“Reducción significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos”. Así reza literalmente el último de los 11 “ejes de gobierno” contenidos en el Acuerdo de Legislatura PP-Vox firmado el 10 de marzo de 2022 entre Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo Frings.
A tenor de lo ocurrido en las Cortes, donde dicho capítulo no solo no se ha reducido sino que se ha incrementado, debe ser que no han encontrado ningún gasto institucional superfluo. Ni siquiera el de celebrar las sesiones plenarias en la mañana y la tarde de una misma jornada en lugar de comenzarlas una tarde para concluirlas durante la mañana siguiente, lo que supone duplicar innecesariamente las dietas cobradas por sus señorías (240 euros/día).
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Pero veamos como ha evolucionado el gasto político en la Junta. Para empezar, elevando nada mas y nada menos que hasta 100 una nómina de altos cargos que en el gobierno de coalición PP-Cs llegó alcanzó un máximo de 93. El honor de redondear hasta la centena ha correspondido precisamente al que fuera máximo dirigente de Ciudadanos en Castilla y León y presidente de las Cortes en la pasada Legislatura, Luis Fuentes, cuya retribución como flamante Delegado para el Corredor Atlántico sigue por cierto sin figurar en la web de la Junta un mes después de su toma de posesión.
Además de incrementar de 80 a 93 la legión de altos cargos de la Junta, el bipartito PP-Cs duplicó la nómina de personal eventual (puestos de confianza designados a dedo al servicio del presidente y los consejeros), que se disparó hasta un total de 44, número que sin embargo nunca se llegó a completar. El tándem Mañueco-Gallardo, además de no dejar un solo puesto sin adjudicar, ha elevado la retribución de buena parte de ellos muy encima de la subida aplicada a los funcionarios y empleados públicos.
Lo más grande del caso es que el que el paladín del ahorro en gasto político ha sido precisamente el que más ha contribuido a dispararlo. Me estoy refiriendo al descriptible García-Gallardo, titular de una vicepresidencia sin cartera que ha supuesto la creación de cuatro nuevos altos cargos: El suyo propio, remunerado con 80.741 euros anuales, el de director de su Gabinete, su pariente José María Barrio Gíl-Fournier (76.888 del ala) y los de las dos direcciones generales con las que cuenta el chiringuito, que han venido sumando otros 142.174 euros.
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| Gíl-Fournier, Montserrat Luis, Gallardo y Enríquez (montaje de "El Español") |
(Una de estas últimas permanece vacante tras la fuga de Montserrat Luis, la comisaria política que se ha vuelto a Madrid para formar parte del círculo más cercano a Santiago Abascal. La otra la sigue desempeñando el ex concejal del PP Jesús Enrquez Tauler). Así pues, solo en sueldos de altos cargos, sin incluir todo el gasto corriente que comporta su funcionamiento, el capricho de García-Gallardo supone un coste, superfluo donde los haya, próximo a los 300.000 euros anuales.
Además de eso, el ínclito tiene a su exclusivo servicio al menos a tres de los 44 eventuales, a saber un Jefe de Prensa de a 54.373 euros anuales, un extravagante “politólogo” por idéntico precio y un fotógrafo (44.412). Otros 153.158 euros anuales que sumados a la soldada de los 4 altos cargos totalizan cerca de 453.000 euros. El importe de la partida presupuestaria del personal adscrito a la vicepresidencia asciende a 1.194.770 euros.
El personal eventual designado por el último gobierno monocolor del PP arrojaba un coste de 746.456 euros/año, gasto que en 2021 (gobierno PP-Cs) pasó a ser de 1.596.965 euros. Y los que venían a reducir gasto político lo han disparado por encima de los 2 millones, exactamente hasta 2.024.152 euros anuales, montante que suman ahora las retribuciones de los 44 de marras, tal como puede comprobarse en la web oficial de la Junta.
Paralelamente, la masa salarial de los altos cargos ha registrado un sustancial incremento respecto al coste de los 93 existentes con anterioridad, que se situaba alrededor de 6,5 millones de euros anuales. Dado que en la web de la Junta aparece en blanco la retribución de media docena de cargos, no es posible cuantificar con exactitud el coste global, pero no resulta exagerado estimarlo en torno a los 7,5 millones anuales.
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| Foto de familia del gobierno PP-Vox |
Por primera vez desde la salida en 2019 de la que fuera consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, un alto cargo de la Junta supera la barrera de los 100.000 euros anuales. Y no es ningún miembro del Consejo de Gobierno, sino el delegado territorial en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, que cobra los 100.552 euros que percibiría en su plaza de médico. Fue un invento éste de asumir desde la Junta la retribución correspondiente a los funcionarios y empleados que data de los tiempos de José María Áznar, que no en vano era inspector tributario. Ello explica que el consejero mejor retribuido sea el de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (93.576 euros), juez en excedencia -lo que no ha sido obstáculo para que se afiliara al PP-, seguido del titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (90.969), funcionario del Cuerpo superior (escala económico-financiera).
En fín, que a la espera de que este último (ya saben, ese eterno-chico-bien-mandado-que-vale-igual-para-un roto-que-para-un-descosido) tenga a bien elaborar y presentar unos nuevos Presupuestos de la Comunidad, de momento el “eje de gobierno” número 11 del Acuerdo de Legislatura PP-Vox se lo han saltado ambos firmantes por el forro de sus respectivos caprichos. ¿O no?