin querer
entender su función institucional es su compañero de partido Carlos Poyán,
el presidente de las Cortes. Pollán ya mostró su sesgo partidista al congelar
sin ninguna justificación la convocatoria del pleno de investidura, provocando
un retraso en beneficio exclusivo de Vox, que había forzado la renegociación
con el PP del acuerdo inicial del 10 de marzo.
Y ha vuelto a perder el oremus
institucional al no hacer acto de presencia el 23 de abril en Villalar de los
Comuneros, incurriendo en una clara dejación de funciones habida cuenta de que
como presidente de las Cortes lo es también de la Fundación Castilla y León,
entidad responsable de la programación oficial en la localidad comunera. No
cabe aquí ninguna opción personal ni alegar que su presencia “no es de vital
importancia”. Le apeteciera o no, Pollán estaba obligado a acudir a Villalar y
ejercer como “anfitrión” desde la carpa institucional, papel que le entra en la
retribución bruta de 97.955 anuales que percibe.
Molestos con el ruido que
ellos mismos generan
Con declaraciones fuera de
tono como las que viene prodigando García-Gallardo y comportamientos tan
sectarios como los de Pollán, el presidente de la Junta no debería sorprenderse
del “ruido político” que rodea a la puesta en marcha de un gobierno autonómico
participado por políticos reñidos con la institucionalidad democrática. Y menos
aún el vicepresidente-edecán, quien antes de arremeter contra los medios de
comunicación debería preguntarse si no es él mismo y otros miembros de su
partido los primeros en extender “sombras de sospecha” sobre la actuación de
Vox. ¿Qué pensar por ejemplo de las declaraciones de Jorge Buxadé cuando
a propósito de la toma de posesión del presidente de la Junta, no criticaba la
ausencia de Núñez Feijóo, sino el hecho de que éste se reuniera con los
líderes de UGT y Comisiones Obreras, a los que Vox no reconoce su papel
constitucional de representantes de los trabajadores? ¿O de lo dicho en su
momento por Espinosa de los Monteros sobre “las “mujeres podemitas” que
viven a cosa de los “chiringuitos” subvencionados por la Ley de Violencia de
Género?
Tampoco puede rasgarse las
vestiduras el presidente Mañueco porque el Manifiesto de Villalar suscrito por la
izquierda parlamentaria y los sindicatos mayoritarios alerte contra el peligro
de retroceso de derechos y libertades latente tras el pacto entre PP y Vox. ¿O
acaso esperaba que un Manifiesto reivindicativo de la Autonomía de Castilla y
León se felicitara de que la Junta y las Cortes estén mediatizadas por un
partido de ideario preconstitucional que aboga por desmantelar el Estado de las
Autonomías?
(Publicado en elDiario.es Castilla y León)