Días antes de que la Junta despidiera el año lanzando el anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, el gobierno central aprobaba el padrón oficial de habitantes a fecha 1 de enero de 2012, que confirmaba que la comunidad de Castilla y León perdió en 2011 nada más y nada menos que 12.375 habitantes, el 0,5 por ciento de su población.
Habrán comprobado que mientras el futurible de la “ordenación territorial” -penúltimo producto de esa gran factoría de fabricación de humo que siempre ha sido la Consejería de la Presidencia- ha ocupado páginas y páginas de los periódicos, el dato real del retroceso demográfico de Castilla y León apenas ha encontrado reflejo informativo.