Salvo los años en los que se han sacrificado esas fechas para celebrar el Debate sobre el Estado de la Comunidad, el pleno que, alrededor de San Juan (o en el mismo 24 de junio, sin importar que sea día de fiesta patronal en ciudades como León, Segovia y Soria), cierra el primer periodo parlamentario de sesiones siempre ha sido de puro trámite. Las abnegadas señorías (81) que integran el Parlamento Autonómico ya tienen sus miras puetas en las largas vacaciones que disfrutarán hasta el mes de septiembre. (Lo de declarar hábil el mes de julio a efectos parlamentarios es una tomadura de pelo en un intento de aparentar que en “mausoleo” se trabaja en verano).
Sin embargo, la sesión plenaria prevista para los próximos martes y miércoles no va a ser precisamente de trámite. El motivo es la inclusión en el orden del día de una reforma legislativa, la de la Ley de Publicidad Institucional, que ha puesto fuera de sí al gobierno que preside Fonsi Fernández Mañueco. El que suscribe, que ha seguido la actividad de las Cortes de Castilla y León desde su restauración como Parlamento de la actual comunidad autónoma -21 de mayo de 1983, convento de las Claras, Tordesillas- no recuerda nada igual en los 42 años transcurridos. Nunca el gobierno autonómico y el partido que lo sustenta habían desplegado una ofensiva por tierra, mar y aire para evitar abortar una iniciativa legislativa promovida por la oposición. (Bien es verdad que, desde que el PP perdió la mayoría absoluta, nunca la oposición se había unido para apoyar la reforma de una Ley contra la posición del grupo popular).
¿Qué contiene la reforma de la Ley de Publicidad Institucional (LPI) para haber motivado tamaña ofensiva por parte de la Junta y del PP de Castilla y León? Básicamente, dos asuntos. De un lado, que establece límites y controles sobre la adjudicación de la Publicidad Institucional, la famosa “chequera mediática” que el gobierno Mañueco -como antes el de Juan Vicente Herrera- adjudica discrecionalmente a su antojo, retribuyendo con ello un trato de favor que en ocasiones resulta bochornoso. De otro lado, el control parlamentario de la multimillonaria subvención a fondo perdido (recientemente incrementada hasta por encima de los 23 millones de euros anuales) con la que la Junta engrasa a la televisión autonómica de titularidad privada que opera en régimen de monopolio en Castilla y León).
Desde que en diciembre pasado, a partir de una proposición de Podemos que se limitaba a solicitar algo tan razonable como excluir del reparto de la tarta publicitaria a los medios condenados judicialmente por difundir “fake news”, la oposición parlamentaria dio luz verde a la tramitación de la reforma de la LPI, la ofensiva desplegada por el PP para abortar dicha iniciativa no conoce parangón.
En primer lugar, ha recurrido a todo tipo de maniobras y a los más peregrinos argumentos para dilatar como fuera la tramitación, en un intento de que ésta no culminara en el periodo de sesiones que ahora concluye. Y una vez fracasado el recurso al filibusterismo, la Junta ha recurrido, de forma bastante desesperada, a presionar a la oposición más bizcochable, a los propios medios de comunicación beneficiarios del reparto de la tarta publicitaria y determinadas organizaciones profesionales. (En este último punto, se inscribe el papelón asumido por el Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León, cuyo descarado mamporrerismo denigra a la profesión periodística).
Fruto de este penúltimo arreón (el último sería el de un eventual “tamayazo” que no cabe descartar) ha sido la defección del grupo parlamentario UPL-Soria ¡Ya! y del procurador de “Por Ávila”, que han reculado en el apoyo que mantenían a dicha reforma. Dicha defección puede obedecer a dos causas: a la presión política del PP, que a saber qué habrá prometido a cambio, o las presiones de los medios vinculados a la sociedad concesionaria del canal televisivo autonómico, cuyos socios son titulares a la sazón de influyentes cabeceras periodísticas en León, Soria y Ávila. Ambas causas tampoco son excluyentes.
Habrá que esperar a mediodía del miércoles para conocer el resultado de esta batalla, que de decantarse a favor la oposición, supondría un monumental revolcón político para el PP de Castilla y León y el gobierno que preside Fonsi Mañueco. Un Ejecutivo que, no olvidemos, gobierna con unos Presupuestos prorrogados -los que pactó con Vox antes de que la ultraderecha abandonara la Junta- al haberse negado, vulnerando el Estatuto de Autonomía, a presentar la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025.