La trastienda: "Sicilia y León" año 2025

  La expresión “Sicilia y León”, lo he comentado alguna vez, la acuñó uno de los promotores de energía eólica extorsionados en su día por la trama corrupta urdida desde la Junta para hacer caja con la adjudicación de las licencias requeridas para dicha actividad. Esa trama cuyos principales beneficiarios se van a sentar en el banquillo a partir del próximo mes de septiembre acusados de un rosario de delitos. El supuesto cabecilla (que en realidad en su momento solo era el número dos, o quizá el tres) repite banquillo. Rafael Delgado ya fue condenado, junto a su alma gemela la también exviceconsejera Begoña Hernández, en el caso de la Perla Negra. Y no es el único que repite, también lo hacen varios empresarios partícipes en ambos casos, no en vano urdido desde los mismos despachos oficiales.

El presidente de la Junta cuando operaron ambas tramas, Juan Vicente Herrera, había tenido la desfachatez de proclamar ante el pleno de las Cortes que Castilla y León no estaba en el mapa de la corrupción española. Y eso a pesar de que uno de esos promotores extorsionados por la trama eólica le remitió una carta contándole con pelos y señales el “modus operandi” de la consejería de Economía en la adjudicación de esas licencias. Y a pesar también de que el que fuera delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, le informó, en su calidad de consejero de Gesturcal, del “pelotazo” en ciernes sobre la “Perla Negra”.  (A Trillo el “minarete” regional del PP -influido por el “eslabón podrido” que hoy sienta sus posaderas en el Parlamento Europeo- no le ha perdonado que confirmara en sede judicial ese episodio, sufriendo a partir de entonces un ninguneo que puede que explique su "error" en una de las votaciones del pasado pleno de las Cortes).

Mañueco y Méndez Pozo en una reciente reunión

 A decir verdad, la corrupción en la Junta tampoco nació durante el largo mandato (18 años, que se dice pronto) de J.V. Herrera, aunque fuera bajo su presidencia cuando se gestaron los casos más escandalosos y judicializados. (Al parecer, el actual consejero nato del Consultivo no se enteraba de nada, ni siquiera de a qué se dedicaba su hermano desde una oficina en Panamá financiada por la Junta).  En realidad, la corrupción sistémica se remonta al mismo momento en el  que el PP, a través de José María Aznar, se instaló en el Colegio de la Asunción. De esa época data la primera condena judicial: la de su consejero de Economía, Miguel Pérez Villar, por las subvenciones fraudulentas en el llamado “caso de la minería”. Un caso que conoció muy de cerca el actual titular de la Consejería, Carlos Fernández Carriedo, quien desde una jefatura de servicio de ese departamento comenzaba una imparable carrera política que le ha llevado a ser nombrado cuatro veces consejero, la primera vez el siglo pasado, bajo el mandato de tres presidentes de la Junta diferentes. Vamos, que lo de “ese-eterno-chico-bien-mandado-que-vale-igual- para-un roto-que-para-un-descosido” no me lo he inventado yo a humo de pajas.

La etapa de Juan José Lucas, “el tahúr de El Burgo de Osma”, daría para una serie similar a la de “Crematorio”, basada en la novela del mismo título de Rafael Chirbes sobre la corrupción del PP en la Comunidad Valenciana. Sólo apuntaré que determinado director general de la consejería de Fomento, casualmente soriano como el presidente, era conocido como “mister 5 por ciento”. Lo que en la Cataluña de Jordi Pujol era un tres aquí era un cinco. En eso íbamos bastante por delante.

Fernández Carriedo y González Gago

Digno de la Cosa Nostra.- Viene todo lo anterior a cuento de que en el pasado pleno de las Cortes, durante el debate de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional (LPI), varios portavoces de la oposición calificaron de mafioso el comportamiento mantenido por el gobierno de Fonsi Mañueco en relación con dicha iniciativa  legislativa. No reproduje en mi anterior post esas calificaciones, expresadas tanto por el representante de Vox, Miguel Suárez Arca, como por los procuradores del grupo mixto Pablo Fernández (Podemos) y Francisco Igea (ex de Ciudadanos), considerando que me parecían un exceso: la acusación de actuar en política como una mafia me parece demasiado grave como para banalizarla, por más que Alberto Núñez Feijóo -por sus antecedentes, el menos indicado para ello- haya tenido el cuajo de convocar una manifestación contra el PSOE bajo el lema “Mafia o Democracia”. Sin embargo, visto lo que ha ocurrido en las 48 horas siguientes a la aprobación, el pasado miércoles, de dicha reforma de la LPI, pienso que la actuación del gobierno Mañueco reviste connotaciones propias de la mismísima Cosa Nostra.
 A mediodía del jueves, menos de 24 horas después de dicha aprobación, el consejero portavoz, que no es otro que el mencionado Fernández Carriedo, perejil de salsas cada vez más indigestas, informaba de que la Junta había iniciado el procedimiento para prorrogar nada menos que por otros 15 años las dos licencias de TV de cobertura autonómica adjudicadas en su día por la consejería de Fomento (Antonio Silván, otro que tal) a la sociedad “Radiotelevisión Castilla y León”, participada al 50 por ciento por los grupos Promecal (familia Méndez Pozo) y Edigrup (familia Ulibarri). No dijo que el asunto hubiera sido tratado en la sesión de Consejo de Gobierno ni que la Orden de la Junta aprobando dicha prórroga estuviera ya camino del Boletín Oficial de Castilla y León, que la publicó en su edición del viernes. Una vez más, Carriedo camuflaba la verdad, en está ocasión preparando el terreno para amortiguar el impacto de la aberración jurídica que ya se había iba a perpetrado y que se iba a conocer tan solo unas horas después.

José Luis Sanz Merino

 Cuando la nueva Ley obliga a convocar en el plazo de tres meses un concurso para adjudicar de nuevo la licencia de televisión autonómica, contemplando expresamente que la empresa adjudicataria de la concesión ha de subrogarse en el mantenimiento de la actual plantilla de trabajadores, la Junta se adelanta a dicha convocatoria prorrogando por otros 15 años la licencia que expira el próximo mes de septiembre. 

Y ello sin que la decisión haya pasado por Consejo de Gobierno, mediante una simple Orden de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital firmada por su actual titular, José Luis Sanz Merino, otro incombustible -lleva en política desde 1995- de acreditadas tragaderas que ha llegado a soportar sin rechistar más de un humillación pública de su propio partido con tal de seguir en el machito. Una prórroga que, de mantenerse la cuantía de la actual subvención de la Junta, comportaría un desembolso de 360 millones de euros asumido en un momento en el que la Junta de Castilla y León funciona con un Presupuesto prorrogado. Una aberración política y jurídica con visos de manifiesta prevaricación perpetrada sin ningún rubor por el gobierno en minoría que preside Fernández Mañueco.

¿Cuándo y cómo se ha gestado este atropello al sentido común y a la legalidad dimanante del Parlamento de la Comunidad? Al respecto, un dato bastante elocuente: el director general de RTVCyL, Jorge Losada, el amiguete colocado ahí por Fonsi, afirmaba el jueves en “El Norte de Castilla” que sólo sabía que no sabía nada. "No sabemos nada hasta que no nos comuniquen algo oficial", decía tras la aprobación parlamentaria de la reforma de la LPI. "Una vez que se publique, alguien nos tendrá que explicar qué pasa a partir de ese momento", añadía.

Jorge Losada, director general de RTVCyL

 La subvención no figuraba en el pliego de condiciones.- De todas formas, el golpe de mano del gobierno Mañueco, tras el que se adivina la mano del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, el genial inventor del ocaso como figura jurídica, tiene su punto débil. Y ese es que en el pliego de condiciones del amañado concurso anterior no figuraba por ninguna parte subvención alguna de la Junta para financiar el invento. De hecho, eso explica que no concurriera ninguno de los principales operadores televisivos en España, conscientes de que el negocio era económicamente inviable si dependía únicamente de los ingresos publicitarios.

 La subvención vigente tiene su origen en un contrato-programa que se sacó con posterioridad de la manga el gobierno Herrera, siguiendo la pauta marcada por el entonces consejero de la Presidencia, el inefable Joseantonio de Santiago-Juárez, autor intelectual del engendro televisivo vigente en Castilla y León. A mayor abundamiento, el susodicho De Santiago-Juárez, que entonces también era Portavoz de la Junta, ocultó a los medios de comunicación el acuerdo del Consejo de Gobierno que daba luz verde a dicho contrato-programa, instaurado, repito, con posterioridad al concurso que otorgó las dos licencias -“La 7” y “La 8”- que explota RTVCyL, con una audiencia del 1,2 por ciento en el caso del canal autonómico. Y lo que sería el acabose es que, tras el nuevo concurso previsto en la reforma de la Ley, Castilla y León contará con dos canales autonómicos de titularidad privada financiados con fondos públicos de la Junta. Aunque le costó dios y la ayuda de González Gago concluir su licenciatura en Derecho, Fonsi debería ser consciente de que la ha liado parda. Al tiempo.

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25-J 2025: Un presidente de la Junta muerde el polvo del "mausoleo"

 Miré el reloj sabedor de que era un hito sin precedentes en los 38 años que lleva el Partido Popular gobernando ésta desdichada comunidad autónoma. Eran las 14:01 de la tarde del miércoles 25 de junio cuando el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, proclamaba el resultado de la votación de los 81 procuradores que integran el pleno de la Cámara: 41 votos a favor, 34 en contra y 6 abstenciones. De cuerpo presente en la tribuna de prensa del mausoleo de Villa del Prado, tuve que pellizcarme para constatar que no era una ensoñación propiciada por la larga resaca arrastrada desde la noche de San Juan.

Banco azul y bancada del PP en el momento de la votación

Y es que la aprobación por mayoría absoluta de la reforma de la llamada Ley de Publicidad Institucional suponía la mayor derrota política infligida al PP en estas casi cuatro décadas que permanece al frente del gobierno de la comunidad. No es un revés de alcance meramente testimonial. Es un torpedo nuclear en toda la línea de flotación del poder que detenta el hasta ahora todopoderoso e intocable buque, en cuyo puesto de mando han ido sucediéndose desde 1987 José María Aznar, Jesús Posada, Juan José Lucas, Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco, “Fonsi” este último para los que le apreciamos.
 Desconozco si, por su parte, el presidente de la Junta también se pellizcaría preguntándose eso de “¿cómo ha podido ocurrirme esto a mí?”. ¿Cómo es posible que Vox se alíe con el PSOE, un partido al que ha tildado de “criminal”, para sacar adelante una reforma legislativa promovida a mayor abundamiento por el único procurador de Podemos, Pablo Fernández, a la sazón el teórico numero 3 estatal (si no contamos al tocayo Pablo, que desde su taberna sigue siendo ejerciendo de faro y guía) de la vitriólica formación morada? Sin olvidar el concurso del que fuera vicepresidente único de la Junta en la anterior legislatura, Francisco Igea, quien, tras la voladura de aquella coalición con Ciudadanos, ha pasado a ser el político más repudiado por el PP de Castilla y León.

Si me permite un consejo amistoso, en lugar de proclamarse víctima de un contubernio judeo-masónico (que diría ese auténtico caudillo honrado con un medallón en la plaza mayor de Salamanca y a cuya retirada se resistió el anterior alcalde todo lo que pudo y más), Fonsi debería hacérselo mirar. Y preguntarse si la prepotencia y la soberbia que ha ido desarrollando desde su llegada a la Junta no está en el origen de un revolcón político sin precedentes que por primera vez en estas cuatro décadas de régimen autonómico ha llevado a un presidente de la Junta a morder el polvo del hemiciclo parlamentario.

 

Mañueco el día de su disimulada "peineta"

 Habituado desde que se inició en política -30 años ininterrumpidos ocupando cargos públicos le contemplan- a la cultura de ejercer con mayoría absoluta, Mañueco no ha sido capaz de asumir que carece de ella desde su llegada a la presidencia de la Junta. Se ha permitido el lujo de maltratar y ningunear a los dos partidos, primero Ciudadanos y después Vox, que le permitieron ocupar el Colegio de la Asunción, objeto sucesivamente ambos del mismo menosprecio y displicencia. 

 A la persecución emprendida contra Igea (no así al resto de la cúpula regional de Ciudadanos, toda ella apesebrada en cargos y nombramientos realizados por el PP) poco cabe añadir. Pero, sin llegar a ese extremo “ad hominem”, el desprecio hacia Vox ha sido igual de insultante; no pudo resultar más gráfico el episodio del “burruño” durante el pasado debate sobre el estado de la comunidad, un gesto del que Fonsi debería haberse arrepentido y por el que tendría que haberse  disculpado, no vaya a ser que, tras las próximas elecciones autonómicas, tenga que tragarse corregido y aumentado todo lo constaba en el papelito arrugado y arrojado desconsideradamente al suelo del hemiciclo. Un gesto muy revelador de ese talante soberbio y altanero que se ha ido apoderando del antes apacible y cordial Fonsi, una evolución que ya asomó con aquella lamentable “peineta” dedicada a una procuradora socialista).

El ejército de damnificados por esta prepotencia del PP se tomó cumplida revancha ayer durante el debate previo a la votación. Probablemente en sus últimas intervenciones plenarias -sigo pensando que Mañueco disolverá las Cortes para convocar elecciones en otoño-  Fernández e Igea se despacharon a gusto. Ambos celebraban después en la cafetería una victoria que no podían imaginar en sus sueños más húmedos. Tampoco anduvo a la zaga el portavoz de Vox en el debate, Miguel Suárez Arca, quién, al margen de su credo político, se reveló como un parlamentario solvente que se había estudiado el tema y desmontó la sarta de patrañas y falacias soltadas por García Nieto, el portavoz adjunto del PP que ha alcanzado su particular principio de Peter a lo largo del procedimiento legislativo culminado ayer.

Suárez Arca (Vox) y Fernández (Podemos) antes de la votación

 Suárez Arca estuvo sembrado cuando trasladó al gobierno Mañueco la definición aplicada en su día por José María Pemán al Consejo Nacional del Movimiento de la dictadura franquista: “Consejo que se reúne para recibir los consejos del aconsejado”. Se refería a la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, órgano, que conociendo que iba a resulta abolido por la nueva regulación legal, se reunió hace unas semanas para dar cobertura a las subvenciones a recibir por RTVCyL, la compañía privada que explota la única licencia de televisión autonómica concedida por la Junta, correspondientes a 2025 y 2026, en total otros 48 millones a sumar a los 232 inyectados por el gobierno de la comunidad durante el periodo de adjudicación. Unas subvenciones estas últimas aprobadas en una situación de prórroga presupuestaria y de las que tanto Igea como Fernández han dado traslado a la Fiscalía entendiendo que podrían vulnerar la legalidad.

A partir de la reforma aprobada ayer, se abre un antes y un después en la administración de la Publicidad Institucional de la Junta, la aquí bautizada como “chequera mediática” que los sucesivos gobiernos autonómicos del PP han venido manejando a su antojo con absoluta discrecionalidad. Y no digamos sobre la televisión autonómica, cuya adjudicación, con arreglo a esta misma reforma legal, tiene que sacarse de nuevo a concurso público en el plazo de tres meses. Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, el gobierno Mañueco recibe con ello un doble y monumental revés legislativo, cuyos efectos, eso sí, tratará de evitar o minimizar por todos los medios.

Pablo Trillo, procurador del PP

Por lo demás, el argumento de que la convergencia entre Vox y PSOE en este asunto obedece al “odio al PP y al rencor personal contra algunos medios”, que ha dado lugar a la “Unión Voxialista”, como la denominó el penoso García Nieto, no se sostiene. Sin ir más lejos, en el mismo pleno de ayer, PP y PSOE, al igual que el resto de la Cámara, votaron juntos en contra de la derogación del decreto sobre Memoria Histórica solicitada por Vox. Una votación en la que por cierto Vox sumó a los votos de sus 11 procuradores -los dos trásfugas, que están pidiendo sitio descaradamente en las próximas listas del PP, votaron en contra- el voto “por error” de un procurador del PP, Pablo Trillo. No dispongo de espacio hoy y pospongo para la próxima ocasión lo que me sugiere este presunto “error”. 

Un aviso a navegantes para completar el día más aciago para el PP de Fonsi Fernández Mañueco, quien, para mayor impostura, se ha revelado ahora como sobrevenido defensor del actual senador autonómico y anterior líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, personaje al que el presidente de la Junta ha vilipendiado durante con toda clase de improperios, incluso en la sesión parlamentaria en la que se despedía del "mausoleo" para para pasar a vegetar plácidamente en el Senado. Hay que joderse.

P.S.- Para rematar, durante la jornada de ayer se confirmó la veracidad del ciberataque sufrido por la web de Educación de la Junta. Un ciberataque denunciado por el propio gobierno autonómico que la consejera Rocío Lucas tuvo tuvo la desfachatez de negar  ante el propio pleno de las Cortes de Castilla y León. Lo dicho: un día ciertamente aciago para el PP de Mañueco.

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La trastienda/ Suspense en el "mausoleo"

 Salvo los años en los que se han ocupado estas fechas para celebrar el Debate sobre el Estado de la Comunidad, el pleno que, alrededor de San Juan (o el mismo 24 de junio, sin importar que sea fiesta patronal en ciudades como León, Segovia y Soria), cierra el primer periodo parlamentario de sesiones en las Cortes de Castilla y León, siempre ha sido de puro trámite. Las abnegadas señorías que en número de 81 integran el Parlamento Autonómico ya tienen sus miras puestas en las largas vacaciones que disfrutarán hasta el mes de septiembre. (Lo de declarar hábil el mes de julio a efectos parlamentarios es una tomadura de pelo más, ésta para aparentar que en “mausoleo” se trabaja en verano).

Acto de entrega de los Premios "Castilla y León"

 Sin embargo, la sesión plenaria prevista para los próximos martes y miércoles no va a ser precisamente de trámite. El motivo es la inclusión en el orden del día de una reforma legislativa, la de la Ley de Publicidad Institucional, que ha puesto fuera de sí al gobierno que preside Fonsi Fernández Mañueco. El que suscribe, que ha seguido la actividad de las Cortes de Castilla y León desde su restauración como asamblea legislativa de la actual comunidad autónoma -21 de mayo de 1983, convento de las Claras, Tordesillas- no recuerda nada igual en los 42 años transcurridos. 

Del filibusterismo a la presión política por tierra, mar y aire.- Nunca el gobierno autonómico y el partido que lo sustenta habían desplegado una ofensiva de tamaño alcance tratando abortar por tierra, mar y aire una iniciativa legislativa promovida por la oposición. (Bien es verdad que, desde que el PP perdió la mayoría absoluta, nunca la oposición se había unido para apoyar la reforma de una Ley contra la posición del grupo popular).

¿Qué contiene la reforma de la Ley de Publicidad Institucional (LPI) para haber motivado tamaña ofensiva por parte de la Junta y del PP de Castilla y León? Básicamente, dos asuntos. De un lado, que establece límites y controles sobre la adjudicación de la Publicidad Institucional, la famosa “chequera mediática” que el gobierno Mañueco -como antes el del indolente Juan Vicente Herrera- adjudica discrecionalmente, a su completo antojo, retribuyendo con ello un trato de favor que en ocasiones resulta bochornoso. La otra madre del cordero es el control parlamentario de la multimillonaria subvención a fondo perdido (recién incrementada hasta 24,5 millones para el presente ejercicio) con la que la Junta engrasa la televisión autonómica de titularidad privada que opera en régimen de monopolio en Castilla y León.

Imagen de una sesión plenaria en el "mausoleo"

 Desde que en diciembre pasado, a partir de una proposición de Podemos que se limitaba a solicitar algo tan razonable como excluir del reparto de la tarta publicitaria a los medios condenados judicialmente por difundir “fake news”, la oposición parlamentaria emprendió la tramitación de la reforma de la LPI, la ofensiva desplegada por el PP para abortarla no conoce parangón.

 En primer lugar, se ha recurrido a todo tipo de maniobras y a los más peregrinos argumentos para dilatar como fuera su tramitación parlamentaria, en un intento de que ésta no culminara en el periodo de sesiones que ahora concluye. Y una vez fracasado este recurso al filibusterismo, la Junta ha recurrido, de forma bastante desesperada y soez, a presionar a la oposición más bizcochable, a los propios medios de comunicación beneficiarios del reparto de la tarta publicitaria y a determinados estamentos profesionales. (En este último punto, se inscribe el papelón asumido por el Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León, cuyo denigrante mamporrerismo debería abochornar a la profesión periodística).

Defecciones de última hora.- Fruto de este penúltimo arreón (el último sería el de un eventual “tamayazo” que no cabe descartar) ha sido la defección del grupo parlamentario UPL-Soria ¡Ya! y del procurador de “Por Ávila”, que han reculado en el apoyo que mantenían a dicha reforma. Dicha defección puede obedecer a dos causas: a la presión política del PP, que a saber qué habrá prometido a cambio, o las presiones de las empresas vinculadas a la sociedad concesionaria del canal televisivo autonómico, cuyos socios son titulares a la sazón de influyentes cabeceras periodísticas en León, Soria y Ávila. Ambas causas no son excluyentes.

Angel Ceña y Santos Reyero, portavoces de Soria ¡Ya! y UPL

 Habrá que esperar a mediodía del miércoles para conocer el resultado de esta batalla, que, de decantarse a favor de la oposición, supondría un monumental revolcón político para el PP de Castilla y León y el gobierno que preside Fonsi Mañueco. Un Ejecutivo que, no olvidemos, gobierna con unos Presupuestos prorrogados -los que pactó con Vox antes de que la ultraderecha abandonara la Junta- al haberse negado, vulnerando el Estatuto de Autonomía, a presentar la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025.
 Soslayando esta manifiesta precariedad, el gobierno Mañueco sigue encantado de conocerse, sin cortarse un pelo en su deriva electoralista, como se ha visto en el triunfalista discurso con el que se descolgaba el desinhibido Fonsi en la aplazada entrega de los Premios “Castilla y León”. Y, como no puede ser de otra forma, la Junta está que no cabe de gozo tras conocerse el sondeo de “Sigma Dos” que acerca al PP a la mayoría absoluta en unas eventuales elecciones autonómicas. Un sondeo electoral encargado, también es casualidad, por “Castilla y León TV”, el cuestionado canal autonómico que se ha ganado a pulso el apelativo de “TeleMañueco”. 

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La trastienda/ Le dijo la sartén al cazo...

 Mientras Pedro Sánchez, el pérfido autócrata (que digo autócrata, un verdadero tirano aferrado a las columnas del templo de Dagón, dispuesto a llevarse por delante a los filisteos y a todo cuanto se interponga en su camino) se resiste a clavarse la daga, el impoluto Núñez Feijóo, todo un dechado de virtuosismo político, no tiene el arrojo de presentar una moción de censura que, de ser cierto el panorama apocalíptico que proclama, sería absolutamente obligada.

  Los medios afines a su causa le animan a ello, recordándole lo bien que le salió a Felipe González aquella oportunista moción con la que el entonces líder socialista fustigó a un Adolfo Suárez acosado por la lacra del terrorismo de ETA y GRAPO y las conspiraciones golpistas en los cuarteles (no se si FG se sentirá orgulloso de aquella moción, pero por lo que pagado que siempre ha estado de sí mismo, supongo que sí, como supongo que también lo estará del terrorismo de Estado desplegado a través del GAL por el ministerio de Interior que encomendó a José Barrionuevo, al que acompañó el día que este último tuvo que ingresar en la prisión de Guadalajara). Tengo la impresión de que frente a ese ejemplo, a Feijóo también le ronda en la cabeza el fiasco político de otra moción fallida, la que presentó el imberbe Antonio Hernández Mancha contra el resabiado Felipe González.

Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy

 Lo cual que después de toda la polvareda levantada por el informe de la UCO, en lo fundamental seguimos donde estábamos. Con Sánchez aplicado a su Manual de Resistencia y Feijóo confiado a la estrategia de M. Rajoy de saborear, habano tras habano, leyendo el “Marca” en la hamaca a la espera de llegar a La Moncloa sin pegar palo al agua. (Feijóo es un calco de Rajoy, solo que sin la famosa retranca gallega que encarnó como nadie Pío Cabanillas padre).

Y en Castilla y León, PP y PSOE jugando al despiste. El presidente Fonsi Fernández Mañueco reiterando hasta la saciedad su propósito de agotar la legislatura y el PSOE de Castilla y León reclamando elecciones anticipadas. Justo lo contrario de lo que ambos desean. Que Fonsi está como loco por adelantar las elecciones es algo de lo que no tengo la menor duda -es más, sigo pensando que terminará adelantándolas a otoño-, entre otras razones más importantes porque pillaría a la oposición en paños menores. Y no solo a Vox, descabezado en Castilla y León desde la autodefenestración de Garcia Gallardo jr., sino también al PSOE, cuyo secretario autonómico y presumible candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, sigue sin asumir el compromiso para el que teóricamente fue elegido: encarnar una alternativa de gobierno en una comunidad autónoma que lleva 38 años (un récord imbatido en el Estado de las Autonomías) en manos del Partido Popular.

Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez

 A Mañueco el argumentario de Génova contra Sánchez le descoloca bastante. Ya no es solo eso de que un gobierno sin mayoría para aprobar unos Presupuestos está abocado a convocar elecciones. También chirría lo de calificar al PSOE de “mafia política” en una comunidad motejada como “Sicilia y León” por uno de los promotores extorsionados por la trama eólica organizada por la cúpula de la antigua consejería de Economía mientras “Fonsi” era secretario autonómico del PP.

 No digamos ya si hablamos de fraude en la celebración de las primarias internas del partido, ganadas en su día por Mañueco gracias a un doble pucherazo: el perpetrado en el PP de Salamanca pagando desde el partido las cuotas de los militantes que no estaban al corriente de pago y las maniobras urdidas desde Génova -Fernando Martínez Maillo, el “compadre”, mediante- para que el PP leonés no pudiera hacer lo mismo en beneficio de Antonio Silván, el incauto candidato promocionado por Juan Vicente Herrera, ese mismo que intentó sin éxito que M. Rajoy designará a dedo a Pablo Casado como candidato del PP a la presidencia de Castilla y León. Menuda jeta la del hermano de Francisco Javier Herrera, apalancado hoy como miembro nato del Consejo Consultivo a razón de 82.356 euracos anuales sin darse por aludido por la sentencia del caso “Perla Negra” y por la imputación otra vez de varios exaltos cargos de la Junta en el caso de la “trama eólíca”.

 Lo que ya no a poder evitar -y no será por no haber hecho lo imposible por intentarlo- el gobierno Mañueco es la reforma de la Ley de Publicidad Institucional que va a poner coto a la bochornosa instrumentación partidista de la Junta tanto en el reparto de dicha publicidad -la conocida “chequera mediática” descrita en este blog desde in illo tempore- como en la deriva partidista de la televisión autonómica de titularidad pública adjudicada a una sociedad privada que la explota con una multimillonaria subvención concedida -y recientemente incrementada- por el Consejo de Gobierno que preside Fonsi.

 "Cuestión de Prioridades", programa estrella de "Castilla y León TV"

 A este respecto ha cantado “La Traviata” el súbito posicionamiento público que acaba de realizar el Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León, entidad a la que tengo el honor de no pertenecer. Después de no haber dicho ni pío desde que se inició, y hace de ello seis meses, el proceso legislativo para la reforma de dicha Ley -abierto a partir de una proposición de Podemos solicitando la exclusión en el reparto de la tarta de aquellos medios o pseudomedios condenados judicialmente por la difusión de bulos- sale ahora el citado Colegio oponiéndose a dicha iniciativa si no se atiene a un consenso previo “entre todas las partes implicadas”.

Y ello un día después de que el PSOE de Castilla y León solicitara la comparecencia parlamentaria del director de Comunicación de la Junta, Julio López Revuelta, el mandatado por Mañueco para distribuir la “chequera mediática”, al que los socialistas acusan de presionar a los medios para que se movilicen en contra de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional. ¡Ay “Pildorita”, que papelón el tuyo teniendo que hacer méritos a estas alturas de tu dilatado contrato laboral…!

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La trastienda/ En efecto, nos toman a todos por gilipollas

 Una de las recurrentes acusaciones del PP contra “el régimen despótico y caudillista instaurado por el déspota Pedro Sánchez” es la de haber secuestrado las instituciones para ponerlas al servicio, no ya de “su denigrante partido, sino de su abyecta persona”. Los entrecomillados son míos, pero reproducen casi literalmente la terminología que ha conducido a calificar al PSOE y al gobierno Sánchez nada menos que como “mafia política”.

Mañueco, con Alicia García, en la plaza de España

 Se refieren mayormente a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal Constitucional, al Banco de España y al Congreso de los Diputados (en este caso con la connivencia -altamente retribuida- del monstruoso Frankenstein que sustenta al gobierno socialista), sin olvidar a TVE, que, con Silvia Intxaurrondo y Xavi Fortes a la cabeza, ha alcanzado cotas de instrumentación gubernamental que ríete tú de las que, en tiempos de José María Aznar, con un tal Urdaci de comisario político, motivaron una sentencia judicial por “manipulación informativa”. De ahí que se da por supuesto que, tan pronto como llegue a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo afrontará de inmediato una “regeneración democrática” que devuelva a los españoles la confianza en unas instituciones mancilladas por el sanchismo.

Al contrario que otros partidos que irrumpen ex novo en la escena española, como fue el caso de Ciudadanos (si bien el niñato Albert tenía antecedentes políticos no precisamente inmaculados), el problema del PP es que tiene atrás décadas de trayectoria en las que ha tenido ocasión de gobernar tanto en la Administración central como en Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones provinciales. Sería muy fácil recordar aquí episodios del sombrío legado de presidentes como Aznar y Rajoy (ojo, Mariano con las causas judiciales abiertas por la “policía patriótica” y el caso Kitchen), varios de cuyos ministros (Rato, Matas, Zaplana…) han disfrutado de pensión completa a la sombra. O el del propio Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia, donde, adjudicaciones a dedo a la empresa que emplea a su hermana al margen, la Televisión Pública Gallega (TVG) ha batido todos los récords conocidos de instrumentación partidista, igualando, si es que no superando, a la Telemadrid de Esperanza Aguirre y de su aventajada alumna Isabel Díaz Ayuso.

Aznar y Feijóo en la manifestación de la plaza de España

 No hace falta remitirse al pasado. Basta analizar el presente y detenerse un momento en la deriva en que ha entrado el Senado desde que el PP cuenta con mayoría absoluta en la llamada Cámara Alta. Todo un dechado de exquisito respecto al pluralismo y a los derechos de las minorías, nada que ver con el sectarismo y sesgo ideológico imperantes en el palacio de la Carrera de San Jerónimo.

 A falta de promover alguna función de utilidad, el grupo popular del Senado se entretiene constituyendo a tutiplén comisiones de investigación que, lejos de aclarar nada, contribuyen a enfangar la ya de por sí crispada convivencia política. Tampoco había mucho que esperar de un grupo que tiene como portavoz a Alicia García, una de las consejeras más inútiles -y hubo unas cuantas- colocadas en la Junta de Castilla y León por Juan Vicente Herrera, el consejero nato amachambrado en el Consejo Consultivo vengan días y caigan ollas. Y si encima el “padrino” que pastorea esa patulea de parásitos es el joven camarada Javier Arenas, pues ya me contarán…

 Vamos, que si el referente de correcto uso de las instituciones es lo que viene haciendo el PP en el Senado, pues apaga y vámonos. Otrosí digo: la Conferencia de Presidentes, cuya última edición acabamos de celebrar. Los presidentes autonómicos del PP, y de manera muy activa Fonsi Fernández Mañueco, se han tirado meses (que digo meses, años) exigiendo la convocatoria de dicha Conferencia. Llegaron a amenazar con acudir a los tribunales si Pedro Sánchez no la convocaba. Concretamente, la Junta anunció que acudía a la jurisdicción contencioso-administrativa para forzar su convocatoria. Desconozco si lo hizo, ya que una cosa es lo que anuncia el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en sus comparecencias jupiterinas, y otra cosa es lo que luego se cumple. (Ya saben, lo de Carriedo: “ese-eterno-chico-bien-mandado-que-vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido”).

Ayuso en la Conferencia de Presidentes

  Y resulta que, habiendo convocado Sánchez tan reclamada Conferencia para el pasado viernes, el PP se autodescolocaba convocando a su vez dos días después su manifestación en Madrid bajo el lema “Mafia o democracia”. ¿Cómo resolver ese inmenso sinsentido de reunirse un viernes con el “capo de todos los capos políticos” y manifestarse un domingo contra él? Solución: reventar la Conferencia de Presidentes que tanto reclamaban.

 ¿Y cómo boicotearla sin hacer un feo al Rey, que la iba a presidir? Solución: imponiendo un orden del día inflado y sesgado que hiciera absolutamente inviable cualquier acuerdo. Y eso es lo que ha ocurrido, con todos los presidentes autonómicos del PP llevados del ronzal desde la calle Génova. Eso sí, mientras Mañueco, Moreno Bonilla, Azcón y no digamos Mazón, han asumido su papel de sumisos borregos, Ayuso, convenientemente asesorada por el sobrio Rodríguez, montaba no uno sino dos numeritos -el de acusar como el que sí quiere la cosa de drogadicción a la ministra de Sanidad y el del del pinganillo- para diferenciarse en el aprisco y de paso distraer la atención sobre el marrón judicial que tiene encima de la mano del turbio “defraudador confeso” con el que convive y el horizonte penal de los 7.251 mayores fallecidos por desatención sanitaria en las residencias madrileñas.

 ¿Quién dijo que nos tomaban a los ciudadanos por gilipollas”? Pues fue el alcalde madrileño, Martínez Almeida, el zascandil que pasó de ejercer como portavoz del PP con Pablo Casado a bufón de la Corte de Díaz Ayuso. Y lo hizo a propósito del libro con el que la “periodista y socialista” Leire Díez ha tratado de colar sus infumables labores de fontanería política. En efecto, nos toman a todos por gilipollas. Pero no sabría decir quien más, si el PSOE o el PP.

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La trastienda/ Hablando de mafia política...

 Por razones bastante elementales, el PP eligió Valladolid como punto de arranque de la campaña desplegada para dar fuste a un congreso nacional, el previsto a primeros de julio en Madrid, que ni va a renovar el liderazgo ni va resolver la gran duda (para los incautos que todavía la tengan) sobre la posición que adoptará el partido en el caso de que su llegada al Gobierno precise el concurso de la ultraderecha patria que lidera Santiago Abascal, el antiguo enchufado de Esperanza Aguirre aliado hoy de Trump, Orbán, Milei y todo lo más abyecto del panorama político mundial, incluido el criminal de guerra e incansable genocida Benjamín Netanyahu.

Nuñez Feijóo y Fernández Mañueco el pasado viernes en Valladolid

  La elección de Valladolid para tan trascendental cita venía dada por dos razones concomitantes. De una parte, porque Castilla y León será el escenario de la primera confrontación electoral prevista en el calendario (como muy tarde en primavera, aunque sigo pensando que la cita se adelantará al otoño). La segunda razón, no menos importante, tiene soporte en una realidad constatable: Castilla y León es el territorio patrio con mayor densidad de cargos públicos del PP por metro cuadrado. Y eso ayuda mucho a la hora de congregar una concurrencia adicta que dé lustre a las imágenes a difundir por los telediarios. (A este respecto, las expectativas estuvieron lejos de cumplirse, ya que en la Cúpula del Milenio hubo de todo menos apreturas).

Los genovitas tampoco parecieron tener en cuenta que el PP gobierna el ayuntamiento de Valladolid en comandita con la ultraderecha, gracias a la cual se encaramó a la Alcaldía el a la sazón senador Jesús Julio Carnero, en detrimento del anterior alcalde socialista y ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, quien bien se encargó de restregarle en su día el hecho a Núñez Feijóo cuando se dirigió “de ganador a ganador” al frustrado candidato a la investidura.

 Pero obviando todo lo anterior, la mayor fatalidad de este último garbeo de Feijóo por estos la lares radicó en otra circunstancia ciertamente imprevista: la Audiencia Provincial de Valladolid anunciaba en la víspera el calendario de la vista oral del juicio correspondiente a la “trama eólica”. 

Parque eólico en Peñaflor de Hornija (Valladolid)

 Un juicio en el que varios exaltos cargos de la Junta -de nuevo con el exviconsejero Rafael Delgado a la cabeza- se enfrentan a penas que suman decenas de años de prisión y cientos de millones de euros en indemnizaciones por el rosario de presuntos delitos perpetrados en torno a la adjudicación de los parques eólicos que pueblan el paisaje de Castilla y León.  Coincidencia ciertamente fatal cuando el PP nacional acababa de lanzar el eslogan “Mafia o Democracia” con el que ha convocado su enésima manifestación -esta vez en solitario- contra el gobierno de Pedro Sánchez.

“Sicilia y León”.-  Supongo que el actual presidente nacional del PP desconoce el dato, pero hubo un promotor del sector eólico que, considerándose extorsionado por los políticos que manejaban las adjudicaciones, acuñó la expresión “Sicilia y León” para referirse a los “capos” que operaban en la consejería de Economía mientras presidía la Junta su amigo del alma Juan Vicente Herrera. No recuerdo si fue el mismo promotor que denunció por escrito la extorsión sufrida al entonces presidente de la Junta, sin que conste que éste moviera un dedo para atajar esas conductas delictivas. (Sin darse por concernido por este escándalo, como tampoco por la sentencia que ha condenado a Delgado y a otros antiguos altos cargos de la Junta por el caso “Perla Negra”, Herrera continúa apalancado como miembro nato del Consejo Consultivo a razón de 82.356 euros anuales).

Por lo demás -solo hubiera faltado- Feijóo no cometió la torpeza de reiterar su conocido argumento según el cual un gobierno sin mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos está abocado a disolver las Cortes y convocar elecciones. Resulta que eso rige para el gobierno Sánchez pero no para el de Mañueco.  

Carlos Martínez y Óscar Puente en un acto del PSOE

Conocido el calendario de dicha vista oral, que se extenderá desde mediados de septiembre a finales de enero, ha habido quien ha especulado sobre su posible repercusión en la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas. En absoluto. Tengan lugar en la primavera de 2026 o se adelanten al próximo otoño, los ciudadanos de “Sicilia y León” acudiremos a las urnas sin que la Audiencia de Valladolid haya dictado la correspondiente sentencia. Hace al caso recordar que esta misma Audiencia se tomó ocho meses, ocho, para emitir su benigno fallo sobre el caso “Perla Negra”, por lo no es de esperar que dicte sentencia sobre la “trama eólica” antes del verano de 2026. En este sentido, el PP y la Junta pueden estar tranquilos. Otra cosa es la podredumbre política que aflore durante la vista oral, que lógicamente proporcionará munición electoral a la oposición cuando quiera que se celebren los comicios.

 Entretanto, Mañueco y su troupe prosiguen su campaña electoral, que se ha visto alimentada con la decisión de Renfe de suprimir paradas del AVE en Sanabria, Segovia y Medina del Campo. Nunca un recorte tan reducido de gasto público está teniendo mayor coste político. Un flaco favor del ministro Puente -a fin de cuentas, el máximo responsable- al nuevo líder del PSOE y candidato socialista in pectore a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez. ¡Menos mal que Puente, junto con el secretario de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, fueron los máximos valedores del desembarco de Martínez al frente de los socialistas de Castilla y León...!

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