Covid-19: Enésimo y temerario bandazo del gobierno Mañueco

 Cuando todas las demás comunidades autónomas andan tentándose la ropa y ninguna se atreve a levantar sus restricciones antes del puente de la "Inmaculada Constitución" -la de Madrid ha hecho justamente lo contrario: cerrar su territorio entre el 4 y el 14 de diciembre- la Junta de Castilla y León ha decidido desafiar la razón iniciando por Ávila y Segovia una desescalada que, con los datos en la mano, resulta ciertamente temeraria.

El mundo al revés: la comunidad autónoma que lleva más de una semana encabezando el ranking estatal de incidencia acumulada (a fecha de hoy, 730 casos en los últimos 14 días) es la única que ha tenido la osadía de lanzar una desescalada en vísperas del puente de diciembre. Cierto que ha comenzado el proceso por las dos provincias que presentan mejor situación epidemiológica, pero el índice de incidencia Covid-19 en ambas -324 en Segovia y 379 en Ávila- está muy por encima de los que registran Madrid (270), Galicia (273), Valencia (281), Extremadura (294) o Cataluña (299). Con el dato añadido de que las UCI de sus respectivos hospitales provinciales están en el 140 y en el 93 por ciento, respectivamente, de su número de camas iniciales en dichas unidades. 

Alfonso Fernández Mañueco

A la luz de esos datos ¿cómo interpretar esta decisión del gobierno Mañueco, que pone en evidente peligro el avance registrado en las últimas fechas para frenar la pandemia e incluso el declarado objetivo de "salvar las Navidades"?

A primera vista puede achacarse a la presión de los sectores más afectados por el "cerrojazo" aplicado el pasado 6 de noviembre, a saber la Hostelería y los centros comerciales de más de 2.500 metros cuadrados de superficie. Por más que la Junta haya prometido ayudas que a saber cuando se harán efectivas (que se lo pregunten a los trabajadores en ERTES, que siguen sin haber visto un euro del ingreso complementario acordado en el Diálogo Social el pasado 25 de marzo), la Hostelería está que trina y con toda a razón, al extremo de que en Palencia amenaza con saltarse la prohibición y abrir por las bravas durante el puente. 

Pero lo cierto es que si se analiza la trayectoria seguida por el gobierno de la comunidad en la lucha contra la pandemia, y en particular la del presidente Mañueco, se comprobará que los bandazos han sido una constante. Levantado el estado de alarma y el confinamiento general de marzo y abril, en mayo la Junta inició el proceso de desescalada -aquello de las fases hasta alcanzar la "nueva normalidad"- fijando como ámbito de aplicación el de las zonas básicas y áreas de Salud. Inmediatamente se cayó en la cuenta de que en la práctica eso resultaba inaplicable, razón por la cual pasó a adoptarse como unidad territorial la provincia, saltándose, eso sí, como le vino en gano tanto sus propios criterios epidemiológicos como los plazos fijados por el ministerio de Sanidad. Eso durante la desescalada de la primera ola.

El Comité de Expertos el día de su constitución

 Llegada la segunda, se cambia de nuevo la estrategia, yendo a los cierres perimetrales por municipios, situación en la que llegaron a estar una decena, entre ellos cuatro capitales de provincia, Palencia, León, Salamanca y Burgos, y otros de la importancia de Aranda de Duero (éste durante dos etapas diferentes), Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo y Ponferrada. Sin embargo, al decretarse el actual toque de queda -medida sin otro alcance que el de carácter horario- la Junta volvió a cambiar de criterio, dejando sin efectos esos confinamientos perimetrales -el de Ponferrada estuvo en vigor escasamente 48 horas- para sustituirlo por el cierre perimetral de todo el territorio de la comunidad vigente desde el pasado 30 de octubre.

Y ahora, al levantarse las restricciones en Ávila y Segovia, se regresa a aquel confinamiento de ámbito provincial, ello sin perjuicio, según ha advertido el vicepresidente y cerebro muñidor esta desconcertante estrategia, Francisco Igea, de su coexistencia con otros confinamientos de ámbito municipal.

El Comité de Expertos, un "guadiana" presto a lo que mande la Junta.- Este enésimo y temerario bandazo de iniciar la desescalada de su segunda ola se ha adoptado sin que se tenga noticia de que lo avala el sedicente comité de expertos nombrado por la Junta, un grupo manejado a su antojo por el gobierno Mañueco, que lo activa cuando le interesa barnizar las restricciones de un patina científica y le mantiene inactivo cada vez que decide ponerse por montera los criterios epidemiológicos. Ya lo vimos con ocasión de la anterior desescalada, cuando el presidente anunció por su cuenta el salto de la fase 1 a la fase dos dejando con el culo al aire al secretario de ese comité, Ignacio Rosell, quien un día antes había declarado que ninguna de las nueve capitales de provincia cumplía los criterios para saltar de fase. Fue cuando la consejera Verónica Casado -¡qué papelón el suyo!- confesó su "incomodidad" (sic) con esa medida.

La consejera Casado y el ministro Illa

La errática estrategia seguida por la Junta -o, por mejor decir, por el tándem Mañueco-Igea, con la citada Casado como mera comparsa- no tiene parangón. Este último capítulo de iniciar la segunda desescalada se ha producido seis días después de que el presidente de la Junta publicitara una carta dirigida al presidente del Gobierno de España en la que se urgía la convocatoria de la Conferencia de Presidentes"para hacer el seguimiento de la situación durante el estado de alarma".

En esa misiva Mañueco abogaba por intensificar las restricciones, justo lo contrario de lo ha empezado a hacer una semana después: "los datos de la evolución de esta crisis sanitaria demuestran que las medidas temporales de carácter extraordinario, que desde la Junta de Castilla y León hemos ido adoptando, deben ahora intensificarse sin demora alguna con unas nuevas e indispensables restricciones, para prevenir y contener el virus, y mitigar su impacto sanitario, social y económico", afirmaba literalmente el presidente de esta comunidad. 

Por ello instaba al gobierno de la nación a que asumiera su responsabilidad ante esta grave situación, lo cual conectaba con la postura manifestada por la consejera Casado a primeros de mes a favor de que se modificara el decreto del estado de alarma para poder aplicar un eventual confinamiento domiciliario en Castilla y León. Y de ese pretendido confinamiento frenado por el ministro Illa hemos pasado en cuestión de días a abrir de nuevo la hostelería, los centros comerciales y los gimnasios en Ávila y Segovia. Que lo compre quien lo entienda.

Manifestación de hosteleros en la Plaza Mayor de Salamanca

A todo lo anterior han de añadirse las dos desautorizaciones sufridas por la Junta en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La primera por lanzarse a aplicar por su cuenta el toque de queda careciendo de facultad para ello, algo que sabe cualquier estudiante de primero de Derecho y que el presidente Mañueco, licenciado con gran esfuerzo en la materia, pretendió pasarse por el forro. La segunda por pretender cerrar las residencias de ancianos a las visitas, medida revocada por el TSJ, que ha tenido que recordar a Mañueco que "las personas que viven en centros residenciales son ciudadanos como los demás cuya vulnerabilidad frente a la enfermedad merece la adopción de cuantas medidas sean precisas para hacer efectiva su protección, no necesariamente mediante una restricción de sus derechos fundamentales mayor que la del resto de los ciudadanos". Y en consecuencia la sala competente del tribunal dictaminaba que esa restricción produciría de facto "un confinamiento domiciliario de un sector de la población en todo el ámbito de la comunidad, de forma indiferenciada".

La "crónica de una caótica gestión sanitaria", como aquí titulábamos a finales de julio el compendio de actuaciones del gobierno Mañueco ante el Covid-19, no ha parado de escribir nuevos capítulos, entre los que no han de olvidarse los dos inmediatamente anteriores a esta temeraria desescalada iniciada en Ávila y Segovia: el "decretazo" con el que se ha premiado los servidores de la Sanidad Pública y el cobarde veto a que se investigue lo ocurrido en las residencias de ancianos, en las que se cifran ya en 3.770 las vidas que se ha cobrado la pandemia. Con semejante bagaje a sus espaldas, los Mañueco, Igea, Casado y sus respectivos adláteres necesitan tener cuajo para permitirse sacar pecho...

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El virrey empieza a quedarse desnudo

Me comenta un asiduo seguidor de este espacio que encuentra cierta contradicción entre las tesis sostenidas en mis dos anteriores publicaciones. Y aparentemente es así, ya que mientras en la penúltima resaltaba que a partir de la llamada "cogobernanza" entre gobierno central y las comunidades autónomas el coste político derivado de la lucha contra la pandemia iba a pasar a ser compartido entre ambas Administraciones, en la siguiente se presentaba al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como un político refractario al desgaste, poco menos que incombustible.

Sin embargo, no creo que ambas observaciones sean contradictorias. Lo que ocurre es que igual que existe un decalaje entre el contagio del Covid-19 y la aparición de los síntomas de la enfermedad, también hay que dar tiempo al tiempo para comprobar cual es el coste político que acarrean para el gobierno de Castilla y León las medidas que ha tenido que comenzar a tomar para intentar frenar la desbocada expansión del virus durante esta segunda oleada. (A esta fecha somos la comunidad autónoma con mayor tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, con cerca de 800 casos, casi el doble del promedio nacional, y la propia Junta reconoce ya un total de 6.597 victimas mortales desde el inicio de la pandemia).

Mañueco, Igea y Casado, tres eran tres

Ciertamente, Mañueco apenas ha sufrido desgaste desde que sobrevino la pandemia. Antes al contrario, la crisis de racimo (sanitaria, económica y social) provocada por el Covid-19 le ha reportado innegables beneficios políticos. De un lado, ha ocultado su inhibición ante los grandes problemas estructurales que aquejan a esta comunidad autónoma, tales como la despoblación, los desequilibrios territoriales internos y la desvertebración social y política. Nada se había hecho en esos frentes antes de irrumpir el Covid y nada se ha hecho durante la pandemia, como no sea agravar los males con medidas como la suspensión de la atención primaria presencial, que en el ámbito rural está siendo aprovechada por la Junta para ir imponiendo de facto el Plan Aliste, esa reforma que se propone liquidar la inmensa mayoría de los consultorios locales de Castilla y León).

 Aparte de embarcarse unilateralmente en esa reforma de la atención primaria, con anterioridad a la pandemia el gobierno Mañueco emprendió una modificación legislativa para intentar sacar adelante los mapas rurales de la Ordenación del Territorio a costa de modificar las reglas de juego eliminando la mayoría cualificada de las Cortes hasta ahora requerida para ello. Todo ello a la vez que se incumplía el acuerdo firmado por el gobierno autonómico anterior para reponer la jornada laboral de 35 horas a los funcionarios y empleados de la Administración Autonómica. Y por si fuera poco lo anterior, ya en plena pandemia y en medio del aluvión de ERTES presentados por empresas y trabajadores autónomos, el consejero de Empleo, Germán Barrios, tiraba la toalla, harto de que el vicepresidente Francisco Igea le estuviera haciendo la vida imposible.

A todo esto, el gobierno Mañueco había renunciado a presentar unos nuevos Presupuestos propios para 2020, dedicándose a trampear la crítica situación de las arcas de la Comunidad a base de una segunda prórroga de los vigentes desde 2018, sin hoja de ruta alguna que fijara prioridades presentes y directrices de futuro. Para mayor inri, en este largo paréntesis presupuestario también hacía mutis por el foro el director general de Presupuestos, Armando Baeta, disconforme con los enjuagues presupuestarios del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ya saben "ese-eterno-chico-bien-mandado- que-vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido". (Para esta próxima semana que se anuncia por fin el Proyecto de Presupuestos para 2021, que, dada su larga tramitación parlamentaria, no estará listo para entrar en vigor el 1 de enero, lo que obligará temporalmente a prorrogar por tercer año consecutivo el Presupuesto de 2018).

14.000 firmas reclamando las consultas presenciales

Pese a todo lo anterior y a su errática y caótica gestión desde el minuto uno de la pandemia, con decisiones tan temerarias como la de privar en un momento dado de hospitalización a los contagiados en las residencias de ancianos, el gobierno Mañueco -y menos aún el propio presidente- apenas se han visto erosionados a lo largo de estos últimos ocho meses. El estado de alarma decretado en marzo fue una decisión unilateral del presidente Sánchez y a partir de ahí el desgaste recayó casi en exclusiva en el gobierno central, cuya gestión ha venido siendo por otra parte no menos errática y caótica. Mañueco tuvo la habilidad de confundirse con el paisaje y si algún coste sufrió la Junta el mismo corrió a cargo de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y de la de Familia, Isabel Blanco, corresponsables ambas, tanto por acción como por omisión, de que las residencias de ancianos hayan devenido en unas ratoneras que se han cobrado más de 3.000 vidas (3.278 hasta el día de ayer) desde el inicio de la pandemia.

La inoperancia de la oposición socialista, que, en aras de una lealtad mal entendida profundamente desleal con el interés ciudadano, renunció a su obligación de fiscalizar la actuación de la Junta, ha contribuido a su vez a esa especie de patente de corso de la que ha gozado el gobierno Mañueco. El PSOE de Luis Tudanca, la primera fuerza política en las pasadas elecciones autonómicas, no sólo ha permanecido impasible ante los manejos y desmanes de la Junta, sino que incluso le proporcionó el aval de suscribir el llamado pacto para la "reconstrucción", un cheque en blanco que el gobierno Mañueco ha utilizado y sigue utilizando sesgadamente en beneficio político propio.

Añádase a todo lo apuntado el escudo protector que para Mañueco ha supuesto hasta ahora el inefable Igea, encantado con el papel de enfangarse con todos los marrones de la Junta y recibir directamente las bofetadas -por otra parte del todo merecidas- de de los sectores damnificados por las decisiones adoptadas en el Colegio de la Asunción.

Concentración ante la sede de la consejería de Sanidad

Punto de inflexión y cruce del Rubicón.-  Pero era claro que la "cogobernanza" iba a poner fin a esta especie de inmunidad política de Fernández Mañueco. Ahora no es ya el gobierno Sánchez sino el que él preside el que se ve obligado a cerrar la hostelería, las grandes superficies comerciales y otras actividades, asumiendo directamente la responsabilidad de esas y de todas las demás restricciones, cierres perimetrales y toque de queda incluidos. Y ello ya marcaba un punto de inflexión. Pero cuando Mañueco ha cruzado el Rubicón ha sido al perpetrar a traición el pasado sábado un "decretazo" con su propia y única firma que supone poco menos que la militarización de los profesionales sanitarios de la comunidad. Una agresión incalificable precisamente a quienes se han estado jugando la vida -y algunos la han perdido, mereciendo algo más que las lágrimas de cocodrilo vertidas por la consejera- para salvar las de los demás desde que empezó la pandemia. Esta es la recompensa que tenía reservada la Junta a aquellos a los que ciudadanos aplaudíamos en reconocimiento y agradecimiento por su abnegada labor. Simplemente deleznable. Y todavía tenemos que escuchar al presidente de la Junta, consciente de su enorme metedura de pata, empeñando su palabra de que no se tomará ninguna medida sin previo acuerdo con la Mesa Sectorial de la Sanidad. Si es así, ¿a cuento de qué venía el "decretazo" y por qué no lo retira?

A partir de este error, forzado o no por el pirómano que tiene por vicepresidente, ya no son solo las dimisiones de la consejera Casado, cuyas tragaderas no conocen limite, o la de su tutor, el susodicho Igea, las que se piden. Todos los sindicatos del sector sanitario han salido en tromba exigiendo la del presidente de la Junta. Hasta el pastueño Tudanca le ha invitado a presentarla si no retira el "decretazo". Y se equivocan Mañueco y su corte de asesores/aduladores si creen que el blindaje mediático heredado de su antecesor le va a seguir protegiendo del desgaste. Como tampoco la insolvencia de la inoperante oposición. Tengo la impresión de que los trampantojos no aguantan ya el vendaval y que el virrey de Castilla y León no va a tardar en quedarse completamente desnudo.

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Mañueco, un político refractario al desgaste

Si el espirítu de consenso plasmado en el cacareado pacto para la reconstrucción firmado a mediados de junio se habia volatizado ya en verano, la decisión del PSOE de Castilla y León -el partido, no se olvide, más votado en las elecciones autonómicas y con mayor número de procuradores en las Cortes- de abandonar la mesa constituida para intentar consensuar un nuevo modelo sanitario para Castilla y León ha consumado la ruptura entre el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco y el primer partido de la oposición.

Dado el absoluto ninguneo y el sistemático desprecio con los que el gobierno Mañueco y en particular el vicepresidente Francisco Igea, (a estas alturas mero perro de presa del presidente) venían obsequiando al PSOE de Luis Tudanca, la reacción de éste último no ha sorprendido a nadie. Y sin embargo no por ello resulta ser una pésima noticia para los ciudadanos de esta comunidad, ya que, si alguna cuestión de verdadero alcance futuro tenía ese chapucero pacto, era la de revisar un modelo sanitario al que le han estallado todas sus costuras y sustituirlo por un renovado sistema público de Salud que garantice una atención de calidad a todos los castellanos y leoneses con independencia del lugar donde residan. Eso y el de diseñar un nuevo modelo de atención residencial a las personas mayores, algo de asboluta prioridad después de que el Covid convirtiera las residencias en una especie de ratoneras, en las que la pandemia se ha cobrado hasta la fecha cerca de 3.100 vidas.

Tudanca a la puerta del consultorio de Macotera (Salamanca)

Aunque en el pacto de reconstrucción no figuraba la recuperación de la atención presencial en los centros de salud y consultorios, los socialistas ahn venido ahciendo de ello un verdadero caballo de batalla. Recelaban de que el semicierre de esos centros a los ciudadanos, despachados a base de consultas telefónicas, fuera aprovechado en la practica para sentar las bases de la reforma de la atención primaria "modelo Aliste", que la consejería de Sanidad se vió obligada a dejar en suspenso al irrumpir la pandemia. Recelo justificado, ya que la consejera Verónica Casado y su mentor, el vicepresidente Igea, en ningún momento han renunciado a aplicar esa reforma que supondría la muerte por inanición de la inmensa mayoría de los 3.600 consultorios locales existentes en Castilla y León.

La consejería se ha cerrado en banda ante la petición de recuperar la atención primaria presencial y de ahí no se mueve ni siquiera después de haberse constatado las letales consecuencias de esa atención telefónica: Sonia Sainz-Maza, la burgalesa fallecida de un cáncer no diagnósticado al no haber podido acceder en tiempo a una consulta presencial, no ha sido la única víctima mortal de ese cerrajazo de los centros de salud. Tras su caso, han ido aflorando otros con el mismo resultado fatal. Pero ni ello ni las cerca de 140.000 firmas que se han adherido en change.org a la campaña "Por teléfono no se cura" han conseguido que Casado e Igea recifiquen

La consejera Casado y el coordinador de las UCI del Sacyl

La gota que parece haber colmado el aguante de Tudanca ha sido el rechazo de PP y Ciudadanos a una moción socialista presentada en el último pleno de las Cortes proponiendo un plan de contigencia sanitario que reclamaba, además de la atención primaria presencial, una incentivación que hiciera posible la contratación de nuevos profesionales sanitarios y nuevas medidas para reducir las listas de espera.

La moción, apoyada por las cuatro formaciones que integran el grupo mixto, fue derrotada al recibir el voto en contra de los dos partidos que sustentan al gobierno Mañueco. PP y C´s tumbaron asimismo otra mocion socialista que proponía la fiscalización por el Consejo de Cuentas de todos los ingresos y gastos de la Junta relacionados con la crisis del Covid, así como una comisión de seguimiento de la gestión económica de todos los fondos participada por todos los grupos parlamentarios, los agentes del Diálogo Social, el Tercer Sector y la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Añádase a todo lo anterior el encontronazo entre el PSOE y la Junta a causa de la negativa de la consejería de Familia a informar sobre las residencias de ancianos de titularidad privada, alrededor de 200, en las que el Covid se ha cobrado víctimas mortales, conflicto que ha desencadenado la petición por parte del grupo socialista de una comisión parlamentaria de investigación sobre los fatales efectos de la pandemia en los centros residenciales.

Pedro Pascual, el procurador número 42

Con ello ha quedado meridianamente claro, si es que no lo estaba ya, que los primeros Presupuestos de la Comunidad de la presente legislatura -hasta ahora el gobierno Mañueco ha seguido manejándose con los últimos aprobados bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera- no serán fruto de ningún consenso. Pese a que PP y C´s disponen por sí mismos de la mayoría suficiente -41 procuradores- para sacarlos adelante, Fernández Mañueco tenía especial interés en que el PSOE se prestara a un consenso presupuestario. Y no tanto porque ello redujera aún más el margen de maniobra socialista para ejercer la oposición como porque de esa forma se evitaría tener que pactar con su propio socio -abiertamente dividido en dos facciones, la de Igea, atrincherada en la Junta, y la afín a Arrimadas, absolutamente mayoritaria en el grupo parlamentario- las prioridades presupuestarias.

A tenor del debate sobre el techo de gasto (10.980 millones) de que dispondrá el primer Presupuesto, se supone que el PSOE enmendará a la totalidad el Proyecto, que en principio solo contará con el apoyo de PP y C´s y del procurador de "Por Ávila", el partido provincialista escindido del PP. Pese a que no apoyó la investidura de Mañueco, Pedro José Pascual es el único procurador de la oposición que ha respaldado el techo de gasto. "Por Ávila" se está dejando querer por la Junta y Mañueco está encantado en complacer a sus antiguos correligionarios abulenses, no vaya a ser que su único voto pueda resultar decisivo en el futuro si en un momento dado Arrimadas decide descabalgar a Igea de la Junta.

Diálogo Social on line

Entretanto, el presidente de la comunidad sigue encantado de conocerse. No tanto por el sondeo de "Sigma Dos", cuyo sesgo partidista conoce él mejor que nadie, como porque la insolvente y errática gestión de la Junta sobre la pandemia no le está pasando ninguna factura política. Al contrario: en contraste con Isabel Diaz Ayuso, está pasando ante la opinión pública como ejemplo de gobernante responsable que antepone el interés general al de su partido. Castilla y León suma ya más de 7.000 muertos por la pandemia y, pese a que la Junta es la Administración responsable tanto de la Sanidad como de las residencias sanitarias, el mayor coste político de semejante desastre sigue recayendo sobre el gobierno Sánchez.

Y después de haber incumplido flagrantemente los acuerdos del Diálogo Social firmados el pasado 23 de marzo -los trabajadores incluidos en ERTEs siguen esperando aquel el complemento a que se había comprometido la Junta- este miércoles volvía a hacerse la foto con los agentes sociales para presumir de un Plan de Choque que a saber cómo y cuando se aplicará. Pese a haber sido ninguneados, si es que denostados, por la Junta, UGT, CC.OO. y Cecale han vuelto al redíl. Veremos cuanto tardan en volver a llegar las lamentaciones.

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Un coste político a partir de ahora compartido

 Ocho meses después de que el Covid-19 empezara a complicarnos la vida, el gobierno Sánchez sigue dando tumbos en su lucha contra la pandemia, sin dar con una estrategia firme y coherente para doblegar a un virus que, tras la falsa tregua veraniega, ha vuelto a ponernos contra las cuerdas.

  En marzo, tras una súbita expansión que nadie supo pronosticar, de la noche a la mañana no hubo más remedio que cortar por lo sano de un confinamiento general que, si bien consiguió doblegar con gran esfuerzo el tristemente celebre pico de la curva, no impidió la catástrofe de muchos miles de muertos (en Castilla y León no menos de 4.500 entre primeros de marzo y finales de mayo).  El gobierno socialista asumió en exclusiva el coste político de un confinamiento asociado a un estado de alarma cuyas sucesivas prórrogas le reportaron todo un calvario parlamentario, con el PP a la contra acusándole sin conmiseración de utilizar dicha prerrogativa constitucional poco menos que para socavar las libertades públicas. Recuérdense aquellas concentraciones de los "cayetanos" en Núñez de Balboa saludadas con indisimulada complacencia por la inefable Isabel Díaz Ayuso.

Mañueco anunciando las medidas del máximo nivel de alerta

Vino después un caótico proceso de desescalada acelerado por la presión de los agentes económicos, a la que fueron muy sensibles tanto el ministerio de Sanidad como los gobiernos autonómicos, protagonistas estos últimos de una desenfrenada carrera para alcanzar cuanto antes la meta de la "nueva normalidad". Abundaron los cambios de fase sin respetar los plazos establecidos ni guardar las formas, de lo que aquí tuvimos un escandaloso ejemplo cuando Alfonso Fernández Mañueco anunció un salto de fase sin contar con la consejera Verónica Casado y menos aún con ese comité de expertos que en esta segunda oleada ha utilizado a conveniencia como pantalla para justificar las duras medidas últimamente adoptadas. 

 Seguramente escaldado ante el desgaste sufrido para sacar adelante las últimas prórrogas del estado de alarma, el gobierno Sánchez ha optado en esta segunda oleada de la pandemia por compartir con los gobiernos autonómicos la toma de decisiones. Es lo que se ha dado en llamar cogobernanza, una corresponsabilidad imprescindible e inevitable en un Estado en el que el grueso de las competencias sanitarias esta transferido desde hace lustros a las comunidades autónomas. 

La consejera Casado con el ministro Illa

Sin embargo, este modelo de cogobernanza este siendo ni el más eficaz ni el mejor articulado para afrontar el desafío de esta segunda oleada de la pandemia. Al gobierno Sánchez se le ha ido la mano a la hora de delegar capacidad de decisión en los presidentes autonómicos, lo que ha dado lugar a que cada comunidad se haya lanzado a actuar por libre, eligiendo a la carta las medidas a tomar. Aquello tan repetido de que el virus no conoce fronteras territoriales ha sido olímpicamente ignorado y en la práctica las comunidades autónomas se han convertido en compartimentos-estanco en detrimento de una estrategia común que debería ser absolutamente irrenunciable.

Ejemplo máximo de tan lamentable renuncia fue la de acceder al capricho de la presidenta madrileña a aplicar un confinamiento perimetral limitado a los puentes festivos, contraviniendo lo establecido en el propio decreto del estado de alarma, que fijaba una duración mínima de 7 días para los confinamientos perimetrales a decidir por los gobiernos autonómicos. A partir de ese relajamiento con la comunidad madrileña hemos asistido a un carrusel de decisiones y ocurrencias que no parece tener fin.

 En lo que se refiere a Castilla y León, que ya se precipitó al imponer un toque de queda sin esperar a que el gobierno de la nación declarara el actual estado de alarma, ha decidido establecer a partir de este viernes el máximo nivel de alarma, que corresponde a una situación de "riesgo muy alto o extremo, transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario, y que podrá requerir medidas excepcionales". 

Carpas en el exterior del hospital Río Hortega

Riesgo extremo, alerta máxima.- Ciertamente, los datos epidemiológicos confirman que en Castilla y León la expansión del virus se ha disparado de forma incontrolada. A fecha de hoy, Ceuta y Melilla aparte, somos la tercera comunidad autónoma, tras Navarra y Aragón, que registra mayor índice de contagios, con más de 800 casos confirmados por cada 100.000 habitantes. Con los criterios anteriores al toque de queda, que fijaban el límite en 500 casos confirmados, todas las capitales de provincia, excepto Soria, y demás municipios de más de 20.000 habitantes deberían estar confinados perimetralmente. La Junta califica como "gravísima" la situación epidemiológica y reconoce expresamente que Castilla y León "se encuentra en una situación de riesgo extremo, con transmisión comunitaria no controlada y sostenida, que excede las capacidades del sistema sanitario". Hace días que la consejera Casado advirtió que, de continuar la actual escalada de contagios, a mediados de noviembre los hospitales de la comunidad se verían colapsados. 

A fecha de hoy se contabilizan 745 brotes activos asociados a 6.549 casos, tenemos 1.472 hospitalizados en planta y 205 en las UCI, que estarían ya colapsadas de no ser por las camas adicionales habilitadas, y el saldo de víctimas mortales se incrementa con alrededor de 30 fallecimientos diarios. Son ya más de 3.000 los usuarios de residencias de ancianos que ha perdido la vida a causa de la pandemia y, computados los enfermos que han muerto en sus propios domicilios, la cifra total de muertos en la comunidad autónoma se aproxima a los 7.000. El balance no puede ser más desolador.

En estas circunstancias se ha declarado el nivel de alerta 4 que conlleva el cierre total de la hostelería, de las grandes superficies comerciales y de los centros de ejercicio físico, junto con otra serie de limitaciones de aforo, todo ello mientras sigue vigente el toque de queda entre las 11 de la noche y las seis de la madrugada. Ello al mismo tiempo que el gobierno Mañueco viene instando al ministerio de Sanidad un nuevo marco que permita a la Junta decretar el confinamiento domiciliario.

Manifestación del sector hostelero ante la sede de las Cortes

A partir de esta cogobernanza, el coste político derivado de las medidas contra la pandemia ha dejado de recaer en exclusiva sobre el gobierno Sánchez. Las comunidades autónomas han comenzado, y de qué forma, a compartirlo. Bien lo sabe la Junta, que tiene de uñas a todo el sector de la Hostelería y acaba de oír como la patronal de la distribución califica de "discriminación injustificada" el cierre de los centros comerciales de más de 2.500 metros de superficie.  

Un coste político que se suma al imputable a una gestión sanitaria de la pandemia caótica y errática -en el caso de las residencias de ancianos puede que hasta dolosa- desde que el coronavirus hizo acto de presencia en Castilla y León. El último despropósito de la consejera Casado y de su mentor, el vicepresidente Igea, consiste en plantear una reforma en el Estatuto Jurídico del Personal Sanitario del Sacyl que recortaría gravemente los derechos laborales hasta ahora vigentes. Una auténtica provocación precisamente al colectivo de trabajadores que ha puesto en riesgo sus vidas, y las sigue poniendo, al servicio del resto de la sociedad. Todo un atropello en "pago" a su abnegada entrega para lucha contra la pandemia.

Del cocodrilo que supuestamente chapoteaba en aguas del Pisuerga nunca más se supo. De aquellas lágrimas vertidas por Verónica Casado en recuerdo de los compañeros caídos al pie del cañón, parece que tampoco.

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