Como era de rigor, el durísimo varapalo propinado a Alfonso Fernández Mañueco -y por extensión a la Junta de Castilla y León- por el Tribunal Supremo ha dejado seriamente tocado al bipartito PP-C´s que desde julio de 2019 ocupa (gobernar sería mucho decir) el gobierno de esta maltrecha comunidad autónoma. Ha sido la gota que ha desbordado el vaso de un modo de gobernar que, tanto en su fondo como en su forma, ha colmado la paciencia de importantes, crecientes y heterogéneos sectores, así como la de una silenciosa mayoría de ciudadanos hartos de soportar tanta ineptitud, mendacidad, prepotencia e irresponsabilidad en el desempeño de sus obligaciones públicas.
Esta es la hora, por ejemplo, en que, transcurrida
una semana desde el demoledor auto del Supremo, el presidente de la Junta no se
ha dignado en ofrecer la menor disculpa por los perjuicios causados -de
entrada, la privación horaria de la libertad ciudadana de circulación- al
imponer una medida claramente encuadrable en el tipo penal de la prevaricación.
Hasta tal extremo ha tocado fondo el gobierno
sustentado sobre el nefando tándem que el presidente comparte con el
vicepresidente Francisco Igea que ha
encontrado caldo de cultivo la hipótesis de una posible moción de censura
promovida por el PSOE, no se olvide el partido más votado en las elecciones
autonómicas, en las que se adjudicó 35 de los 81 escaños de que consta la
Cámara autonómica (el PP dispone de 29 y Ciudadanos de 12, sumando entre ambos
los 41 que marcan la mayoría absoluta). La hipótesis ha cobrado carta de
naturaleza después de que la secretaria de Organización de los socialistas, Ana Sánchez, haya admitido que dicha
opción no está descartada
Luis Tudanca y Ana Sánchez
Una moción inviable.- Sin embargo, salvo que se tratara de una moción puramente testimonial –presentada, como la de Vox contra el gobierno de la nación, sin ninguna posibilidad de prosperar- la iniciativa carece de viabilidad. Y no es el caso, ya que la propia Sánchez ha dejado claro que solo se presentaría si contara con los apoyos necesarios para salir adelante. A partir de ahí, dicha moción constituye una quimera, ya que solo prosperaría si se sumara a ella Ciudadanos.
Aunque en Italia se ha dado algún amago de ello, no se conoce el caso de que un partido apoye una moción de censura para derribar a un gobierno del que forma parte. Otra cosa es que ese partido decidiera previamente desvincularse del gobierno en cuestión, dimitiendo de forma irrevocable de las responsabilidades que viene ejerciendo. Y no se contempla que el vicepresidente Igea y los tres consejeros que integran con él la cuota naranja de la Junta vayan a hacerse el harakiri de renunciar a sus cargos por considerarse incompatibles con Mañueco y el PP.
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| Alfonso Fernández Mañueco |
La otra opción sería que fuera la dirección nacional
de Ciudadanos la que forzara esa crisis, obligando al cuarteto Igea-Amigo-Casado-Ortega a dimitir de sus cargos
para suscribir a continuación una moción de censura compartida con los
socialistas que diera paso a un gobierno bipartito PSOE-C´s presidido por Luis Tudanca. Hipótesis inverosímil en
las actuales circunstancias por varias e insalvables razones.
La
principal y definitiva es que Inés Arrimadas carece
en estos momentos de la fortaleza política requerida para permitirse una
pirueta que supondría todo un vuelco en la política de pactos sellada con el PP
en el ámbito autonómico y municipal. El coste de esa operación es hoy por hoy
inasumible para la presidenta de Ciudadanos, convaleciente del tremendo descalabro sufrido en Cataluña. Y si quedaba alguna duda, ayer mismo
vimos como la portavoz del partido, Melisa Rodríguez,
se apresuraba a rechazar por completo esa posibilidad, cargando
contra el PSOE por alentar en plena pandemia una crisis institucional de ese
alcance.
La opción viable.-Descartada, por
inviable, la posibilidad de una moción de censura, existe por el contrario otra
hipótesis perfectamente factible. La de que Arrimadas aproveche el fuerte deterioro
del gobierno Mañueco y el absoluto descrédito de Igea y de los otros tres
consejeros de Ciudadanos, para plantear al presidente de la Junta el relevo de
dicho cuarteto y su sustitución por otros tantos elementos de Ciudadanos afines
a la dirección nacional, con la coordinadora autonómica, Gemma Villarroel, a la cabeza.
En esa tesitura, Mañueco no tendría otro remedio que
pasar por el aro y agradecer a Igea y compañía los dudosos servicios prestados.
A no ser, claro está, que se liara la manta a la cabeza y decidiera ejercer su
prerrogativa estatutaria de disolver las Cortes y convocar elecciones
anticipadas, algo que pondría los pelos de punta a Pablo Casado. En otro momento, esta última opción ni se
contemplaría, por resultar descabellada, pero vista la deriva por la que se viene deslizando el presidente
de la Junta, no habría que descartarla por completo. Ni que decir tiene que en unos eventuales comicios anticipados Ciudadanos quedaría reducido a la mínima expresión y que Vox se
constituiría en tercera fuerza política sin cuyo apoyo el PP no dispondría de la mayoría necesaria para
gobernar.
Gemma Villarroel e Inés Arrimadas
Estos son los posibles escenarios alternativos que se plantean ante una situación, la del actual gobierno de la comunidad, cada día más insostenible. Personalmente, pienso que, más pronto que tarde, Arrimadas forzará la salida de Igea y del trío Amigo-Casado-Ortega (como mucho se salvaría de la quema únicamente este último, por su insignificación política) y su relevo por Villarroel y otros afines a la cúpula nacional de Ciudadanos. Se me antoja tan inevitable como inaplazable.