Covid-19 en CyL: Politiqueando al borde del colapso

A raíz de que en el agitado Consejo Territorial de Salud celebrado el pasado 30 de septiembre respaldara las medidas anti-Covid propuestas entonces por el ministro Salvador Illa e impugnadas por la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León se ganó el respeto político en la lucha contra la pandemia. Con esa posición, el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco hacía gala de autonomía política frente a la estrategia frentista abanderada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el beneplácito de la dirección nacional del PP.

Mañueco e Illa el viernes enValladolid

Pablo Casado se delató a sí mismo cuando atribuyó la posición de la Junta al hecho de que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, formara parte de la cuota asignada a Ciudadanos. Y Fernández Mañueco desarmó ese argumento, dejando muy clarito -lo contrario erosionaba su autoridad- que el voto de Castilla y León en ese Consejo reflejaba la postura colegiada del gobierno que él preside. Íbamos por buen camino: la Junta, consciente de la gravedad de la pandemia, anteponía el interés general a cualquier táctica partidista, ello para descoloque del máximo dirigente del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que había acusado a Mañueco de venir respaldando la “estrategia enloquecida” de la temeraria Díaz Ayuso.

Asumidos los compromisos contraídos el 30 de septiembre, el recrudecimiento de la pandemia traía consigo el confinamiento perimetral de una decena de municipios de la comunidad, entre ellos cinco capitales de provincia que habían superado el tope de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Primero fue Palencia, luego León, más tarde Salamanca y después Burgos. Otros cuatro municipios del grupo de 15 que superan los 20.000 habitantes, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, San Andrés del Rabanedo y Ponferrada engrosaban la relación, si bien en la capital berciana la medida no ha llegado a estar en vigor ni siquiera 48 horas.

UCI de un hospital del SACYL

Mañueco vuelve a las andadas.- Sin embargo, cuando más crítica ha vuelto a ser la situación -la pasada semana se batieron todos los records de contagio al reportarse dos días consecutivos mas de 2.000 nuevos positivos- el gobierno Mañueco ha vuelto a las andadas de politiquear en su posición frente a la pandemia, algo que ya hizo con todo descaro durante el proceso de desescalada. 

Después de declararse partidario de implantar el toque de queda, el pasado jueves el Consejo de Gobierno de la Junta acordaba dirigirse al gobierno de la nación, a fin de que éste proporcionara cobertura jurídico-legal a dicha medida, lo cual en la práctica requería la declaración del estado de alarma. Sin embargo -y aquí radica el politiqueo- mientras la mayor parte de las comunidades autónomas solicitaban del gobierno Sánchez dicha declaración, las cuatro gobernadas por el PP se abstenían de hacerlo, sin duda obedeciendo una consigna de partido encaminada a no hipotecar el margen de maniobra de Pablo Casado, quien la pasada primavera se opuso una y otra vez al mantenimiento del estado de alarma, postura que por cierto llegó a secundar el presidente de la Junta.

En este punto Mañueco ha sido incapaz de mantenerse firme frente a Génova y se ha plegado a esa estrategia partidista, y ello a costa de dejar en una situación un tanto desairada al vicepresidente Igea, quien después de prodigarse en los medios nacionales clamando por el apoyo del gobierno central al toque de queda, se la envainaba ante la decisión presidencial de no solicitar el estado de alarma que lo diera cobertura. Una absoluta incongruencia que se intentaba resolver con una huida hacia adelante: declarar por su cuenta y riesgo ese toque de queda a partir de las 22 horas del pasado sábado pese a carecer de esa cobertura jurídico-legal, que no ha llegado hasta que el Consejo de Ministros se reunía el domingo para declarar el estado de alarma. (De hecho, según se ha conocido en la mañana del lunes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado, por falta de base legal, el toque de queda aplicado por la Junta, resolución que, aunque ya carezca de efectos, supone todo un revolcón judicial para el gobierno Mañueco).

La disparatada “lógica” de Mañueco.- Pero si hablamos de incongruencias, la más grave de todas es que el decreto en cuestión deje sin efecto los confinamientos perimetrales que hasta la noche del sábado estaban en vigor en 10 municipios de la comunidad (los ocho más arriba citados y los vallisoletanos de Pedrajas de San Esteban y San Pedro de Latarce). “El toque de queda conlleva lógicamente la anulación de los confinamientos” venía advirtiendo una y otra vez el presidente de la Junta.   

Ese “lógicamente” no hay por donde cogerlo, ya que el toque de queda y el confinamiento perimetral no son en absoluto medidas incompatibles, sino por el contrario absolutamente complementarias. El toque de queda es una restricción general de carácter horario, en tanto que el confinamiento consiste en el aislamiento espacial de un perímetro físico. ¿Dónde radica la incompatibilidad de dos medidas que de hecho van a coexistir en otras comunidades, entre ellas Madrid, porque así se contempla en la declaración del estado de alarma, que deja en manos de los gobiernos autonómicos la decisión de confinar parte o la totalidad de sus respectivos territorios?

Verónica Casado y Francisco Igea

¿No será que con esta grosera confusión entre tiempo y espacio la Junta ha querido aprovechar el toque de queda para ahorrarse el coste político derivado de los confinamientos? Alguien tendría que explicarlo y de paso también el motivo por el que el decreto publicado el sábado, como ya ocurriera en junio con el de la “nueva normalidad”, lleva el epígrafe de la consejería de Economía y no de la de Sanidad. ¿Será que la consejera Verónica Casado ha vuelto a eludir su firma en un decreto con el que no está plenamente de acuerdo? De momento, no hemos oído ni a la consejera Casado ni a su mentor, el vicepresidente Igea, justificar la improcedencia de los confinamientos que han ordenado y defendían hasta el pasado sábado (el referente a Ponferrada se publicó en el Bocyl del viernes).

Lo que sí ha hecho la consejera es advertir que, si no remite el actual ritmo de contagios, la Junta se va a ver obligada no tardando a aligerar las UCI de los hospitales de Castilla y León trasladando enfermos sin Covid ingresados en ellas a otras comunidades autónomas. Con ello se reconoce el inminente riesgo de un nuevo colapso hospitalario similar al que se produjo durante la primera ola de la pandemia.

Los datos son más que preocupantes. Castilla y León ha terminado la semana con más de 80.000 casos confirmados, 553 brotes activos y un índice de 589 diagnósticos positivos por cada 100.000 habitantes, tasa únicamente superada por Navarra, La Rioja y Aragón. El número de hospitalizados por Covid se dispara hasta los 1.382, 174 de ellos ingresados en las UCI, cuya ocupación media está por encima del 70 por ciento, porcentaje que se elevaría al 97 si no se hubieran habilitado 111 nuevas camas a sumar a las 309 iniciales. Los decesos en hospitales se elevan a 2.724, los fallecidos en residencias de ancianos a 1.832 y alrededor de otros dos mil han muerto en sus domicilios, lo que sitúa el balance de víctimas mortales en torno a las 6.500 (desde el pasado 1 de septiembre se contabilizan 698 fallecimientos en hospitales y residencias).

David Castaño, portavoz de Ciudadanos

Ciudadanos, impostura certificada.- Con este panorama, que obviamente no es el más propicio, el PSOE registró el pasado lunes en las Cortes su petición de investigación sobre la fatal incidencia del Covid-19 en las residencias de ancianos de Castilla y León. Aunque sean de mal pagador, su ultimátum ha proporcionado excusas al PP y Ciudadanos para oponerse a esta iniciativa, que inexplicablemente los socialistas han ido demorando durante meses. 

 Por parte del PP, su veto a esta comisión no causa la menor sorpresa, ya que si no se ha opuesto a todas las que hay abiertas ha sido porque no contaba por sí mismo con la mayoría absoluta necesaria para abortarlas. En cuanto a Ciudadanos, su rechazo a esta comisión certificará definitivamente la gran impostura de un partido que, tan pronto ha tocado poder, ha mancillado la bandera de la regeneración y la transparencia política que enarbolaba instrumentalmente mientras era oposición. Nada que en Castilla y León, donde el partido naranja ya mercadeó a costa de esos principios durante la pasada legislatura, nos haya cogido tampoco por sorpresa.

elblogdepedrovicente@gmail.com

Ultimátum en pleno repunte de la pandemia

A medida de que se ha recrudecido, y de qué forma, la pandemia en Castilla y León -otros 490 fallecidos más en los hospitales y residencias de ancianos desde el pasado 1 de septiembre- el clima político entre la Junta y la oposición socialista no ha hecho otra cosa que deteriorarse. Y ello a pesar de que el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, lejos de secundar el negacionismo trumpista de su homóloga y correligionaria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, viene actuando, como el resto de las comunidades autónomas, responsablemente y en plena sintonía con el ministerio de Sanidad.

Alfonso Fernández Mañueco

El consenso que a mediados de junio dio lugar a la firma del cacareado pacto para la reconstrucción -de “histórico” se permitió calificarlo el nutrido aparato de propaganda oficial de la Junta- fue desde el primer momento un espejismo. PSOE y Podemos se avinieron a firmar un acuerdo que tenía más agujeros que un colador, como no ha tardado en ponerse de manifiesto en aspectos tan relevantes como la atención primaria (sería mas propio decir la desatención primaria) o el abandono asistencial en las residencias de ancianos, por no hablar de la clamorosa omisión de problemas estructurales como el de los desequilibrios territoriales y la despoblación, vocablo éste último que ni siquiera figura en las 18 páginas (86 medidas) rubricadas por PP, C´s, PSOE, Podemos y Por Ávila. (El procurador de Vox, Javier García Conde, estaba de acuerdo en firmarlo, pero no le autorizaron en Madrid, mientras que el de la Unión del Pueblo Leonés, Mariano Santos Reyero, fue el único en percatarse de que el pacto tenía mucho más de postureo político que de voluntad compartida para afrontar los graves y crecientes males que aquejan a esta comunidad autónoma).

Papel mojado.- Apenas suscrito ese documento, el líder autonómico de Podemos, Pablo Fernández, poco menos que se rasgó las vestiduras al caer en la cuenta de que su firma comportaba la renuncia a crear una comisión parlamentaria de investigación sobre la tragedia vivida en las residencias de ancianos (2.500 fallecidos a la firma del pacto, 2.826 tres meses después). Los socialistas, único grupo con suficientes procuradores para solicitar dicha comisión, se daban por satisfechos con que la Junta se comprometiera (punto 3 del acuerdo) a elaborar un informe sobre “la incidencia y prevalencia del Covid-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León, sobre las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos”.

Isabel Blanco y Verónica Casado

Ese informe de parte, que no auditoria externa, es el que presentó la consejera de Familia, Isabel Blanco, el pasado 30 de septiembre, tres meses y medio después de la firma del pacto. Un informe calificado de “tomadura de pelo” por el grupo socialista y de “bodrio” por Podemos, partido éste que ya venía exigiendo con anterioridad la dimisión de Blanco.

A esta indignación de la izquierda parlamentaria por el contenido de un informe descaradamente orientado a eludir las insoslayables responsabilidades políticas de la Junta en la tragedia vivida en las residencias de la comunidad (se niega incluso, pese a todas las evidencias, la decisión de cerrar los hospitales a los residentes contagiados derivada de la instrucciones conjuntas cursadas por las gerencias de Servicios Sociales y del Sacyl) se ha unido la negativa de la consejería a facilitar el número de victimas mortales registradas en cada una de las residencias.

Ultimátum a punto de expirar.- Esta negativa, denunciada ante el Procurador del Común (Comisionado para la Transparencia), que ha dictaminado su improcedencia, ha dado lugar a un ultimátum de los socialistas que expira el próximo lunes. Si entonces la consejería no ha facilitado esa información, procederán a registrar en las Cortes la solicitud de la comisión de investigación que hasta ahora inexplicablemente no han promovido).

No deja de ser un tanto singular que el detonante que ha vencido la resistencia socialista a promover dicha comisión haya sido un déficit puntual de transparencia, asunto a la postre menor frente a una calamidad cuya dimensión pedía a gritos una investigación parlamentaria, cada vez más inexcusable a medida que han ido aflorando datos sobre la deficiente, cuando no inexistente, asistencia sanitaria de que han sido objeto miles de ancianos residentes en estos centros. Y no solo en los de titularidad privada, sino también en los dependientes de la propia Junta o de otras administraciones públicas (recuérdese el revelador informe interno elaborado por la Diputación vallisoletana sobre sus dos residencias, en el que, entre otros desamparos, se consigna la falta de auxilio sanitario por parte de Sacyl).

Francisco Igea

El hecho de que la solicitud de la comisión se vincule a ese ultimátum le ha servido al vicepresidente de la Junta, el inefable Francisco Igea, para acusar a los socialistas de “desvergüenza política”. En su afán de complacer a Fernández Mañueco ejerciendo el papel de “poli malo” encargado de provocar a la oposición, Igea últimamente no se para en barras.

Durante el último pleno de las Cortes acusó asimismo a los socialistas de “no tener moral, ni dignidad, ni vergüenza”, ello a cuenta de que tanto Luis Tudanca como el procurador Diego Moreno sacaran a colación el caso de Sonia Sainz-Mazo, la burgalesa fallecida a causa de un cáncer desarrollado mientras intentaba durante meses obtener sin éxito una cita presencial en su centro de Salud (por cierto, ya son tres los casos similares denunciados en la provincia de Burgos).

El vicepresidente de la Junta acusaba a los socialistas de utilizar políticamente a los muertos por Covid-19, precisamente él, autor de esa abominable declaración según la cual “quizás entenderíamos mejor las cosas (…) si en lugar de sillas vacías se colocaran en la plaza mayor de Valladolid los ataúdes de las 4.000 personas que se llevado la pandemia”.

Más de 6.000 muertos.- Desafortunadamente para todos, a estas alturas no serían 4.000 sino más de 6.000 esos ataúdes, ya que esa es la cifra real de las victimas mortales que se ha cobrado hasta ahora el Covid-19 en Castilla y León. Según los datos oficiales de la consejería de Sanidad, a fecha de hoy se elevan a 2.541 los decesos en los hospitales y a 1.807 los registrados en las residencias, a los que hay que sumar los cerca de 1.900 más fallecidos en sus propios domicilios.

Luis Tudanca

Como se ha señalado antes, el total de ancianos usuarios de residencias que han perdido la vida a causa de la pandemia se eleva a 2.826, ya que además de los 1.807 fallecidos en los propios centros, otros 1.019 engrosan ese escalofriante balance de los 2.541 muertos en los hospitales. Y lo más preocupante es que 207 de estos infortunados mayores han muerto en el último mes y medio, ya que a 1 de septiembre ese fatídico saldo se situaba en 2.619. Y ello cuando se contabilizan en las residencias 16 brotes activos con 1.159 casos asociados a los mismos.

Con un total próximo a los 400 brotes activos, más de mil hospitalizados (137 de ellos en las UCIs, que están a un 68 por ciento de ocupación), y una tasa media cifrada por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes, la pandemia sigue asolando a Castilla y León. Después de Palencia, León y desde este sábado Salamanca, Ávila, Valladolid y Burgos corren serio riesgo de ser las próximas capitales confinadas.

Dicho estado de emergencia ha dado al traste con el propósito de ir recuperando la atención presencial en los centros de salud y consultorios rurales, que siguen limitándose a unas consultas telefónicas con los serios riesgos para el paciente desgraciadamente constatados.

La pandemia lo encubre todo, también la alarmante falta de gestión que registra en otras áreas el gobierno Mañueco, que, si bien se ha puesto las pilas en la lucha contra el Covid, está muy lejos de dar respuesta a los múltiples estragos sociales originados por una crisis que, visto el papel mojado en que ha quedado el llamado pacto para la “reconstrucción”, está dejando de relieve la falta de músculo político de esta maltrecha comunidad autónoma.

elblogdepedrovicente@gmail.com

Covid 19: Vano intento de blanquear una deplorable gestión

El hecho de que, en contraste con la contumaz actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León esté respondiendo responsablemente ante el actual recrudecimiento de la pandemia no exonera al gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco de los errores, negligencias y temeridades que han salpicado su gestión desde que el Covid 19 irrumpió en nuestras vidas.

 Lo digo porque ha bastado que la Junta no haya secundado la delirante estrategia de Isabel Díaz Ayuso para que el vicepresidente Francisco Igea, el “primo de Zumosol” de la consejera de Sanidad, haya intentando sacar pecho con esa gracieta según la cual en materia sanitaria, “este gobierno siempre ha hecho lo que dice Casado, Verónica Casado”. Y no. Como bien sabe Igea, dicha aseveración es falsa de toda falsedad, pero a estas alturas ninguna mentira, por grosera que sea, le va a estropear al ínclito una frase ocurrente con posibilidades de alcanzar el rango de titular periodístico.

Igea, Mañueco y Casado

 Justo hace una semana referíamos aquí como primaron los criterios puramente políticos en el proceso de desescalada y en particular como el salto de todo el territorio de la comunidad a la fase 1 se produjo por decisión personal y unilateral del presidente Mañueco, sin dictamen del comité de expertos ni conocimiento previo de la consejera Casado, quien manifestó públicamente su “incomodidad” con esa medida. Por lo tanto, eso de que en materia sanitaria aquí se ha hecho siempre lo que ha dicho Verónica Casado es rigurosamente falso.

Y no ha sido esa ni mucho menos la única medida de alcance sanitario tomada por la Junta en estos pasados meses sin la anuencia de la consejera de Sanidad, en todo momento plegada dócilmente a los criterios de su mentor, el vicepresidente. Nadie ha explicado a estas alturas por qué razón el decreto que regulaba la “nueva normalidad” en Castilla y León, en el 90 por ciento de su contenido copiado literalmente del promulgado por la consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, no llevó la firma del Casado, sino la del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (ya saben, ese eterno-chico-bien-mandado-que-igual-vale-para-un-roto-que-para-un-descosido).

De aquellos polvos -la precipitación de la desescalada forzada por la presión ejercida por los agentes económicos- han venido en parte los actuales lodos, que han llevado al confinamiento de dos capitales de provincia, León y Palencia, y de municipios tan importantes como Medina del Campo, Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo o Aranda de Duero. (Digno de estudio el caso de la capital palentina, donde el virus, escasamente activo durante la pasada primavera, se ha disparado a partir del verano).

Sonia Sainz-Maza

Y en estas andábamos cuando nos ha sobresaltado la estremecedora noticia de la muerte de Sonia Sainz-Maza, la mujer de 48 años residente en Espinosa de los Monteros (Burgos) fallecida a causa de un cáncer de colon sobrevenido y desarrollado durante los meses en los que, por más que lo intentó en sus consultas telefónicas con el Centro de Salud, no consiguió nunca una cita presencial. Una trágica consecuencia del mero contacto telefónico con el que la consejería de Sanidad ha sustituido la atención primaria desde que irrumpió la pandemia.

No sería que la Junta no estaba avisada por los propios profesionales, organizaciones profesionales, plataformas en defensa de la Sanidad Pública y la oposición política de los graves riesgos que entrañaba su decisión de cerrar en la práctica los Centros de Salud y los consultorios locales. Y esa desatención primaria fué la que motivó las protestas convocadas el pasado fin de semana en el medio rural por la Coordinadora Estatal de la España Vaciada.

Y ahora viene la consejera Casado, Verónica, la misma que fué declarada “la mejor medico de familia del mundo”, anunciando que va a abrir una “información reservada” sobre el dramático caso de esta infortunada ciudadana burgalesa. Al tiempo que su mentor, el ínefable Igea, se apresura a anunciar que “en cuestión de días o de horas volverá la atención presencial a los centros de salud”. Que se lo cuente Igea a la familia de Sonia.

A todo esto, se conoció por fin la pasada semana el informe de la Junta sobre la incidencia del Covid-19 en las residencias de ancianos de Castilla y León, donde a fecha de hoy se elevan a 2.744 las víctimas mortales de la pandemia. “Una tomadura de pelo”, ha dicho el PSOE sobre su contenido. “Un bodrio”, en opinión de Podemos. 

Isabel Blanco, consejera de Familia

 ¿Qué esperaban ambos partidos de un informe de parte? ¿Que la consejería de Familia reconociera su manifiesta incapacidad para controlar la situación  asistencial de las más de 2.000 residencias privadas cuando ni siquiera ha sido capaz de garantizar la salud de los residentes y trabajadores de las 25 de su propia titularidad? ¿Que se reconociera que la instrucción firmada conjuntamente por las gerencias de Servicios Sociales y de Salud (SACYL) cerrando el acceso a los hospitales a los residentes contagiados ha supuesto tanto condenar a un desahucio letal tal vez a más de un millar de ellos (de los 2.744 fallecidos tan solo 963 han muerto en los hospitales)?

 Para mayor inri, la consejera de Familia, Isabel Blanco, se ha resistido como si le fuera el cargo en ello a facilitar la información sobre las residencias privadas, alrededor de 200, en las que la pandemia se ha cobrado víctimas mortales. Su intento de justificar dicha opacidad en la Ley de Protección de Datos ha sido completamente desmontado por el Procurador del Común, que en su condición de Comisionado de la Transparencia ha dictaminado sin reservas que procede hacer pública dicha información. Y aún así, Blanco, aprovechando que dicho dictamen no concreta ningún plazo para su cumplimiento, sigue demorando dicha información.

¿Qué intereses trata de proteger la consejería de Familia? Lo sabremos en cuanto, muy a su pesar, facilite los datos de las residencias concernidas, algunas de ellas titularidad de potentes grupos empresariales, en ocasiones participados por fondos de inversión, que se han caracterizado ya en otras comunidades por su precaria dotación de personal y deficiente gestión asistencial.

Y ni aún así el PSOE de Luis Tudanca se decide a solicitar una comisión parlamentaria de investigación que arroje luz y depure responsabilidades políticas -de las penales ya se ocupan las fiscalías y los juzgados competentes- sobre el desastre acaecido en las residencias de ancianos de Castilla y León. Luego se extrañará Tudanca de que desde su propio partido se cuestione la eficacia de su labor de oposición...

elblogdepedrovicente@gmail.com