Confirmado: Un "cambiazo" en toda regla

 De acuerdo con Murphy, las peores expectativas se han ido cumpliendo y estamos a días de que el flamante presidente de las Cortes de Castilla y León, el bizcochable Luis Fuentes, convoque la sesión de investidura que proclamará nuevo presidente de la Junta al que desde hace dos años lo es también del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Mañueco y el que fuera candidato de Ciudadanos al mismo cargo, Francisco Igea, ultiman los detalles del nuevo gobierno de coalición, esto es, andan en el regateo final sobre el reparto del botín.

La fatídica vigencia de la Ley de Murphy

Exentos de cualquier complejo, PP y Ciudadanos se han empeñado en Castilla y León en refrendar el fatídico principio de la Ley de Murphy según el cual todo es susceptible de empeorar. Si ya el principio de acuerdo alcanzado entre ambos para repartirse la Junta constituía toda una felonía al electorado por parte de la formación de Albert Rivera, que utilizó como máxima bandera electoral el cambio político y la regeneración democrática en una comunidad mancillada por 32 años de gobierno del PP, el enjuague pactado en el ámbito municipal y provincial (Ayuntamientos y Diputaciones) alcanza plenamente la categoría de ignominia.

Para este viaje no hacían falta alforjas

A cinco días de la fecha fijada para la constitución de los nuevos ayuntamientos, muchos de los cuales están supeditados a distintas combinaciones políticas, la pelota de los pactos sigue en el alero. Pero no en el de Ciudadanos, el partido que, por la correlación de fuerzas resultante del pasado 26-M, tiene la llave de la gobernabilidad también de varias Diputaciones provinciales y de la Junta de Castilla y León, sino del Partido Popular, al que Albert Rivera mantiene como “socio preferente” incluso en comunidades como ésta, donde ha ejercido una perniciosa hegemonía política a lo largo de los últimos 32 años.