Apenas la punta de un iceberg

 La nómina de altos cargos de la Junta de Castilla y León imputados judicialmente por actuaciones presuntamente delictivas sigue creciendo. Al director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, y al director general de Carreteras, Luis Alberto Solís, se acaba de sumar el director general de Economía Social y Autónomos, Carlos Teresa Heredia.

Cualquier cosa antes que reconocer un fracaso

 Creo recordar que fue Manuel Fraga el que en cierta ocasión espetó a Felipe González que el gobierno socialista de entonces solo acertaba cuando rectificaba. Va de suyo que la rectificación de los propios actos -no confundir con el incumplimiento de los compromisos electorales- conlleva la subsanación de un error, lo cual equivale a un acierto. Lo peor es ese orgullo político mal entendido, en realidad pura soberbia, que lleva a los gobernantes a persistir en el error, agravando sus consecuencias, con tal de no reconocer que lo han cometido.

Manto de opacidad sobre la Administración B

 Desde el primer momento se vió venir que el verdadero objetivo de la Ley que el pasado año reformó el status y la estructura del Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Consejo Económico y Social (CES) y el Procurador del Común no era otro que el socavar la independencia y autonomía de dichos organismos en su labor de control y fiscalización de la Junta de Castilla y León.

Pendientes del dedo de Rajoy

Aunque se tiene a Mariano Rajoy por un político muy previsible, el retraso en diseñar el cartel electoral del PP para las próximas elecciones europeas está empezando a resultar bastante desconcertante. Y no para los analistas políticos o para la oposición, que aguardan la decisión con mera curiosidad, sino para los dirigentes y cuadros de su propio partido, que no aciertan a escrutar las causas de la indecisión de su presidente. No se olvide que si el designado para encabezar dicho cartel fuera un ministro, ello implicaría al menos un cambio en el actual gobierno, que podría no ser el único si, una vez abierto el melón, Rajoy aprovechara la ocasión para introducir un reajuste algo mas amplio.

El expolio de las Cajas (XXV): La almoneda del banco CEISS

  2.500 puestos de trabajo perdidos, alrededor de 500 sucursales cerradas, más de 30.000 preferentistas con sus ahorros atrapados y unas ayudas públicas por importe de 4.740 millones de euros constituyen el desolador balance que deja la ruinosa fusión realizada en 2010 por Caja España y Caja Duero, las dos principales cajas de Castilla y León, que, transformadas en el banco CEISS, en breve se convertirán en un apéndice financiero de la andaluza Unicaja.

La crisis y otras estafas políticas

La escala en Valladolid de la Marcha de la Dignidad, que partió el pasado 28 de febrero desde distintos puntos de la cornisa cantábrica, ha coincidido esta semana con la celebración de un pleno ordinario de las Cortes Regionales. Y ello ha permitido observar el contraste entre la cruda realidad de la calle y el complacido mundo virtual en el que está instalado el partido gobernante.

Una consejería reñida con la legalidad

 La antigua consejería de Medio Ambiente, desde 2011 fusionada con la de Fomento, sigue un día tras otro sufriendo reveses judiciales. Su afán por sortear la legalidad, a menudo forzándola hasta extremos temerarios, se traduce en un historial de varapalos de los tribunales que lleva camino de batir todos los registros (en apretada competencia, si acaso, con el ayuntamiento de Valladolid).

Soraya entra en juego en Castilla y León

 A primera vista, la pasada visita de la vicepresidenta del Gobierno al presidente de la Junta de Castilla y León ha carecido de relevancia. Así es si nos atenemos a la versión oficial ofrecida sobre el encuentro y a los parcos resultados del mismo, transmitidos además a través de portavoces interpuestos, sin que los protagonistas tuvieran a bien comparecer directamente ante los medios de comunicación. Desde ese punto de vista, no le falta razón a la oposición al calificar la visita como decepcionante y de escaso contenido.

Mal de muchos, disculpa de ineptos

 La facilidad con la que la Junta de Castilla y León elude sus responsabilidades políticas no tiene parangón. Casi siempre encuentra a alguien al que endosárselas. Y caso de no encontrarlo, nunca se da por concernida, como si el desaguisado se hubiera producido por causas fortuitas y ajenas a su voluntad, verbigracia la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, promovida mediante una ley declarada inconstitucional. Ni siquiera en un caso tan flagrante, el gobierno Herrera ha asumido la menor responsabilidad ante el triple daño ocasionado por semejante desafuero: quebranto de la legalidad constitucional, destrucción del medio natural y despilfarro de 100 millones de euros del erario público.