La moción de censura, una opción quimérica

  Como era de rigor, el durísimo varapalo propinado a Alfonso Fernández Mañueco -y por extensión a la Junta de Castilla y León- por el Tribunal Supremo ha dejado seriamente tocado al bipartito PP-C´s que desde julio de 2019 ocupa (gobernar sería mucho decir) el gobierno de esta maltrecha comunidad autónoma. Ha sido la gota que ha desbordado el vaso de un modo de gobernar que, tanto en su fondo como en su forma, ha colmado la paciencia de importantes, crecientes y heterogéneos sectores, así como la de una silenciosa mayoría de ciudadanos hartos de soportar tanta ineptitud, mendacidad, prepotencia e irresponsabilidad en el desempeño de sus obligaciones públicas.

 Esta es la hora, por ejemplo, en que, transcurrida una semana desde el demoledor auto del Supremo, el presidente de la Junta no se ha dignado en ofrecer la menor disculpa por los perjuicios causados -de entrada, la privación horaria de la libertad ciudadana de circulación- al imponer una medida claramente encuadrable en el tipo penal de la prevaricación.

Luis Tudanca y Ana Sánchez

 Hasta tal extremo ha tocado fondo el gobierno sustentado sobre el nefando tándem que el presidente comparte con el vicepresidente Francisco Igea que ha encontrado caldo de cultivo la hipótesis de una posible moción de censura promovida por el PSOE, no se olvide el partido más votado en las elecciones autonómicas, en las que se adjudicó 35 de los 81 escaños de que consta la Cámara autonómica (el PP dispone de 29 y Ciudadanos de 12, sumando entre ambos los 41 que marcan la mayoría absoluta). La hipótesis ha cobrado carta de naturaleza después de que la secretaria de Organización de los socialistas, Ana Sánchez, haya admitido que dicha opción no está descartada

Una moción inviable.- Sin embargo, salvo que se tratara de una moción puramente testimonial –presentada, como la de Vox contra el gobierno de la nación, sin ninguna posibilidad de prosperar- la iniciativa carece de viabilidad. Y no es el caso, ya que la propia Sánchez ha dejado claro que solo se presentaría si contara con los apoyos necesarios para salir adelante. A partir de ahí, dicha moción constituye una quimera, ya que solo prosperaría si se sumara a ella Ciudadanos.

Aunque en Italia se ha dado algún amago de ello, no se conoce el caso de que un partido apoye una moción de censura para derribar a un gobierno del que forma parte. Otra cosa es que ese partido decidiera previamente desvincularse del gobierno en cuestión, dimitiendo de forma irrevocable de las responsabilidades que viene ejerciendo. Y no se contempla que el vicepresidente Igea y los tres consejeros que integran con él la cuota naranja de la Junta vayan a hacerse el harakiri de renunciar a sus cargos por considerarse incompatibles con Mañueco y el PP. 

Alfonso Fernández Mañueco

Todo lo contrario: A diferencia de lo que sucede en la comunidad de Madrid, el gobierno de Castilla y León constituye una piña sin la menor discrepancia programática o ideológica (al punto que en no pocas ocasiones los teóricamente centristas, y en especial Igea, desbordan al PP por su derecha). Por ahí no hay nada que rascar.

 La otra opción sería que fuera la dirección nacional de Ciudadanos la que forzara esa crisis, obligando al cuarteto Igea-Amigo-Casado-Ortega a dimitir de sus cargos para suscribir a continuación una moción de censura compartida con los socialistas que diera paso a un gobierno bipartito PSOE-C´s presidido por Luis Tudanca. Hipótesis inverosímil en las actuales circunstancias por varias e insalvables razones.

La principal y definitiva es que Inés Arrimadas carece en estos momentos de la fortaleza política requerida para permitirse una pirueta que supondría todo un vuelco en la política de pactos sellada con el PP en el ámbito autonómico y municipal. El coste de esa operación es hoy por hoy inasumible para la presidenta de Ciudadanos, convaleciente del tremendo descalabro sufrido en Cataluña. Y si quedaba alguna duda, ayer mismo vimos como la portavoz del partido, Melisa Rodríguez, se apresuraba a rechazar por completo esa posibilidad, cargando contra el PSOE por alentar en plena pandemia una crisis institucional de ese alcance.

 La opción viable.-Descartada, por inviable, la posibilidad de una moción de censura, existe por el contrario otra hipótesis perfectamente factible. La de que Arrimadas aproveche el fuerte deterioro del gobierno Mañueco y el absoluto descrédito de Igea y de los otros tres consejeros de Ciudadanos, para plantear al presidente de la Junta el relevo de dicho cuarteto y su sustitución por otros tantos elementos de Ciudadanos afines a la dirección nacional, con la coordinadora autonómica, Gemma Villarroel, a la cabeza.

Gemma Villarroel e Inés Arrimadas

 En esa tesitura, Mañueco no tendría otro remedio que pasar por el aro y agradecer a Igea y compañía los dudosos servicios prestados. A no ser, claro está, que se liara la manta a la cabeza y decidiera ejercer su prerrogativa estatutaria de disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, algo que pondría los pelos de punta a Pablo Casado. En otro momento, esta última opción ni se contemplaría, por resultar descabellada, pero vista la deriva por la que se viene deslizando el presidente de la Junta, no habría que descartarla por completo. Ni que decir tiene que en unos eventuales comicios anticipados  Ciudadanos quedaría reducido a la mínima expresión y que Vox se constituiría en tercera fuerza política sin cuyo apoyo el PP no dispondría de la mayoría necesaria para gobernar.

 Estos son los posibles escenarios alternativos que se plantean ante una situación, la del actual gobierno de la comunidad, cada día más insostenible. Personalmente, pienso que, más pronto que tarde, Arrimadas forzará la salida de Igea y del trío Amigo-Casado-Ortega (como mucho se salvaría de la quema únicamente este último, por su insignificación política) y su relevo por Villarroel y otros afines a la cúpula nacional de Ciudadanos. Se me antoja tan inevitable como inaplazable.

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Covid-19: Desenmascarados en pleno martes de Carnaval

 Comentábamos aquí la pasada semana que la huida hacia adelante del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al adelantar por su cuenta y riesgo a las ocho de la tarde el toque de queda en Castilla y León, desafiando con ello el decreto que regula el estado de alarma, solo podía acabar de dos formas: en el hule (como se conoce en la jerga taurina a la enfermería) o saliendo por la puerta grande. Y por desgracia para él, el Tribunal Supremo lo ha enviado aparatosamente al hule.

 El auto dictado ayer por la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo suspendiendo ese adelanto del toque de queda constituye algo más que un simple revolcón para el presidente Mañueco, que fue quien personalmente asumió el pasado 15 de enero esa decisión actuando en su condición de “Autoridad Delegada para el estado de alarma”, ello desoyendo al gobierno de la nación, que le advirtió de que dicha medida conculcaba la normativa en vigor.

Igea y Mañueco en el banco azul de las Cortes

Aunque la Sala se ha limitado de momento a suspender cautelarmente la medida, posponiendo para más adelante su pronunciamiento sobre el fondo del asunto, los razonamientos jurídicos con los que motiva su resolución no dejan lugar a dudas sobre el sentido de su posterior fallo. “Consideramos -dice literalmente el auto- que la argumentación de la Junta de Castilla y León para sostener que dispone de la facultad de agravar la restricción de la libertad de circulación es, in icto oculi, esto es, de un vistazo, contraria a la predeterminación que viene impuesta por la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de estados de alarma excepción y sitio", ya que "todo el alcance de la limitación de los derechos fundamentales afectados por el estado de alarma debe estar expresamente previsto en dicha norma".

El auto afirma que los límites máximos y mínimos dentro de los que los gobiernos autonómicos pueden adelantar y atrasar las horas de inicio y finalización del toque de queda están delimitados “con toda precisión” en el decreto de estado de alarma, “debiendo situarse entre las 22.00 y las 00.00 horas el de inicio, y entre las 5.00 horas y las 7.00 horas el de finalización”. “El rango horario es claro y preciso y, desde luego, la interpretación que sostiene la Junta de Castilla y León respecto a [...] la asimilación del significado del verbo “modular” a la acción de “agravar”, está muy lejos de ser evidente”, considera la Sala. “Es más -añade- ni tan siquiera la propia norma del estado de alarma, el R.D. 926/2020, estaría habilitada para introducir semejante indeterminación en el marco de restricción máxima de la libertad de circulación”.

 Un auto demoledor para un presidente reincidente .- La resolución judicial resulta demoledora y desmonta por completo la argumentación jurídica (?) de la Junta, desde la socorrida justificación de que se trataba por encima de todo de “salvar vidas”, a la competencia que se autoatribuyó Fernández Mañueco para adoptar dicha medida: "La protección de la salud y seguridad de los ciudadanos es la finalidad común de las dos Administraciones, pero las medidas que puedan adoptarse deben respetar, entre otros límites, los derechos fundamentales garantizados en la Constitución" y "el Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en tanto autoridad delegada del estado de alarma, no ostenta, con la suficiente nitidez, la competencia necesaria".

 González Gago, director de los Servicios Jurídicos de la Junta

  Consecuentemente con dichos razonamientos -que, como se ha visto, en realidad entran casi a saco en el fondo del asunto- el auto procede a suspender cautelarmente el adelanto del toque de queda, estimando que el mismo "restringe la libertad fundamental de circulación por el territorio". Y remacha que no adoptar esta medida cautelar "sería absolutamente irreparable”.

 Si no fuera por la gran desfachatez política que conlleva, ver salir a un balbuceante Mañueco, asegurando, como lo hizo en la tarde de ayer, que la Junta no se siente desautorizada por un pronunciamiento judicial de la rotundidad del adoptado por el Supremo, solo se entendería conociendo las muchas dificultades con las que consiguió finalizar su Licenciatura en Derecho. Con el agravante de su reincidencia en la conculcación de derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Española. 

Hace al caso recordar al respecto que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya tumbó el toque de queda que la Junta declaró igualmente por las bravas el pasado 24 de octubre, fecha en la que ni siquiera estaba declarado el estado de alarma nacional. Como consecuencia de ello, la Junta tuvo que comerse las 276 denuncias formuladas a causa de una medida anulada judicialmente; ahora, se verá obligada a archivar los cerca de 800 expedientes sancionadores instruidos en aplicación de otra medida no ajustada a Derecho. Y súmese a lo anterior que el TSJ tumbó asimismo en noviembre el acuerdo de prohibir las visitas a las residencias de ancianos y a los residentes salir de sus centros, medidas que el tribunal consideró equivalentes a un “confinamiento domiciliario” que restringía injustificadamente derechos fundamentales (libre circulación y reunión) de los afectados.

 Con semejante mochila a sus espaldas, es de suponer que el máximo responsable de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago, habrá presentado a estas horas su dimisión como alto cargo que es, renuncia que, puede estar tranquilo, no le será aceptada. Su bochornoso servilismo político -no se olvide que es a la sazón el secretario provincial del PP de Valladolid- ha sometido a un espantoso ridículo al cuerpo de letrados de la Administración Autonómica (la ocurrencia del ocaso, que no dudó en suscribir el inefable vicepresidente Igea, ha sido, nunca mejor dicho, de auténtica aurora boreal). Unos Servicios Jurídicos que ahora pueden verse colapsados por la avalancha de demandas legales en reclamación de lucro cesante que los sectores más directamente damnificados por el atropello (Hostelería y Comercio) se disponen a presentar ante los Tribunales.

Una medida, además de ilegal, completamente inútil.- Y como marcaba el guión, a falta de otros argumentos, Mañueco y sus adláteres se han refugiado en el mantra de que el adelanto del toque de queda ha contribuido a contener la vertiginosa expansión del virus, afirmación rigurosamente falsa a la luz de la evolución epidemiológica registrada durante el mes en el que ha estado vigente la medida. 

Verónica Casado, consejera de Sanidad

Actualicemos datos. El 15 de enero, víspera de su entrada en vigor, Castilla y León era la sexta comunidad autónoma con mayor tasa de Incidencia Acumulada (IA), 696 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tasa por encima de la media nacional, situada entonces en 575 casos. A fecha de ayer, último dato conocido, la tasa regional ha descendido a 465 (tercer puesto, tras Madrid y Valencia) y la nacional a 385, con un descenso en ambos casos del 33 por ciento. La diferencia es que el adelanto del toque de queda no impidió que la IA se disparara en Castilla y León hasta los 1.417 casos registrados el 28 de enero, en tanto que la nacional nunca llegó a alcanzar el millar. Y excepto en Madrid, coto sometido a los dislates de Ayuso, las cinco comunidades que el 15 de enero presentaban peor situación epidemiológica han reducido su tasa en mayor proporción que Castilla y León. Extremadura ha pasado de 1.220 a 211(-82%), Murcia de 889 a 261 (-71%), Castilla-La Mancha de 780 a 367 (-53%), La Rioja de 738 a 379 (-48%) y Valencia de 760 a 470 (-38%).

 Pero lejos de asumir cualquier responsabilidad ante un varapalo judicial que constituye la guinda a su calamitosa gestión sobre la pandemia, el gobierno Mañueco reaccionó ayer prosiguiendo su huida hacia adelante (mejor habría que decir hacia ninguna parte) imponiendo a partir de hoy el cierre de la hostelería y del comercio no esencial a partir de las ocho de la tarde, un parche improvisado que incluso puede tener el contraproducente  efecto de estimular el botellón en el lapso horario hasta las 10 de la noche, hora en la que se restablece de nuevo el inicio del toque de queda.

 La mascarada invernal improvisada por el nefando tándem Mañueco-Igea a mediados de enero ha concluido un martes de carnaval en el que a ambos se les ha caído la careta, dejando al descubierto el rostro de cemento armado que han demostrado tener desde el mismo instante en que, en aplicación del “pacto de la rapiña” perpetrado por PP y Ciudadanos, se apesebraron en el Colegio de la Asunción. De donde no tienen la menor intención de moverse por más que les sigan cayendo chuzos de punta y la oposición se desgañite exigiendo la dimisión de quienes consideran que "dimitir" es un nombre de pila ruso.

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Toque de queda, faena de hule o puerta grande

  Pese a disponer de mayoría absoluta -raspada, pero absoluta- más de año y medio ha tardado el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en dotarse de sus primeros Presupuestos. Con la excusa de que tampoco había nuevos Presupuestos Generales del Estado, incumplió en octubre de 2.019 su obligación estatutaria de presentar los de la Junta, optando por prorrogar las últimas cuentas aprobadas durante el mandato de Juan Vicente Herrera, que correspondían a 2018, ya que el anterior gobierno autonómico decidió asimismo pasar de presentar nuevo Presupuesto para 2.019.

 Toda esta inhibición, por no decir pasotismo, de ambos gobiernos, el de Herrera y el de Mañueco, ha obligado a la Junta a afrontar la crisis sanitaria y financiera sobrevenida a causa del Covid con unas cuentas absolutamente desfasadas e insuficientes para dar respuesta a la pandemia. Esta lamentable precariedad, trampeada a base de los acostumbrados parcheos de la Hacienda autonómica, se subsana en parte, solo en parte, con los Presupuestos de 2021 aprobados por fin esta semana por el pleno de las Cortes.

Mañueco, Presupuestos en mano

Por mucho que el aparato propagandístico de la Junta se obstine en calificarlos de “históricos” por la simple circunstancia de que su montante marca un nuevo techo -solo faltaba que no fuera así después de tres años de prórroga, y, por tanto congelación, de su cuantía-, los nuevos Presupuestos no constituyen ninguna panácea. Son unas cuentas continuistas que, más allá de dotar de mayores recursos a las consejerías más directamente afectadas por la situación de emergencia sanitaria y social, cuya dotación crece gracias a los Fondos extraordinarios anti Covid inyectados por el gobierno central, ni son expansivos en cuanto a inversión pública ni enfrentan unos graves problemas estructurales (desplome demográfico, desequilibrios territoriales internos, alarmante descohesión social y política) que se están cronificando y llevan camino de convertirse en endémicos.

 Unos Presupuestos que simplemente capean el temporal y que parten del creciente lastre que supone el progresivo endeudamiento de la comunidad, cuyo coste (amortización e intereses) se cifra en 1.423 euros, nada menos que el 11,58 por ciento del total de los 12.291 millones presupuestados. Solamente las consejerías de Sanidad (4.365 millones) y Educación (2.360) cuentan con mayor dotación de lo que cuesta la deuda. Familia (1.081) y todas las demás disponen de menos recursos de los que succiona un endeudamiento que supera los 13.000 millones de euros, el 23 por ciento del PIB regional.

Un procurador sospechosamente mimado por el PP.-  Políticamente, los Presupuestos han salido adelante con un voto más de los 41 que suman PP y Ciudadanos, el aportado por Pedro J. Pascual, procurador de “Por Ávila” (XAV), el partido provincial creado a partir de una escisión del PP abulense. Dos de las únicas ocho enmiendas parciales aceptadas por la mayoría de gobierno, que ha aplicado el “rodillo” al resto de las cerca de 2.000 mantenidas por los grupos de oposición, procedían de este procurador abulense, al que el PP viene cortejando desde que empezó la legislatura.

Pedro J. Pascual, procurador de XAV

 Y quizá no tanto pensando en una posible reunificación política entre ambas fuerzas –difícil, dado el fuerte encontronazo tenido entre el líder de la formación y actual alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, con el mismísimo Pablo Casado, que en su momento originó el cisma al vetarle como candidato del PP a la alcaldía- como contemplando el posible escenario de que su voto llegue a ser imprescindible para mantener la mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno Mañueco.

Sea como fuere, el PP viene siendo muy condescendiente con Pascual y ello a pesar de que éste -médico destinado en el servicio de Urgencias del hospital abulense- no se ha cortado nunca un pelo a la hora de juzgar la actuación de la Junta respecto a la crisis sanitaria, económica y social originada por el Covid-19.  “No digan que han agotado el margen, pueden hacer más. Y no hagan una Sanidad política, hagan política sanitaria”, le espetó a Mañueco en la última comparecencia parlamentaria del presidente sobre la pandemia. Y ello después de haber calificado de “parches, malos parches” las medidas aplicadas por la Junta y de manifestar el hartazgo de los profesionales sanitarios: “Están, estamos, hartos y muy cansados, física y psicológicamente”.

  En todo caso, la aprobación de los Presupuestos se daba por descontada y  ha constituido un mero trámite en medio del paréntesis político abierto a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el adelanto de queda a las ocho de la tarde vigente en Castilla y León desde el pasado 16 de enero. En ese fallo del alto tribunal se juega mucho el presidente -responsable único de esa medida, adoptada en su condición de “Autoridad Delegada” para el estado de alarma- y todo su gobierno, especialmente, el vicepresidente Igea, acérrimo defensor de ese adelanto y de la maniobra política que ha conllevado.

Sede del Tribunal Supremo

 .-  Más allá de sus consecuencias prácticas, que desde el minuto uno han sido irrelevantes en cuanto a la evolución epidemiológica en nuestra comunidad, la resolución que dicte el Supremo no admite término medio, equivale a lo que en términos taurinos se conoce como faena de hule (enfermería) o puerta grande. Si avala la intrépida decisión de Mañueco, éste pasará por ser el presidente de comunidad más aguerrido y audaz en su lucha contra la pandemia, por mucho que la medida tuviera el espurio objetivo de servir como maniobra de distracción y cortina de humo para desviar la atención de los catastróficos efectos derivados de la irresponsable estrategia de la Junta conducente a “salvar las Navidades”.

 Por el contrario, si el tribunal tumba la medida, Mañueco, y con él Igea, van a salir muy desairados de su arriesgada maniobra. Habrán restringido por las bravas, sin fundamento legal, un derecho fundamental a la ciudadanía de Castilla y León, con el agravante de que será la segunda vez que lo hacen, ya que en su día el Tribunal Superior de Justicia desautorizó el toque de queda implantado igualmente por las bravas el pasado 24 de octubre, fecha en la que ni siquiera estaba decretado el estado de alarma nacional. Y es muy probable que la Junta tenga que hacer frente a un aluvión de reclamaciones legales de lucro cesante presentadas por los hosteleros y comerciantes damnificados por una restricción aplicada sin base legal.

Naturalmente, Mañueco e Igea alegarán -ya lo han venido haciendo, curándose en salud- que por encima de la legalidad conculcada estaba el objetivo superior de "salvar vidas". Pero si de verdad se trataba de salvar vidas, la Junta tenía en su mano toda una panoplia de medidas más eficaces, sin ir más lejos las adoptadas por la Xunta de Galicia en todo su territorio el pasado 26 de enero, similares a las que la Junta adoptaba una semana después tan solo para 53 municipios que representaban el 7 por ciento de la población de esta comunidad. Y aparte de socavar las bases del Estado de Derecho, el argumento de “salvar vidas” es además completamente falaz, ya que, si algo demuestran los datos, es que el adelanto del toque de queda no ha tenido efecto alguno en la evolución epidemiológica de la comunidad.

"Prodigios" o la prodigiosa impostura de la Junta

 Los datos están ahí y son perfectamente verificables. El 15 de enero, víspera del adelanto, Castilla y León tenía un Incidencia Acumulada de 696 casos a 14 días, siendo entonces la séptima comunidad autónoma con peor situación epidemiológica en un momento en el que el índice estatal se cifraba en 575 casos. 25 días después, esta comunidad ocupa el segundo lugar en ese ranking, con una IA a fecha de hoy de 656 casos, 160 más que el promedio nacional, situado ahora en 496. Las seis comunidades que el 15 enero presentaban peor situación han reducido su tasa de incidencia en mayor medida que Castilla y León. Extremadura ha pasado de 1.220 a 324 casos, Murcia de 889  a 364, Castilla La Mancha de 780 a 504, Valencia de 760 a 690, Rioja de 738 a 574 y Madrid de 698 a 626. El adelanto del toque de queda no impidió que en nuestra comunidad el IA se disparara hasta los 1.417 casos, pico que se alcanzó el pasado 28 de enero (justo cuando, con los centros culturales de la Junta cerrados a los ciudadanos, acababan de finalizar las cinco galas del programa televisivo “Prodigios” grabadas en el auditorio “Miguel Delibes” durante los ocho días precedentes, enésimo ejemplo de la impostura política mantenida por el gobierno Mañueco desde el mismo inicio de la pandemia).

 Si el Supremo tumba el adelanto del toque de queda, Mañueco e Igea van a quedar aún más debilitados ante las direcciones nacionales de sus respectivos partidos, aunque también es cierto que, por suerte para ellos, los desastrosos resultados que se auguran a PP y Ciudadanos en las elecciones catalanas, tampoco van a dejar en la mejor situación a Pablo Casado e Inés Arrimadas.

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Covid-19 en CyL: Trumpistas y tramposos

  No hace falta llamarse Donald, ser yanqui y exhibir una cabellera naranja para practicar el trumpismo desinformativo de la posverdad. Se puede haber nacido por estos lares, llamarse Pepe o Mariano, incluso Paco o Alfonso, ser calvo o lucir tupé, usar gafas o lentillas, y afanarse en el empeño de camuflar la realidad igual de tramposamente. De hecho, es lo que viene haciendo la Junta de Castilla y León desde que irrumpió en escena el Covid-19 a través de sus dos máximos responsables, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente Francisco Igea, con la impagable cooperación de la teórica consejera  de Sanidad, Verónica Casado, y ya con el mayor de los descaros al arreciar esta tercera ola que ha dejado al descubierto su obsceno comportamiento de anteponer espurios intereses políticos a la Salud de los castellanos y leoneses.

  Pero las mentiras suelen tener las patas más cortas, máxime cuando el mentiroso es a la vez torpe y compulsivo. Y los hechos han demostrado que el conejo de la chistera de adelantar unilateralmente el toque de queda a las ocho de la tarde tenía como único objetivo el de tender una densa cortina de humo que desviara la atención sobre la responsabilidad política de que la tercera ola de la pandemia se haya cebado especialmente en Castilla y León. 

Alfonso Fernández Mañueco

 El objetivo de hacer creer a los castellano-leoneses de que el gran responsable era el gobierno Sánchez, que se negaba a dotar a ésta y a las demás comunidades de las herramientas necesarias para combatir la pandemia. Con ello la Junta pretendía presentarse como víctima, eludiendo su grave responsabilidad en la actual situación de gravísima emergencia sanitaria, como si a ello fuera ajeno su declarado propósito de “salvar las Navidades” (Mañueco dixit) y la laxitud de las medidas especiales aplicadas durante el periodo navideño.

 A decir verdad, la operación propagandística urdida por Mañueco e Igea, cada vez más parecidos a unos siameses políticos, les ha producido ciertos resultados, sobre todo en los medios de comunicación nacionales, que como suelen aplicar la brocha gorda sin detenerse a analizar el contexto y los detalles, han comprado la mercancía averiada de que Castilla y León viene siendo una de las comunidades autónomas más propensa a adoptar restricciones, lo cual únicamente es cierto si se la compara con el Madrid de Isabel Díaz Ayuso (y en Navidades ni eso). Y en cuanto a los medios regionales, salvo contadísimas excepciones, han estado mirando para otro lado y contemporizando, no vaya a ser que la Junta se lo tome a mal y pase factura en el reparto de la tarta de la publicidad institucional, que se sigue repartiendo con la discrecionalidad de siempre. Si encima anda pendiente la resolución del concurso para adjudicar nada menos que 138 nuevas emisoras de FM, para qué les cuento…

 Pues bien, aún a pesar de estas complicidades, resulta difícil de camuflar la indecorosa actuación del gobierno Mañueco en esta fase de la pandemia. Para su sorpresa, el gobierno Sánchez actuó con inteligencia al recurrir judicialmente el adelanto del toque de queda sin solicitar la medida cautelarísima de suspender su aplicación con carácter inmediato, lo cual ha permitido que siga en vigor a expensas de lo que resuelva el Tribunal Supremo, que se pronunciará la próxima semana.

Javier Izquierdo, Deleado del Gobierno en CyL

El Gobierno no cae en la trampa.- ¿Qué hubiera ocurrido si el gobierno de la nación hubiera solicitado esa suspensión cautelarísima y el Supremo hubiera accedido a ella impidiendo el adelanto del toque de queda en vigor desde el pasado 16 de enero? Se lo pueden imaginar: la Junta habría acusado a Sánchez y a Illa, que en esas fechas todavía era ministro, de la descontrolada expansión del virus iniciada coincidiendo con el comienzo del nuevo año y que no ha empezado a remitir hasta finales de enero. De esa expansión y, claro está, del colapso hospitalario que ha generado, con las UCI saturadas, y del millar de vidas que se ha cobrado el Covid en Castilla y León a lo largo del mes de enero.

 Pero el gobierno central no cayó en esa trampa y el toque de queda a las ocho de la tarde ha seguido y sigue vigente, con lo cual el trío Mañueco-Igea-Casado no ha podido disponer de esa munición. En su defecto, tras apurar el plazo para presentar alegaciones al recurso judicial, ha optado por la estrategia trumpista de asegurar que el adelanto del toque de queda ha sido fundamental para contener la vertiginosa expansión del virus. Una nueva falacia que los datos estadísticos desnuda por completo.

 Durante las dos últimas semanas de enero, cuando más arreciaba la tercera ola, el presidente Fernández Mañueco, el mismo que verbalizó el temerario objetivo “salvar las Navidades”, ha estado poco menos que desaparecido, dejando que Igea y Casado capearán como malamente han podido el temporal. Mañueco ha esperado a que la oleada alcanzara el pico de la curva y la Incidencia Acumulada (IA) comenzara a descender para reaparecer ante los medios de comunicación, cosa que hizo ayer con la excusa de explicar el fundamento de las alegaciones presentadas por la Junta al recurso pendiente de resolver por el Tribunal Supremo. Y ahí tuvimos al presidente de la Junta sosteniendo sin pestañear, como ya hizo el día anterior la consejera Casado, la supuesta eficacia de su audaz decisión de adelantar el toque de queda, una medida que ninguna otra comunidad autónoma –y varias de ellas eran partidarias- ha secundado. ¿Quién ha sido aquí el conductor que ha circulado en sentido contrario por la autopista?

Francisco Igea y Verónic Casado

 Desafiando la terquedad de los datos.- Los datos son tercos y demuestran que, más allá de restringir el derecho fundamental de la libertad de circulación de los ciudadanos durante dos horas de propina, el adelanto del toque de queda en Castilla y León ha sido una medida sin la menor repercusión perceptible en la evolución epidemiológica de esta comunidad autónoma. 

Al contrario: desde su entrada en vigor el ritmo de contagiosidad que ha ido registrando Castilla y León ha estado siempre por encima de la media nacional. El 15 de enero la IA a 14 días era de 575 casos en el conjunto de España y de 696 casos en esta comunidad, que ocupaba en ese momento el séptimo puesto en la tabla de la contagiosidad. Pues bien, a fecha de ayer, 3 de febrero, la tasa estatal se situaba en 815 casos y la autonómica en 1.240, lo que quiere decir que mientras la primera se ha incrementado durante el periodo comprendido entre ambas fechas en un 42 por ciento, la segunda lo ha hecho en un 78, escalando hasta el segundo puesto de la tabla. Pero hay más, en el conjunto de España el pico de la curva se alcanzó el 27 de enero con una IA de 900 casos (un incremento del 56 por ciento desde el 15 de enero). Por su parte, en Castilla y León dicho pico se alcanza un día después, el 28 de enero, con una tasa de 1.417, un 103 por ciento mayor que la registrada (los 696 casos antes indicados) el día anterior al adelanto del toque de queda.

 Con estos datos en la mano, ¿a quién pretenden engañar estos trileros que desgobiernan esta desdichada comunidad? A cualquiera que se deje, que desde luego no será el personal sanitario del SACYL, que conoce perfectamente a lo que ha estado jugando la Junta y sufre en carne propia la saturación de la atención primaria (devenida en una lamentable desatención que ya sabemos que también está costando vidas por la falta de detección y tratamiento de otras patologías no Covid) y un colapso hospitalario que ha obligado a habilitar camas en dependencias improvisadas, caso del gimnasio del Hospital Clínico de Valladolid, y a lanzar un SOS a las comunidades vecinas en previsión de que haya que trasladar las UCI de sus hospitales enfermos sin cama en los de Castilla y León. 

Protesta del personal sanitario contra el "decretazo"

 El personal sanitario está legitimado para sospechar que el gobierno Mañueco se dotó del “decretazo” (que ha empezado a aplicar, incumpliendo su promesa de no hacerlo sin un acuerdo previo con los sindicatos) como coraza para blindarse si su temeraria estrategia contra la pandemia se le iba de las manos, como se le ha ido, dando lugar a la actual situación de extrema emergencia sanitaria en que se encuentra esta comunidad.

 El ejemplo de la Xunta de Galicia.- Por lo demás, las últimas restricciones adoptadas por la Junta en 53 municipios resultan sumamente reveladoras de la falta de determinación política con la que la Junta sigue afrontando la pandemia. Son similares a las adoptadas por la Xunta de Galicia una semana antes, pero con dos importantes diferencias. En la comunidad vecina se han decretado cuando su IA era de 726 casos y se aplican en la totalidad del territorio. En Castilla y León se han adoptado cuando la tasa media en la comunidad era de 1.383 y afectan tan solo a los 53 municipios con más de 1.500 casos, los cuales suman el 7 por ciento de la población de la comunidad. Y otra cosa más: al margen de su reducido ámbito de aplicación, la adopción de estas medidas desmiente el recurrente y falaz mantra de que las comunidades autónomas no disponen de mayores herramientas para combatir esta última y virulenta tercera ola de la pandemia.

No se concibe que se lamenten, evidentemente de boquilla, de no poder disponer confinamientos domiciliarios y al mismo tiempo solo apliquen en una mínima parte del territorio de la comunidad medidas restrictivas como las adoptadas en esos 53 municipios. Definitivamente, lo de este gobierno autonómico tramposo y trumpiano es que no hay por dónde cogerlo.

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